Recurso de protección

nombre reservado, quince de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, cédula de identidad NUM000, técnico en nivel superior de enfermería, domiciliada en domicilio reservado de esta ciudad, quien deduce recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, RUT N° RUT reservado, representada por su secretaria General Sra.

nombre reservado, cédula de identidad NUM001, con domicilio en domicilio reservado de nombre reservado, solicitando se acoja la acción constitucional, se adopten las medidas necesarias que estime concurrentes para el restablecimiento del imperio del derecho, especialmente, se disponga dejar sin efecto la sanción de destitución aplicada por Resolución Interna NUM002 de fecha 06 de octubre de 2025 y la Resolución Interna NUM003 de fecha 16 de octubre de 2025, y en su lugar se le absuelva o se le imponga una sanción administrativa proporcional, ordenando su reincorporación y junto al pago de las remuneraciones no percibidas desde la aplicación de la destitución hasta su efectiva reincorporación, con costas.

Refiere que con fecha 16 de octubre de 2025, se le notificó la resolución interna NUM003 de la misma data suscrita por la referida Secretaria General, que rechaza el recurso de reposición impetrado por su parte contra la Resolución Interna NUM002 que le aplica la medida de destitución.

Agrega que ingresó a prestar servicios a la atención primaria de salud en 2012, desempeñándose como técnico universitario en nivel superior en enfermería desempeñándose en el CESFAM Carlos Ibáñez, siendo titular de 44 horas.

Durante sus 13 años de funcionaria mantuvo una trayectoria intachable, no habiendo sido nunca sancionada en un proceso disciplinario y con buenas calificaciones, habiendo recibido el premio “Espíritu APS 2024” entre otros reconocimientos.

Añade que el 28 de mayo de 2025 se dispuso la instrucción de un sumario administrativo en su contra destinado a investigar la posible falta administrativa en el uso de licencia médica; en el cual se le formularon cargos por: “Salida del país haciendo uso de licencia médica, siendo que dicha licencia se otorgó bajo reposo total laboral indicando expresamente como lugar de reposo el domicilio ubicado en domicilio reservado nombre reservado”. Se consigna dentro de los fundamentos de dicha resolución, que Contraloría General de la República informó que salió del país el día 16 de febrero de 2023, con regreso el mismo día, vía terrestre por paso fronterizo Monte Aymond. De igual modo registra un ingreso al país por el mismo paso, encontrándose en ambas ocasiones con licencia médica con reposo laboral por 14 días desde el 02 de febrero de 2023; que tal licencia médica otorgó reposo laboral total por enfermedad o accidente común, para cumplir en su domicilio, señalado en el cargo. El segundo viaje aludido tuvo su inicio el 27 de enero del citado año con destino a la Republica Argentina. Se alude en la resolución a la declaración de la actora, donde se consigna que, en territorio argentino, debido al impacto de una situación vivenciada a la época, solicitó una licencia médica de forma telemática informando al médico tratante su situación migratoria y en forma previa hizo uso de su feriado legal.

Transcribe la vista fiscal de 25 de agosto de 2025, en la que se propone como sanción la destitución de la recurrente, fundado en lo establecido en el artículo 123 letra g) de la Ley N° 18.883, en relación con lo dispuesto en el artículo 48 letra b) de la Ley N° 19.378, que contempla como causal de destitución el incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias y la realización de conductas inmorales o contrarias al principio de probidad administrativa, la que, según señala el dictamen, encuentra su fundamento en la comprobación objetiva de los hechos acreditados en autos, esto es, que la funcionaria permaneció en territorio argentino entre el 27 de enero y el 5 de febrero de 2023. No obstante, la licencia médica N° 3, folio NUM004, fue emitida el día 2 de febrero de 2023 y comenzó su vigencia a contar del 4 de febrero del mismo año, de manera que entre el 27 de enero y el 3 de febrero de 2023 la funcionaria no se encontraba amparada por licencia médica alguna. En consecuencia, la cobertura de dicha licencia solo alcanza al período comprendido entre el 4 y el 5 de febrero de 2023, fecha en que aún permanecía fuera del país, lo que constituye un incumplimiento a la obligación de reposo domiciliario establecida en la licencia, conforme al artículo 56 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que dispone que el reposo debe cumplirse en el domicilio indicado, salvo autorización expresa para su modificación; configurándose un incumplimiento grave de sus obligaciones funcionarias, por cuanto desnaturaliza la finalidad propia de la licencia médica N° 3, folio NUM004 — reposo y recuperación del trabajador—, infringe el principio de probidad administrativa consagrado en la Ley N° 18.575 (Bases Generales de la Administración del Estado) y en las leyes especiales que regulan a los funcionarios de la Atención Primaria de Salud, y constituye una conducta contraria a la fe pública y a la confianza institucional, calificada como falta de la máxima gravedad; toda vez que implica aprovechamiento indebido de un beneficio previsional, vulneración de la fe pública y afectación de la confianza institucional, siendo constitutiva de conducta inmoral y contraria a la probidad administrativa, lo que torna inviable la continuidad de la relación funcionaria.

