Recurso de protección

nombre reservado, tres de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, cédula de identidad N°NUM000, técnico en nivel superior en enfermería, domiciliada en domicilio reservado de esta ciudad, quien deduce recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, RUT N°RUT reservado, representada por su secretaria General Sra.

nombre reservado, cédula de identidad N°NUM001, con domicilio en domicilio reservado de nombre reservado, solicitando se acoja la acción constitucional, se adopten de todas las medidas necesarias que se estimen para el restablecimiento del imperio del derecho y las garantías fundamentales vulneradas, especialmente, disponiendo que se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por Resolución Interna N°NUM002 de fecha 07 de octubre de 2025 y la Resolución Interna N°NUM003 de fecha 15 de octubre de 2025, disponiendo su absolución o una sanción administrativa proporcional. En conjunto a lo anterior, se ordene la reincorporación de la funcionaria y efectuar el pago de las remuneraciones no percibidas desde que se le aplica la destitución hasta su efectiva reincorporación, con costas.

Refiere que con fecha 16 de octubre de 2025, se le notificó la Resolución Interna N°NUM003 de fecha 15 de octubre de 2025, suscrita por la secretaria general Sra.

nombre reservado, que rechaza el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Interna N°NUM002, que le aplica la medida disciplinaria de destitución.

Agrega que ingresó a prestar servicios a la atención primaria de salud en 2009, desempeñándose como técnico universitario en nivel superior en enfermería en el Centro de Salud Familiar Dr. Mateo Bencur, como titular de 44 horas. Su trayectoria fue intachable no habiendo sido sancionado en un proceso disciplinario y mantuvo buenas calificaciones.

Aduce que mediante resolución N°NUM004 de 28 de mayo de 2025 se dispuso la instrucción de un sumario administrativo destinado a investigar la posible falta administrativa en el uso de licencia médica, formulándose el cargo de: “Salida del país haciendo uso de licencia médica, siendo que dicha licencia se otorgó bajo reposo total laboral indicando expresamente como lugar de reposo el domicilio ubicado en domicilio reservado de la ciudad de nombre reservado”. En sus fundamentos se consigna que Contraloría General de la República informó que salió del país Salida del país (Chile) 03/02/2023 Paso Río don nombre reservado, ingresó al país (Chile) 06/02/2023 Paso de Chile Chico; salida del país (Chile) 01/03/2023 Paso Cardenal Samoré pajaritos; ingreso al país (Chile) 04/03/2023 Paso Monte Aymond (con vacaciones); salida del país (Chile) 17/02/2024 Paso Monte Aymond; ingresó al país (Chile) 19/02/2024 Paso Cardenal Samoré pajaritos; consta del expediente administrativo (a foja 29) que la encartada SI contaba con periodos de vacaciones pendientes años 2023, en los periodos que registra salidas. Licencia Médica 30 días desde 31/01/2023 al 01/03/2023 Folio NUM005 (a foja 39), reposo total en domicilio domicilio reservado de nombre reservado. (Dr. R, Hun, Médico Gral). El nuevo ingreso al país 04/03/2023 se realiza con feriado legal correspondiente a saldo 2021 de 12 días, los que se transforman en 12 días hábiles y 4 días inhábiles, desde 02/03/2023 al 17/03/2023 (a foja 29). Licencia Médica 15 días desde 12/02/2024 al 26/02/2024 Folio NUM006 (a foja 43), reposo total en domicilio domicilio reservado de nombre reservado, (Dr. Cristian Salazar, Médico Gral.) Presenta nuevo periodo de vacaciones desde el 27/02/2024 al 15/03/2024 (a fojas 29). Esto se confirma según ORD. N NUM007 remitido a este fiscal por parte del DEPARTAMENTO DE MIGRACIONES Y POLICÍA INTERNACIONAL DE nombre reservado (a Foja 23) solicitado por este fiscal según RES. INT. NUM008 (a foja 15). Salida del país (Chile) 03/02/2023 Paso Río don nombre reservado, ingresó al país (Chile) 06/02/2023 Paso de Chile Chico; Salida del país (Chile) 01/03/2023 Paso Cardenal Samoré pajaritos; ingreso al país (Chile) 04/03/2023 Paso Monte Aymond, (con vacaciones); salida del país (Chile) 17/02/2024 Paso Monte Aymond; ingresó al país (Chile) 19/02/2024 Paso Cardenal Samoré pajaritos. La encartada en su declaración relató (a foja 33) que los motivos de la licencia médica fueron por fallecimiento de su madre y luego el fallecimiento de una hija. Comenta en su relato que las licencias médicas fueron otorgadas por un psiquiatra particular, que es su médico tratante, también comenta que el viaje que realizó fue a la ciudad de Puerto Montt, me fui por la carretera austral. Ante la pregunta si esto fue planificado previo a licencia médica, refiere que no, y que preguntó si podía viajar y le dijeron que sí, pero más no preguntó. Reconoce saber que el mal uso de licencia médica puede dar origen a una sanción. Ante la consulta si quiere agregar algo, comenta que NO que ha tratado de ubicar al psiquiatra (a foja 35).

