nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS, PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR

Punta Arenas, veinte de octubre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece Dagoberto Álvaro Reinuava Del Solar, Abogado, recurriendo de protección en favor de doña nombre reservado, chilena, casada, educadora de párvulos, cédula de identidad RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, en contra de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Punta Arenas, representada por su Secretaria General, doña nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, en razón de la dictación de la Resolución Interna Nº531 de fecha 23 de agosto del 2023, por haber incurrido en actos arbitrarios e ilegales que privan, perturban, y amenazan su derecho constitucional consagrado en el artículo 19 número 3 en sus vertientes del debido proceso y prohibición de juzgamiento por comisiones especiales, las garantías de igualdad ante la ley del artículo 19 número 2 y el derecho de propiedad del número 24 de nuestra Carta Fundamental.

Explica que la resolución impugnada dispone en su numeral 4º la destitución de la recurrente, decisión que considera viciada, por: 1. No expresa sus fundamentos con el estándar mínimo necesario para la debida defensa y recursividad. 2. Fue tomada en un sumario en que los cargos no cumplieron el estándar de completitud exigido en un proceso sancionatorio por la ley y por la jurisprudencia administrativa y judicial. 3. Sin cumplir el estándar de congruencia jurídica entre el cargo formulado y la sanción aplicada. 4. En un proceso en que la prueba de cargo está constituida sólo por las declaraciones de un grupo de profesores incumbentes, que son aquellos que suscribieron la denuncia. 5. Que la resolución no menciona, ni analiza la prueba favorable a la encartada y no explica los motivos por los cuales no se aprecia o analiza.

Expone latamente la trayectoria laboral de la recurrente, hasta llevar al último cargo ejercido y del cual fue destituida, correspondiente a Inspectora General del Colegio Bernardo O´Higgins de Punta Arenas, cargo que desempeñó marcado por una actividad sistemática de acoso, violencia verbal, agobio y violencia en redes sociales, todo ello emanado de la directiva del sindicato que preside don nombre reservado y qué ha generado un enorme daño en lo personal, familiar y profesional a la recurrente y respecto del cual, la corporación en calidad de empleador no ha cumplido con un rol protector ni el cuidado que un empleador debe proporcionar a sus trabajadores.

Agrega que por resolución N°561 de 30 de agosto de 2022 de la Secretaria General de la Corporación, se ordena instruir sumario, ante una denuncia de 19 profesores agrupados en el sindicato liderado por el ex director de la Escuela Bernardo O´Higgins, nombre reservado, quien también firma. Luego, por resolución N°417 de 05 de julio de 2023, ordena retrotraer el sumario a etapa de cierre de la investigación, puesto que la formulación de cargos carecía de todo rigor y exactitud necesario para su validez.

Añade que dicha resolución deja sin efecto la formulación de cargos, pero se valida la investigación realizada por el mismo fiscal que incurrió en tal vicio.

Agrega que se emite la vista fiscal por resolución N°07 de fecha 14 de agosto.

Indica que la resolución que se impugna, N°531 de fecha 23 de agosto de 2023, absuelve a toda la dirección de la Escuela B. O´Higgins de los cargos del sumario y solo condena a la recurrente, destituyéndola.

Precisa que el sumario duró un año – muy por sobre los 60 días máximos que establece la ley- y los cargos fueron comunicados después de 11 meses de tramitación.

Refiere que en el caso que nos ocupa, el cargo formulado es el siguiente: “Vulneración grave de derechos fundamentales indicando que “Con base a las declaraciones de funcionarios denunciantes y diversas fiscalizaciones por parte de Dirección del Trabajo por medio de sus Centros de Conciliación y Mediación, se confirma al menos 2 hechos de vulneración de derechos fundamentales, según ordinario 168 y el 216 de esta entidad, además se constatan diversas denuncias ante el mismo órgano en las que se mencionan menoscabos, malos tratos, agobio, persecución, gritos, chasquido de dedos, conducta realizada en forma sostenida en el tiempo por la señora nombre reservado Inspectora General de la ESCUELA BERNARDO O´HIGGINS”

Señala que el cargo contiene un solo hecho preciso: la supuesta existencia de dos hechos, supuestamente constatados en los ordinarios 168 y 216 de la Dirección del Trabajo. Además, que el resto de la imputación adolece de imprecisiones imposibles de tolerar en un acto administrativo que impone la sanción más grave del ordenamiento disciplinario.

Indica, además, que existe un error en la calificación jurídica de los hechos, indicando que se confunden las causales de falta de probidad con la de vulneración de derechos fundamentales, haciendo la salvedad previa que del sumario no emanan ningún hecho que merezca calificación sancionatoria alguna.

Para concluir, señala que la resolución que se impugna debe ser dejada sin efecto, indicando que los errores en la apreciación de los hechos, la falta de rigurosidad en la lectura de los documentos, la misma falta de regularidad en la formulación de los cargos, las imprecisiones del derecho, la falta de invocación de normas jurídicas ciertas, los cambios e incongruencias entre los distintos elementos del sumario, conllevarían una vulneración a los derechos de la recurrente.

