Protección contra Universidad de Magallanes alegando vulneración a las garantías establecidas en e

Punta Arenas, uno de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Que a folio 1 y 6, comparece doña nombre reservado, estudiante universitaria y deduce recurso de protección en contra de la Universidad de Magallanes alegando vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 N° 1, 2, 4, 7 y 10 del artículo 19 de la Constitución Política.

Indica que durante el segundo semestre de 2024 su relación con un grupo de compañeras a quienes individualiza cambió abruptamente, pasando de ser parte del grupo a ser aislada y rechazada sin explicación, actitudes que han ido aumentando en el tiempo, con comentarios ofensivos, publicación de contenidos peyorativos dirigidos a ella a través de redes sociales y agresiones directas como empujones dentro de la universidad, entre otros.

Destaca que, tras meses intentando sobrellevar la situación sin involucrar a terceros, el sufrimiento se volvió insostenible, llegando a presentar crisis de ansiedad dentro del recinto universitario, las cuales fueron minimizadas, que a nivel académico también se ha visto afectada ya que las compañeras han solicitado ayuda en trabajos, sin permitirle cambiar de grupo, lo que además ha afectado sus notas.

Afirma que actualmente la situación resulta insostenible, que todos estos hechos han afectado gravemente su salud mental, encontrándose en reposo médico por descompensación emocional, en actual tratamiento psiquiátrico en el COSAM Miraflores desde el año 2022 y que, debido al agravamiento de su cuadro, en septiembre de 2025 su médico ajustó su medicación.

Afirma que ha intentado obtener ayuda dentro de la Universidad sin resultados. Señala que en septiembre de 2024 acudió al Departamento de Carrera sin recibir solución. De otro lado, la Dirección de Asuntos Estudiantiles sólo le brindó contención momentánea al momento de sufrir las crisis.

Refiere que también acudió a la Unidad Pedagógica de Apoyo al Alumno y posteriormente a la Unidad de Género, donde se le recomendó presentar una denuncia formal. Indica que en marzo de 2025 efectuó dicha denuncia y se dictó una orden de alejamiento que solo se cumplió por dos semanas.

Expone que ha tenido crisis nerviosas dentro del campus sin recibir un apoyo estructurado, llegando incluso a pedírsele que no acudiera con frecuencia a la DAE porque no podía tener dos psicólogas en forma simultánea, lo cual la hizo sentirse una carga.

Refiere que existe constancia médica del agravamiento de su cuadro y que su psicóloga tratante ha calificado lo vivido como acoso psicológico sostenido. Indica que, pese a sus esfuerzos, la Universidad no ha otorgado acompañamiento real ni medidas efectivas, y que incluso se le sugirió cambiarse de carrera. Que hoy se siente devastada emocionalmente, evitando espacios dentro de la universidad, viviendo con ansiedad, insomnio y sensación de inseguridad constante.

Alega afectación al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, a la igualdad ante la ley, respeto y protección de la vida privada y honra, el derecho a la libertad personal y seguridad individual.

Por lo expuesto pide respecto a la Universidad de Magallanes implementar de forma inmediata medidas de protección, acompañamiento psicológico y resguardo académico, garantizando su seguridad y el derecho a estudiar en un ambiente libre de acoso.

Que a folio 12 informa el recurso don Camilo Araneda Godoy, abogado, en representación de la Universidad de Magallanes, solicitando su rechazo.

Señala que la recurrente dedujo recurso de protección el 24 de octubre de 2025, complementado el 3 de noviembre, en contra de once compañeras y de la Universidad, aunque por resolución de 5 de noviembre solo se declaró admisible en contra de la institución.

Indica que el recurso no permite determinar cuál es la acción u omisión en que ha incurrido la Universidad de Magallanes, ni la época de su ocurrencia o ausencia ni tampoco ha señalado de qué manera y a través de qué acción u omisión la Universidad ha afectado alguno de los derechos que la recurrente indica vulnerados.

Afirma que la Universidad ha tenido un rol activo, llevando efecto un procedimiento disciplinario, en atención a que doña nombre reservado el 24 de marzo del 2025 presentó una denuncia ante la unidad de prevención y acompañamiento en materia de acoso y violencia de la Universidad de Magallanes, firmando el 28 de mayo de 2025 un acuerdo de alejamiento voluntario recíproco entre los involucrados, y que a la fecha la Universidad no tiene antecedentes de que se incumpliera el acuerdo voluntario, por lo que no ha sido necesario que se establezca una medida de resguardo de mayor intensidad.

Refiere, en segundo término, acciones de apoyo y contención dando cuenta que la Universidad ha realizado todas las gestiones y apoyo que están dentro de sus facultades para brindar al estudiante las condiciones necesarias para que pueda efectuar sus estudios en un ambiente libre de violencia y con plena ganancia sus derechos.

Destaca que desde octubre del 2024 a la fecha registra 11 sesiones de psicoterapia y una sesión de control con la psicóloga nombre reservado entre otras atenciones y que desde la dirección de desarrollo y bienestar estudiantil se le ha brindado apoyo por diversos medios, incluso a través de WhatsApp en momentos de crisis, y que conforme al informe de atenciones se desprende que la afectación que presenta el estudiante guarda relación con problemas provenientes de su hogar.