Se estimó que los hechos constitutivos del sumario fueron comprobados, en cuanto a la salida del país haciendo uso de licencia médica por la actora, configurándose por tanto una presunta vulneración al principio de probidad administrativa y a los deberes y conducta irreprochable que deben mantener los funcionarios de atención primaria de salud, transgrediendo el artículo 52 del DFL 1 que fija texto refundido de la Ley 18.575, artículo 58 inciso g) de la Ley 18.883 en relación con el artículo 48 letra b) de la Ley 19.378, artículo 2 de la Ley 19.653, que agrega el Título III, nuevo, de la Ley 18,575, artículo 61 letra i) de la Ley 18.834, esto es observar una vida social acorde con la dignidad del cargo; y artículo 8 de la Constitución Política de la República.

Transcribe a continuación la vista fiscal, en la que se da cuenta de las salidas del país que registra; si bien remitió un certificado médico posterior emitido por un especialista en psiquiatría, este no acredita autorización para viajar durante los períodos de reposo, ni desvirtúa los hechos constatados por la Contraloría y corroborados por los registros de Migraciones y Policía Internacional; hechos que configuran una infracción grave al principio de probidad administrativa consagrado en los artículos 52 y 53 de la Ley NO 18.575, toda vez que la funcionaria hizo un uso indebido del beneficio de licencia médica, afectando la fe pública y los intereses de la Corporación Municipal de Punta Arenas.

Adicionalmente, el actuar de la encartada constituye incumplimiento de los deberes funcionarios establecidos en el Estatuto Administrativo, particularmente el artículo 84 letra c), referido a observar conducta intachable y desempeño honesto y leal de la función pública; y el artículo 85 letras a), b) y f), sobre el cumplimiento de la jornada de trabajo, deber de eficiencia y respeto a la legalidad administrativa; proponiendo la sanción de destitución, por cuanto corresponde tener por acreditada la existencia de una conducta incompatible con el buen servicio y contraria a la normativa que regula las licencias médicas, debiendo evaluarse, en su caso, la aplicación de las medidas.

La vista fiscal fue aprobada mediante resolución interna N°NUM002 de 07 de octubre de 2025, y se aplica la medida de destitución a su parte, cuyos fundamentos expone. Contra tal determinación interpuso recurso de reposición el que fue rechazado, manteniéndose la medida.

Considera que tanto la formulación de cargos, vista fiscal y resolución que ordena su destitución le sanciona por haber infringido el reposo. Conforme al artículo 52 del Reglamento, corresponde a COMPIN e ISAPRES investigar las denuncias que se les presenten acerca del uso indebido de licencias médicas, y según el artículo 55 letra a) corresponde determinar igualmente el rechazo o invalidación de una ya concedida, sin perjuicio de la denuncia de los hechos a la justicia ordinaria si procediere. Estima que se le está sancionando por el supuesto mal uso de licencias médicas aspecto que no le compete determinar a la Corporación Municipal. La autoridad se encuentra obligada a aplicar la medida de destitución cuando una ley expresa tipifica una determinada conducta, como en el caso del artículo 125 de la Ley N°18.834, cuando los hechos constitutivos de una infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa.

Alega que las resoluciones recurridas son manifiestamente ilegales, pues se sustentan en una atribución que la Municipalidad se ha arrogado sin amparo legal, por cuanto la fiscalización del uso de licencia médica y sancionar su mal uso corresponde a la COMPIN, al dictar una sanción disciplinaria sobre una materia ajena a su competencia, la Municipalidad ha actuado fuera de los márgenes de la ley, vulnerando de forma directa el principio de legalidad.

