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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 541-201320 feb 2014

Protección contra ía Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación

Fecha
20 de febrero de 2014
Corte
Corte de Apelaciones de Punta Arenas
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Rol N° 541-2013, sentencia de 20 de febrero de 2014

Resumen

Se acoge el recurso de protección y se ordena declarar admisible la postulación del docente al concurso de Director, al no afectarle la inhabilidad invocada, pues la Corte había anulado su despido y este se consideraba aún vigente de forma arbitraria.

Texto íntegro

Punta Arenas, veinte de febrero de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 29 comparece don nombre reservado, profesor, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de ía Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor, representada por don nombre reservado, abogado,, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en su calidad de Secretario General Subrogante de la referida Corporación.

Refiere que el acto respecto del que reclama por ser ilegal y arbitrario es el Oficio N° 1653 de fccha 15 de noviembre de 2013, de nombre reservado, Secretario General (a esa fecha) de la Corporación Municipal de Punta Arenas, medíante el cual se resolvió la reclamación interpuesta por él con fecha 4 de noviembre de 2013, en contra de la resolución de la recurrida de fecha 25 de octubre de 2013, que lo excluyó del Concurso de Director del Establecimiento Educacional Escuela Capitán General Bernardo O’Higgins, declarando inadmisible su postulación por no cumplir con el requisito establecido en el N° 5,8 de las Bases def Concurso.

Iridies Que el fundamento de la recurrida para resolver en el sentido indicado, sería el haber sido destituido por haber incurrido en conductas definidas por d Art. 72 letra c) del Estatuto Docente, lo que se habría concluido en investigación sumaria - Resolución Interna 434 de 11 de diciembre de 2009-, siendo destituido por Resolución Interna 121 de fecha 22 de febrero de 2010- En cuanto a Ja investigación sumaría, explica que durante su tramitación, y sin que se le notificara de ella, ni se le formulasen cargos, mutó a sumarlo administrativo, es así que por Resolución Interna M° 103, de 28 de enero de 2010, dictada por la recurrida, se ordenó investigar a través de un sumario administrativo, atendida la supuesta gravedad de Jos hechas acreditados en la investigación sumaria, sin embargo, conforme a las normas de ios procedimientos administrativos, no puede hablarse de hechos acreditados en la investigación sumaria porque la misma no llegó a su fin, pues no se le formularon cargos ni pudo defenderse ni presentar pruebas.

En relación al sumario administrativo, indica que por Resolución interna N* 193, de fecha 17 de febrero de 2010, la recurrida dejó sin efecto de oficio ía resolución 103 de 28 de enero de 2010r en la parte que ordena instruir sumario y designa fiscal, pero no dejó sin efecto fa parte que pone término a la investigación sumaria.

Respecto de su despido, la recurrida indica como otro fundamento del acto recurrido, que habría sido despedido por haber incurrido en conductas definidas por el Art. 72 letra c) del Estatuto Docente, lo cual no es efectivo, puesto que el despido de que fue objeto fue declarado nulo por esta iltma. Corte, conociendo de un Recurso de Queja (Ingreso Corte 3-2012). En consecuencia, si dicho despido fue nulo, no puede pretender la recurrida considerarlo válido para los efectos de impedirle postular a un trabajo.

En cuanto al derecho cita los artículos 19 N° 2 y 20 de la Carta Fundamenta!, para luego explicar la privación perturbación o amenaza que ha sufrido en el legítimo ejercicio de sus derechos, manifestando, que la observancia y respeto de los derechos y dignidades fundamentales incumbe igualmente y sin excepción alguna a todos ios órganos públicos y a todas las entidades del Estado, tanto como a las personas individualmente consideradas. Agrega que ratifican y avalan esta categórica e ir restricta afirmación lo preceptuado, entre otros, en los artículos 5, 6 y 7 de la Carta Magna.

Concluye que se le ha afectado la garantía del numeral 2 del Art.

19, pues de la exposición de hechos contenidos en c! recurso,, queda de manifiesto que ios recurridos han actuado en forma ilegat y arbitrarla.

Actúan ilegalmente al pretender imponer requisitos no exigidos por el legislador (Art. 25 Estatuto Docente) y arbitrariamente al impedirle participar del concurso con argumentos falsos.

