Protección contra Corporación municipal de Punta Arenas

Punta Arenas, dieciocho de enero de dos mil catorce.

Vistos:

En autos Rol -519-2013 del ingreso de esta Corte de apelaciones, sobre recurso de protección, nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección contra de Fort Da Consultores Limitada, empresa representada por nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado y en contra de la Corporación municipal de Punta Arenas, para la educación, salud y atención al menor, persona jurídica de derecho privado, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado de esta ciudad de Punta Arenas.

El hecho que denuncia como vulneratorio de garantías constitucionales que más adelante señala, son las resoluciones adoptadas por Fort Da Consultores Limitada, dejándolo fuera de dos concursos públicos a los que llamó la Corporación Municipal de Punta Arenas, conforme a las Bases Administrativas, para el cargo de Director de los establecimientos Escuela Bernardo O’Higgins y Liceo Luis Alberto Barrera, a los cuales postuló, pasando en ambos la etapa de admisibilidad, esto es, cursando todos los requisitos de forma.

Las decisiones que reprocha le fueron comunicadas, con fecha 05 de noviembre de 2013, mediante correos electrónicos en los que se le informa que: “su postulación no sigue en curso, habiendo quedado rezagado en la fase de análisis curricular según las bases especificadas. El motivo de esta situación, es que los antecedentes facilitados por la CORMUPA, no se ajustan al perfil entregado para este centro educacional, siendo posible que tenga un resultado satisfactorio para esta etapa en otro establecimiento. Dada esta situación, le recomendamos que ponga atención a otros correos electrónicos que le hagamos llegar.”

Estima arbitrarias e ilegales las resoluciones antes referidas, lo primero por carecer de fundamentación de hecho y de derecho que permitan reconstituir siquiera aproximadamente el razonamiento que se tuvo en cuenta al decidir solo en base a los antecedentes documentales en circunstancias que no se le permitió rendir ninguna entrevista personal o examen psicológico para establecer fehacientemente si cumplía o no con el perfil para el cargo, perfil que en tales condiciones permanece desconocido para el oponente que no puede a ciegas satisfacer ninguna de las exigencias del sostenedor ni de la denominada consultora. Los antecedentes facilitados por la CORMUPA, son los acompañados en su postulación y currículo.

Sobre la ilegalidad de las actuaciones impugnadas, refiere que infringen lo dispuesto en las normas legales que rigen los concursos públicos para proveer el cargo de Director de un establecimiento educacional, que transcribe, de la Ley 19.070, artículo 31 bis, que establece expresamente la composición de la comisión calificadora del concurso, artículo 32, que determina que el perfil profesional del director debe ser definido por el jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación Municipal, según corresponda, y el artículo 32 bis que establece elementos que determinan la naturaleza técnica del proceso de evaluación de los candidatos, disposición que establece que el proceso de evaluación deberá considerar el apoyo de asesorías externas registradas en la Dirección Nacional del Servicio Civil, con la finalidad de preseleccionar los candidatos que serán entrevistados por la comisión calificadora. Empero, según hace ver, en disposición legal alguna se le confieren a estos entes consultivos la facultad de resolver, de seleccionar o de excluir a un oponente a un cargo a director, sólo pueden ser personal de apoyo y asesorar, sin que pueda delegársele facultades que la ley privativamente confiere al sostenedor ni atribuírsele la facultad o potestad de calificar, precalificar y excluir del concurso público a persona alguna.

Respecto de la reglamentación aplicable, hace referencia al Reglamento del Estatuto Docente, cuyo Artículo 89 dispone que aquellos postulantes que sean admitidos en virtud del cumplimiento "de los requisitos formales establecidos en las bases del concurso, verificados por la respectiva Municipalidad o Corporación Municipal, deberán participar en un proceso de preselección que contará con el apoyo de asesorías externas.

“En el caso de los establecimientos educacionales rurales o en aquellos que tengan una matrícula inferior a los 1.200 alumnos, estas asesorías deberán efectuar, al menos, un análisis curricular de adecuación de los candidatos al perfil profesional del cargo. En base a ello, elaborarán un informe fundado que contenga un listado de los candidatos preseleccionados de acuerdo a dicho perfil. A lo menos, a los primeros doce candidatos de dicho listado se les deberá haber efectuado una evaluación psicolaboral. La asesoría externa deberá elaborar listado de preseleccionados con un mínimo de seis y un máximo de doce candidatos, los que serán entrevistados por la Comisión Calificadora de Concursos, a menos que hubiera un número inferior de postulantes que cumpla con los requisitos exigidos. Si dicho número fuera inferior a tres, el concurso deberá ser declarado desierto por el sostenedor, en atención a que el artículo 32 bis del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, exige dicho número mínimo para conformar la nómina que debe presentar la Comisión Calificadora de Concursos al sostenedor.