Aduce que el acto es arbitrario, ya que la sanción es desproporcionada, se tomó sin ponderar su trayectoria intachable, ni la naturaleza terapéutica de su viaje, cuando el hecho en el peor de los casos constituye una falta menor, lo que vulnera la igualdad ante la ley, al brindarle un trato con una severidad que no se justifica.

Esgrime que los hechos denunciados vulneran las garantías constitucionales del debido proceso al sancionarla en un procedimiento viciado de inicio a fin. Le priva de su fuente de trabajo de manera injustificada.

Expresa que en la especie no se ha configurado ninguna situación que importe vulneración grave del principio de probidad administrativa, ni siquiera se menciona como se habría logrado acreditar aquello. No se ponderó la existencia de otros factores que mitiguen o excluyan la responsabilidad, como su irreprochable conducta anterior.

Advierte que igualmente se conculca el derecho de propiedad, pues se ha dispuesto una destitución, maquillada de un supuesto actuar dotado de formalidad, pero que en los hechos es flagrantemente ilegal, carente de lógica y arbitrario, privando con ello de la carrera funcionaria, la estabilidad en el empleo y las respectivas remuneraciones.

Acompaña las resoluciones internas N°NUM002 y NUM003 citadas en su libelo.

Informa por la Corporación recurrida la abogada Consuelo Miranda Corona, instando por el rechazo del recurso.

Explica que las Corporaciones Municipales, son personas jurídicas de derecho privado, creadas al alero del Decreto con Fuerza de Ley N°1-3063 de 13 de junio de 1980, que administran y gestionan las funciones traspasadas desde el Estado hacia las Municipalidades, tienen la naturaleza de personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro.

Plantea, como cuestión previa que lo planteado es de competencia de la judicatura laboral, conforme a lo previsto en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, si el ex trabajador tiene como intención el impugnar el término de la relación laboral o discutir en fondo de la determinación adoptada por la Secretaria General de la Corporación Municipal, se debe ocurrir al Juzgado del Trabajo, no siendo entonces el recurso de protección la vía idónea para plantear la discusión de la terminación de los contratos de trabajo; debiendo ser analizada en un procedimiento declarativo.

En cuanto al fondo del recurso, aclara que no se sancionó a la recurrente por el solo hecho de haber infringido su reposo, sino más por haber quebrantado el principio de probidad, cuyo cumplimiento es obligación expresa del artículo 58 letra g) de la ley N°18.883, aplicable supletoriamente por remisión directa del artículo 4° de la Ley 19.378, en atención a que se acreditó el uso desleal del tiempo de licencia médica (remunerado) con fines ajenos al restablecimiento de la salud, generando descrédito institucional, sobrecarga de trabajo para los demás funcionarios de Atención Primaria de Salud Municipal, retrasos en la atención de los usuarios y deslealtad con la comunidad.

Precisa que las referencias normativas a la Ley N°18.834 no son aplicables a la Corporación Municipal, atendido que se trata de una persona jurídica de derecho privado.

En cuanto a la supuesta falta de competencia de la Municipalidad, esgrime que aquella no es parte en el recurso, cuando además no se le sanciona por el mal uso de licencias médicas sino por la falta grave a la probidad administrativa, por haber salido del país haciendo uso de licencia médica; resultando aplicable a todo funcionario de la Corporación el principio de probidad por aplicación supletoria de la Ley N°18.883 y N°18.575 por remisión expresa del artículo 4º de la Ley N°19.378.

Alude, en cuanto a la proporcionalidad de la sanción, que la Contraloría General de la República a través de sus dictámenes 49.580, de 2008 y 53.223, de 2012 señala claramente que en los casos en que se comete una infracción grave al principio de probidad administrativa, al existir una sanción específica asignada por ley, quienes ejercen la potestad disciplinaria se encuentran en el imperativo de disponerla, sin que proceda considerar circunstancia atenuante alguna. Lo cual ha sido ratificado por la Excelentísima Corte Suprema según dispone el fallo Rol 9082- 2025 de fecha 30 de octubre de 2025.

Niega la existencia de una vulneración al debido proceso, del mismo relato del recurso se obtiene que el proceso sumarial fue sustanciado comunicando [las resoluciones] y la encartada ejerció todas las facultades que la ley le otorga, prestó declaración, presentó documentación, se le notificaron los cargos, formuló sus descargos y presento el recurso de reposición.