Manifiesta que esta Corte anuló el despido, por no haber contado su ex empleadora con autorización judicial para despedirlo al tener eí compareciente fuero sindical, sin emitir pronunciamiento sobre las conductas que se le imputaron, y ahora pretendo la recurrida ser ella quien califique si tales conductas eran o no verdaderas, eran o no proporcionadas, etc, todo lo cual implica una vulneración a su derecho de igualdad ante fa ley, porque se le ha impedido en forma ilegal y arbitraría participar de un concurso para postulara un cargo para el que se encuentra habilitado.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de las personas señaladas, acogerlo a tramitación, declararlo admisible, solicitar informe a la recurrida y resolver en definitiva que: L - Se acoge el recurso de protección y se tomen las medidas que esta llustrísima Corte estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, en especial resolver que no le afccta ninguna Inhabilidad para participar del Concurso señalado en esta presentación, ordenando a los recurridos aceptar su postulación y 2.- Se condene en costas a los recurridos.

Acompaña a su libelo la documental que corre de fojas 1 a 28.

A fojas 49 evacúa informe doña Patricia Jara Rojas, abogada en representación de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor (en adelante CORMUPA), la que llamó a concurso público a fin de proveer el cargo de Director de diversos establecimientos educacionales de la comuna, entre ellos eJ colegio Capitán General Bernardo O’Higgíns R., al cual postuló el recurrente.

A través de la página web de la CORMUPA, se publicaron las bases del concurso con fecha 30 de agosto de 2013, por cada uno de los establecimientos educacionales, donde se señala claramente el marco normativo, los requisitos de postulación, elementos y características a ponderar, la descripción paso a paso del concurso, la calenda riza ci ó n del proceso y las etapas del nnismo (páginas 21 y 22 de las bases).

Luego en la página N° 5 de las citadas Bases de Concurso, se establecieron los "Requisitos Legales y Formas de Acreditadón,,, figurando en el N° 5.8 lo que sigue: "No podrán postular al cargo de Director, todos aquellos profesionales de la educación que hayan sido sancionados a través de sumarios, investigaciones sumarias, o que hayan sido destituidos o despedidos por falta de probidad o incumplimiento grave de sus funciones. Este requisito se acreditará con una declaración jurada notarial". En este sentido la Comisión del Concurso, a través de su encargada la Srta. nombre reservado, solicitó af entonces Secretario General son nombre reservado, se determinara si el postulante Sr. nombre reservado debía ser considerado como postulante idóneo, concluyéndose ai efecto que no cumplía con el requisito en cuestión, Posteriormente con fecha 04 de noviembre de 2013r el recurrente deduce una reclamación aduciendo que no ha sido sancionado por sumario administrativo ni por investigación sumaria;

que no ha sido destituido en razón de (as causales que las bases señalan; que durante el año 2010 fue objeto de Investigación sumaria y luego despedido, acciones que fueron dejadas sin efecto por ios tribunales superiores de justicia en causa Rol 15-2010 sobre recurso de protección y recurso de queja Rol 3-2012, concluyendo el recurrente que: "VI. En definitiva, el empleador optó por pagar la indemnización ordenada en lugar de reintegrarmer más esta circunstancia no responde al hecho de que yo haya incurrido en falta alguna^ sino más bien a un acto de autoridad del empleador, por el que no puede hacérseme responsable, y mucho menos excluirme de un proceso de selección de empleo, para el que cumplo con todos los requisitos legales, tal como consta en la declaración jurada notarial".

Refiere que el tenor de la redamación sólo apunta al hecho que se excluyó al postulante sólo por eí hecho de haber sido objeto de una investigación sumaria y luego despedido producto de ella; en este sentido, se procedió a resolver la reclamación mediante Oficio N° 1653 de fecha 15 de noviembre de 2013, que señala en lo pertinente: "2« En este aspecto, el recurrente señala en el punto TV de su presentación que esta exclusión no se ajusta a la realidad dado que no ha sido sancionado por sumario administrativo ni investigación sumaría y que tampoco ha sido destituido en razón de las causales que las bases señalan.- Funda su petición en lo resuelto en causas Rol 15-2010, materia Recurso de protección, caratulado "nombre reservado con Corporación Municipal de Punta Arenas", y sentencia recaída en recurso de queja , Rol N° 3-2012, caratulado ,fnombre reservado contra nombre reservado", de fecha 11 de junio de 2012. 3. Respecto de la sentencia recaída en causa Rol 15-2010, materia Recurso de Protección, caratulado "nombre reservado