Afirma que la vista fiscal fue aprobada y la medida disciplinaria propuesta aplicada mediante resolución NUM002 de 06 de octubre del año en curso; en la que se reitera que la conducta reprochada, consistente en viajar al extranjero, mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica, configura a nivel estatutario una infracción grave a la probidad, pues se trata de una conducta que si bien se verifica en la órbita privada, una vez hecha pública se tiene como un abuso manifiesto del reposo prescrito, unido a un abuso de la posición que la encartada tiene en la sociedad al encontrarse adscrita a un servicio público.

Contra la descrita resolución intentó recurso de reposición el cual fue rechazado, siendo tal decisión objeto de la presente acción de protección.

Alega que conforme al artículo 52 del Decreto Supremo citado, corresponde investigar las denuncias que se presenten acerca del uso indebido de licencias médicas, a la COMPIN y a las ISAPRES, organismos que pueden determinar el rechazo o invalidación de una licencia ya concedida, aunque reconoce la atribución de los órganos de la administración para establecer y sancionar la responsabilidad administrativa de sus funcionarios por los mismos hechos, pues ellos también pueden implicar un incumplimiento de sus deberes. Empero y conforme a ello estima que se le sanciona por mal uso de licencias médicas, aspecto que no le compete determinar a la recurrida. Asimismo, la sanción de destitución, solo procede en caso que la ley expresamente así lo tipifique frente a una determinada conducta y solo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa.

Concluye que las resoluciones recurridas son manifiestamente ilegales, toda vez que se sustentan en una atribución que la Municipalidad se ha arrogado sin amparo legal; al dictar una sanción disciplinaria sobre una materia ajena a su competencia, ha actuado fuera de los márgenes de la ley, vulnerando de forma directa el principio de legalidad, lo que impide estimar que la resolución se encuentra ajustada a derecho. Del mismo modo, no se ha configurado específicamente ninguna situación que importe vulneración grave del principio de probidad administrativa.

Estima que el acto es igualmente arbitrario, pues la sanción determinada es abiertamente desproporcionada, se adopta sin ponderar debidamente su trayectoria intachable, ni la naturaleza terapéutica del viaje, con lo que se vulnera la igualdad ante la ley, al tratarla con una severidad injustificada.

Considera que los hechos denunciados atentan contra las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución, lo que se configura al sancionar en un procedimiento viciado de inicio a fin, y al privarla de su fuente de trabajo, de su carrera funcionaria, la estabilidad en el empleo y las respectivas remuneraciones, de manera injustificada.

Acompaña las resoluciones impugnadas.

Informa por la Corporación recurrida la abogada Silvana Jaramillo Hott, instando por el rechazo del recurso.

Explica que las Corporaciones Municipales, son personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, creadas al alero del Decreto con Fuerza de Ley N° 1-3063 de 13 de junio de 1980, que administran y gestionan las funciones traspasadas desde el Estado hacia las Municipalidades.

Aclara que no se sancionó a la recurrente por el solo hecho de haber infringido su reposo, sino más bien por haber quebrantado el principio de probidad, cuyo cumplimiento es obligación expresa del artículo 58 letra g) de la ley N° 18.883, aplicable supletoriamente por remisión directa del artículo 4° de la Ley 19.378, en atención a que se acreditó el uso desleal del tiempo de licencia médica (remunerado) con fines ajenos al restablecimiento de la salud, generando descrédito institucional, sobrecarga de trabajo para los demás funcionarios de Atención Primaria de Salud Municipal; retrasos en la atención de los usuarios y deslealtad con la comunidad.

En cuanto a la supuesta falta de competencia de la Municipalidad, esgrime que aquella no es parte en el recurso, señalando además que no se le sanciona por el mal uso de licencias médicas, sino por la falta grave a la probidad administrativa, al haber salido del país haciendo uso de licencia médica; resultando aplicable a todo funcionario de la Corporación el principio de probidad por aplicación supletoria de la Ley N° 18.883 y N° 18.575 por remisión expresa del artículo 4º de la Ley N° 19.378.