Finalmente solicita que se acoja el recurso de protección deducido y en consecuencia se deje sin efecto la decisión de destitución de la recurrente y en su lugar se disponga que se resuelve absolverla de los cargos formulados. En subsidio, que se debe retrotraer el procedimiento al estado de formular los cargos conforme a la ley, cumpliendo los requisitos de contener en ellos los hechos precisos, así como las normas supuestamente infraccionadas y sancionatorias, a fin de que la recurrente, pueda ejercer el derecho a defensa en los términos correspondientes al debido proceso y en resguardo de sus garantías constitucionales, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Contrato de trabajo de la recurrente de fecha 03 de marzo de 1988. 2. Anexo de modificación de contrato de fecha 23 de mayo de 2023, que la designa como docente directivo. 3. Resolución de Formulación de Cargos N°02/23 de fecha 25 julio del 2023, donde consta que la infracción que se atribuye es diversa a la que se aplica en la resolución recurrida. 4. Vista Fiscal de fecha 14 de agosto del 2023. 5. Resolución recurrida, N°561 de fecha 23 de agosto del 2023. 6. Notificación de fecha 25 de agosto de 2023, a la recurrente.

Con fecha 22 de septiembre de 2023 la recurrente concurre a ampliar el recurso de protección interpuesto en autos a fin de dirigirlo también en contra de la recurrida por la acción arbitraria e ilegal correspondiente a la dictación de la resolución N°564, de fecha 8 de septiembre del presente año, notificada a esta parte con fecha 12 del mismo mes y año, y que se pronuncia sobre el recurso de reposición en contra de la resolución de destitución que es materia de autos, solicitando desde ya esta sea dejada sin efecto, en su calidad de consecuencial de la resolución N°561 ya recurrida y por incurrir también en ilegalidad y arbitrariedad que privan de garantías fundamentales a la recurrente. Asimismo, también se amplía el recurso en cuanto a que los actos de la Corporación recurrida privan a la recurrente de la garantía contenida en el número 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que impedirá que acceda al trabajo como profesional de la educación tanto al sector actualmente municipal, como también cuando éste pase a la dependencia de los servicios locales de educación el 1º de enero del año 2024.

Evacúa informe Laura Miranda Dahdal, abogada, por la recurrida, Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor.

Expone que, con fecha 30 de agosto del año 2022, por resolución interna de Corporación Municipal de Punta Arenas, Nº561 se instruye sumario administrativo con el fin de esclarecer los hechos relativos a actos que pueden constituir vulneraciones a derechos fundamentales, llevados a cabo por tres funcionarias que corresponden al equipo directivo de la Escuela Bernardo O´Higgins de la ciudad de Punta Arenas, entre ellas, la recurrente, Inspectora General del establecimiento.

Indica que el procedimiento se lleva a cabo por el fiscal designado. Una vez recibidos los antecedentes que fueran remitidos por el Sr. Fiscal de Sumario Administrativo a Secretaría General de la Corporación Municipal, junto a la vista fiscal, a través de la Resolución Interna N°417 de 05 de julio de 2023 de Corporación Municipal de Punta Arenas, que resuelve Sumario administrativo, se ordena retrotraer el mismo a la etapa de cierre de la investigación, y nombra un nuevo Fiscal. Este procede a fojas 326 del expediente sumarial a formular cargos, los que, respecto de la Sra. nombre reservado, corresponden a: “Vulneración grave de derechos fundamentales” indicando el Sr. Fiscal que, “Con base en las declaraciones de funcionarios denunciantes y diversas fiscalizaciones por parte de la Dirección del Trabajo, por medio de su Centro de Conciliación y Mediación, se confirma al menos, 2 hechos de vulneración de derechos fundamentales, según el Ordinario 168 y el 216 de esa entidad. Además, se constatan diversas denuncias ante el mismo órgano, en las que se mencionan menoscabo, malos tratos, agobio, persecución, gritos, “chasquido de dedos”, conducta realizada en forma sostenida en el tiempo, por la recurrente, Inspectora General de la Escuela Bernardo O´Higgins, faltas sancionadas en el artículo 82, letra m, de la ley 18.883.”

Agrega que, las sumariadas evacuaron sus descargos. Luego la vista fiscal, realiza un análisis de la documentación, los descargos correspondientes y la prueba rendida, proponiendo sobreseer a 2 de las sumariadas, y respecto de la recurrente, luego del análisis de los antecedentes sumariales, señala que de acuerdo al artículo 72 letra b y, al no existir sanciones intermedias, entre sobreseimiento y la destitución, el Sr. Fiscal sugiere la destitución.

