Protección contra Corporación Municipal de Punta Arenas

Punta Arenas, veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO:

Que a folio 1, comparece doña nombre reservado, administrativa de la Atención Primaria de Salud, domiciliada en domicilio reservado quien deduce recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, representada por su Secretaria General, alegando vulneración a las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2, en relación con el N°3, y N°24 de la Constitución Política.

La recurrente señala que ingresó a la Atención Primaria de Salud en el año 2013, como administrativa, desempeñándose antes de su destitución en el CESFAM Dr. Mateo Bencur, con 44 horas titulares, manteniendo durante 12 años una trayectoria funcionaria intachable, sin sanciones disciplinarias y con buenas calificaciones.

Refiere que, mediante Resolución Interna NUM000 de 28 de mayo de 2025, se ordenó instruir sumario para investigar destinado a investigar posible falta administrativa en el uso de licencia médica, formulándose el respectivo cargo, dictándose la Resolución Interna NUM001 el 11 de septiembre de 2025, que dispuso aplicar la medida Disciplinaria de destitución establecía los artículos 120 y 123 de la ley 18883 por contravenir gravemente el principio de probidad administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 58 letra g de esa disposición legal, el cual es transcrito en el recurso.

Agrega que, en contra de la mencionada resolución la funcionaria interpuso recurso de reposición, y con fecha 16 de octubre de 2025, se le notifica la Resolución Interna NUM002, que resuelve el Recurso de Reposición, rechazándolo y manteniendo la medida disciplinaria de destitución.

Sostiene que la Corporación Municipal ha incurrido en un acto ilegal por falta de competencia, por cuanto la sanción se sustenta en una atribución que la Municipalidad se ha arrogado sin amparo legal. El acto de la Administración de fiscalizar el uso de una licencia médica, determinar su validez y sancionar por su supuesto mal uso es una facultad privativa y exclusiva de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), de acuerdo con el Decreto N°3 de 1984 del Ministerio de Salud. Al dictar una sanción disciplinaria sobre una materia ajena a su competencia, la Municipalidad ha actuado fuera de los márgenes de la ley, vulnerando de forma directa el Principio de Legalidad, artículos 6 y 7 de la Constitución.

En segundo término, sostiene que el acto también es arbitrario, ya que la sanción de destitución es abiertamente desproporcionada. La decisión de aplicar la medida más gravosa se tomó sin ponderar debidamente la trayectoria intachable, ni la naturaleza terapéutica de su viaje. Un castigo de tal magnitud, aplicado a un hecho que, en el peor de los casos, constituye una falta menor, no es racional. Al imponer una pena excesiva, la Administración ha vulnerado la Igualdad ante la Ley al tratar a su representada con una severidad que no se justifica, apartándose del principio de proporcionalidad que rige el derecho administrativo sancionador.

Afirma que, como consecuencia de lo obrado, se han vulnerado las garantías del artículo 19 N°2, N°3 y 24 de la Carta fundamental, señalando que la falta de fundamentación de la resoluciones y la infracción del principio de proporcionalidad de las sanciones, importa una vulneración del derecho de igualdad ante la ley; que en este caso existe una clara infracción al derecho al debido proceso administrativo, por cuanto no respeto el principio rector del concepto de infracción administrativa que se encuentra en estrecha relación con los principios de legalidad, reserva legal y tipicidad, refiriendo la existencia de un cargo de contenido difuso sin claridad de las acciones específicas lo que imposibilita hacerse descargos precisos para que estos sean eficaces y el derecho de propiedad al privar a la recurrente de la carrera funcionaria, la estabilidad en el empleo y las respectivas remuneraciones.

Por lo expuesto pide que se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por Resolución Interna NUM001 de fecha 11 d septiembre de 2025 y la Resolución Interna NUM002 de fecha 16 de octubre de 2025, disponiendo su absolución o una sanción administrativa proporcional y se ordene su reincorporación y efectuar el pago de las remuneraciones no percibidas desde que se le aplica la destitución hasta su efectiva reincorporación, con costas.

