Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S

Punta Arenas, trece de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones, doña María Angélica Brown Oropeza, abogada, en favor de doña nombre reservado, Licenciada en nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros NºRUT reservado, ciudadana venezolana, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone Recurso de Protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por la acción ilegal y arbitraria que Rechaza Solicitud de Retiro de Fondos Previsionales conforme a la Ley N°18.156, que regula el retiro de fondos para técnicos o profesionales extranjeros que regresan definitivamente a su país, la cual restringe gravemente sus derechos y garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone, que solicitó a la AFP Provida la devolución de sus fondos previsionales, acompañando toda la documentación exigida: contrato de trabajo, anexos, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), título profesional apostillado y constancia de su retorno definitivo a Venezuela. No obstante, la AFP rechazó la solicitud por no estar el certificado del IVSS debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, requisito no establecido en la ley.

Argumenta, que la Ley N°18.156, respecto de las cotizaciones previsionales a los trabajadores extranjeros afiliados a un sistema de seguridad social en su país de origen, les permite retirar los fondos acumulados en Chile al cesar su vínculo laboral, siempre que acrediten su afiliación externa. En este caso, la recurrente cumplió con todas las exigencias legales, pero la AFP interpretó la norma de manera restrictiva y formalista, impidiendo el retiro de fondos sin fundamento legal.

Explica que, debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, resulta materialmente imposible obtener la apostilla exigida, constituyendo ello un caso de fuerza mayor según el artículo 45 del Código Civil. Además, el certificado del IVSS cuenta con un código electrónico de verificación, lo que permite comprobar su autenticidad en el portal oficial del organismo, cumpliendo con la finalidad jurídica de la legalización. En consecuencia, la negativa de AFP PROVIDA desconoce el principio de razonabilidad y proporcionalidad en la aplicación de los requisitos formales, y produce una vulneración del derecho de propiedad sobre los fondos acumulados.

Añade, que otras AFP, como APF CUPRUM, han aceptado documentos equivalentes y efectuado devoluciones con base en declaraciones juradas notariadas y verificaciones electrónicas, por lo que la postura de AFP PROVIDA implica un trato desigual e injustificado, contrario al artículo 19 N°2 de la Constitución, que prohíbe diferencias arbitrarias entre personas en igualdad de condiciones.

Sostiene, que el acto impugnado vulnera también el artículo 19 N°24, que protege el derecho de propiedad en todas sus especies, ya que el dinero acumulado pertenece a la afiliada y no puede ser retenido sin fundamento legal. La negativa de la AFP priva ilegítimamente a la recurrente de disponer de sus fondos, los cuales ya no tienen finalidad previsional al haber retornado a su país.

Finalmente, solicita a esta Corte que declare ilegal y arbitrario el rechazo efectuado por AFP PROVIDA, ordenando reconocer la validez de la documentación presentada, emitir un nuevo pronunciamiento dentro de cinco días y adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Informando el recurso compareció doña Ana María Herrera Brummer, abogada, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., quien solicita el rechazo de la presente acción en todas sus partes, con costas, alegando que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de fondo y que la administradora actuó conforme a la Ley N°18.156, al DL N°3.500 y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Expone, en primer lugar, que el recurso de protección no procede en este caso, pues se trata de una cuestión de lato conocimiento y no de una vulneración inmediata de garantías fundamentales. Explica, que esta acción constitucional tiene un carácter urgente y excepcional, destinada solo a remediar actos ilegales o arbitrarios que amenacen derechos indubitados, lo que no ocurre en este caso, ya que lo reclamado corresponde a un derecho discutido, que requeriría una tramitación ordinaria y contradictoria.