con Corporación Municipal de Punta Arenas” , el reclamante expresa que el fallo acoge su presentación, resolviendo en definitiva dejar sin efecto la resolución interna N° 12 Í de fecha 22 de febrero de 2010, retrotrayendo el sumarlo del cual fue objeto el docente al estado en que se encontraba, a fin que éste tenga oportunidad de presentar sus descargos, rendir prueba y ser objeto de un racional y justo procedimiento. Sin embargo, la sentencia en comento, fue objeto de recurso de Apelación por parte de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Ro! 2130-2010, Corte Suprema, en virtud del cual nuestro máximo Tribunal, resolvió con fecha 09 de junio de 2010, la revocación del fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, rechazando en definitiva el recurso de protección interpuesto, sin costas, quedando en definitiva y como resultado de ello, sin efecto lo señalado por el reclamante. 4. En cuanto a lo resuelto en Recurso de Queja Rol 3-2012 de ingreso de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, se resolvió acoger dicha presentación, en cuanto deja sin efecto la sentencia de fecha 28 de febrero de 2012, dictada en causa Rít 0-84-2012, caratulada "nombre reservado contra Corporación Municipal de Punta Arenas", en cuanto hace lugar a la demanda principal y deefara la nulidad del despido del trabajador sujeto a fuero sindical, por no contar con autorización judicial, en lo pertinente. Sin perjuicio de lo anterior, de la lectura de! fallo, aparece claro que la resolución se refiere al hecho que la empleadora no solicitó el correspondiente desafuero sindical del trabajador, dejando nulo el despido y ordenando el reintegro o el pago del fuero sindical, mas no se refiere a la nulidad del procedimiento investigativo, cuyo resultado se expresa en la Resolución 121 de fecha 22 de febrero de 2010, y a la cual el fallo no se avoca, sin pronunciarse tampoco sobre justificación o no del despido, por lo que tanto la investigación sumaria a la cual fue sometido trabajador como su resultado, se encuentran inalterables.- Refiere que el recurrente expresa que sería acto ilegal y arbitrario, lo resuelto en Oficio N° 1653 de fecha 15 de noviembre de 2013, efectuando un triple anáisrs en cuanto a las materias que a continuación expone.

a. La investigación sumara mutó a sumario administrativo sin que se le formularen cargos, tal aseveración lleva a concluir inequívocamente que el recurrente tiene absolutamente claro que fue objeto de investigación sumaria por parte de su ex empleador, lo que viene a reafirmar la causal de exclusión que el mismo plantea como ¡legal y arbitraria; por otra parte, la crítica en cuanto que los hechos no fueron acreditados o que no pudo defenderse en dicha instancia, aparecen absolutamente extemporáneos y no pertinentes al objeto de este recurso. Lo anterior, tal como se señaló en la resolución de la Exma. Corte Suprema, en causa Rol 2130-2010, sobre apelación interpuesta por la recurrida en recurso de protección Rol 15-2010, en fallo de fecha 09 de jun io de 2010, se revocó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Punta Arenes, señalando en los considerandos sexto a octavo: "Sexto; Que tampoco es posible postular que en el caso propuesto se aplique la normativa del Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, porque el artículo 71 de la Ley 19.070 señala que Jos profesionales de la educación que se desempeñan en el sector municipal se regirán por las normas de este Estatuto de la profesión docente, y supletoriamente por las del Código del Trabajo y sus leyes complementarlas. Por lo demás, en la especie no se trata del ejercicio de la potestad sancionadora por Jo que la investigación sumaria que se tramitó sólo tuvo por finalidad reunir antecedentes para adoptar la decisión de despido, y por ello no puede exigirse que sean formulados cargos. Séptimo: Que sin perjuicio, el actor tiene asegurado su derecho a tutela judicial en el eventual juicio del trabajo relativo a un despido injustificado, en el que precisamente habrán de discutirse los hechos que puedan servir de apoyo a la conclusión del contrato. Octavo: Que del modo que se ha razonado, no es posible pred'car que la actuación de la recurrida revista el carácter de arbitraría o ilegal y, por lo tanto, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar.”

b. El recurrido dejó sin efecto la resolución N° 103 de fecha 28 de enero de 2010 mediante la dictación de la Resolución Interna N° 193 de 17 de febrero de 2010, sólo en cuanto se ordena instruir sumario y designa fiscal"... No deja sin efecto la parte que pone térm ino a la investigación sumaria.

