Protección contra Colegio nombre reservado

Punta Arenas, dos de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Que a folio 1, comparece doña nombre reservado, quien comparece en favor de su hijo nombre reservado y deduce recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, persona jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por su rectora doña nombre reservado, señalando como acto ilegal y arbitrario del que reclama, la cancelación de la matricula del alumno respecto del colegio, alegando vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 N°1, 2, 3, 19 y 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que su hijo nombre reservado, es estudiante de segundo medio del establecimiento, con una permanencia de dos años y medio, cuenta con diagnóstico de TDAH y desregulación emocional, encontrándose en tratamiento médico.

Refiere que el 27 de agosto pasado tomó conocimiento de la condicionalidad del alumno, y en esa misma fecha se le informó por la rectora del colegio, el resultado de una investigación por una supuesta falta que habría afectado gravemente la convivencia escolar. Según dicha comunicación, nombre reservado habría compartido una grabación que recibió de otro compañero, realiza amenazas publicas diciendo que llamaría a más personas para una pelea en la que menciona el uso de machetes, hechos que fue reconocida por el alumno quedando registrados como anotación negativa con fecha 14 de agosto.

Que ese episodio conlleva una sanción de condicionalidad, y analizando la trayectoria del estudiante, ya existía una sanción de condicionalidad de matrícula, la que no ser superada, se cancelará la matricula.

Refiere que presentó un recurso de apelación correspondiente y que, en similares términos, mediante carta de 29 de septiembre, la Rectora comunicó que, tras un análisis exhaustivo y respetuoso de los antecedentes, el Consejo de Profesores resolvió mantener la medida de cancelación, conforme al Reglamento Interno del establecimiento.

Indica que el procedimiento seguido careció de motivación y se realizó sin respetar el derecho a defensa ni las reglas básicas del debido proceso, afectando la igualdad ante la ley y el derecho a la educación y desarrollo integral de su hijo. Afirma que la decisión se adoptó sin una investigación efectiva que acreditara responsabilidad, pues al solicitar al Colegio la remisión de la investigación interna solo se le envió un archivo en formato PowerPoint que contenía puntos que no guardaban relación con la conducta atribuida a su hijo.

Sostiene que, pese a haber sido revisado por la Rectora y luego ratificado por el Consejo de Profesores, el procedimiento seguido no expone hechos concretos, no formula cargos específicos, contraviene lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento Interno, referido al debido proceso.

Refiere, además, que no fueron consideradas circunstancias atenuantes que sí serían aplicables, ni el diagnóstico médico del estudiante, el que se encuentra respaldado por profesionales del COSAM Miraflores.

En cuanto a las garantías vulneradas, señala infracción a la integridad psíquica del adolescente, pues sin proporción alguna, sin mediar un proceso debidamente tramitado se le ha impuesto una sanción que le desarraiga del contexto educacional, relacional y dónde él ha manifestado su deseo de permanecer. Afirma que también se vulneran las garantías del artículo 19 N°2 y N°3, al no ajustarse la sanción a parámetros legales ni reglamentarios, y que, por extensión, se afecta el derecho a la educación del artículo 19 N°10, del cual nombre reservado es titular conforme al principio de progresividad, vinculándolo al artículo 19 N°24.

Por todo lo expuesto pide que se declare que el Colegio nombre reservado ha obrado arbitraria y excesivamente aplicando una sanción desproporcional, excesiva, arbitraria, carente de defensa, debido proceso, y con ausencia total de fundamentos normativos y reglamentarios; En subsidio, ordene al recurrido a retrotraer dicho procedimiento y/o resolución al estado de valorar de conformidad a su propia normativa;

Dictar las demás medidas que se considere necesarias para restablecer el imperio del derecho y tutelar la protección de las garantías constitucionales que mediante esta acción se buscan restablecer; con condena en costas.

A folio, 12 informa el recuro don Héctor Patricio Szigethi Aguilar, abogado, en representación de la Fundación Educacional nombre reservado, solicitando su rechazo con costas.

Señala que el 19 de junio de 2025 se aplicó al alumno una condicionalidad de matrícula, vigente desde el segundo semestre hasta el término del año, por diversas faltas tipificadas como graves y previstas en el artículo 41 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, informándose a la familia que, de no superarse dicha condicionalidad, se procedería a la cancelación de matrícula para el año 2026.

Refiere que en agosto de 2025 el estudiante difundió por redes sociales un video de una agresión entre compañeros de curso, falta calificada como gravísima según el artículo 42 del mencionado reglamento, lo que motivó una nueva condicionalidad y el aviso formal de no renovación de matrícula para el año 2026, a lo que se agregó una nueva falta gravísima consistente en amenazas de agresión mediante terceros con armas blancas (machete).