Por lo expuesto solicita el rechazo del recurso con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal; c) Que de ella se siga un directo e inmediato atentado en contra de las garantías constitucionales invocadas; y d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que a través del presente recurso se reclama respecto de la Universidad de Magallanes, señalando la recurrente que ha sido víctima de un hostigamiento de compañeras de curso y ha sufrido una grave afectación de su estabilidad psicológica y emocional, solicitando respecto de la Universidad de Magallanes, que se implemente de forma inmediata medidas de protección, de acompañamiento psicológico y resguardo académico, garantizando su seguridad y el derecho a estudiar en un ambiente libre de acoso.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, señalando que ha tenido un rol activo, llevando a efecto un procedimiento disciplinario en razón de la denuncia efectuada por la actora el 24 de marzo del 2025 y de otro lado, ha realizado acciones de apoyo y contención, para que la alumna pueda efectuar sus estudios en un ambiente libre de violencia y con plena ganancia sus derechos.

QUINTO: Que, en dicho sentido, a folio 19, la recurrida acompañó la Resolución Exenta N°NUM000 de 26 de noviembre de 2025 que aprueba el informe de la investigadora a propósito de la investigación llevada a efecto por la Universidad por la denuncia efectuada por la recurrente, resolviendo el sobreseimiento del procedimiento disciplinario por estimar que "la evidencia disponible no permite configurar, con el estándar de convicción requerido, una conducta constitutiva de maltrato, hostigamiento o discriminación atribuible a las estudiantes denunciadas. La valoración de la prueba resulta determinante. Los testimonios imparciales del entorno académico (pares y docentes) no solo no logran corroborar las afirmaciones de la denunciante, sino que activamente contradicen al confirmar la disposición física del aula y describir el aislamiento voluntario de la denunciante. No existen testigos presenciales, directos e imparciales que acrediten las acusaciones de hostigamiento. Por su parte, los testimonios de apoyo a la denunciante, aportados por su madre y una amiga, confirman válidamente su estado de angustia, pero no constituyen una prueba directa de las conductas imputadas.

Al analizar las acusaciones específicas se constata una falta de evidencia concluyente: Respecto al hostigamiento físico: La acusación de que las denunciadas la “chocaban” o pateaban su bolso es desvirtuada por múltiples testimonios que confirman una disposición física en el aula (denunciante adelante, denunciadas atrás) que hacía improbable dicho contacto de manera intencional y reiterada. Respecto al aislamiento social: La prueba testimonial sugiere de manera preponderante que el distanciamiento fue una decisión de la propia denunciante (auto-aislamiento) y no una acción coordinada de exclusión por parte de las denunciadas.

Respecto a las burlas y menosprecio: ningún testigo imparcial pudo confirmar haber presenciado comentarios, gestos o burlas relativas a la salud mental de la denunciante”

Adicional a lo señalado previamente la fiscal señala que, los antecedentes reunidos no permiten establecer responsabilidad disciplinaria respecto del grupo de estudiantes denunciadas, no existiendo mérito suficiente para formular cargos ni continuar con el procedimiento.

Que, esta autoridad coincide con la fiscal en orden a que no se han reunido antecedentes suficientes que permitan formular cargos ni continuar con el procedimiento. RESUELVO: 1. SE APRUEBA EL INFORME DE LA INVESTIGADORA y en consecuencia se ordena sobreseimiento del presente procedimiento disciplinario”.

SEXTO: Que, por su parte, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren el ejercicio de estos, mediante la adopción de medidas cautelar inmediata, destinadas a restablecer el imperio del derecho.

SÉPTIMO: Que, de lo expresado es posible concluir que la acción cautelar deducida escapa al ámbito de competencia de este recurso, toda vez que para acoger la presente acción debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, situación que no se vislumbra en este caso.

Lo anterior, teniendo presente que los antecedentes recabados en la investigación disciplinaria no permiten establecer responsabilidad del grupo de estudiantes denunciadas careciendo, por tanto, de un derecho indubitado y no siendo ésta la vía idónea para conocer y resolver materias propias de un juicio de lato conocimiento, en donde, conforme a los procedimientos legales establecidos al efecto, las partes puedan hacer valer sus pretensiones y rendir todas las pruebas que estimen convenientes para lograr el establecimiento de sus pretendidos derechos.

OCTAVO: Que, de otro lado, aparece que la actuación de la autoridad universitaria ha sido acorde al mérito de la reglamentación y ley que lo rige, sin que haya incurrido en alguna actuación u omisión que pueda calificarse de arbitraria e ilegal y que prive, perturbe o amenace los derechos que la recurrente estimó conculcados, motivo por el cual se rechazará la acción constitucional incoada, tal como se dirá a continuación.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Universidad de Magallanes.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

ROL N°540-2025 PROTECCIÓN. Punta Arenas, uno de diciembre de dos mil veinticinco. VISTOS: