nombre reservado con TERCERA ZONA NAVAL ARMADA DE CHILE

Punta Arenas, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece Daniel Rojas Castillo, Abogado, recurriendo de protección en favor de don nombre reservado, Médico Cirujano, especialista en Otorrinolaringología, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la Armada de Chile, representada por nombre reservado, o quien corresponda de la Comandancia en Jefe de la III Zona Naval, Gobernación Marítima de Punta Arenas, Capitanía de Puerto de Punta Arenas, por haber incurrido en una actuación ilegal y/o arbitraria, en la dictación de la Resolución Ordinaria N°12.600/426 de fecha 18 de agosto de 2023.

Expone que es Médico Cirujano, con título otorgado por la Universidad del Mar y emitido con fecha 30 de noviembre de 2009, habiendo aprobado el examen único nacional de conocimientos de medicina. Agrega que se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, que mantiene la superintendencia de salud de nuestro país, desde el 27 de diciembre del 2010.

Añade que es funcionario regular del Hospital Clínico de Magallanes, desde el 3 de julio del 2017 y hasta la fecha, realizando funciones como Médico Cirujano en el CAE Otorrinolaringología, ya que realizó estudios en la Universidad de la República, Uruguay, obteniendo el título de especialista en Otorrinolaringología, en el cual consta la apostilla respectiva.

Explica que ha sido la propia Contraloría de la República de Chile, la que ha referido que puede ejercer libremente su especialidad con las salvedades de las garantías GES de Fonasa, y ninguna otra, lo que hace tanto en el Hospital de la ciudad de Punta Arenas, como de manera particular en un centro médico. Además, indica que imparte clases en la Universidad de Magallanes en su especialidad.

Refiere que la Armada de Chile ha obstaculizado regularmente su trabajo, indicado que los certificados de aptitud que ha emitido a sus pacientes evaluados -para ser embarcados- carecen de valor, y sus formularios han sido rechazados, todo lo cual consta en el acto administrativo que se impugna, Resolución Ordinaria N°12.600/426 de fecha 18 de agosto de 2023.

Precisa que el actuar de la Armada de Chile es del todo ilegal y arbitrario, ya que, aun estando legalmente habilitado para ejercer la profesión de médico en Chile, la recurrida, le exige estar incluido en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, publicado por la Superintendencia, sin considerar que su título se encuentra inscrito en dicho registro desde el año 2010, sin embargo, insiste en limitar el libre ejercicio de su trabajo, discriminándolo frente a otros médicos.

Señala que por todo lo anteriormente expuesto, es necesario que se reestablezca el imperio del derecho. Solicita se deje sin efecto la resolución recurrida, y se ordene a la Armada de Chile respetar su calidad de médico, la cual deberá recibir las certificaciones que emita como cualquier otro médico especialista, o bien determinar cualquier otra acción que permita reestablecer el imperio del derecho, cesando su actividad arbitraria e ilegal.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Copia de Resolución Ordinaria N°12.600/426 de fecha 18 de agosto de 2023. 2. Certificado de inscripción de nombre reservado en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. 3. Certificado emitido por el Hospital Clínico de Magallanes, que da cuenta que es Médico Cirujano en el CAE Otorrinolaringología en forma regular. 4. Copia del título de la especialidad, con la correspondiente apostilla de la Haya. 5. Normas y procedimientos de la Armada de Chile para emitir certificados de aptitud. 6. Resolución N°E92914/2021 de la Contraloría General de la República, que señala que la inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud que mantiene la Superintendencia del ramo no es requisito para el desempeño de una especialidad médica.

Evacúa informe nombre reservado, Capitán de Fragata LT, Capitán de Puerto de Punta Arenas, solicita el rechazo de la acción deducida, en todas sus partes.

Expone que, la resolución recurrida, Resolución Ordinaria N°12.600/426 de fecha 18 de agosto de 2023 corresponde a respuesta a la solicitud efectuada, por el recurrente, vía correo electrónico con fecha 11 de agosto del año en curso.