Añade que, en resolución Interna de la Corporación Municipal de Punta Arenas N°531 de fecha 23 de agosto de 2023, suscrita por la Secretaria General, ésta indica que respecto de las 2 funcionarias, está de acuerdo en atención al sobreseer, esto debido a que como consecuencia de la investigación efectuada y considerando además los descargos presentados en tiempo y forma por las mismas, junto a las pruebas acompañadas en los respectivos anexos, no fue posible establecer la existencia de responsabilidad administrativa de éstas en los hechos denunciados.

Indica que respecto de la recurrente, en la misma resolución se indica que la Secretaria General se encuentra de acuerdo con la propuesta del fiscal, que da cuenta de una investigación y análisis de antecedentes que rolan en el sumario administrativo, el cual da cuenta que, la sumariada desplegó diversas conductas sostenidas en el tiempo en contra de distintos funcionarios de la Escuela Bernardo O´Higgins donde ésta se desempeñaba como Inspectora General, indicando, que esta conducta persistente, se establece como un patrón de conducta en las relaciones de la sumariada con funcionarios del establecimiento educacional, y que la vinculan a ella directamente con los hechos asociados a menoscabo, maltrato y que constituyen vulneración grave de derechos fundamentales, por lo que se resuelve en su caso, aplicar la sanción de Destitución.

Refiere que, la recurrente, mediante escrito de fecha 01 de septiembre de 2023, dirigido a la Secretaria General de la Corporación Municipal de Punta Arenas, interpone en lo principal, recurso de reposición y en el otrosí, en subsidio, recurso de apelación o jerárquico, en contra de la Resolución Interna N°531 de fecha 23 de agosto de 2023, que resuelve el sumario administrativo, recurso presentado en idénticos términos que la presente acción.

Agrega que se resuelve dicho escrito a través de Resolución Interna N°564, de fecha 8 de septiembre de 2023, señalando que el procedimiento de sumario administrativo se desarrolló de acuerdo a las normas legales que lo rigen para el caso de las docentes sumariadas. Indicando la misma resolución que no se advierte vicio alguno dentro del sumario, en sus distintas etapas, y que específicamente las actuaciones cuestionadas por la recurrente, como la formulación de cargos y la vista fiscal, se encuentran ajustadas a la normativa que rige este procedimiento.

Indica que, una vez realizado el análisis correspondiente, la resolución señala que, “el artículo 72 del Estatuto Docente establece las causales por las que un docente deja de pertenecer a la dotación docente respectiva. Al respecto la letra b) del citado artículo dispone: “Por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley Nº18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan”. El Estatuto Docente respecto de la regulación del sumario administrativo se remite a La ley 18.883 Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, sin embargo, no existen términos medios al momento de aplicar una sanción al docente.

Señala que, respecto del recurso jerárquico interpuesto en carácter de subsidiario al recurso de reposición, se resuelve que éste tampoco se encuentra reglamentado ni en la Ley N°19.070 ni en la Ley N°18.883, en lo aplicable a los procedimientos disciplinarios. Que, dicho recurso no es procedente. Es así como se rechaza el recurso de reposición y recurso jerárquico, manteniéndose la medida disciplinaria de destitución de doña nombre reservado.

Alega la improcedencia de la acción ya que es ajena a la naturaleza cautelar del Recurso de Protección, solicita el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Explica que, se advierte de la lectura del recurso de protección, que la recurrente, más que procurar la defensa de garantías constitucionales, persigue que esta Corte, emita un pronunciamiento respecto del fondo del sumario administrativo realizado en su contra, materia que excede el ámbito de aplicación del recurso en comento.

Señala que el recurso de protección no es una vía para determinar la existencia o ausencia de responsabilidad administrativa de un funcionario, y de las sanciones que resulten pertinentes aplicar, como pretende la recurrente.

Indica que la actora pretende plantear una controversia acerca de la validez del sumario administrativo y, por consiguiente dejar sin efecto la medida disciplinaria de destitución aplicada mediante la Resolución Exenta N°531, intentando artificialmente crear una instancia más de impugnación, habiéndose rechazado su recurso de reposición, lo cual no puede ser admitido, pues se estaría desnaturalizando la acción de protección como el procedimiento que regula la Ley N°18.883, sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales la que debe aplicarse para la sustanciación de los sumarios administrativos.

Refiere que, es menester señalar, que en virtud de la naturaleza cautelar de la acción de que se trata, cuyo objetivo es que se adopten las medidas tendientes a evitar los efectos de un acto que se considera arbitrario o ilegal, no procede su interposición para impugnar las resoluciones internas de los procesos de orden disciplinario, o las decisiones de la autoridad que recaen sobre los mismos, cuyo objeto es determinar y hacer efectiva la responsabilidad administrativa de la funcionaria, pues como se señaló precedentemente significaría desconocer el procedimiento fijado por nuestro ordenamiento jurídico.

Agrega que respecto del sumario administrativo que motiva el presente recurso fue dirigido en contra de 3 funcionarias, sin embargo, los cargos formulados por el Sr. Fiscal son distintos e independientes para ellas, así como también los descargos de cada una de ellas fueron presentados por separado, ya que cada una se hace cargo del o los cargos que individualmente le corresponden.

Indica que la actora señala discriminatorio que frente a las mismas imputaciones, una de las sumariadas sea absuelta y la recurrente sea destituida, sin embargo, esto no es efectivo ya que la formulación de cargos del fiscal del sumario fue distinta para ambas, es así que para la funcionaria a la que se hace referencia, el cargo formulado fue: “Faltas a las Obligaciones Funcionarias”, mientras que el cargo formulado a la recurrente, fue “Vulneración grave de derechos fundamentales” ambos fundamentados con distintos antecedentes obtenidos en la fase indagatoria del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, la responsabilidad administrativa es individual, por lo que el hecho que el sumario administrativo sea dirigido en contra de 3 personas no significa que la resolución tenga que ser idéntica en todos los casos.

Señala que a su parecer no vislumbra en qué medida se ha vulnerado la igualdad ante la ley respecto de la recurrente, dado que se hizo estricta aplicación de la ley para los sumarios administrativos.

Agrega que respecto de lo indicado por la recurrente en atención a la supuesta vulneración de la garantía establecida en el artículo 19 N°3 inciso 5°, señala que esto no es efectivo, ya que como se ha analizado, la destitución de la recurrente es el resultado de un procedimiento que se encuentra establecido en la ley. Específicamente es el estatuto docente el que en su Art. 72 letra b) establece como causal de término de relación laboral la “falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario” haciendo el reenvío la misma norma al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N°18.883, en lo que fuere pertinente.

Añade que en cuanto al derecho de propiedad, se trata de un derecho a permanecer en su cargo mientras no opere alguna de las causales de expiración de funciones, y en el caso en comento, la relación laboral entre la docente recurrente y la Corporación Municipal de Punta Arenas se encontraba regida por la Ley N°19.070 Estatuto Docente y, respecto de la responsabilidad administrativa en relación con el artículo 72 B) de esta Ley, esto es: “Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: b) Por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley N°18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan.”

Indica además que los funcionarios del establecimiento tienen derecho a que se les respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de la comunidad educativa. Por lo que las conductas desplegadas por la recurrente, corresponden a conductas vulneradoras de derechos, que carecen de toda ética profesional, lo que determina que se configure la causal de término de relación laboral establecida en el artículo 72 letra b) del Estatuto Docente, ya que no se puede desatender el contenido ético valórico del contrato de trabajo, que impone a la dependiente, no solo lo escriturado, sino que el deber de realizar conductas a su rol como parte del equipo directivo del establecimiento. Concluye señalando que no se configura vulneración de derechos de la garantía constitucional, no existiendo menoscabo a su derecho de propiedad.

Finaliza señalando que niega el haber conculcado alguna de las garantías fundamentales establecidas en nuestra carta fundamental, señalando que no existe afectación de los derechos que alega la recurrente como supuestamente vulnerados, no existiendo ninguna actuación ilegal o arbitraria.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las Garantías Constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido, sobre la que se dirige la acción;

SEGUNDO: Que, en este caso, la materia y la naturaleza de las acciones que se consideran como ilegales y/o arbitrarias, llamados a conocer estos sentenciadores, son dos actos administrativos, e incluso uno de ellos, de término.

Esta situación conlleva para el preciso análisis de si estos fueron dictados en su forma, en su fondo y en todo su mérito, con plena correspondencia con el ordenamiento jurídico y específicamente con aquellas normas que rigen la materia y especialmente a las normas de la Ley N° 18.883 del “Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales”, puesto que en todo caso, la situación se debe analizar al tamiz de los estándares del derecho administrativo.

TERCERO: Que, en un primer análisis de razonamiento, se deben hacer cargo estos sentenciadores de un aspecto previo a despejar, y es que la recurrida ha impugnado la idoneidad de la acción cautelar para el conocer el fondo del asunto que estamos llamados a resolver.

Así es que considera que la recurrente en concreto, más que procurar la defensa de garantías constitucionales, busca que ésta Corte emita un pronunciamiento respecto del fondo del sumario administrativo, materia que excede el ámbito de aplicación del recurso. Expone que este arbitrio constitucional fue establecido como un mecanismo de emergencia rápido y eficaz frente a manifiestas violaciones o atropellos flagrantes de aquellos derechos fundamentales señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, pero no para para resolver la existencia o ausencia de responsabilidad administrativa de un funcionario, y de las sanciones que resulten pertinentes aplicar, como pretende la recurrente de protección.

CUARTO: Que, lo pretendido por la actora es plantear una controversia acerca de la validez del sumario administrativo y, por consiguiente dejar sin efecto la medida disciplinaria de destitución aplicada a la recurrente mediante la resolución exenta 531, intentando artificialmente crear una instancia más de impugnación, habiéndose rechazado su recurso de reposición. Considera que si estos sentenciadores dieren lugar a la viabilidad o idoneidad al recurso, se estaría desnaturalizando la acción de protección;

QUINTO: Que incorpora al debate otros dos argumentos en pro de su tesis, el primero es que considera que el procedimiento que regula la Ley N° 18.883, sobre sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales se debe aplicar para la sustanciación de los sumarios administrativos. Y, en segundo lugar, ante estrados manifestó que la vía apta, en su parecer, para alzarse en contra de la destitución, sería aquella contenida en el Código del Trabajo y que bien pueden deducir las acciones laborales que establece dicho Código, cuando, como en la especie, un funcionario municipal considera vulnerados sus derechos a causa de la destitución (despido);

SEXTO: Que, se desestimará está alegación de la recurrida, toda vez la acción constitucional tiene una especial naturaleza que ha sido expuesto en el considerando SEGUNDO de esta sentencia. Es así que si bien nos encontramos en presencia de un recurso sumario y sin forma de juicio, que no tiene por finalidad el establecer derechos permanentes e indubitados, en este caso la recurrente fundamenta su acción en que las decisiones de la recurrida han vulnerado, entre otras las siguientes garantías establecidas en nuestra Constitución , la del artículo 19 N°2°: “igualdad ante la ley.”; la del N° 3°, en primer lugar lo referente a “La igual protección de los derechos ante la ley” y el que “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”;

SÉPTIMO: Ahora bien, y descartada la alegación anterior, como se dirá en lo resolutivo, lo controvertido en la instancia, es si el sumario administrativo fue llevado o no con apego al debido proceso, en el sentido del respeto o no al debido proceso legal demostrado que uno de los aspectos que se ataca en el accionar de la recurrida Corporación, es complejo de definir y de llenar de contenido normativo sustantivo claro y preciso, tan es así que en algunos pagos doctrinarios se le denomina como un concepto de carácter “difuso”.

Entonces para estos sentenciadores lo primero a fijar es que nos encontramos ante un capítulo la doctrina denomina como “el derecho al debido proceso”, concepto que se aviene con mejor precisión a la importancia y transcendencia de la materia.

OCTAVO: Así en el contenido de este derecho al debido proceso, encontramos: a).- derecho a ser oído en trámite de audiencia; b).- derecho a ser parte, posibilitando en esa calidad la posibilidad de la defensa letrada; c).- el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. También conocido como derecho a ser juzgado en un plazo razonable, en que se ajuste a un determinado tiempo, puesto que ello conlleva que la dictación de las medidas y resoluciones lo sean sin dilación; e).- otro de los derechos es el derecho a un recurso efectivo;

NOVENO: Que, y en lo que dice relación con normas sustantivas que demos aplicar en la materia son aquellas contenidos en la Ley 18.883 que en sus artículos 127 al 143 establece el procedimiento a seguir para la sustanciación de los sumarios administrativos, de manera que habrá de examinarse si dichas normas como el derecho al debido proceso, se han cumplido en el procedimiento tantas veces citado;

A su vez los fundamentos administrativos están dentro de la conocida “potestad sancionatoria”, uno de cuyas normas basales se encuentra aquella que señala “Debe tenerse presente que para destituir a un funcionario se necesita sumario administrativo, de acuerdo con el Estatuto y Reglamento de los Empleados Municipales, y que las demás sanciones pueden ser castigadas previo sumario administrativo o la investigación sumaria para precisar los hechos y responsabilidades de los funcionarios afectos”

Esto nos demuestra que el Estatuto del Ramo hace una clara distinción cuando de destitución del funcionario se trata y de las otras sanciones que se pueden imponer que no sean precisamente destitución.

DÉCIMO: Que establecido todo lo anterior se debe determinar la naturaleza jurídica que tienen aquellas resoluciones administrativas como la que destituyó a la recurrente y la que negó lugar a la reposición y el derecho a recurrir ante un superior jerárquico, y para esto debemos analizar qué entendemos por aquellas “infracciones administrativas” ya conocidas. Para una vez hecho lo anterior, ver si efectivamente en este caso se han vulnerado las normas del Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales y, además, los principios del derecho al debido proceso y que sean de la entidad suficiente como para adoptar alguna de las medida reparatorias solicitada por la recurrente;

DÉCIMO PRIMERO: Que de acuerdo con la doctrina la “Infracción administrativa” la podemos entender como:

“…aquella conducta ilícita que vulnera una ley o norma, cuya sanciona o castigo ha sido entregado al conocimiento y resolución de un órgano administrativo. Se trata de una conducta antijurídica tipificada en una ley como susceptible de ser sancionada, previa tramitación del procedimiento respectivo, con una sanción administrativa. En otros términos, se trata de una acción u omisión típica, antijurídica y culpable para la que el ordenamiento jurídico prevé la imposición de una sanción administrativa”.

