Recurso de protección

nombre reservado, veinte de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, abogada, y deduce recurso de protección en contra de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado de la ciudad de nombre reservado, en su calidad de propietario del sitio web "nombre reservado", en razón de los actos que señala como ilegales y arbitrarios consistentes en desplegar una conducta comunicacional reiterada y persistente respecto a su conducta funcionaria, alegando vulneración a las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Afirma que el recurrido ha desplegado una conducta comunicacional reiterada, persistente y estructurada destinada a instalar en la opinión pública una narrativa falsa respecto de su conducta funcionaria, vinculándola con hechos de acoso laboral, maltrato institucional y vulneración de derechos fundamentales, difundiendo que habría sido removida de su cargo de Directora Regional del Instituto de Previsión Social. Sostiene que tales imputaciones que son falsas, carecen de una verificación institucional, fueron difundidas y permanecen activas a la fecha de presentación del recurso y generan un daño progresivo e irreversible a su dignidad, honra e integridad psíquica.

Acompaña en el recurso, capturas de pantallas respecto de las publicaciones que impugna, realizadas a través de la página web nombre reservado, Instagram, Facebook, y YouTube.

Expresa que se desempeñó como Directora Regional del Instituto de Previsión Social en Magallanes, cargo que ejerció conforme a los principios de probidad administrativa, responsabilidad funcionaria y legalidad, sin incurrir en ninguno de los hechos difundidos por el recurrido. Indica que asumió el cargo el 4 de noviembre de 2024, y que tres días después, el recurrido publicó en su sitio web y redes sociales una nota señalando que se encontraba "denunciada por vulneración de derechos, violencia y acoso laboral", utilizando para ello su imagen institucional sin ningún tipo de autorización.

Agrega que, durante el año 2025, el recurrido a través de distintas plataformas continuó publicando que existían tres denuncias por Ley Karin en su contra, que el ambiente laboral en la institución en que se desempeñaba “era terrible", y que habría sido separada o removida de su cargo.

Señala que estos hechos son falsos, que a través de un comunicado los funcionarios de la institución efectuaron un desmentido de malos tratos de su parte; que respecto de las denuncias fue sobreseída, que fue nombrada en el mencionado cargo a través del sistema de Alta Dirección Pública, y que presentó su renuncia voluntaria a éste el 1 de septiembre de 2025.

Señala que las publicaciones generaron, además un espacio en que terceros profirieron expresiones denigrantes en su contra tales como “rota”, “piojo resucitado”, apitutada, se cree diosa”, entre otras, lo que constituye una violencia simbólica, violencia digital y una agresión a su dignidad personal.

Sostiene que la difusión masiva de estas publicaciones, le ha generado un daño reputacional permanente, obstaculizando su desarrollo laboral, asociando su nombre a imputaciones falsas, lo que le genera un impacto significativo en su esfera personal, familiar y profesional, ya que la permanencia de las publicaciones produce que cualquier potencial empleador, institución pública o privada, o entidad que evalúe la trayectoria laboral de la recurrente, acceda de forma inmediata a información falsa o descontextualizada, generando un perjuicio directo en sus posibilidades reales de reinserción laboral, siendo la recurrente el sustento económico de su núcleo familiar.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, señala que el actuar del recurrido vulnera su derecho a la honra y reputación conforme al artículo 19 N°4 de la Carta Fundamental, en atención a que la difusión reiterada de imputaciones falsas, sin mediar investigación, la asociación pública de la recurrente con conductas de acoso laboral, dándolas por acreditadas y la construcción mediática de una supuesta remoción del cargo constituyen afectaciones directas a estos derechos, lo que se agrava debido a la permanencia del contenido en plataformas digitales, generando un daño continuo, expansivo y permanente.

Alega asimismo, una vulneración a la integridad psíquica en atención a que el contenido lesivo generó un contexto de agresión digital, materializado en comentarios denigrantes de terceros, lo que constituye una forma de violencia simbólica y social que la afecta emocionalmente, vulnerando asimismo el derecho a la vida privada y el derecho al desarrollo profesional y reputación laboral.

Por todo lo expuesto pide que se ordene a la recurrida la eliminación total del contenido en todas las plataformas digitales de nombre reservado y las personales del Sr. nombre reservado y ordenar la desindexación en buscadores, ordenar que el recurrido pida disculpas públicas con igual difusión en el plazo de 30 días, y que se abstenga el recurrido de efectuar nuevas publicaciones sobre su persona, con costas.