Afirma que la familia apeló ante el Colegio y que el Consejo de Profesores, como instancia consultiva prevista en el RICE, recomendó no acoger la apelación, estimando que el estudiante ha recibido numerosas oportunidades y acompañamientos destinados a favorecer su proceso formativo y conductual, sin observarse mejoras sostenidas ni la superación de las condicionalidades previamente establecidas.

Explica que, en consecuencia, y existiendo un historial reiterado de conductas graves, oportunidades de mejora no aprovechadas y sanciones aplicadas conforme a la normativa interna, el Colegio nombre reservado actuó con apego a lo dispuesto en el procedimiento contenido en el RICE.

Sostiene la ausencia de arbitrariedad o ilegalidad en la conducta denunciada, señalando que la facultad de aplicar sanciones disciplinarias como la cancelación de matrícula se encuentra reconocida en el DFL N°2 de 2009 del Ministerio de Educación y en el propio Reglamento Interno del colegio.

Refiere que, a diferencia de lo que señala la recurrente, la condicionalidad del alumno fue notificada formalmente, que se citó en reiteradas ocasiones a la apoderada, y que durante su vigencia el alumno incurrió en dos nuevas faltas gravísimas, todo lo cual justificó la sanción aplicada.

Indica que se siguió el procedimiento establecido en el artículo 37 del Reglamento Interno se cumplieron todos los pasos para la aplicación de la sanción, por lo que descarta la vulneración de garantías que se indica en el recurso.

Agrega que en forma posterior a la interposición de este recurso nombre reservado cometió una nueva falta grave consistente en la rotura de una puerta del establecimiento, situaciones que son reiterativas y a pesar d ellos apoyos y medidas decretadas desde el año 2023 no han logrado su fin, recordando que el colegio imparte valores y principios, pero la primera educación proviene de cada uno de los respectivos hogares de los educandos.

Por lo expuesto pide el rechazo del recurso.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) la existencia de la acción u omisión reprochada; b) que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) que de la misma se siga un atentado directo e inmediato a garantías constitucionales protegibles por esta vía; y d) que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que el acto recurrido consiste en la decisión del establecimiento de educacional recurrido de cancelar la matrícula para el año académico 2026 del estudiante nombre reservado.

CUARTO: Que de los antecedentes allegados a la causa se advierte que la recurrida ha adoptado una medida disciplinaria existente en su Reglamento, ante una falta de especial gravedad, suficientemente comprobada y habiendo agotado las instancias correctivas previas que el mismo Reglamento establece para su imposición.

QUINTO: Que, al efecto, el mismo Reglamento de Convivencia Escolar establece en su artículo 37, que la Medida disciplinaria excepcional aplicada a un estudiante que presente una conducta que afecte gravemente la convivencia escolar o que atente directamente contra la integridad física o psicológica de algunos de los miembros de la comunidad escolar entre otras: agresiones físicas con evidente daño corporal; agresiones psicológicas por exposiciones públicas de fotografías, y denostación.

En los casos de que la causal corresponda a hechos que afecten gravemente a la convivencia escolar, rectoría, previo al inicio del procedimiento de cancelación y/o no renovación de matrícula, deberá: 1. 2.” Haber presentado a los padres, madres o apoderados la inconveniencia de las conductas advirtiendo la posible aplicación de sanciones. Haber implementado a favor del estudiante, las medidas de apoyo pedagógico psicosocial que están expresamente establecidas en el Reglamento de Convivencia Escolar.”.

SEXTO: Que, en virtud de lo razonado precedentemente, la sanción de cancelación de matrícula del alumno nombre reservado, fue adoptada respetando los procedimientos establecidos en el Reglamentos de Convivencia del Establecimiento Educacional, teniendo presente que el alumno ya se encontraba bajo la sanción de condicionalidad de la matrícula desde el 19 de junio del año 2025 en donde se señaló un plan de acompañamiento por parte del colegio y la obligación de adherirse a ese plan por la familia, y en la que se indicó que de no superarse esta nueva condicionalidad se cancelaría la matrícula del alumno.

A su vez, el estudiante reconoció, según se indica en la carta del 25 de agosto del 2025, que los hechos mencionados en aquella y que dan cuenta del resultado de una investigación por la cual se aplica la sanción, por lo que aparece que la medida reclamada se adoptó por el ente facultado al efecto sin que exista una vulneración a los derechos fundamentales que invoca el recurrente, lo que obliga a desestimar esta acción constitucional.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado en contra del Colegio nombre reservado, representada por su rectora doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

ROL N°546-2025 PROTECCIÓN.