Protección contra Dirección General de Aeronáutica Civil

Punta Arenas, once de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones nombre reservado, cédula de identidad NºRUT reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado; quien deduce recurso de protección en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), representada por su Director General de Aviación de la Fuerza Aérea de Chile nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Santiago y del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, solicitando que el recurso sea acogido, se adopten todas las medidas que sean necesarias para proteger los derechos mencionados y en definitiva declarar nulo el acto impugnado y dejar sin efecto su destinación, con expresa condenación en costas.

Mediante la presente acción impugna la Resolución Exenta RA N°101/554/2024 de fecha 8 de abril de 2024, dictada por el Director General de la DGAC, que ordena su destinación desde el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, ciudad de Punta Arenas, hacia la Sección Centro de Control de Área de Santiago; también la Resolución Exenta N°101/454/2024, de 9 de febrero de 2024, notificada con fecha 14 de marzo de 2024, Y en contra de la resolución exenta N°1042, de fecha 28 de mayo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que rechazó el recurso de reposición, y en contra de la Comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General nombre reservado, por la resolución exenta N°175216/2024, de 1 de octubre de 2024, notificada esta parte el 8 de octubre de 2024, que rechazó el recurso de apelación jerárquico interpuesto por este recurrente.

Explica que ingresó a la Dirección General de Aeronáutica Civil en mayo de 1987, desde marzo de 2010 desempeño sus funciones en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de esta ciudad. Mediante la resolución recurrida de 08 de abril de 2024 se dispuso su destinación, en el Departamento de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos en la Región Metropolitana, sección centro de control de tránsito aéreo a contar del 15 de mayo del año en curso, para ejercer las funciones de controlador de tránsito aéreo. EL 09 de febrero de 2024 se modificó la fecha de la destinación.

Intento recurso de reposición, toda vez que la decisión únicamente se fundaba en necesidades institucionales, la que fue desestimada, sin contener argumento alguno, solo postergó la fecha al mes de mayo del año en curso.

Posteriormente, el 15 de abril de 2024 interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio, contra las resoluciones dictadas, rechazándose el primer arbitrio el 28 de mayo de 2024, concediéndose el recurso de apelación.

EL 01 de octubre del corriente, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea dicto resolución exenta N°175216/2024, notificada a este parte con fecha 8 de octubre, donde rechazó el recurso de apelación interpuesto, manteniendo firme las resoluciones impugnadas.

Añade que en 2021 efectuó una denuncia por acoso laboral en los términos del artículo 2° del Código del Trabajo, en procedimiento interno, iniciando dos procedimientos sumariales, ordenados por resoluciones enero y marzo de 2022. Las denuncias lo fueron contra el jefe de Aeropuerto Sr. nombre reservado y jefe del Subdepartamento Zona Aeroportuaria Austral Sr. nombre reservado, respectivamente y de otros 2 funcionarios además los cuales forman parte de la dotación del Subdepto. Servicios de Tránsito Aéreo que se ubica en el mismo lugar donde se encuentra el Centro de Control de Área de Santiago, lugar donde está siendo destinado. Alude que a la fecha no se ha adoptado ninguna decisión tendiente a sancionar a los denunciados o proteger sus derechos fundamentales. En su lugar, entiende que se le sanciona por haber denunciado. Producto de los hechos denunciados se encuentra haciendo uso de licencia médica tipo 6, enfermedad laboral desde noviembre de 2020 a la fecha.

Aduce que su grupo familiar está compuesto por sus dos hijos de 26 y 20 años, quienes viven con quien fuera su cónyuge, todos los que residen en esta ciudad. Su hijo menor se encuentra estudiando en esta ciudad y su hija estudia en Viña del Mar. Durante su permanencia en la ciudad ha generado vínculos familiares, sociales y personales. Hace presente que la destinación le ocasionará una disminución significativa en sus ingresos y remuneraciones.