Que a folio 10, informa el recurso doña nombre reservado

nombre reservado, en representación de la parte recurrida Corporación Municipal de Punta Arenas, solicitando el rechazo del recurso.

En primer término hace referencia a la naturaleza jurídica de derecho privado e las Corporaciones Municipales, y que la materia objeto del presente recurso corresponde ser conocido por la justicia laboral, conforme a lo dispuesto en el artículo 420 del Código del Trabajo, en un procedimiento declarativo.

Luego da cuenta de los antecedentes del recurso deducido por la actora, dando cuenta de los antecedentes del sumario administrativo incoado en su contra.

Explica que el 01 de agosto de 2025, se le formuló el siguiente cargo: “Salida del país haciendo uso de licencia médica, siendo que dicha licencia se otorgó bajo reposo total laboral indicando expresamente como lugar de reposo su domicilio ubicado en domicilio reservado”.

Que, según lo informado por la Contraloría General de la República Oficio NUM003 donde adjunta la nómina de personas con salidas o permanencia en el extranjero mientras hacía uso de licencia médica, detalla en el caso de la encartada las siguientes salidas: 23 de febrero de 2024 Salida desde país Chile Monte Aymond (Destino Argentina); y 26 de febrero de 2024 Entrada Monte Aymond; la salida y entrada mencionada fueron estando con licencia médica emitida el 13 de febrero de 2024 con reposo laboral total de 15 días, conforme a la cual se prescribió reposo total en domicilio domicilio reservado.

Agrega que, según consta de la entrevista realizada el día 18 de junio de 2025 (a fojas 68), doña nombre reservado reconoce haber salido del país con destino a Argentina durante el periodo mencionado, encontrándose con licencia médica por diagnóstico de salud mental. Añade que la funcionaria no presentó documento alguno que respalde la necesidad médica o familiar que motivó dicho desplazamiento. Indica que acompañó a su pareja a visitar a un familiar enfermo en Río Gallegos, pero admite no tener ningún certificado médico, constancia de atención ni acreditación formal que respalde el estado de salud de dicha persona Presenta relato escrito firmado, donde relata los hechos y solicita evaluar su caso, que no fue acción planificada y no le tomó el peso a la situación; doña nombre reservado indica que declaró en el expediente sumarial que fue una situación excepcional, no planificada, y que es la única vez que ha viajado fuera del país durante un período de licencia médica.

Sin embargo, este reconocimiento voluntario no excluye la eventual responsabilidad administrativa por la conducta desplegada.

Agrega que, mediante Resolución Interna NUM001 de fecha 11 de septiembre de 2025, emitido por Secretaria General, aprueba vista fiscal y aplica la medida disciplinaria de destitución a la recurrente. En contra de la referida resolución, la recurrente interpuso recurso de reposición, y con fecha 16 de octubre de 2025, se le notificó la Resolución Interna NUM002, que resuelve el recurso de reposición, rechazándolo y manteniendo la medida disciplinaria de destitución.

En cuanto al derecho incoado, señala que la Corporación Municipal de Punta Arenas no sancionó a la recurrente por el solo hecho de haber infringido su reposo, sino más por haber quebrantado el principio de probidad, cuyo cumplimiento es obligación expresa del artículo 58 letra g) de la ley N°18.883, aplicable supletoriamente por remisión directa del artículo 4° de la Ley 19.378, en atención a que se acreditó el uso desleal del tiempo de licencia médica con fines ajenos al restablecimiento de la salud, generando descrédito institucional, sobrecarga de trabajo para los demás funcionarios de Atención Primaria de Salud Municipal, retrasos en la atención de los usuarios y deslealtad con la comunidad.