Al respecto indica que la resolución interna N° 193 señala:

"VISTOS: ... no siendo requisito e! Sumario Administrativo para poner término a la relación laboral, por incumplimiento grave de fas obligaciones que impone ei contrato y con la finalidad de corregir el procedimiento, SE RESUELVE: DEJESE sin efecto ía resolución N° 103 ... en aquella parte que instruye sumario administrativo y designa fiscal, y éstese a i mérito de io que se resuelva en definitiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 letra C) de la Ley 19.070 y al Código del Trabajo Lo anterior concuerda con lo resuelto por la Exma. Corte Suprema en causa Rol 2130-2010, cuyos considerandos Cuarto y Quinto señalan en cuanto a la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo lo siguiente "Cuarto:

Que lo señafado se refuerza si se tiene en consideración que cuando so Invocan las causales previstas en la letra b) del artículo 72 del Estatuto Docente, esto es, "Por falta de probidad o conducta inmoral" se requiere expresamente que se encuentren establecidas fehacientemente en un sumario. Una interpretación sistemática y concordante permite concluir que en la hipótesis de la letra b) del citado artículo 72; sí se requiere sumario, mientras que en el supuesto de la letra c) ello no es necesario. Quinto: Que lo razonado es más evidente si se tiene en cuenta que antes de la vigencia de la Ley 20.248 (01,02.2008) la causal de incumplimiento grave de las obligaciones se encontraba incorporada en la letra b) del artículo 72 del Estatuto Docente, Precisamente según aparece de la historia de la Ley 20.248 la finalidad de excluir ía referida causal de la exigencia dei sumario fue la de destrabar e! mecanismo para remover a los profesionales de la educación en caso de incumplimientos reiterados de sus obligaciones, incluso en una intervención deí Colegio de Profesores (Página 335 de la historia de la ley, en página web de la Biblioteca del Congreso Nacional) se expresa: ”£n la práctica, explicó que esta disposición terminaría con ei derecho a sumario, por cuanto para los empleadores sería mucho más expedito despedir a un docente por incumplimiento grave y no por falta de probidad, causal que mantiene la exigencia del sumario previo para su aplicación".

Nuevamente el recurrente no hace sino reconocer que fue objeto de una Investigación sumaria, ya que sólo se dejó sin efecto el sumario administrativo, dejando a salvo todo lo demás, a excepción del nombramiento de fiscal. Resulta evidente que en este escenario, y de acuerdo a lo señalado en las bases del concurso, el postulante efectuó una declaración jurada maliciosamente falsa. En este sentido, y sin perjuicio que el Sr. nombre reservado no reclama sobre el hecho de haber sido despedido por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo, situación que igualmente se señala en el punto 5.8. de las Bases de Concurso como una de las inhabilidades para postular al cargo de Director de Establecimientos Educacionales; lo anterior se ve acreditado por la resolución Interna N° 121 de fecha 22 de febrero de 2010, acompañada por el recurrente, c« Despido declarado nulo por la lltma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas en recurso de queja N° 3-2012, acá el recurrente yerra en su análisis, porque confunde claramente las causas por las cuales el Tribunal Superior de Justicia acoge en definitiva la queja sólo respecto de lo peticionado en lo principal de la demanda de fecha 20 de ju lio de 2010, Rit 0-84-2010, de ingreso del Juzgado de Letras de!

Trabajo de Punta Arenas, que expresa: "EN LO PRINCIPAL: demanda en juicio ordinario laboral por nulidad de despido". El fallo en comento señala claramente en su paite resolutiva que la nulidad del despido se basa en el hecho que no se solicitó previamente el desafuero del Sr. nombre reservado, consecuencia de lo cual aparece la orden de proceder a la reincorporación del trabajador o en su defecto el pago del fuero sindicar, para concluir en lo relacionado, que se omite pronunciamiento respecto de las acciones subsidiarias interpuestas, las cuales constan en el segundo otrosí de la demanda en la cual se señala: "En subsidio ds lo principal interpone demanda por incumplimiento de contrato y despido injustificado” .- Es entonces necesario concluir que la investigación llevada a cabo queda firme en cuanto a sus diligencias y conclusiones.