Explica que el correo electrónico remitido por el recurrente tuvo por objeto requerir un documento escrito que diera las razones por las cuales el profesional, médico cirujano, no puede emitir certificados de especialista otorrinolaringólogo válidos para la institución. Lo anterior, debido a que sus pacientes habrían sido rechazados al presentar entre sus antecedentes para embarcarse, los certificados médicos de aptitud expedidos por él.

Indica que la Superintendencia de Salud, ha dispuesto el Registro de Prestadores Individuales de Salud como una herramienta de consulta a fin de otorgar seguridad sanitaria a la población, registro de consulta pública verificable tanto por personas como por otros órganos de la Administración del Estado. Dado que no se encuentra registrada la especialidad del profesional recurrente, en el mencionado registro, se indicó que, los certificados médicos que acreditan una condición de salud y aptitud física como Gente de Mar y personal embarcado, deben ser extendidos por facultativos reconocidos, lo que incluye la especialidad debido a las aptitudes que certifican, tal como lo exigen los anexos “A” y “B” de la resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N°12600/482, de fecha 28 de noviembre 2016, que “Establece Normas y Procedimientos para que facultativos reconocidos puedan expedir certificados médicos a la Gente de Mar”.

Agrega que, es de importancia señalar que la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, D.F.L. N°292 de 1953, del Ministerio de Hacienda, en su artículo 3º letra a), ordena a la Dirección “Velar por la seguridad de la navegación y por la protección de la vida humana en el mar, controlando el cumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales sobre estas materias.

Añade que, la dictación de la resolución D.G.T.M y M.M. Ord. N°12600/482, y la respuesta entregada al recurrente, en su oportunidad, no son mero capricho de la Autoridad Marítima, sino que se basa en normativa expresa, como lo es la regla 1/9 al Convenio STCW 1978, en su forma enmendada, y la sección A-1/9 “Normas Médicas”, ratificado por Chile mediante el D.S. N°47, del 2013, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dispone que, para los otorgamientos de títulos marítimos, se debe exigir requisitos médicos mínimos y que, quieres certifiquen esta condición de salud, deben encontrarse registrados en el Registro Nacional, el cual en Chile, es el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud.

Señala que, en armonía con el STCW, el D.S. N°127 de 2020, del Ministerio de Defensa Nacional, “Reglamento sobre Formación, Titulación y carrera profesional de Gente de Mar”, en su artículo 54, señala: “…el interesado deberá presentar a la Autoridad Marítima un certificado médico emitido por un profesional reconocido por el Estado.”, el que se encuentra en relación con el artículo 56 de la misma norma. A su turno el Código Sanitario, en su Libro V, Título “Del ejercicio de la medicina y profesiones afines”, en sus artículos 112 y 113, se refieren a quienes podrán desempeñar las actividades propias de la medicina.

Arguye que, habiendo hecho la verificación correspondiente, pudo constatar que la especialidad cursada en el extranjero por el recurrente no consta en la certificación entregada por el Registro Nacional, por lo que los usuarios marítimos que presentaron certificados sin atender a lo exigido por el Anexo “A” y “B” de la resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N°12600/482, fueron rechazados.

Precisa que la Autoridad, realiza frecuentemente verificación de los antecedentes presentados por todo usuario marítimo en sus solicitudes, y al no cumplir estas, con el requisito de registro, se hace devolución de la documentación, de acuerdo a lo señalado expresamente en la normativa antes citada, y lo dispuesto en el artículo 5, del D.L. N°2.222 de 1978 del Ministerio de Defensa Nacional, que “Sustituye Ley de Navegación”, que indica, “La autoridad marítima[…], aplicará y fiscalizará el cumplimiento de esta Ley, de los convenios internacionales”.

Finaliza señalando que la recurrida ha obrado conforme a derecho, por lo que solicita, que se tenga en cuenta que las decisiones adoptadas se encuentran dentro del ámbito de sus competencias y además se encuentra subordinada tanto a las leyes, como a reglamentos y convenios internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las Garantías Constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

SEGUNDO: Que el hecho que la recurrente califica como arbitrario e ilegal lo hace consistir en la resolución Ordina890’ ria N°12.600/426 de fecha 18 de agosto del año en curso, que da cuenta de la exigencia impuesta al recurrente en cuanto a que, para poder extender certificados médicos de especialidad a la Gente de Mar, dicha especialidad, necesita estar incluida en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, publicado por la Superintendencia de Salud. Y en el desarrollo de su presentación, señala que la misma ilegalidad y/o arbitrariedad reúne la actitud de la recurrida de rechazar los certificados médicos de salud que él ha emitido para los trámites de la “Gente de Mar” y “Personal Embarcado”;

TERCERO: Que, de los antecedentes que se han agregado a este procedimiento, se pueden establecer los siguientes hechos no controvertidos, y sobre los que se debe resolver el presente arbitrio constitucional:

1.- Que el recurrente nombre reservado, es Médico Cirujano, con título otorgado por la Universidad del Mar y emitido con fecha 30 de noviembre de 2009, habiendo aprobado el examen único nacional de conocimientos de medicina e inscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, que mantiene la Superintendencia de Salud de nuestro país, desde el 27 de diciembre del 2010;

2.- Que con fecha 6 de septiembre de 2023, la Intendenta de Prestadores de Salud de la Superintendencia de Salud, emitió un Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, cuyo contenido da cuenta que el recurrente nombre reservado, posee el título de médico cirujano emitido el 30 de noviembre de 2009, por una universidad acreditada;

3.- Que el anterior documento da cuenta que el 16 de diciembre de 2009, el ya individualizado nombre reservado, aprobó el Examen Único Nacional de Conocimiento de Medicina;

4.- Que desde el 03 de julio de 2017 el recurrente cumple en Hospital Clínico de Magallanes funciones como Médico Cirujano en el CAE Otorrinolaringología;

5.- Que el 7 de abril de 2021, la Contraloría Regional de la República, emite el UJ N° 196/2021, en que se informa que nombre reservado se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud como médico cirujano sin especialidad. Y asimismo que esta situación no le impide otorgar prestaciones médicas, salvo aquellas concernientes al Régimen de garantías en salud (GES) y para impetrar determinados beneficios;

6.- Que la recurrida institución ha rechazado certificados emitidos por el recurrente en su calidad de facultativo médico referente a la salud y aptitud física de quienes se dedican a labores como “Gente de Mar” y el llamdo “personal embarcado”, toda vez que deben ser extendidos por facultativos reconocidos, lo que incluye la especialidad en razón de las aptitudes que certifican, tal como lo exigen los Anexos "A" y "B" de la resolución D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12600/482, de fecha 28 de noviembre de 2016, que "Establece Normas y Procedimientos para que facultativos reconocidos puedan expedir certificados médicos a la Gente de Mar";

7.- Por último, y que sin perjuicio del certificado emitido por la Universidad de la República de Uruguay, que otorga al recurrente la especialidad de otorrinolaringología, no consta de los antecedentes tenidos a la vista que el recurrente cuente con dicha especialidad inscrita en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, de la Superintendencia del ramo;

CUARTO: Que, establecido lo anterior, se debe analizar por estos sentenciadores si las decisiones de la Comandancia en Jefe de la “III Zona Naval, Gobernación Marítima del Puerto de Punta Arenas”, en su calidad de fiscalizador del estado de salud de la llamada “Gente de Mar” y/o del “Personal Embarcado”, al rechazar los certificados de aptitud emitidos por el recurrente, despachados en su calidad de médico, constituyen actos arbitrario o ilegales, y que estos tengan una vinculación directa con posibles detrimentos en el ejercicio de la profesión de médico del recurrente;