Agrega que respecto de las referencias realizadas a la Ley 18.834, normativa aplicable a los Servicios Públicos, estas no son aplicables a la Corporación Municipal de Punta Arenas, toda vez que su representada es una persona jurídica de derecho privado, haciendo presente que lo sancionado es la falta de probidad administrativa.

En cuanto a la proporcionalidad de la sanción, señala que la Contraloría General de la República a través de sus dictámenes 49.580, de 2008 y 53.223, de 2012 señalan claramente que en los casos en que se comete una infracción grave al principio de probidad administrativa, al existir una sanción específica asignada por ley, quienes ejercen la potestad disciplinaria se encuentran en el imperativo de disponerla, sin que proceda considerar circunstancias atenuantes alguna. Lo cual ha sido ratificado por la Excelentísima Corte Suprema según dispone el fallo Rol 9082- 2025 el cual transcribe parcialmente.

Descarta la vulneración de garantías constitucionales que señala la recurrente, indicando que en ningún caso, tal como se indicó en la Resolución Interna NUM001 de 11 de septiembre de 2025, se ha cuestionado la situación de salud que afectaba a la actora al momento de viajar, lo que se ponderó, fue si dicha conducta infringió alguna obligación o incurrió en una prohibición estatutaria que amerite aplicar alguna sanción, y en donde cobra especial relevancia el poder establecer si el viaje tuvo como propósito realizar algún tratamiento médico prescrito por el profesional que extendió la licencia, si se enmarca en un caso fortuito o de fuerza mayor o si tuvo fines de ocio, vacacionales o de otra naturaleza; como, así también, el tiempo que se mantuvo fuera del país, ya que estos hechos resultan relevantes para ponderar y determinar la gravedad de la conducta y la medida disciplinaria proporcional a la falta cometida, infringiendo de esta manera el principio de probidad.

Por lo expuesto pide tener por evacuado el informe.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, los hechos que motivan el presente recurso lo hace consistir el recurrente en la dictación por parte de la recurrida, de Resolución Interna NUM001 de 11 de septiembre de 2025 y la Resolución Interna NUM002 de fecha 16 de octubre de 2025, emanadas ambas de la Corporación Municipal de Punta Arenas, en virtud de las cuales, se resuelve sumario administrativo, resolviendo la aplicación a doña nombre reservado, en virtud de la cual impone la medida disciplinaria de destitución, por contravenir gravemente el principio de probidad administrativa de conformidad a lo dispuesto en el artículo 58 letra g) de la Ley 18.883; y se rechaza recurso de reposición deducido, manteniendo la medida disciplinaria de destitución respectivamente.

CUARTO: Que, por su parte la recurrida insta al rechazo del recurso, conforme a los argumentos expuestos en la parte expositiva.

QUINTO: Que, efectuado el análisis pertinente y de forma preliminar es menester consignar que pese a la evidente gravedad de la medida contenida en las resoluciones impugnadas, esto es, la destitución del cargo servido por la recurrente, ese sólo hecho no torna persé los actos administrativos en cuestión, en arbitrarios o ilegales, por lo cual es necesario examinar si al dictarse las mencionadas resoluciones, se ha incurrido en el fondo, en una ilegalidad o arbitrariedad.

En ese contexto y desde el ángulo de la legalidad, cabe señalar que examinados los antecedentes allegados al proceso sumarial no se advierte que los actos administrativos impugnados carezcan de fundamento legal o se hayan dictado fuera de la competencia o potestad disciplinaria de la autoridad edilicia, en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado.

Así, del mismo examen resulta patente que la medida disciplinaria de destitución cuestionada se dictó en el marco de un procedimiento sumarial debidamente instruido, contempló desde la perspectiva disciplinaria, una decisión final de la autoridad competente, la cual fue objeto posterior de revisión jerárquica vía recurso de reposición e impugnación que fue también motivadamente rechazado, de tal suerte que desde esta perspectiva, se han observado todas las exigencias del debido proceso administrativo y de los artículos 118 y siguientes de la Ley N°18.883.