Alude, en cuanto a la proporcionalidad de la sanción, que la Contraloría General de la República a través de sus dictámenes 49.580, de 2008 y 53.223, de 2012, señala claramente que en los casos en que se comete una infracción grave al principio de probidad administrativa, al existir una sanción específica asignada por ley, quienes ejercen la potestad disciplinaria se encuentran en el imperativo de disponerla, sin que proceda considerar circunstancia atenuante alguna. Señala que ello ha sido ratificado por la Excelentísima Corte Suprema según dispone el fallo Rol 9082- 2025 de fecha 30 de octubre de 2025.

Niega la existencia de una vulneración al derecho a la igualdad ante la ley, pues no se ha demostrado que personas, en idénticas circunstancias, hayan sido tratadas de forma diversa. Tampoco se ha aplicado la sanción en contravención al principio de tipicidad, pues el legislador no limitó a un número determinado las acciones funcionarias que infringen el principio de probidad, limitándose a destacar algunas que no pueden dejar de considerarse como tales, situación que ocurre en la especie. No observa infracción al debido proceso, puesto que del mismo relato del recurso se obtiene que el proceso sumarial fue sustanciado comunicando las resoluciones y la encartada ejerció todas las facultades que la ley le otorga, prestó declaración, presentó documentación, se le notificaron los cargos, formuló sus descargos y presentó el recurso de reposición.

Advierte que no cabe a esta Corte a través de la acción incoada revisar el mérito o conveniencia del acto administrativo o sustituir la apreciación técnica o discrecional del órgano competente.

En cuanto al derecho de propiedad que se acusa como vulnerado, manifiesta que la estabilidad laboral no es absoluta y que ésta cede ante las causales legales y responsabilidad disciplinaria válidamente establecidas, lo que en efecto ocurrió en virtud del proceso disciplinario llevado al efecto, materializándose en las Resoluciones Internas NUM002 de fecha 06 de octubre de 2025, y NUM003 de fecha 16 de octubre de 2025.

Hace presente que la medida disciplinaria aplicada a la actora se dictó en el marco de un proceso sumarial ordenado instruir por parte de la Contraloría General de la República, proceso que se llevó conforme a derecho, sin vicio alguno, tanto en el procedimiento en sí mismo, como en relación a la resolución terminal, encontrándose debidamente motivada.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido haya realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, los hechos que la recurrente tilda de ilegal y arbitrario los hace consistir en la dictación por parte de la recurrida, de la Resolución NUM002 de 06 de octubre del año en curso, mediante la que se falla el procedimiento sumarial seguido en su contra, imponiéndosele la sanción de destitución, y en el pronunciamiento de la Resolución NUM003 de 16 de octubre de 2025, que rechaza el recurso de reposición interpuesto y ratifica la medida disciplinaria; lo que conculca las garantías fundamentales que invoca.

CUARTO: Que, por su parte la recurrida insta al rechazo del recurso, alegando, que su actuar se ha ajustado a la normativa vigente, lo que excluye un actuar arbitrario, negando la existencia de una vulneración de las garantías constitucionales de la actora; considerando que la sanción impuesta descansa en la comisión de una falta grave al principio de probidad administrativa.

QUINTO: Que, efectuado el análisis pertinente y de forma preliminar es menester consignar que, pese a la evidente gravedad de la medida contenida en las resoluciones impugnadas, esto es, la destitución del cargo servido por la recurrente, ese sólo hecho no torna per se los actos administrativos en cuestión, en arbitrarios o ilegales, por lo cual es necesario examinar si al dictarse las mencionadas resoluciones, se ha incurrido en el fondo, en una ilegalidad o arbitrariedad.

En ese contexto y desde el ángulo de la legalidad, cabe señalar que examinados los antecedentes allegados al proceso sumarial no se advierte que los actos administrativos impugnados carezcan de fundamento legal o se hayan dictado fuera de la competencia o potestad disciplinaria de la autoridad edilicia, en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado.

Así, del mismo examen resulta patente que la medida disciplinaria de destitución cuestionada se dictó en el marco de un procedimiento sumarial debidamente instruido, contempló desde la perspectiva disciplinaria, una decisión final de la autoridad competente, la cual fue objeto posterior de revisión jerárquica vía recurso de reposición e impugnación que fue también motivadamente rechazado, de tal suerte que desde esta perspectiva, se han observado todas las exigencias del debido proceso administrativo y de los artículos 118 y siguientes de la Ley N°18.883.