En cuanto al fondo del asunto, la AFP reconoce que rechazó la solicitud de devolución de fondos de la recurrente, técnica extranjera, en virtud de la Ley N°18.156, por no cumplir los requisitos copulativos que esta establece. En particular, el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) presentado no se encontraba firmado, apostillado ni legalizado por autoridad competente, incumpliendo con las exigencias legales y administrativas vigentes. Cita el Oficio N°5376 de la Superintendencia de Pensiones, que exige que el documento extranjero indique de forma específica y comprobable que el trabajador tuvo cobertura efectiva en los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, lo que no puede inferirse de constancias genéricas.

Asimismo, señala que, desde el 30 de agosto de 2016, con la entrada en vigor en Chile del Convenio de la Apostilla de La Haya, todo documento extranjero debe venir apostillado por la autoridad del país de origen —en este caso, Venezuela—, siendo esta formalidad indispensable para que tenga valor probatorio en territorio chileno conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Antes del cierre de la embajada venezolana en Chile, las constancias emitidas o certificadas por la delegación consular eran válidas, pero actualmente la única vía aceptada es la apostilla internacional.

Enfatiza, que las AFP están obligadas a cumplir estrictamente la normativa emanada de la Superintendencia de Pensiones, por lo que no pueden aceptar documentos que no cumplan las formalidades exigidas. Además, el Decreto Ley N°3.500 establece que los fondos de pensiones solo pueden destinarse a los fines expresamente previstos por la ley —vejez, invalidez y sobrevivencia—, y las administradoras no pueden otorgar prestaciones o beneficios distintos. Cualquier retiro fuera de esos supuestos requeriría una base legal expresa, como la prevista excepcionalmente en la Ley N°18.156.

Luego, desarrolla los fundamentos normativos del sistema previsional, explicando que la exención de cotizar y el derecho a retiro de fondos para técnicos extranjeros son excepciones sujetas al cumplimiento estricto de los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156 y del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Dichos requisitos son: 1. Poseer título técnico o profesional debidamente legalizado; 2. Estar afiliado a un sistema previsional extranjero que cubra los cuatro riesgos básicos y acreditar dicha afiliación mediante certificación legalizada o apostillada; y 3. Manifestar expresamente en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación.

Sostiene, que no ha habido vulneración del derecho de propiedad, puesto que el sistema previsional chileno asigna un destino específico y legal a los fondos, y el rechazo se fundó en la falta de cumplimiento de la ley. Tampoco se vulnera la igualdad ante la ley, ya que todos los afiliados extranjeros deben acreditar los mismos requisitos de manera uniforme.

Concluye, señalando que no ha existido acto ilegal ni arbitrario, ni afectación de derechos constitucionales, pues su actuar fue ajustado al marco legal y a las instrucciones de la autoridad reguladora. Por tanto, solicita el rechazo total del recurso, con condena en costas.

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por la actora, lo hace consistir en el rechazo de la AFP PROVIDA S.A. respecto de su solicitud de devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley 18.156.

CUARTO: Que, al evacuar su informe la parte recurrida insta por el rechazo del recurso, señalando en lo sustancial que no existe acción u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales invocados. Atendido que el rechazo está correctamente fundado, por no cumplir el recurrente con los requisitos necesarios para proceder a la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley 18.156.

QUINTO: Que, conforme al mérito de los antecedentes, la presente acción cautelar está destinada a resolver situaciones en que los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales afectados estén indubitados, lo que no acontece en el caso propuesto, por cuanto lo reclamado da cuenta del cumplimiento o no de los requisitos legales para acceder al derecho impetrado.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, la presente acción constitucional no es la vía idónea para pronunciarse respecto del conflicto que en autos se presenta, por cuanto lo que se persigue en definitiva es la declaración de un derecho y no la protección de un derecho preexistente e indubitado, como ya se dijo. Tal petición no puede ser resuelta por este medio, por requerir de un pronunciamiento que debe necesariamente ser discutido en un procedimiento declarativo de lato conocimiento.

Así las cosas, la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito es que esta Corte tome medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales determinados, indubitados y ciertos enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

SÉPTIMO: Que, atendido lo razonado precedentemente, el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar, por lo que debe necesariamente ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

ROL N°531-2025 Protección.