Advierte que no cabe a esta Corte a través de la acción incoada revisar el mérito o conveniencia del acto administrativo o sustituir la apreciación técnica o discrecional del órgano competente.

Hace presente que la medida disciplinaria aplicada a la actora se dictó en el marco de un proceso sumarial ordenado a instruir por parte de Contraloría General de la República, proceso el cual se llevó totalmente conforme a derecho, sin vicio alguno, tanto en el procedimiento en sí mismo, como la resolución terminal, encontrándose debidamente motivada.

En cuanto al derecho de propiedad que se acusa como vulnerado, manifiesta que la estabilidad laboral no es absoluta, ésta cede ante las causales legales y responsabilidad disciplinaria válidamente establecida, lo que en efecto ocurrió en virtud del proceso disciplinario llevado al efecto, materializándose en las Resoluciones Internas N°NUM002 de fecha 07 de octubre de 2025, y N°NUM003 de fecha 15 de octubre de 2025.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, los hechos que la recurrente tilda de ilegal y arbitrario los hace consistir en la dictación por parte de la recurrida, de la Resolución N°NUM002 de 07 de octubre del año en curso, mediante la que se falla el procedimiento sumarial seguido en su contra, imponiéndosele la sanción de destitución, y en el pronunciamiento de la Resolución N°NUM003 de 15 de octubre de 2025, que rechaza el recurso de reposición interpuesto y ratifica la medida disciplinaria; lo que conculca las garantías fundamentales que invoca.

CUARTO: Que, por su parte la recurrida insta al rechazo del recurso, alegando, en primer término, la incompetencia de esta Corte para conocer del asunto, por versar sobre una materia que corresponde su resolución al Juzgado de Letras del Trabajo, al tenor de lo previsto en el artículo 420 letra a) del Código del ramo, por lo que la acción constitucional no es la vía idónea para resolver lo planteado. En subsidio, alude que su actuar se ha ajustado a la normativa vigente, lo que excluye un actuar arbitrario, negando la existencia de una vulneración de las garantías constitucionales de la actora; considerando que la sanción impuesta descansa en la comisión de una falta grave al principio de probidad administrativa.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de incompetencia formulada por la encartada, atendido que en la especie se han esgrimidos hechos que presuntamente conculcan garantías constitucionales garantizadas por la acción de protección, siendo el objeto de ésta justamente verificar si procede la tutela judicial en un caso en que alega la existencia de un actuar ilegal y arbitrario, materia de competencia de esta Corte, en virtud de sus facultades conservativas, corresponde desestimar dicha petición.

SEXTO: Que, efectuado el análisis pertinente y de forma preliminar es menester consignar que, pese a la evidente gravedad de la medida contenida en las resoluciones impugnadas, esto es, la destitución del cargo servido por la recurrente, ese solo hecho no torna per se los actos administrativos en cuestión, en arbitrarios o ilegales, por lo cual es necesario examinar si al dictarse las mencionadas resoluciones, se ha incurrido en el fondo, en una ilegalidad o arbitrariedad.

En ese contexto y desde el ángulo de la legalidad, cabe señalar que examinados los antecedentes allegados al proceso sumarial no se advierte que los actos administrativos impugnados carezcan de fundamento legal o se hayan dictado fuera de la competencia o potestad disciplinaria de la autoridad edilicia, en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado.

Así, del mismo examen resulta patente que la medida disciplinaria de destitución cuestionada se dictó en el marco de un procedimiento sumarial debidamente instruido, contempló desde la perspectiva disciplinaria, una decisión final de la autoridad competente, la cual fue objeto posterior de revisión jerárquica vía recurso de reposición e impugnación que fue también motivadamente rechazado, de tal suerte que desde esta perspectiva, se han observado todas las exigencias del debido proceso administrativo y de los artículos 118 y siguientes de la Ley N°18.883.

En el mismo sentido, es menester precisar que resulta un hecho no discutido que los procesos disciplinarios constituyen medios idóneos a través de los cuales la administración se vale para hacer efectiva la responsabilidad del funcionario que infringe sus obligaciones y deberes en cuanto dicha calidad.