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Como vemos nos encontramos ante el ejercicio de una potestad administrativa sancionatoria en que aquellos actos u omisiones, cometidos, en este caso por una funcionaria, aparecen como “una conducta antijurídica tipificada en una ley como susceptible de ser sancionada…”

DÉCIMO SEGUNDO: La misma autora agrega que incluso “La doctrina comparada define infracción administrativa como aquella conducta contraria al ordenamiento jurídico-administrativo que se encuentra tipificada como tal en una norma de rango legal, la cual además, establece una sanción administrativa como consecuencia de su comisión”

Con este concepto hemos avanzado en el desarrollo del tema, puesto que una vez expresado que para el caso de aplicar una sanción, que además en la especie es la más grave de ellas: la destitución, debemos a continuación considerar que se requiera que la misma sea el castigo de una determinada “acción típica, antijurídica y culpable” y que a consecuencia de dicho acometimiento ilícito pueda sustentarse la “sanción administrativa”.

DÉCIMO TERCERO: Que, y siguiendo siempre a la misma autora, en nuestra doctrina nacional y toda vez que no es posible encontrar una norma precisa que entregue los deslindes de la misma con precisión definitoria de su contenido. Debemos preguntarnos ¿Qué se entiende doctrinariamente “infracción administrativa”?, Por eso es que compartimos, con la autora, que “El concepto de infracción administrativa se encuentra en estrecha relación con los principios de legalidad, reserva legal y tipicidad. La ley es la encargada de establecer las conductas ilícitas que serán susceptibles de una sanción administrativa, con un grado de prescripción normativa suficiente que permita al particular conocer con la debida antelación las circunstancias concretas que la configurarán”.

DÉCIMO CUARTO: Que, y dentro de este orden de ideas, llegamos, ahora, al concepto del “Régimen disciplinario de sujeción especial voluntario”, que se materializa cuando “…el órgano público de que se trate reprime las actuaciones u omisiones de los funcionarios o servidores públicos que se encuentran sometidos dentro de una estructura organizacional y que se encuentran sometidos a una relación de sujeción especial (estatuto)”.

Y es así que el funcionario público queda adscrito, de manera voluntaria, a una supra estructura administrativa de los órganos del Estado o como en la especie de una Corporación que igualmente forma parte de la administración pública en este caso de aquella constituida por toda la arquitectura organizacional de la Corporación Educación de la Municipalidad de Punta Arenas;

Con ésta estructura la funcionaria sumariada tenía especiales relaciones jurídicas que nacen, en somera explicación, una vez que se asumen las responsabilidades, facultades y obligaciones de carácter específico del cargo con su asunción o envestidura, previo nombramiento.

Hecho lo anterior todos los contenidos y efectos de esa especial relación jurídica, se encuentra normadas por Estatutos a los que se deben ceñir rigorosamente tanto dichos funcionarios como también sus jefaturas o Corporaciones;

DÉCIMO QUINTO: Que, y dentro del contexto señalado, los actos de la administración se encuentran regulados en conformidad a la ley, aplicándose un principio de derecho público que es necesario precisar. Este es el de la legalidad de los actos de la administración, incluso este elemento se encuentra amparado con la “presunción de legalidad de los actos de la administración”; esta materia tendrá importancia al momento de entregar los fundamentos que más adelante se expondrán, puesto que la impugnación al sumario administrativo, supone efectivamente el despojar de esa de esa especial virtud, al sumario que llevó a efecto el señor Fiscal investigador Néstor Ríos Cardoza;

DÉCIMO SEXTO: Que, los actos de la administración, como el sumario materia del recurso, deben estar imbuidos de ciertos elementos, toda vez que “Si bien los actos administrativos existen desde que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 3° de la Ley 19.880, esto no quiere decir que gocen de una validez indubitada. Si bien, según el propio artículo 3°, estos actos gozan de una presunción de legalidad, dicha presunción puede ser desvirtuada cuando el acto incumple alguno de los requisitos que la ley, y también la jurisprudencia, establecen para su validez”

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, y de acuerdo con los mismos autores, esto surge “…en la necesidad de controlar la actuación de la administración del Estado en el ejercicio de los actos en el que se concentran el poder público, es decir, aquellos que se basan en la capacidad de imponer efectos jurídicos sobre sus destinatarios, por sobre su voluntad o aquiescencia”.

DÉCIMO OCTAVO: Que en la especie y como lo señala la recurrida señor Fiscal Néstor Ríos procede a fojas 326 del expediente sumarial a formular cargos, los que, respecto de la Sra. nombre reservado, corresponden a: “Vulneración grave de derechos fundamentales” indicando el Sr. Fiscal que, “Con base en las declaraciones de funcionarios denunciantes y diversas fiscalizaciones por parte de la Dirección del Trabajo, por medio de su Centro de Conciliación y Mediación, se confirma al menos, 2 hechos de vulneración de derechos fundamentales, según el Ordinario 168 y el 216 de esta entidad. Además, se constatan diversas denuncias ante el mismo órgano, en las que se mencionan menoscabo, malos tratos, agobio, persecución, gritos, “chasquido de dedos”, conducta realizada en forma sostenida en el tiempo, por la Sra. nombre reservado, Inspectora General de la Escuela Bernardo O´Higgins, faltas sancionadas en el artículo 82, letra m, de la ley 18.883.”