Efectúa petición complementaria en orden a disponer la remisión de copia de los antecedentes y la sentencia al Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social de Chile y al Tribunal de ética del Colegio de Periodistas de Chile, en caso de verificarse afiliación del periodista involucrado.

Acompaña antecedentes fundantes del recurso.

Que a folio 21, se prescindió del informe del recurrido al no haber evacuado tal diligencia dentro de plazo establecido.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que a través del presente recurso, la actora reclama que el recurrido ha realizado a través de diversas plataformas de redes sociales y la página web denominada “nombre reservado” una difusión reiterada de publicaciones que vinculan a la recurrente, en su calidad de ex Directora Regional del Instituto de Previsión Social, con hechos de acoso laboral, vulneración de derechos fundamentales, así como con una supuesta remoción de su cargo, alegando falsedad de tales afirmaciones y vulnerando con ello el derecho a la honra y vida privada y la integridad psíquica de la recurrente, solicitando, en primer término, la eliminación total del contenido en las plataformas digitales, con costas.

CUARTO: Que la recurrida, encontrándose válidamente notificada no evacuó el informe requerido, por lo que se prescindió de éste.

QUINTO: Que, el derecho a la honra, cuyo respeto y protección la Constitución asegura a todas las personas, alude a la reputación, al prestigio o el buen nombre de todas las personas, como ordinariamente se entienden estos términos, más que al sentimiento íntimo del propio valer o a la dignidad especial o gloria alcanzada por algunos. Por su naturaleza es, así, un derecho que emana directamente de la dignidad con que nace la persona humana, un derecho personalísimo que forma parte del acervo moral o espiritual de todo hombre y mujer, que no puede ser negado o desconocido por tratarse de un derecho esencial propio de la naturaleza humana.

La honra, por ende, es la buena fama, el crédito de que una persona goza en el ambiente social, es decir, ante el prójimo o los terceros en general. Como se comprende, la honra se halla íntima e indisolublemente unida a la dignidad de la persona y a su integridad, sobre todo de naturaleza psíquica. Por eso es acertado también calificarla como un elemento del patrimonio moral del sujeto, de un derecho suyo de índole personalísima.

SEXTO: Que el respeto y protección del derecho a la honra que asegura la Constitución es de carácter personalísimo, expresión de la dignidad humana consagrada en su artículo 1°, cuyo atropello, desconocimiento o violación, si bien pueden significar en ocasiones una pérdida o menoscabo de carácter patrimonial más o menos concreto (si se pone en duda o desconoce la honradez de un comerciante o de un banquero, por ejemplo), la generalidad de las veces generan más que nada una mortificación de carácter psíquico, un dolor espiritual, un menoscabo moral carente de significación económica mensurable objetivamente, que, en concepto del que lo padece, no podría ser reemplazada o compensada con una suma de dinero.

Se trata, en definitiva, de un bien espiritual que, no obstante tener en ocasiones también un valor económico. (Corte de Apelaciones de Talca Rol 1166-2024 Protección)

SÉPTIMO: Que de los antecedentes acompañados al recurso de protección, se observa que el recurrido, a través de las plataformas digitales página web “nombre reservado”, Instagram, Facebook y YouTube, ha efectuado diversas publicaciones respecto de la actividad funcionaria de la recurrente de las cuales se observa de su simple lectura, tienen por objeto instalar una imagen negativa frente a la opinión pública entregando información, que conforme a los antecedentes acompañados por la actora a folio 1, es inexacta e incompleta.

Así, se observa en la publicación de la página web de nombre reservado del 8 de septiembre de 2025 el titular “Directora del IPS Magallanes es sacada de su cargo y trasladada a otra región”, sin embargo, tal información omite señalar que la actora presentó una renuncia voluntaria al mismo cargo el 1 de septiembre de 2025, antecedente que indudablemente se debió considerar.