Los hechos denunciados conculcan sus garantías constitucionales consagradas en os numerales 2, 4, 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que la decisión no considera sus relaciones familiares, la autoridad ha aplicado discrecionalmente la facultad del artículo 73 del Estatuto Administrativo pues carece de fundamento, tampoco aplica los criterios contenidos en el Oficio Nº12/175 de 28 de marzo del año en curso, donde se dispone que se deben conciliar los requerimientos operativos con las necesidades personales y familiares de los(as) funcionarios(as). Destaca que no es la esencia del recurso, sin embargo, la destinación afecta su economía, mediante la reducción de sus ingresos, dejando de utilizar el departamento fiscal que se le había asignado. Agrega que la determinación reclamada tiene un carácter discriminatorio, solo obedece a una represalia por su denuncia, citando el artículo 485 del Código del Trabajo.

Solicitó y obtuvo orden de no innovar.

Acompaña las resoluciones discutidas, un informe social e informes médicos.

Informa por el recurrido comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire, nombre reservado, instando por el rechazo del recurso.

Alega que el recurso interpuesto resulta improcedente toda vez que se persigue por esta vía impugnar lo resuelto por el director general de Aeronáutica Civil y por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, respecto de la resolución de 01 de octubre de 2024 que rechazó el recurso jerárquico presentado por el actor. En este caso no existe un derecho concreto, preexistente, indubitado que le haya sido vulnerado, el recurrente solo contaba con meras expectativas. Ahora persigue obtener un pronunciamiento sobre el fondo de su destinación, ejerce una última instancia de reclamo o apelación, lo que escapa al recurso de protección.

Aduce que además no se ha indicado por el actor el tipo de afectación de derechos, privación, perturbación o amenaza que funda su acción; lo que constituye un presupuesto de procedencia de la acción; no existe vulneración de derechos constitucionales, los cuales ha continuado ejerciendo sin limitación alguna.

En cuanto al fondo señala que el actor es funcionario de planta profesional de la dirección general de aeronáutica civil, como controlador de tránsito aéreo, destinado al aeropuerto Pdte. Carlos Ibáñez del Campo de esta ciudad desde 2010 a la fecha. Sostiene que por razones de interés institucional y con el propósito de distribuir al personal de acuerdo con las necesidades de la organización, conforme a las atribuciones que otorga el artículo 24 de la Ley Nº16.752 y el 73 del Estatuto Administrativo, a través de la Resolución Exenta RA Nº101/454/2024 de 13 de marzo de 2024, se dispuso la destinación del funcionario recurrente al Departamento de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos de la Región Metropolitana a contar del 15 de mayo de 2024, para ejercer las funciones de controlador de tránsito aéreo de área.

El recurrente interpuso recurso de reposición y jerárquico, buscando dejar sin la resolución y su posterior modificación; donde esgrimió idénticos argumentos que en la presente acción. Se rechazó la reposición, concluyendo que las alegaciones formuladas no son de aquellas que contengan fundamento de mérito. Los antecedentes fueron elevados para resolver el recurso jerárquico; emitiéndose la resolución de 01 de octubre de 2024, el que fue rechazado fundado en que los funcionarios denunciados por acoso laboral no prestan servicios en la unidad de destino, ya que cumplen funciones en la región de Coquimbo y Punta Arenas, la instrucción de un procedimiento disciplinario no importa un límite para que el Jefe de Servicio ordene su destinación de acuerdo a lo previsto en el artículo 24 de la Ley Nº16.752. Además, la destinación reclamada no debe ser considerada como una sanción, sino que deriva de una obligación funcionaria de acuerdo con lo previsto en el artículo 61 letra e) y 73 del Estatuto Administrativo. Agrega que la circunstancia que el funcionario se encuentre haciendo uso de licencia médica tipo 6, enfermedad laboral, no importa un límite a la facultad que le asiste a la Jefatura del Servicio para llevar a efecto una destinación, cuando aquella tiene por objeto reforzar los servicios de la Sección Centro de Control de Área de Santiago. Descarta además que los vínculos sociales y familiares del recurrente o la disminución de sus ingresos como consecuencia de la destinación, sea obstáculo a lo decidido, toda vez que aquellas son dispuestas intentando conciliar los intereses personales de cada funcionario, sin perjuicio de lo cual las necesidades del servicio no pueden quedar supeditadas a los intereses personales de cada funcionario; citando el Dictamen Nº3071 de 2003 de la Contraloría General de la República.

Adiciona que no se ha indicado en el libelo pretensor como la decisión reclamada se contrapone a la normativa interna contenida en el Oficio Nº12/175 de 28 de marzo de 2024 que presenta lineamientos en materia de destinaciones; en cuyo texto se señala que las destinaciones responden a las necesidades del servicio.