En el mismo sentido, es menester precisar que resulta un hecho no discutido que los procesos disciplinarios constituyen medios idóneos a través de los cuales la administración se vale para hacer efectiva la responsabilidad del funcionario que infringe sus obligaciones y deberes en cuanto dicha calidad.

SEXTO: Que, empero y no obstante el mérito y la legalidad de los actos recurridos, resta despejar si los mismos al aplicar la medida de destitución de la recurrente, han eventualmente infringido o incurrido en falta de fundamento o vulnerado manifiestamente los principios de proporcionalidad o razonabilidad, al evaluar el hecho ilícito administrativo atribuido a la afectada, esto es, los viajes al extranjero durante el goce de licencias médicas, en particular, a la República Argentina, en un primer hecho, constituido por haber permanecido en el extranjero los días 04 y 05 de febrero de 2023 y luego por registrar una salida del país el 16 de febrero del mismo año con retorno el mismo día; pese a haber obtenido licencia médica mediante atención telemática el día 02 del mismo mes por 14 días de total en su domicilio y sin que haya mediado una justificación de ese viaje como parte del tratamiento ordenado.

Sobre el particular, huelga indicar que no está controvertido o aparece fuera de discusión el hecho probado que la recurrente, quien se desplazó al extranjero, se encontró en ese escenario, mediando el uso de una licencia médica vigente que no reúne o justifica ese desplazamiento o estadía como parte del tratamiento ordenado, y que esa conducta que no puede desligarse del desempeño leal del cargo, denota un incumplimiento funcionario y el uso del tiempo de reposo en actividades incompatibles que efectivamente quiebran la observancia de los deberes de probidad y de desempeño administrativo, ameritando en consecuencia un reproche disciplinario, el que asoma genéricamente fundamentado.

No obstante, lo anterior, resta dilucidar a su vez, si el corolario de sanción específica para la conducta reprochada, en la especie, la adopción de la medida disciplinaria más grave, vale decir, la destitución del cargo, contemplada en el artículo 123 de la Ley N°18.883 y que la empleadora calificó de vulneración grave al principio de probidad, imponiéndola sin atenuantes, resulta proporcionada con el escenario de incumplimiento descrito.

Bajo esa premisa y examinados nuevamente los antecedentes que justifican la imposición de la sanción disciplinaria en comento, a juicio de esta Corte, dichos antecedentes no permiten sostener su proporcionalidad y gravedad extrema, toda vez que se han soslayado para efectos de su imposición y aun a pretexto de tratarse de un imperativo legal obligatorio para la administración a partir de la calificación de gravedad de la conducta, una serie de circunstancias o elementos que mitigan el comportamiento de la recurrente, tales como el alcance acotado del hecho reprochado, la trayectoria profesional de la afectada, su conducta funcionaria intachable, que incluye el hecho de haber sido galardonada por su desempeño y las desmedidas consecuencias que una medida expulsiva como la adoptada, acarreará en su potencial futuro laboral. A juicio de esta Corte, la circunstancia que los viajes emprendidos por la investigada responden a que se encontraba en país extranjero al obtener la autorización médica y específicamente en un país que presenta una clara cercanía geográfica regional, permiten morigerar el reproche disciplinario, máxime si dichos antecedentes que fueron alegados por la recurrida, no fueron atendidos, configurándose entonces una arbitrariedad, que se refleja en la desproporción de la adopción de la medida disciplinaria de destitución.

SEPTIMO: Que, conforme a lo razonado, se observa de la imposición de la medida más gravosa que prevé el ordenamiento jurídico que regula la relación funcionarial, cuya arbitrariedad ha resultado comprobada, un proceder que conculca las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad, en particular sobre las remuneraciones que percibe en su calidad de funcionario de la Corporación recurrida, por cuanto se le ha brindado un trato severo, sin considerar sus circunstancias particulares, y procede entonces dar lugar a la acción cautelar interpuesta.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 24, 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso interpuesto por nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, solo en cuanto se dejan sin efecto las resoluciones internas dictadas por la recurrida, NUM002 de 06 de octubre de 2025 y NUM003 de 16 del mismo mes, y en consecuencia, se ordena la reincorporación a la brevedad al cargo y labores que cumplía la recurrente en forma previa a la dictación de la resolución de destitución impugnada, disponiéndose el pago de las remuneraciones devengadas desde la aplicación de la medida de destitución hasta su efectiva reincorporación. Lo anterior, sin perjuicio que, la administración recurrida dicte la medida disciplinaria que juzgue proporcional a la magnitud o entidad de la infracción cometida.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Osvaldo Oyarzun Miranda.

Rol N°555-2025.PROTECCION.-