DÉCIMO NOVENO: Que, en esta descripción de cargos específicamente refiere a una supuesta “vulneración grave de derechos fundamentales”. Es decir, ésta era la conducta típica, antijurídica y culpable que se le imputó a la funcionaria, de manera que es ella constituyó la “infracción administrativa”, es decir, la “conducta contraria al ordenamiento jurídico-administrativo que se encuentra tipificada como tal en una norma de rango legal…”. Esto trae como consecuencia la posibilidad de la aplicación, en toda su extensión, del derecho a la defensa, que es uno de los elementos esenciales del derecho al debido proceso;

VIGÉSIMO: Que y una vez que fuera culminado el sumario administrativo disciplinario llevado ante el señor fiscal Néstor Ríos Cardoza, que se prolongó por un tiempo fuera de todo marco legal, se dictó por doña nombre reservado, en su calidad de Secretaria General de la Corporación dicta la resolución que destituye a doña nombre reservado, señala la resolución la que aquí se transcribe textualmente:

“Destitúyase a doña nombre reservado, Inspectora General de la Escuela Bernardo O´Higgins de la ciudad de Punta Arenas, dando término a la relación laboral con este sostenedor según lo previsto 72 lera b), de la Ley 19.070 Estatuto Docente en relación con el artículo 8 bis del mismo cuerpo legal y artículo 10 letra c) del D.F.L., del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del DFL., N° 1 de 2005 y lo dispuesto en la ley 18.883”.

Esto significó el término de la relación laboral conforme a lo dispuesto en el artículo 148 del Decreto N° 453 del Ministerio de Educación que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación;

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, el accionar del fiscal instructor, es decir, la formulación de cargos, el procedimiento, y asimismo el contenido y fundamentos de la resolución que propone la destitución de la funcionaria, como del mismo modo la incongruencia en que se produce cuando nombre reservado, en su calidad de Secretaria General de la Corporación, dicta la resolución de destitución y término de la relación laboral, le han sido en una desviación de poder de los actos de la administración.

En efecto, el artículo 123 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, señala: “La destitución es la decisión del alcalde de poner término a los servicios de un funcionario.

“La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos: a) Ausentarse de la municipalidad por más de tres días consecutivos, sin causa justificada; b) Infringir las disposiciones de las letras i), j) y k) del artículo 82; c) Infringir lo dispuesto en la letra l) del artículo 82; d) Condena por crimen o simple delito, y e) Presentar denuncias falsas de infracciones disciplinarias, faltas administrativas o delitos, a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar al o a los sujetos denunciados; f) Ejecutar acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia de acuerdo a lo previsto en la ley o declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia, afectando su indemnidad o estabilidad en el empleo, su vida o integridad, su libertad o su patrimonio, o que produzca la misma afectación respecto de un miembro de su familia; g) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales”;

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, además se debe atender al artículo 137 inciso 2do de la norma que se viene analizando, cuando refiriéndose al dictamen del sumario señala que este “….deberá contener la individualización del o de los inculpados; la relación de los hechos investigados y la forma como se ha llegado a comprobarlos; la participación y grado de culpabilidad que les hubiere correspondido a los sumariados; la anotación de las circunstancias atenuantes o agravantes, y la proposición al alcalde de las sanciones que estimare procedente aplicar o de la absolución de uno o más de los inculpados.

Elementos todos faltantes en la resolución por la que se ha recurrido de protección, así se comprueba una clara infracción al derecho al debido proceso administrativo, especialmente en lo concerniente a la posibilidad de una defensa efectiva puesto que existió un cargo de contenido difuso sin claridad de las acciones específicas lo que imposibilita hacerse descargos precisos para que estos sean eficaces.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en el artículo 2º de la “Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado” se expresa que se castiga todo abuso o exceso de poder. Es así que la doctrina señala “la ejecución de la norma por parte del agente de la Administración, entonces queda sujeta en todos sus aspectos al ordenamiento jurídico debiendo respetar tanto a la norma poderdante, como al Derecho Público en general, no pudiendo, además abusar de ella o excederse en su ejercicio. La desviación de poder es el vicio del acto administrativo que tiene ocurrencia cuando el acto administrativo no cumple ,con la finalidad típica de la norma poderdante”.