Destaca que en el informe elaborado el Jefe de la Sección Control de Tránsito Aéreo del Departamento de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos que fundamenta la destinación, se expresa que el recurrente ha adquirido los conocimientos fundamentales y ha desarrollado habilidades y destrezas suficientes para desempeñar funciones en la unidad de destinación; unido a ello la complejidad de los procesos en las dependencias de control requiere la intervención de controladores de tránsito aéreo con habilidades específicas, incluyendo las competencias como instructor en terrero que el recurrente posee tras haber aprobado exitosamente el curso de capacitación pedagógica para instructores en terreno ATC, además su destinación mantendrá o aumentará su jerarquía administrativa y operacional, le permitirá su progresión profesional significativa, proponiendo su destinación para asegurar el adecuado funcionamiento del servicio.

Niega ilegalidad o arbitrariedad en la decisión que se reclama, por cuanto se funda en la facultad otorgada por la ley, ejercida conforme a un procedimiento legal, previamente establecido, donde pudo el actor ejercer su derecho de defensa, se funda en el mérito de disposiciones legales y argumentos fácticos debidamente fundamentados y en lo resuelto por la Dirección General de Aeronáutica civil; realizando un lato análisis de los argumentos planteados por el actor, en los términos ya señalados.

Así la acción cautelar carece de todo fundamento, no se ha amenazado, privado o perturbado algún derecho o garantía constitucional del recurrente.

Informa por la parte recurrida Dirección General de Aeronáutica Civil, su director, nombre reservado, General de Aviación, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Alega en primer término la extemporaneidad del recurso, en consideración a las fechas en que fueron notificadas las resoluciones que impugnan, de 13 de marzo, 08 de abril y 28 de mayo, todas del año en curso, fueron remitidas a su correo electrónico institucional el 14 de marzo, 09 de abril y 03 de junio de 2024, respectivamente, en atención a la fecha de interposición de la presente acción, el 04 de noviembre del corriente, se han excedido los plazos.

En cuanto al fondo, estima que la decisión administrativa manifestada a través de la Resolución Exenta RA N°101/454/2024, de 13 de marzo de 2024 y la Resolución Exenta N°101/554/2024, de 08 de abril de 2024, que la modifica, que destinan al recurrente, han sido debidamente fundadas, se han pronunciado en ejercicio de las potestades que le han sido asignadas por la ley como jefe superior del servicio, siendo la destinación una facultad privativa, que le permite decidir discrecionalmente como distribuir y ubicar al personal de su dependencia, atendidas las necesidades de la institución, y ajustada a la ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, y en ningún caso ha sido vulnerada por la institución la normativa constitucional que el recurrente afirma haber sido infringida. Igualmente, se encuentran ajustadas a derecho la Resolución Exenta N°1042, de 28 de mayo de 2024, de su institución, y la Resolución Exenta N°175216/2024, de 1 de octubre de 2024, dictada por la Comandancia en jefe de la Fuerza Aérea, que mantuvieron lo resuelto por las resoluciones antes mencionadas.

Advierte que la acción cautelar interpuesta no constituye la vía más idónea para impugnar una resolución dictada por una autoridad en ejercicio legítimo de sus atribuciones, se trata de una utilización errónea y abusiva del recurso, pues no existe vulneración de garantías constitucionales.

Descarta la ilegalidad, toda vez que ajustó a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Nº16.752 en relación al 46 inciso 3º de la Ley Nº18.575 y 73 del Estatuto Administrativo, los que prescriben, en lo que interesa, que la destinación constituye una facultad privativa del jefe del servicio, quien decide discrecionalmente cómo distribuir y ubicar al personal de su dependencia, atendidas las necesidades de la repartición, con la sola limitación de que las labores que deba cumplir el servidor sean las propias del cargo para el cual ha sido nombrado y que el empleo sea de la misma institución y jerarquía, lo que guarda armonía con lo manifestado, entre otros tantos, en el dictamen N°36.150, de 2015, de la Contraloría General de la República. Asimismo, el articulo 61 letra e) del Estatuto Administrativo dispone que son obligaciones de los funcionarios, entre otras, cumplir las destinaciones que la autoridad competente disponga en el ejercicio de sus atribuciones.