SEPTIMO: Que, empero y no obstante el mérito y la legalidad de los actos recurridos, resta despejar si los mismos al aplicar la medida de destitución de la recurrente, han eventualmente infringido o incurrido en falta de fundamento o vulnerado manifiestamente los principios de proporcionalidad o razonabilidad, al evaluar el hecho ilícito administrativo atribuido a la afectada, esto es, los viajes al extranjero durante el goce de licencias médicas, en particular, a la República Argentina, los días 03 a 06 de febrero, y 01 a 03 de marzo, ambos de 2023; y de 17 a 19 de febrero de 2024; periodos en que hacía uso de reposo por licencia médica expedida por los días 31 de enero a 01 de marzo de 2023 y de 12 a 26 de febrero de 2024; que autorizaban reposo total en su domicilio y sin que haya mediado una justificación de ese viaje como parte del tratamiento ordenado.

Sobre el particular, huelga indicar que no está controvertido o aparece fuera de discusión el hecho probado que la recurrente se desplazó al extranjero mediando el uso de una licencia médica vigente que no reúne o justifica ese desplazamiento como parte del tratamiento ordenado, y que esa conducta que no puede desligarse del desempeño leal del cargo puesto que denota un incumplimiento funcionario y el uso del tiempo de reposo en actividades incompatibles, efectivamente quiebra la observancia de los deberes de probidad y de desempeño administrativo, ameritando en consecuencia un reproche disciplinario, el que asoma genéricamente fundamentado.

No obstante, lo anterior, resta dilucidar a su vez, si el corolario de sanción específica para la conducta reprochada, en la especie, la adopción de la medida disciplinaria más grave, vale decir, la destitución del cargo, contemplada en el artículo 123 de la Ley N°18.883 y que la empleadora calificó de vulneración grave al principio de probidad, imponiéndola sin atenuantes, resulta proporcionada con el escenario de incumplimiento descrito.

Bajo esa premisa y examinados nuevamente los antecedentes que justifican la imposición de la sanción disciplinaria en comento, a juicio de esta Corte, dichos antecedentes no permiten sostener su proporcionalidad y gravedad extrema, toda vez que se han soslayado para efectos de su imposición y aun a pretexto de tratarse de un imperativo legal obligatorio para la administración a partir de la calificación de gravedad de la conducta, una serie de circunstancias o elementos que mitigan el comportamiento del recurrente, tales como el alcance acotado del hecho reprochado, la larga trayectoria profesional de la afectada, su actual rango etario, su conducta funcionaria intachable, unido ello a la patología que padece como consecuencias de duelos recientes y las desmedidas consecuencias que una medida expulsiva como la adoptada, acarreará en su potencial futuro laboral. A juicio de esta Corte, la circunstancia que los viajes emprendidos por la investigada responden a un traslado hacia la zona central del país, los que no pueden efectuarse vía terrestre por el territorio nacional, por la falta de conectividad y distancia con el resto del país permitía morigerar el reproche disciplinario, antecedentes que al haber sido alegados y desatendidos por la recurrida, se ha incurrido en una arbitrariedad, asomando como desproporcionada o arbitraria la adopción de la medida de destitución.

OCTAVO: Que, conforme a lo razonado, se observa de la imposición de la medida más gravosa que prevé el ordenamiento jurídico que regula la relación funcionarial, cuya arbitrariedad ha resultado comprobada, un proceder que conculca las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad, en particular sobre las remuneraciones que percibe en su calidad de funcionario de la Corporación recurrida, por cuanto se le ha brindado un trato severo, sin considerar sus circunstancias particulares, y procede entonces dar lugar a la acción cautelar interpuesta.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N°2 y 24, 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso interpuesto por nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, solo en cuanto se dejan sin efecto las resoluciones internas dictadas por la recurrida, N°NUM002 de 07 de octubre de 2025 y N°NUM003 de 15 del mismo mes, y en consecuencia, se ordena la reincorporación a la brevedad al cargo y labores que cumplía la recurrente en forma previa a la dictación de la resolución de destitución impugnada, disponiéndose el pago de las remuneraciones devengadas desde la aplicación de la medida de destitución hasta su efectiva reincorporación. Lo anterior, sin perjuicio que, la administración recurrida dicte la medida disciplinaria que juzgue proporcional a la magnitud o entidad de la infracción cometida.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Juan Santiago Villa Martínez.

Rol N°554-2025.PROTECCION. -