Y asimismo (Lledo y Pardo.2022) coincidimos que en la especie nos encontramos en el procedimiento seguido por el señor fiscal instructor Néstor Ríos Cardoza, ante una desviación de poder entendida como “el vicio del acto administrativo consistente en el ejercicio de una potestad publica administrativa por parte de un agente de la administración del Estado, para un fin distinto para el cual dicha potestad fue atribuida por el ordenamiento jurídico”

VIGÉSIMO CUARTO: Que el sumario administrativo que investigó la conducta funcionaria de doña nombre reservado, por parte del señor fiscal Néstor Ríos Cardoza, se desvío de los principios básicos a que nos hemos latamente referido y en especial a la relación entre la sanción de destitución y el cargo que en su momento se especificó realizada la correspondiente investigación, esto era la “vulneración de derechos”, la que no conlleva como sanción la destitución del funcionario, la misma es genérica. No se describen hechos específicos y precisos con un mínimo estándar como para poder defenderse de la misma con cierto razonable pronóstico de establecer y probar los descargos a que pudiera haber lugar. Por último al momento de solicitarse al proponerse la solicitud de destitución lo fue por una acción típica, antijurídica y culpable diversa de la que malamente podía defenderse la funcionaria.

Es decir, en los actos administrativos por los que se desarrolló el sumario administrativo de la investigación sobre la conducta funcionaria, entre otras de la recurrente, no respeto el principio rector de “El concepto de infracción administrativa (que) se encuentra en estrecha relación con los principios de legalidad, reserva legal y tipicidad”.

Como tampoco observó que “La ley es la encargada de establecer las conductas ilícitas que serán susceptibles de una sanción administrativa, con un grado de prescripción normativa suficiente que permita al particular conocer con la debida antelación las circunstancias concretas que la configurarán”;

VIGÉSIMO QUINTO: Que, toda vez que dichas infracciones han producido la consolidación de una resolución que aplicó la más gravosa pena administrativa que es la destitución de una funcionaria sometida al derecho público. De manera que además del despido y finiquito dicha decisión adiciona la pena accesoria de quedar la funcionaria inhabilitada de ejercer cualquier cargo público. Es decir, no podrá ejercer como profesora en todo el sector público, de manera que estás sanciones, de proceder, sólo pueden ser el resultado de una procedimiento sometido a los máximos estándares del debido proceso y llevado a cabo por funcionarios idóneos;

De manera que ante estas graves y trascendentes vulneraciones a las normas del derecho al debido proceso que se han examinado, y consagrados en los N° 1 y 3 de la Constitución Política de la República, sólo corresponde acoger, en la forma que se dirá en lo resolutivo de la presente sentencia;

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE DECLARA:

1).- Que se desestima la alegación de la recurrida en el sentido de no ser esta una vía idónea para conocer de la materia sometida al conocimiento de esta Corte;

2).- Que se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, contra la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Punta Arenas;

3).- Que en conformidad a ello, se ordena a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Punta Arenas, retrotraer el procedimiento al estado de formular los cargos conforme a la ley, cumpliendo los requisitos de contener en ellos los hechos precisos así como las normas supuestamente infraccionados y sancionatorias, a fin de que la parte sumariada de doña nombre reservado, pueda ejercer el derecho a defensa en los términos correspondientes al derecho al debido proceso y en resguardo de sus garantías constitucionales;

4).- Que se deja sin efecto la suspensión del ejercicio de su cargo, debiendo ser reintegrada al cargo que detentaba con todos sus derechos, durante el plazo que corresponde a la ley;

5).- Que se RECHAZA en lo demás el referido recurso.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción del Ministro Suplente Luis Enrique Álvarez Valdés.

Se deja constancia que no firma la Ministra doña Inés Recart Parra, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº541-2023 PROTECCIÓN.

� Estas garantías son aquellas que sobre las que se construye la solución del presente recurso de protección.

� “Derecho Municipal Chileno”. 2 edición nombre reservado, Ed. Jurídica de Chile. 2022.

� “Infracciones y sanciones administrativas”. nombre reservado. Ediciones DER. Reimpresión octubre de 2022. Pág. 79.

� Id.op.cit. infra 2.

� Id.op. cit.

� Así sucedió con el caso de nombre reservado. En que además el cargo en que ella fuere nombrada el 23 de mayo de 2022 fue el de “Inspector General del Nivel de Educación Básico” en la “Escuela Capitán General Bernardo O´Higgins Riquelma. Cargo de confianza de la directora del mismo establecimiento.

� “El vicio de la desviación de poder en los actos administrativos”. 2 edición. Thomson Reuters. 2023. Pág. 55. nombre reservado. nombre reservado.

� Id.op.cit.

� El que ya por Resolución Interna N° 417 de 05 de julio de 2023 de Corporación que resuelve Sumario administrativo, se había ordenado retrotraer el mismo a la etapa de cierre de la investigación, y nombra como nuevo Fiscal a don Néstor Ríos Cardoza, Docente, Director Titular del Liceo Sara Braun.

� Id. Op.cit. infra 7.