En el mismo sentido, es menester precisar que resulta un hecho no discutido que los procesos disciplinarios constituyen medios idóneos a través de los cuales la administración se vale para hacer efectiva la responsabilidad del funcionario que infringe sus obligaciones y deberes en cuanto dicha calidad.

SEXTO: Que, empero y no obstante el mérito y la legalidad de los actos recurridos, resta despejar si los mismos al aplicar la medida de destitución del recurrente, han eventualmente infringido o incurrido en falta de fundamento o vulnerado manifiestamente los principios de proporcionalidad o razonabilidad, al evaluar el hecho ilícito administrativo atribuido a la afectada, esto es, el viaje al extranjero durante el goce de una licencia médica, específicamente a la localidad argentina de Río Gallegos, desde el 23 al 26 de febrero de 2024, encontrándose con licencia médica emitida el 13 de febrero de 2024 por 15 días de reposo total en su domicilio y sin que haya mediado una justificación de ese viaje como parte del tratamiento ordenado.

Sobre el particular, huelga indicar que no está controvertido o aparece fuera de discusión el hecho probado que el recurrente se desplazó al extranjero mediando el uso de una licencia médica vigente que no reúne o justifica ese desplazamiento como parte del tratamiento ordenado, y que esa conducta que no puede desligarse del desempeño leal del cargo puesto que denota un incumplimiento funcionario y el uso del tiempo de reposo en actividades incompatibles, efectivamente quiebra la observancia de los deberes de probidad y de desempeño administrativo, ameritando en consecuencia un reproche disciplinario, el que asoma genéricamente fundamentado.

No obstante lo anterior, resta dilucidar a su vez, si el corolario de sanción específica para la conducta reprochada, en la especie, la adopción de la medida disciplinaria más grave, vale decir, la destitución del cargo, contemplada en el artículo 123 de la Ley N°18.883 y que la autoridad edilicia calificó de vulneración grave al principio de probidad, imponiéndola sin atenuantes, resulta proporcionada con el escenario de incumplimiento descrito.

Bajo esa premisa y examinados nuevamente los antecedentes que justifican la imposición de la sanción disciplinaria en comento, a juicio de esta Corte, dichos antecedentes no permiten sostener su proporcionalidad y gravedad extrema, toda vez que se han soslayado para efectos de su imposición y aun a pretexto de tratarse de un imperativo legal obligatorio para la administración a partir de la calificación de gravedad de la conducta, una serie de circunstancias o elementos que mitigan el comportamiento del recurrente, tales como el alcance acotado del hecho reprochado, la larga trayectoria profesional de la afectada, su actual rango etario, su conducta funcionaria intachable y las desmedidas consecuencias que una medida expulsiva como la adoptada, acarreará en su potencial futuro laboral, razones por las que asoma como desproporcionada o arbitraria la adopción de la medida de destitución y procede entonces dar lugar a la acción cautelar interpuesta.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso intentado por doña nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, solo en cuanto se dejan sin efecto la Resolución Interna NUM001 de 11 de septiembre de 2025 y la Resolución Interna NUM002 de fecha 16 de octubre de 2025, emanadas ambas de la Corporación Municipal de Punta Arenas; y se ordena la reincorporación a la brevedad al cargo y labores que cumplía el recurrente en forma previa a la dictación de la resolución de destitución impugnada, disponiéndose el pago de las remuneraciones desde la aplicación de la medida de destitución hasta su efectiva reincorporación. Lo anterior, sin perjuicio que la administración recurrida dicte la medida disciplinaria que juzgue proporcional a la magnitud o entidad de la infracción cometida.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Suplente Sra. Berta Salgado Salamé.

Se deja constancia que no firma el Ministro Sr. Juan Santiago Villa Martínez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse con permiso conforme lo dispone el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N°553-2025.PROTECCION.-