Alega la improcedencia del recurso de protección interpuesto,, argumentando que el recurrente expresa que se ha afectado la garantía constitucional del Art. 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, sin embargo, no se sabe si el recurrente se refiere a una situación de esclavitud o de diferencias arbitrarlas, y en qué consistirían estas últimas, de modo que atendida la falta de fundamento legal o mejor dicho, la inconsistencia del mismo con los hechos señalados, no procede acoger el presente recurso de protección.

Sin perjuicio de ío anterior, no se vislumbra que la determinación adoptada sea un acto ilegal, esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo l n del Código Civil, o que se trate de un acto arbitrario, producto del mero capricho de quien lo comete. Respecto a la supuesta ''ilegalidad por imponer requisitos no exigidos por el legislador", es dable señalar que el marco regulatorio de este concurso público para escoger a los Directores de los establecimientos educacionales de la comuna, está dado por las Bases para Concurso de Director, en este caso del colegio Capitán General Bernardo O'Higgins R.j Ley 19.070 (Estatuto de los Profesionales de la Educación) y el Decreto N* 453 de 1991 que aprueba reglamento de la Ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación. No queda claro en el recurso cuál sería el o los requisitos "no exigidos" por el legislador; podría entenderse entonces que se refiere a las Bases del Concurso, en este punto, y en relación directa con el argumento del recurrente, el recurso sería extemporáneo, ya que debieron atacarse las bases al momento de su publicación, incluso antes de postular por parte del Sr. nombre reservado.

En cuanto a la supuesta "arbitrariedad", el actor señala en forma ininteligible y absolutamente confusa cuál sería el o los fundamentos de esta aseveración, por lo que sólo le queda remitirse a lo ya expuesto, sin perjuicio de reiterar lo señalado en el fallo de la Exma. Corte Suprema en causa Rol 2130-2010.

Solicita tener por evacuado el traslado, y en definitiva rechazar el recurso de protección intentado, con expresa condena en costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

SEGUNDO: Que el hecho que el recurrente estima como ilegal y arbitrario lo hace consistir en que mediante oficio N° 1653 de fecha 15 de noviembre de 2013 suscrito por el Secretario General de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor don nombre reservado resolvió la reclamación por él interpuesta con fccha 4 de noviembre de 2013 en contra de la resolución de la recurrida de fecha 25 de octubre de 2013, que lo excluyó del Concurso de Director del Establecimiento Educacional Escuela Capitán General Bernardo O'Higgins, declarando inadmisible su postulación por no cumplir con el requisito establecido en el N° 5.8 de las bases del concurso, fundado en haber sido destituido por haber incurrido en conductas definidas por el artículo 72 letra c) del Estatuto Docente, lo que se habría concluido en investigación sumaria-resolución Interna N° 434 de 11 de diciembre de 2009, siendo destituido por resolución interna N° 121 de fecha 22 de febrero de 2010. Que lo anterior conculca la garantía Constitucional del artículo 19 N° 2, solicitando que esta Corte resuelva que no le afecta ninguna inhabilidad para participar del concursa antes sefíaJado, ordenando a los recurridos aceptar su postulación, con costas.

TERCERO: Que a fs. 49 evacúa informe doña Patricia Jara Rojas, abogada en representación de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor, en los términos que se consignan en lo expositivo del fallo.

CUARTO: Que en primer término la parte recurrida ha esbozado una presunta extemporaneídad del recurso, fundado en que debieron atacarse las bases def concurso al momento de su publicación e incluso antes de postular el Sr. nombre reservado, argumento que no será acogido por esta Corte, puesto queda cJaro de la lectura del recurso que lo que resulta cuestionado por este arbitrio constitucional es la decisión contenida en el oficio N° 1653 de fecha 15 de noviembre de 2013, que resolvió la reclamación interpuesta por el recurrente con fecha 4 de noviembre de 2013 y habiéndose interpuesto el presente recurso de protección con fecha 14 de diciembre de 2013, el mismo se encuentra dentro de plazo.

QUINTO: Que la cuestión sometida a la decisión de este Tribunal consiste en determinar si el recurrente al momento de su postulación cumplía con ef requisito establecido eri el N° 5.8 de las bases del concurso o si por ei contrario aquél no Jo cumplía por haber incurrido en conductas definidas en el artículo 72 c) del Estatuto Docente.

SEXTO: Que según consta del documento rolante de fs, 7 a 28 denominado "Bases para Concurso de Director (a) Establecimiento Municipal Corporación Municipal de Punta Arenas Escuela Capitán Genera! Bernardo O'Higgins", en su numeral N° 5.8 se dispone lo siguiente: "No podrán postular al cargo de Director, todos aquellos profesionales de la educación que hayan sido sancionados a través de sumarios, investigaciones sumarias, o que hayan sido destituidos o despedidos por falta de probidad o incumplimiento grave de sus funciones. Este requisito se acreditará con una declaración jurada n o ta ria l/ SEPTIMO: Que a su turno el artículo 25 del Estatuto Docente dispone: "Los profesionales de la educación se incorporarán a una dotación docente en calidad de titulares o en calidad de contratados.

Son titulares los profesionales de ía educación que se incorporan a una dotación docente previo concurso púbíico de antecedentes. Tendrán calidad de contratados aquellos que desempeñan labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titu lares". Asimismo el artículo 72 letra c) del Estatuto Docente señala:

"Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por fas siguientes causales: c) Por incumplimiento grave de ías obligaciones que impone su función, tales como la no concurrencia del docente a sus labores en forma reiterada, impuntualidades reiteradas del docente, incumplimiento de sus obligaciones docentes conforme a los planes y programas de estudio que debe impartir, abandono injustificado del aula de clases o delegación de su trabajo profesional en otras personas. Se entenderá por no concurrencia en forma reiterada la Inasistencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un tota l de tres días durante igual período de tiempo"-.

OCTAVO: Que son hechos no discutidos en esta causa:

1 ) Que mediante resolución interna N° 103 de fecha 28 de enero de 2010, proveniente del Secretario General Subrogante don nombre reservado, se dispuso poner término a la investigación sumaria administrativa incoada en contra de don nombre reservado, como Igualmente se ordenó abrir un sumario administrativo en contra del mismo en su calidad- de Director de la Escuela Bernardo O'HIgglns, por la responsabilidad administrativa que le pudiera asistir en los hechos materia de la investigación sumarla administrativa instruida por resolución N° 434 de 11 de diciembre de 2009, realizada por el investigador designado don nombre reservado. Igualmente se designó Fiscal a la señora Directora de ía Escuela Del la mira Rebeca Aguiíar, Sra.

nombre reservado (fs. 1);

2 ) Que mediante resolución interna N° 193 de la Corporación Municipal suscrita por don nombre reservado, Secretario General se resuelve dejar sin efecto la N° 103 de fecha 28 de enero de 2010 en aquella parte que instruye sumario administrativo y designa Fiscal, disponiéndose estar al mérito de lo que se resuelva en definitiva conforme a lo dispuesto en el artículo 72 letra c) de la Ley 19.070 y al Código del Trabajo (fs. 2);

3 ) Que mediante resolución interna N° 121 de la citada Corporación de fecha 22 de febrero de 2010 se resolvió declarar a contar -de la misma, el térm ino de la relación laboral deJ profesional de la educación don nombre reservado, Director de la Escuela Bernardo O'Higgins de Punta Arenas, por haber incurrido éste en conductas definidas por el artículo 72 letra c) del Estatuto Docente, de incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función directiva, las que se enumeran, declarándose vacante el cargo titu lar de la referida escuela, designándose en calidad de interino a don nombre reservado (fs. 4).

4 ) Que con fecha 24 de febrero de 2010 el recurrente nombre reservado en su calidad de Director de la Escuela Bernardo O'Híggms Riquelme dedujo recurso de protección en contra del Secretario Interino de la Corporación Municipal para ia Educación, Salud y Atención al Menor, don nombre reservado, dictándose sentencia en la referida causa con fecha 18 de marzo de 2010 (fs. 82 a 88, causa Rol 15-2010 tenida a la vista), por nedio de la cual y por mayoría de sus miembros esta Corte decidió acoger el recurso de protección y declaró que se dejaba sin efecto la resolución interna N° 121 de 22 de febrero de 2010 dictada por el Sr. Secretario Interino de la Corporación Municipal de Punta Arenas, que ponía térm ino al contrato de trabajo del recurrente nombre reservado, con el fin que la referida Corporación retrotraiga el sumario al estado que se encontraba, con el fin de que el recurrente tenga la oportunidad de presentar sus descargos y rendir sus pruebas para que sea objeto ce un proceso racional y justo con la debida reserva de sus actuaciones, para así resolver la procedencia del despido. Mediante resolución de a Excma. Corte Suprema de fecha 9 de junio de 2010 (fs. 110 a 112) se revocó la sentencia apelada de fecha 18 de marzo de 2010 recién reseñada y se dcciaró que se rechazaba el recurso de protección, sin costas. Esta ultima sentencia fue objeto de reposición por parte del recurrido el que fue rechazado de plano mediante resolución de fecha 18 de junio de 7010 (fs. 114 a Í1 7 y 119).

5 ) Que con fecha 20 de ju lio de 2010 el recurrente interpuso demanda de nulidad de despido y en subsidio despido injustificado contra la referida Corporación, Con fecha 10 de agosto de 2011 la Sra.

Juez Titular del Juzgado del Trabajo de esta ciudad rechazó la demanda en todas sus partes. Apelado el referido fallo esta Corte de Apelaciones anuló la sentencia y la audiencia del juicio en que recayó por infracción a la garantía del debido proceso Se realizó un nuevo juicio por el Juez no inhabilitado, quien dictó sentencia con fecha 28 de febrero de 2012, y mediante lo cual nuevamente se rechazó la demanda interpuesta por el recurrente en todas sus partes. En contra de esta última sentencia y ante esta Corte se dedujo recurso de queja, el que fue fallado con fecha 11 de junio de 2012, disponiéndose que se acogía el mismo y se hace lugar a la demanda principal declarándose I ) la nulidad del despido del trabajador sujeto a fuero sindical, por no contar con autorización Judicial; 2) se ordena la reincorporación del actor en sus funciones de Director de la Escuela Bernardo O'Higgins Rlquelme; 3} se ordena el pago íntegro de las remuneraciones y demás beneficios correspondientes al período de separación de las funciones del actor y;

4) se estipula que en caso de no proceder a la reincorporación se condena a la demandada al pago del fuero sindical. Igualmente se declaró innecesario emitir pronunciamiento sobre las acciones subsidiarías interpuestas por el demandante, así como las excepciones de la demandada. Apelado dicha sentencia ante la Excma. Corte Suprema ésta, medíante resolución de 13 de ju lio de 2012, la declaró inadmisible. (Recurso de Queja 3-2012 tenida a la vista).

6 ) Que mediante oficio N° 1653 de fecha 15 de noviembre de 2013 suscrito por el Secretario General de la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, don nombre reservado

nombre reservado resuelve reclamación interpuesta con fecha 4 de noviembre de 2013 en contra de la resolución de la Corporación de fecha 25 de octubre de 2013, que lo excluye del concurso de Director del establecimiento educacional Escuela Capitán General Bernardo 0 ’Higgínsr al declarar inadmisible su postulación,, por no cumplir con ol requisito establecido en el número 5.8 de las Bases del Concurso, rechazándose la referida reclamación (fs. 5).

NOVENO: Que de los antecedentes recién reseñados, queda claro entonces que ía resolución de despido interna í\J° 121 de la Corporación Municipal de Punta Arenas de fecha 22 de febrero de 2010, por medio de la cual se declaró poner término a la relación laboral del profesional de la educación don nombre reservado, no surtió efecto alguno puesto que esta Corte medíante el fallo del recurso de queja recién reseñado declaró ia nulidad del despido del trabajador sujeto a fuero sindical por no contar con autorización judicial, como igualmente ordenó su reincorporación a las funciones de Director de la Escuela Bernardo O'Higgins Riquelme.

DECIMO: Que en consecuencia el recurrente al postular al cargo de Director de la Escuela Capitán General Bernardo O'Higgins no ha infringido la base N° 5.8 del concurso, toda vez que no se encuentra acreditado que a esa fecha hubiese sido sancionado a través de sumario, investigaciones sumarias o que haya sido destituido o despedido por falta de probidad o incumplimiento grave de sus funciones, incurriendo en las conductas definidas en el artículo 72 c) deí Estatuto Docente, toda vez que el fallo dictado en el recurso de queja anuló el despido del recurrente, el que tenía su origen en la misma resolución N° 121 de fecha 22 de febrero de 2010, proveniente de la Corporación y que tenía como antecedente la investigación sumaria administrativa instruida por resolución N° 434 de 11 de diciembre de 2009.

UNDECIMO: Que sostener que el referido fallo de queja no se refiere a la nulidad del procedimiento investigativo, cuyo resultado se expresa en !a resolución N° 121 de fecha 22 de febrero de 2010, la que habría quedado firme, puesto que la sentencia no se avocó a la misma ni se prenunció sobre la justificación o no del despido, quedando, en consecuencia, tanto la investigación sumaria como su resultado inalterables, resulta una afirmación insostenible/ puesto que como ya se dijo ef despido expresado en la antes dicha resolución N° 121 se declaró nulo, por lo que carece de eficacia jurídica, por cuanto para ponerle térm ino al contrato de un dependiente que goza de fuero laboral, es menester previamente obtener la autorización del Juez competente para tal efecto. El despido sin este requisito es nulo y de ningún valor, sí se omiten las formalidades establecidas por la ley para su validez y si bien en algunos casos el despido produce efectos de hecho, no los puede producir en el derecho. En consecuencia durante la tramitación del juicio de desafuero la relación laboral se mantiene subsistente, debiendo el empleador cumplir con todas las obligaciones que emanan del contrato.

(nombre reservado Nadal Serri. El Despido en el Código del Trabajo. Editorial LexisNexis. Páginas 351 y 353). Corolario de lo anterior es que si el empleador habiéndose ordenado el reintegro del trabajador no lo cumpler debe indemnizarlo.

DUODECIMO: Que conforme a lo razonado precedentemente, estos sentenciadores estiman que la decisión adoptada por la recurrida y de que da cuenta el oficio N° 1653 de fecha 15 de noviembre de 2013 suscrito por el Secretario General de la Corporación de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, don nombre reservado, que resolvió la reclamación interpuesta por el docente nombre reservado, con fecha 4 de noviembre de 2013 en contra de la resolución de la recurrida de fecha 25 de octubre de 2013, que lo excluyó del concurso de Director del Establecimiento Educacional Escuela Capitán General Sernardo O'Higgins, declarando inadmisible su postulación por no cumplir con el requisito establecido en el número 5.8 del concurso, fundado en haber sido destituido por haber incurrido en conductas definidas por el artículo 72 letra c) del Estatuto Docente es ilegal por no ser aplicable en la especie la antes citada disposición, vulnerándose el artículo 25 del Estatuto Docente, y es arbitraria porque a sabiendas que esta Corte anuló el despido del docente nombre reservado

lo considera vigente y constitutivo de una causal de despido, Impidiéndole participar en un concurso al que tenía derecho, encontrándose habilitado para ello, conculcándose la garantía constitucional del artículo .19 N° 2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la Ley al establecer una diferencia arbitraria, acogiéndose de esta forma el recurso de protección intentado a fs. 29.

Por estas consideraciones y Jo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política del Estado y Auto Acordado de la Excma, Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de los Recursos de Protección, de veinticuatro de junio de mil novecientos ¿noventa y dos, y sus modificaciones, se declara que SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado a fs. 29 y siguientes, con costas, en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor, representada por don nombre reservado y en contra de don nombre reservado en su calidad de Secretario General subrogante de la referida Corporación y consecuencia se resuelve que al postulante nombre reservado, docente, no le afecta la inhabilidad referida en el oficio N° 1653 de fecha 15 de noviembre de 2003, para participar en e! concurso de Director del Establecimiento Educacional Escuela Capitán General Bernardo O’Higgins, ordenando a los recurridos declarar admisible su postulación.

Dése cumplimiento, en su oportunidadr a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

nombre reservado, SRTA. nombre reservado, Y SRA.

nombre reservado 3IMENA PINTO SALAZAR. AUTORIZA DOÑA nombre reservado, nombre reservado.

En Punta Arenas, a veinte de febrero de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que anteced