QUINTO: Que, reflexionando sobre el primero aspecto esencial a dilucidar, aparece que la Contraloría Regional de Magallanes y Antártica Chilena Unidad Jurídica, ante una delación anónima con respecto a la posibilidad que el recurrente estuviese ejerciendo ilegalmente la especialidad de otorrinolaringología en el Hospital Regional “Dr. Lautaro nombre reservado”, sin la acreditación que conste ante la Superintendencia de Salud;

Así se informa por la autoridad contralora, en conformidad a los datos de la “Superintendencia de Salud”, que no existe óbice para el ejercicio pleno de la profesión médica del recurrente, salvo aquellas prestaciones que dicen relación con el régimen de garantías en salud, que no se encuentre acreditada la especialidad sin perjuicio de un certificado de una casa de estudios superiores extranjera;

SEXTO: Que, y como se estableció, el recurrente no cuenta con la acreditación correspondiente a la especialidad de otorrinolaringología ante la autoridad nacional competente. De manera que para todos los efectos, es un médico cirujano sin especialidad, toda vez que no ha cumplido con aquellos exámenes, procedimientos o trámites necesarios para convalidar su especialidad otorgada en el extranjero, o bien, en su caso, certificar que cuenta con los caracteres y estándares médicos correspondientes a la misma, y que son exigidos para los especialistas que ejercen en Chile;

SÉPTIMO: Que, y en este orden de consideraciones, a lo anterior se yuxtapone con lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud.

Consideramos pertinente, para la claridad de lo resuelto, reproducir el artículo 4º N°13 y luego dos sus incisos:

“Artículo 4°.- Al Ministerio de Salud le corresponderá formular, fijar y controlar las políticas de salud. En consecuencia tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

“N°13, “Establecer un sistema de certificación de especialidades y subespecialidades de los prestadores individuales de salud legalmente habilitados para ejercer sus respectivas profesiones, esto es, de las personas naturales que otorgan prestaciones de salud.

“Para estos efectos, la certificación es el proceso en virtud del cual se reconoce que un prestador individual de salud domina un cuerpo de conocimientos y experiencias relevantes en un determinado ámbito del trabajo asistencial, otorgando el correspondiente certificado”.

OCTAVO: Que, como es dable concluir, la razón de la certificación es precisamente comprobar que el profesional tiene dominio en un área específica de la medicina de carácter relevante en el ámbito del trabajo asistencial que corresponde, como lo es el ejercicio del especialista otorrinolaringólogo.

NOVENO: Que la recurrida en la resolución que se impugna, (ordinario N°12600/426), da cuenta de dos elementos significativos a la hora de relacionar la conclusión la conclusión del considerando anterior con la solución del presente arbitrio;

En efecto y en primer lugar es un hecho que en la actualidad la recurrida acepta el otorgamiento de títulos, matriculas, licencias, credenciales, permisos y otras autorizaciones, se tienen como válidos la presentación de todo certificado médico emitido por uno cualquier de los profesionales médicos del sector público o privado.

DÉCIMO: Que examinando ahora los argumentos jurídicos de la recurrida, debemos analizar que ésta se encuentra sometida al cumplimiento de cierta normativa internacional, se ha emitido la resolución D.G.T.M., y M.M. Ord. N° 12.600/482 de 26 de noviembre de 2016, que establece específicamente normas y procedimientos para que facultativos reconocidos pueden expedir certificados médicos de la “Gente de Mar” y del “Personal Embarcado”, atendida la especial naturaleza del trabajo y que se encuentra regido en el llamado “Derecho del Mar”, que en su conjunto podemos considerar que encuentra su razón de ser en el deber de protección y cuidado especialísimo de las labores realizadas en aquellas embarcaciones sujetas a la fiscalización de su autoridad;

DÉCIMO PRIMERO: Que la especial naturaleza jurídica del ordenamiento normativo que estamos analizando, se confirma con lo dispuesto en el Decreto Supremo 292 de 5 de agosto del año 1953 en este texto se establece, en su artículo 3°, que le corresponde a la Dirección el “…velar por la seguridad en la navegación y por la protección de la vida humana en el mar…”. Luego, la misma norma, refiere como uno de sus objetivos el “velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con la parte técnica y profesional de la Marina Mercante Nacional…”, por último en la letra k).- le entrega la competencia de “otorgar títulos, matriculas licencias, permisos y libretas de embarque…”.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, así llegamos a un estatuto de esencial importancia al momento de aceptar, o no, los argumentos de la recurrida, que en su concepto le conceden una especial competencia sobre las actividades que desarrolla y éste es el “Convenio Internacional sobre Normas de formación, Titulación y Guardia para gente de Mar, 1978, Londres 1978 que está ratificado por el Decreto Supremo (MINREL) 47 del 18 de marzo de 2013”

En éste último se contienen “Reglas”, una de ellas la 1/9, se refiere a la Normas médicas de expedición y registro de títulos, preceptuando en su N°1 que “cada parte establecerá normas de aptitudes físicas para la gente de mar y procedimientos para expedir certificados médicos…”;

En el N° 2 expresa que “Cada parte garantizará que los responsables de evaluar la aptitud física de la gente de mar son facultativos reconocidos por la Parte para realizar reconocimientos médicos de la gente de mar..”;

DÉCIMO TERCERO: Que siguiendo este derrotero de normas podemos concluir que en la salud de la denominada “Gente de Mar” y “Personal Embarcado”, la Armada de Chile, se encuentra bajo la égida de una serie de normas no sólo de derecho interno, sino que del mismo modo de un conjunto de Convenios Internacionales sobre la materia que comparten la naturaleza de un orden público internacional de reglamentos de higiene y seguridad.

Y así también encontramos el Decreto Supremo N° 127 que “Aprueba el Reglamento sobre Formación, titulación y carrera profesional del personal embarcado, que pasará a denominarse “Reglamento sobre formación, titulación y carrera profesional de la Gente de Mar” de 14 de febrero de 2020”, en que se contienen normas de la misma entidad.

Ya para ir arribando a la decisión final de este recurso, se dictó la Ley de Navegación o Decreto Ley N° 222, del 21 de mayo de 1978, que señala en su artículo 5º que corresponde a la autoridad marítima “la dirección” de estas competencias y que en ese sentido “…aplicará el cumplimiento de esta ley, de los convenios internacionales y de las normas legales o reglamentarias relacionadas con sus funciones…”

DÉCIMO CUARTO: Que, del análisis armónico de toda esta legislación internacional y nacional, aparecer que nos encontramos ante una materia que se encuentra reglamentada de manera precisa y clara como un cuerpo normativo distinto a aquel a que se refiere la Contraloría Regional, cuando en el UJ N°196/2021 de 7 de abril de 2021, aclara los alcances del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud para el caso del recurrente.

Conclusiones que en nada mellan las facultades que ha hecho uso la recurrida al momento de dictar el acto impugnado consistente en la Resolución Ordinaria N°12.600/426 de fecha 18 de agosto de 2023.

Y en la aplicación de esa misma lógica en toda su extensión, no se avizoran apariencias de haber obstruido el ejercicio de la medicina del recurrente, en los diversos rechazos que realizó la recurrida Armada de Chile, de certificados médicos de aptitud emitidos por nombre reservado a pacientes que lo requerían para ser embarcados como “Gente de Mar” o “Personal Embarcado”;

DÉCIMO QUINTO: Que, y en conformidad a lo que se ha razonado, estos sentenciadores procederán a rechazar, como se expondrá en lo resolutivo de esta sentencia, la acción constitucional deducida por nombre reservado en contra de la Armada de Chile;

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de Comandancia en Jefe de la III Zona Naval, Gobernación Marítima de Punta Arenas, Capitanía de Puerto de Punta Arenas;

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Suplente don Luis Álvarez Valdés.

ROL Nº544-2023 PROTECCIÓN