A su vez, en la publicación del 20 de junio de 2025 titulada “Directora del IPS Magallanes tiene tres denuncias por Ley Karin y funcionarios dicen que ambiente es terrible”, conforme a los antecedentes acompañados a folio 1, aparece que las tres denuncias amparadas en la Ley N°21.643 fueron sobreseídas por resoluciones del Director Nacional del Instituto de Previsión Social, conforme se lee de los antecedentes acompañados a folio1, a saber: Resolución Exenta NUM000, de 27 de junio de 2025, del Instituto de Previsión Social, sobreseyó el proceso por no existir fundamentos suficientes para imputar acción reprochable administrativa a los funcionarios de la Institución en los hechos investigados; Resolución Exenta NUM001, de 22 de enero de 2026, del Instituto de Previsión Social, sobreseyó el proceso instruido por no existir responsabilidad administrativa que perseguir respecto de los hechos investigados y Resolución Exenta NUM002, de 12 de enero de 2026, del Instituto de Previsión Social, sobreseyó el proceso instruido por no existir fundamentos suficientes para imputar acción reprochable administrativa a funcionario determinado de la institución en los hechos investigados.

OCTAVO: Que si bien el resguardo de la libertad de expresión e información resulta indispensable para el desarrollo de una sociedad democrática, lo cierto es que su ejercicio no tiene un carácter absoluto, sino que reconoce como límites el respeto de otros derechos fundamentales.

En tal sentido se ha resuelto en Rol N°257- 2024 por la Excma. Corte Suprema que “Sexto: Que en la especie se produce una colisión entre dos garantías constitucionales, a saber, entre el derecho a la honra y al de la libertad de expresión, las que deben ser debidamente ponderadas. Sobre el particular conviene tener presente que dentro del derecho a la honra se encuentra consagrado también el derecho al buen nombre, consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, derecho personalísimo que puede verse afectado cuando - como en el caso de autos-, se difunden y/o publican en una red social afirmaciones que producen descrédito a su respecto, con la pretensión de modelar el concepto público que se tiene del individuo, sobre la base de la atribución de conductas, que constituyen ilícitos penales, y sobre los que no recae sentencia penal que declare la afectividad de la autoría que se le imputa, y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa.

Séptimo: Que aunque la libertad de expresión ha sido fundamental en el imaginario mundo de la comunicación en el ciber espacio, la experiencia ha demostrado que en los entornos de comunicación virtual ella puede entrar en conflicto con otras libertades individuales, como son por ejemplo el derecho al buen nombre, cuando este es vulnerado con una afirmación deshonrosa publicada en un grupo, frente a la cual la persona tiene limitadas posibilidades de exigir y lograr una pronta corrección.

Octavo: Que conforme a lo anteriormente razonado, la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto y, por cierto, queda limitada por el derecho al buen nombre que le asiste al afectado por las expresiones deshonrosas que se han vertido en una red social pública”.

NOVENO: Que, en este caso la información publicada que vincula a la recurrente con la existencia de tres denuncias conforme a la Ley N°21.643 en su contra y el cese de su cargo de Directora Regional del Instituto de Previsión Social, se encuentra protegida por el derecho fundamental de la libertad de información, por cuanto se trata de publicaciones licitas en que existe un interés público comprometido en su conocimiento; sin embargo, existe una actuación arbitraria del recurrido en orden al omitir deliberadamente antecedentes de suyo relevantes al hecho noticioso, dados por la renuncia de la recurrente al cargo y la omisión de señalar que las mencionadas denuncias resultaron sobreseídas, antecedente que al no ser actualizadas y complementados, impactan de manera directa en el buen nombre y reputación profesional de la recurrente.

DÉCIMO: Que por lo expuesto, aparece que la acción reprochada al recurrido provoca una perturbación de los derechos de la recurrente, en cuanto las publicaciones aludidas han provocado que el nombre de la actora se encuentre permanentemente asociado en plataformas digitales relativas a conductas laborales reprochables, en base a información inexacta e incompleta, lesionando el derecho a la honra de la actora, consagrado en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, lo que lleva a acoger el recurso únicamente en los términos que se dispondrá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de nombre reservado, sólo en cuanto se ordena a la recurrida proceder, dentro del plazo de diez días hábiles de ejecutoriada esta sentencia, a complementar las publicaciones objeto del recurso relativo al motivo de cese de funciones de la recurrente en el Instituto de Previsión Social y el estado en que se encuentran las denuncias conforme a la Ley N°21.643, incoadas en contra de la actora.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto el numeral 14 del referido Auto Acordado Redacción de la Ministra Suplente Sra. Berta Roxana Salgado Salamé.

Se deja constancia que no firma el Ministro Suplente Sr.

Claudio Jara Inostroza, por haber cesado la suplencia del cargo que servía.

ROL N°55-2026 PROTECCIÓN.