Arguye que en este caso se dan todos los elementos que la destinación exige, así, cumplirá funciones que son propias del cargo -ejercer funciones de controlador de tránsito aéreo, para lo cual posee título profesional y su traslado no representa cambio en su grado jerárquico o calidad jurídica de funcionario, sus tareas no difieren de aquellas que actualmente despliega.

Adiciona que la decisión ha sido adoptada por la autoridad competente, quien su jefe superior, habiéndose dispuesto mediante el acto administrativo formal; debidamente motivadas, atendiendo a las necesidades de la institución, siendo necesarias dicha destinación para el buen funcionamiento del organismo. Advierte que la destinación puede efectuarse a cualquier localidad, describiéndose en la resolución impugnada claramente el lugar de origen y destino; ajustándose a los plazos establecidos en la normativa legal para notificar a los funcionarios respecto a la destinación impugnada, dado que ella implicaba un cambio de residencia, conforme al artículo 74 del Estatuto Administrativo.

Agrega que los actos administrativos se encuentran debidamente fundados, en la normativa citada, y también se consignan los fundamentos de hecho, los que descansan en las necesidades institucionales y en el refuerzo de los servicios que se entregan en la sección de destino.

Añade que, al resolver la reposición planteada por el recurrente, se hizo cargo de todos sus argumentos y alegaciones los que reitera en la acción constitucional.

En lo que atañe a la denuncia por acoso laboral efectuada por el recurrente y que los denunciados prestarían servicios en la unidad de destino, refiere que ello no es efectivo, toda vez que, por motivo de la denuncia, se instruyó un procedimiento sumarial, y los denunciados prestan servicios en las unidades de Coquimbo y Punta Arenas, y uno de aquellos ya no forma parte del servicio. Niega que la destinación corresponda a una sanción al actor por el hecho de la denuncia, sino que es una facultad de la administración; igualmente, Contraloría General de la República, se ha pronunciado en el sentido que la destinación no constituye una medida disciplinaria, sino que corresponde a una providencia de buena administración que tiene por objeto distribuir y ubicar los funcionarios según cuales sean los requerimientos de la institución.

En relación con los vínculos familiares que fundamenta la acción, hace presente que el funcionario a la fecha se encuentra separado y divorciado.

Manifiesta que el actor no elabora la argumentación en cuanto a que la destinación se contrapone a la normativa interna, cuando, por demás, aquella señala que las destinaciones responden a necesidades del servicio, y a su ejercicio no es impedimento la licencia médica que presenta el recurrente; cuando, además, el informe médico del actor, de 25 de marzo de 2024, da cuenta de un pronóstico favorable para que pueda reinsertarse posiblemente durante el año.

Concluye que tampoco concurre la vulneración de garantías fundamentales, ya que el recurrente no ha proporcionado pormenorizadamente los elementos de juicio y demás antecedentes que le sirvan de fundamento, los que en este caso no se advierten; cuando se actuó en ejercicio de una atribución que el ordenamiento legal reconoce a los jefes de servicio.

Enfatiza que en la especie se ha comprobado que el actor no cuenta con un derecho indubitado, desde que la destinación en un lugar determinado constituye una mera expectativa para los funcionarios, cuya justificación se encuentra radicada en los requerimientos propios de la función a lo largo del país, orientación que es conocida y debe ser acatada por todos(as) los miembros de la organización desde su ingreso, en consonancia con el carácter jerarquizado y disciplinado que la distingue.

Adjunta las resoluciones impugnadas y sus notificaciones, y demás antecedentes administrativos citados en su informe.

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el recurrente, lo hace consistir en su destinación desde el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de esta ciudad hasta la sección Centro de Control de Área en el Departamento de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos de la Región Metropolitana, a contar del 15 de mayo de 2024; decisión que se adoptó sin considerar sus relaciones familiares -las que se mantienen en la ciudad-, su situación laboral -al haber formulado una denuncia de acoso laboral- ni sus circunstancias personales -al presentar licencia médica por enfermedad laboral-, todo lo que consta en una resolución que carece de fundamentos, lo que conculca las garantías constitucionales que invoca.

