Protección contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía

Punta Arenas, veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, quien deduce recurso de protección a favor de MARYURY nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en contra AFP MODELO S.A., representada por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en no ingresar la Solicitud de Retiro de Fondos presentada.

Expresa que su representada, solicitó ante la recurrida, a través del Portal Web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Refiere que con fecha 06 de octubre se notificó mediante correo electrónico lo siguiente:

“[…] Hola nombre reservado, Te informamos que tu solicitud de 2666525 Retiro Técnico Extranjero ingresada con fecha 06/10/2025, no fue ingresado por los siguientes motivos:

Informamos que la Constancia de Cotizaciones eléctrica adjuntada no cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, toda vez que:

No se encuentra firmado por la entidad emisora ni cuenta con la respectiva apostilla o legalización, según corresponda.

Adicionalmente, en relación con la Declaración Jurada que adjunta junto a la constancia, indicamos que ésta tampoco cumple con lo exigido en la normativa vigente, ya que:

No corresponde a un certificado emitido por la entidad de seguridad social a la cual usted se encuentra afiliado afuera de Chile.

Tampoco se trata de un documento emitido por la Embajada o Consulado correspondiente a su País de origen. […]”

Sostiene que la Administradora obstaculiza el proceso de solicitud de retiro de fondos, haciendo una mala interpretación de la norma, desatendiendo el objetivo de la misma que es que el extranjero pueda disponer de su propiedad, en este caso, de sus fondos de previsión. En el caso puntual y en relación con la causa del rechazo invocada, se debe precisar que la imposibilidad de obtener la legalización consular de la declaración jurada del certificado de afiliación en el instituto de previsión social IVSS, se debe al quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Así las cosas, la recurrida incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, lo que, desde ya, deviene en un actuar arbitrario e ilegal.

En relación a lo anterior, señala que además de acompañarse el certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente notariado, éste puede ser verificado y validado en el link http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss y, a mayor abundamiento, la seguridad social de Venezuela dispone de otro medio de similares características para verificar la autenticidad de la constancia electrónica que se expide, esto se realiza ingresando al dominio web http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/.

De este modo, aduce, la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que rechaza la solicitud de retiro de fondos de pensiones cuando en la especie se puede verificar la afiliación a la seguridad social del país de origen, lo que torna en arbitraria e ilegal la respuesta de la recurrida al afirmar que el certificado de afiliación electrónico no es válido, sin siquiera verificar el mismo, más aún, sin esgrimir los razonamientos de hecho y fundamentos de derecho para descartarlo, agregando además un requisito que la ley no estipula.

En otro orden de ideas, agrega, es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en nuestro país, por lo tanto, incorporar un requisito que a todas luces es imposible de cumplir contradice lo estatuido en el artículo 45 del Código Civil, en lo atingente al caso fortuito o fuerza mayor.

Reitera que la normativa no exige que la afiliación se encuentre apostillada o legalizada, sino que, simplemente que se encuentre afiliado y, que se pueda acreditar por cualquier medio, como en el caso del recurrente, con la simple búsqueda ingresando el código de verificación que arroja la constancia.

Afirma que los hechos descritos constituyen vulneración de las garantías contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ello, por cuanto se ha dado un trato desigual al recurrente con respecto a otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias, cumpliendo con lo solicitado por el servicio recurrido ha otorgado respuesta favorable; en ese sentido, se cita fallo de la Excma. Corte Suprema de Justicia, resolviendo una situación similar a la que se recurre, en sentencia Rol N°96.380-2021. Asimismo, se vulnera el derecho de propiedad, conforme han fallado distintas Cortes de Apelaciones del país, en situaciones idénticas (Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol N°3391-2025; Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N°325–2024; Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N°241-2025)

En razón de lo expuesto solicita se acoja el recuro interpuesto, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del Derecho.

Evacuando informe por la recurrida comparece el abogado Rodrigo Montero Atria, quien solicita el rechazo del recurso interpuesto, en base a las siguientes consideraciones:

Expone que efectivamente, en la fecha y por los motivos señalados en el libelo de autos, se rechazó la solicitud de devolución de fondos por técnico extranjero debido a que el recurrente no acompañó una constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Asevera que no ha obstaculizado en forma alguna el proceso ni realizado una interpretación arbitraria, muy por el contrario, ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y el espíritu de la norma que para que proceda la devolución de fondos, es menester que se reúnan todos los requisitos.

Explica que para que los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones puedan solicitar la devolución de los fondos previsionales, deben cumplir con los requisitos contemplados en el art. 1 letra de la ley N°18.156, el cual establece: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a)Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”.

En este sentido, en uso de sus facultades, la Superintendencia de Pensiones ha instruido mediante el Oficio N°21.480 de 20 de septiembre de 2017, que: “…se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156…”. Por otra parte, el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica: “b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte”. La referida Superintendencia ha señalado que excepcionalmente se puede cumplir este requisito, con un certificado emitido por la embajada o consulado respectivo, que, actuando en la representación legal de la institución de seguridad social señale que cuenta con las coberturas; ello, en concordancia con lo prescrito en el artículo 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Señala que lo anterior es de suma importancia para proteger la fe pública, entendida como aquella institución jurídica cuyo fundamento es la seguridad del tráfico jurídico. En este se ha fallado en causa Rol Libro Protección N°2142-2024 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago (sentencia confirmada por la Excma. Corte Suprema, en causa Rol Civil N°13722 – 2025). Por otro lado, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso ha fallado en el sentido de que la Constancia Electrónica de Pensiones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos de la normativa vigente (Rol Libro Protección 2023-2025, confirmada por la Excma. Corte Suprema mediante sentencia de fecha 10 de junio de 2025 en causa Rol Libro Civil N°18581–2025) y, en sentido similar, la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, en sentencia dictada con fecha 09 de junio de 2025 en causa Rol Libro Protección N°1763-2025, confirmada por la Excma. Corte Suprema con fecha 04 de julio de 2025 en causa Rol Civil N°23218-2025.

Por último, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones señala en el Título XI Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales, Número 2, letra b) “Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N°18.156 para acceder al beneficio. La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N°18.156".

Tras lo expuesto, cabe concluir que todo trabajador técnico extranjero que pretenda acogerse a la exención establecida en dicha ley o que quiera retirar los fondos ya enterados, deberá necesariamente dar cabal cumplimiento a los requisitos exigidos. En este caso, y en virtud de los antecedentes tenidos a la vista se pudo constatar que la recurrente no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley Nº18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, ni tampoco la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERADO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho que la recurrente califica de arbitrario e ilegal, lo hace consistir en no ingresar la Solicitud de Retiro de Fondos presentada por ella ante la recurrida.

CUARTO: Que, informó el recurrido, en los términos que se consignan en lo expositivo del presente fallo.

QUINTO: Que, conforme al mérito de los antecedentes, la presente acción cautelar está destinada a resolver situaciones en que los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales afectados estén indubitados, lo que no acontece en el caso propuesto, por cuanto lo reclamado da cuenta del cumplimiento o no de los requisitos legales para acceder al derecho impetrado.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, la presente acción constitucional no es la vía idónea para pronunciarse respecto del conflicto que en autos se presenta, por cuanto lo que se persigue en definitiva es la declaración de un derecho y no la protección de un derecho preexistente e indubitado, como ya se dijo. Tal petición no puede ser resuelta por este medio, por requerir de un pronunciamiento que debe necesariamente ser discutido en un procedimiento declarativo de lato conocimiento.

Así las cosas, la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito es que esta Corte tome medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales determinados, indubitados y ciertos enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el presentado a favor de MARYURY nombre reservado en contra de AFP MODELO S.A., ya individualizados.

Dése cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°543-2025.-