nombre reservado CONTRA SECRETARIO GRAL. DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS, DON nombre reservado

Foja: 76 Setenta y Seis Punta Arenas diecisiete de enero de dos mil catorce.

VISTOS:

A fs. 24 y siguientes, comparece don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo el presente recurso en contra de don nombre reservado, Secretario General de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado de esta ciudad, pues debido a su actuar arbitrario e ilegal, fue sancionado con el término de la relación laboral que lo ligaba a dicha Corporación, por la causal del artículo 160 Nº1, letra a) del Código del Trabajo, decisión que se contiene en la resolución interna Nº595 del 12 de noviembre de 2013, confirmada por resolución interna Nº608 del día 20 del mismo mes y año.

A consecuencia de dicho actuar, se han visto vulnerados sus derechos contemplados en el art. 19 Nos 2, 16 y 24 de la Constitución Política del Estado. Solicita en definitiva que se deje sin efecto dicha sanción, con la consiguiente anotación en la hoja de vida del recurrente, se le reincorpore al trabajo en alguno de los establecimientos educacionales dependientes de la Corporación, y se condene en costas a la recurrida.

Fundamenta su recurso en el hecho de haberse llevado un sumario investigativo con la finalidad de determinar la efectividad de haber realizado actos de connotación sexual con ciertas alumnas menores de edad del establecimiento en el que se desempeñaba. Dicho sumario concluyó con la formulación de cargos del recurrente, lo que derivó en su salida del establecimiento, sin embargo, a su juicio, dicha investigación no fue realizada en forma acuciosa, y resulta deficiente y vaga a la luz de las garantías constitucionales invocadas, y la gravedad de los hechos imputados.

Según indica, no se han acreditado los supuestos establecidos en el artículo 72 letra b) del DFL Nº1 de 1996, es decir, la falta de probidad o conducta inmoral que habría tenido, por cuanto ninguna prueba recibida durante el sumario permite determinar su responsabilidad en los hechos que le fueron imputados.

A fs. 53, informa la recurrida a través de su abogada, doña Patricia Jara Rojas, quien solicita el rechazo del recurso interpuesto, con costas, por cuanto según refiere el sumario administrativo fue realizado a cabalidad ciñéndose a las normas correspondientes del debido proceso, escuchándose al docente, recibiéndose las pruebas ofrecidas por él. Indica que los fundamentos del recurso de protección son los mismos que fueran empleados por el recurrente en su defensa administrativa, por lo que resultan insuficientes para fundar un recurso de protección como el que se intenta.

Agrega que además, es improcedente la acción de protección, al contarse con judicatura especializada para la resolución de este tipo de conflictos, como lo es el Juzgado del Trabajo correspondiente.

Finaliza señalando que no se han vulnerado de forma alguna los derechos invocados por el recurrente, y que lo que se pretende en definitiva es criticar el resultado del sumario administrativo, que arrojó suficiente mérito para desvincular al docente de su función.

A fs. 64, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

SEGUNDO: Que en el caso que nos ocupa el acto calificado por el recurrente como fundante de su arbitrio lo hace consistir en que, debido al actuar arbitrario e ilegal del recurrido nombre reservado, fue sancionado con el término de la relación laboral que lo ligaba a la Secretaría General de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y nombre reservado, por la causal del artículo 160 Nº1, letra a) del Código del Trabajo, decisión que se contiene en la resolución interna Nº 595 del 12 de noviembre de 2013, confirmada por resolución interna Nº608 del día 20 del mismo mes y año y que fue producto de una investigación sumarial que no fue realizada en forma acuciosa y resulta deficiente, vaga a la luz de las garantías Constitucionales y la gravedad de los hechos imputados por cuanto ninguna de las pruebas recibidas permite determinar responsabilidad en los hechos imputados. A consecuencia de dicho actuar, se han visto vulnerados sus derechos contemplados en el art. 19 Nos 2, 16 y 24 de la Constitución Política del Estado. Solicita en definitiva que se deje sin efecto dicha sanción, con la consiguiente anotación en la hoja de vida del recurrente, se le reincorpore al trabajo en alguno de los establecimientos educacionales dependientes de la Corporación, y se condene en costas a la recurrida.

TERCERO: Que a fojas 53, informa la recurrida a través de su abogada, doña Patricia Jara Rojas, en los términos que se consignan en lo expositivo de esta sentencia.

CUARTO: Que lo que se pretende es que la resolución interna Nº 595 de 12 de noviembre de 2013, confirmada por la Nº 608 del 20 del mismo mes y año, por medio de la cual fue sancionado el recurrente con el término de la relación laboral que lo ligaba con la Corporación por la causal del artículo 160 Nº 1 letra a) del Código del Trabajo, se deje sin efecto y se reincorpore al recurrente. Que el recurso de protección es una acción de evidente carácter cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario e ilegal, que impida, moleste o amague ese ejercicio, y por ende, atendida su naturaleza y el procedimiento dispuesto para su tramitación, determinan de que ella no constituya la vía idónea para resolver la suficiencia o insuficiencia de las pruebas rendidas en un sumario administrativo con las que se acreditó la causal antes citada, debiendo recurrirse a la vía ordinaria que corresponde al Juzgado de Letras del Trabajo, en donde existe una etapa de discusión y prueba, en la que habrán de discutirse los hechos configurativos de aquélla, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Estatuto Docente, que establece que son aplicables supletoriamente a los profesionales de la educación las normas contenidas en el Código del Trabajo y sus leyes complementarias.

QUINTO: Que a mayor abundamiento la medida adoptada por la autoridad administrativa tiene su fundamento en un sumario administrativo incoado en contra del actor en el cual ha tenido la oportunidad de defenderse y hacer valer sus argumentos, por lo que el actuar del recurrido no puede estimarse ilegal, ya que se funda precisamente en disposiciones legales que lo facultan para actuar de la forma como lo hizo, ni tampoco arbitrario ya que no obedece a un mero capricho del recurrido, sino que por el contrario se basa en todo un procedimiento previo en que se investigó la conducta del recurrente.

SEXTO: Que conforme a lo razonado precedentemente se hace innecesario entrar a hacer una análisis de posibles vulneraciones de Garantías Constitucionales, por lo que se rechazará el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, en su libelo de fs. 24.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y fallo de Recursos de Protección, se declara que SE RECHAZA el presentado por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, en contra de don nombre reservado, Secretario General de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y nombre reservado.

Dése cumplimiento a lo dispuesto el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Señorita San Martín.

Rol Nº 528-2013 PROTECCION DICTADA POR LOS MINISTROS TITULARES DON nombre reservado, DOÑA nombre reservado Y MINISTRO SUPLENTE DON LUIS ALVAREZ VALDES. AUTORIZA DON nombre reservado, SECRETARIO TITULAR.

En Punta Arenas, diecisiete de enero de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.