TERCERO: Que, las recurridas, solicitan el rechazo del recurso, alegando en primer término la extemporaneidad de la acción; para luego afirmar que se ha ejercido una facultad discrecional prevista en la ley, la que se encuentra debidamente fundada y se ha dictado en un procedimiento legalmente tramitado, garantizando el derecho de defensa del actor, por lo que estima que no existe derecho indubitado que habilite al recurrente a interponer la acción, ni tampoco concurre un actuar ilegal ni arbitrario a su respecto.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad formulada, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, en su numeral 1º, señala que su interposición debe efectuarse dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos. En la especie la recurrente acciona para reclamar respecto de la destinación dispuesta por su autoridad superior, decisión que consta en un acto administrativo, que ha quedado afinado por aquella resolución que se pronuncia sobre el recurso jerárquico interpuesto, notificado con fecha 08 de octubre de 2024; acto cuyos efectos se han mantenido hasta la fecha de interposición de la acción, lo que impide considerarla como extemporánea.

QUINTO: Que en el caso de autos, el acto que se impugna como arbitrario e ilegal son las resoluciones exenta N°101/454/2024 de 9 de febrero de 2024; modificada por la exenta RA N°101/554/2024 de fecha 8 de abril de 2024, dictadas por el Director General de la Dirección General de Aeronáutica Civil que dispone la destinación del recurrente desde el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, ciudad de Punta Arenas hacia la Sección Centro de Control de Área de Santiago, a contar del 15 de mayo del corriente; junto con ellas, las dictadas el 28 de mayo del año en curso bajo el Nº1042 de la citada Dirección, que rechaza el recurso de reposición impetrado por el actor y de la resolución exenta N°175216/2024, de 1 de octubre de 2024 emitida por el Comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General nombre reservado, que rechazó el recurso jerárquico, respecto de la destinación ordenada.

SEXTO: Que a fin de dirimir el asunto debe tenerse a la vista, primeramente, que la Dirección General de Aeronáutica Civil cuenta con atribuciones para el traslado del personal institucional, de acuerdo al artículo 24 de la Ley N°16.752 Orgánica y de Funcionamiento de la D.G.A.C, en relación con los artículos 46, inciso tercero de la ley N°18.575 y 73 de la ley N°18.834, los que prescriben que la destinación constituye una facultad privativa del jefe del servicio, quien decide discrecionalmente cómo distribuir y ubicar al personal de su dependencia, atendidas las necesidades de la repartición, con la sola limitación de que las labores que deba cumplir el servidor sean las propias del cargo para el cual ha sido nombrado y que el empleo sea de la misma institución y jerarquía.

SEPTIMO: Que, en tales términos, no se observa en lo actuado por las recurridas, al decidir la destinación del actor a la ciudad de Santiago, ilegalidad alguna, toda vez que, de la normativa citada, aparece que se trata de una facultad prevista en la ley, de carácter discrecional, la que fue adoptada mediante un acto administrativo debidamente fundado en las necesidades de la repartición, por la autoridad llamada por la ley para resolver la materia y oportunamente impugnada se mantuvo afirme.

OCTAVO: Que, del mismo modo corresponde descartar la arbitrariedad alegada, por cuanto aquella corresponde al ejercicio de una facultad discrecional, no se observa un actuar antojadizo o caprichos, sino que descansa en las necesidades de la repartición, y no es óbice a su ejercicio la circunstancia de encontrarse el actor con licencia médica desde el año 2020, ni es impedimento que mantenga sus relaciones familiares y sociales en la ciudad, cuando se debe responder a un fin superior, cual es, la continuidad del servicio público.

NOVENO: Que, conforme a lo expresado, el actor carece de un derecho indubitado que haya sido vulnerado por el actuar de su jefatura, pues el mantenerse en funciones en la ciudad en que actualmente cumple sus labores, constituye una mera expectativa, al tenor de lo previsto en la normativa vigente, pudiendo ejercer tales funciones a lo largo del país, en razón de los requerimientos propios de la institución, que debe ser acatada por el recurrente al tenor de lo consagrado en el Estatuto Administrativo.

DECIMO: Que, por consiguiente, al no concurrir los presupuestos copulativos inherentes al ejercicio de este arbitrio constitucional, inoficioso resulta avocarse al tratamiento y examen de la posible afectación de las garantías que se alegan como conculcadas.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil y del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile; todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº540-2024. Protección.