“El informe mencionado en este artículo, que deberá incluir, al menos, el listado de candidatos preseleccionados, la descripción del análisis curricular efectuado, los resultados de las evaluaciones psicolaborales y en su caso, la evaluación de los factores de mérito, de liderazgo y de las competencias específicas señaladas en el perfil profesional, deberá ser entregado a la Comisión Calificadora de Concursos en un plazo máximo de 40 días hábiles a contar de la fecha en que los antecedentes sean puestos a disposición de la persona o entidad contratada para efectuar la asesoría. Dichas asesorías deberán ser realizadas por personas o entidades registradas en la Dirección Nacional del Servicio Civil. La persona o entidad a contratar deberá ser elegida por el miembro de la comisión calificadora que representa al Consejo de Alta Dirección Pública, creado en la ley N° 19.882.”

Opina que la citada disposición deja de manifiesto que siempre debe existir un informe fundado y una evaluación psicolaboral, los que no han existido en la especie, pues sólo hubo un análisis previo de antecedentes curriculares a pesar del número de oponentes y de la matrícula de los establecimientos, que tienen ambos menos de mil doscientos alumnos.

Objeta a las resoluciones impugnadas no indicar el número de postulantes que pasaron la etapa de admisibilidad, a partir de lo cual le resulta evidente que no se observó ningún requisito legal ni reglamentario, dado que si bien existe una etapa de preselección conforme a las bases y al reglamento, ésta debe concluir en un informe fundado. En todo caso, al menos a los primeros quince candidatos de dicho listado se les debería haber efectuado una evaluación psicolaboral, y una evaluación de los factores de mérito, de liderazgo y de las competencias específicas señaladas en el perfil profesional.

En los hechos, atendida la matrícula del establecimiento y el número de postulantes necesariamente debió habérsele incluido en la etapa siguiente de análisis psicolaboral y evaluación de los factores de mérito, y al no hacerse así se le discriminó injustificadamente, postergándoseme de un modo arbitrario en relación a los demás oponentes.

Por lo expuesto y conforme lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 3 inciso cuarto, y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de Fort Da Consultores Limitada, empresa representada para estos efectos por nombre reservado y de la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la educación, salud y atención al menor, representada por nombre reservado y en definitiva declarar que debe invalidarse este concurso público que le excluye ordenándose retrotraerlo al estado que se le incluya en la etapa de evaluación psicolaboral y de ordenamiento de factores de mérito, dado que atendido el número de oponentes y la matrícula de estos establecimientos le asiste dicho derecho, con expresa declaración que las resoluciones impugnadas son arbitrarias e ilegales, al no contener los fundamentos de hecho y de derecho que exigen la ley y el reglamento con costas.

Acompaña a su libelo la documental que corre de fojas 1 a 2.

A fojas 121 evacuan informe los señores nombre reservado y nombre reservado, representante legal y socia respectivamente de Fort Da Consultores Limitada.

Exponen que siguiendo las normativas de la Dirección Nacional de Servicio Civil (en adelante DNSC) en relación a los concursos materia de autos, tienen por función realizar el análisis curricular y la evaluación psicolaboral, en las instancias de preselección, para la posterior entrevista de candidatos por la Comisión Calificadora de su contratante, Corporación Municipal de Punta Arenas, (en adelante CORPMUPA) Al adjudicarse la consultora recurrida este proceso, adquirieron el carácter de asesores externos, calidad que les obliga de acuerdo a la normativa vigente, planteada en “Lineamientos Operacionales para asesorías externas, proceso de selección” y entregada por la DNSC, a tener tres reuniones con la CORMUPA, realizándose la primera el 24 de octubre de 2013, la que comprendió la entrega del perfil que debiese tener un Director con las particularidades que tiene cada establecimiento, los que calzan con las competencias expuestas en las bases publicitadas por CORMUPA y complementadas con las expectativas del contratante respecto a los énfasis particulares de cada establecimiento; también se le entregaron los antecedentes curriculares de los postulantes, que serían sometidos al análisis curricular.

Destacan que la CORMUPA, les solicitó que hicieran llegar a cada postulante correos electrónicos, informando si su postulación seguía o no en curso tras dicha evaluación, mencionándoseles su continuidad o no para el paso evaluación psicolaboral, todo esto con el fin de evitar situaciones ocurridas en el pasado en que los postulante pedían información, que la Corporación, como contratante, no podía entregar, y que comprende el trabajo de los asesores externos. La consultora recurrida acogió la petición.

Luego con fecha 11 de noviembre pasado entregaron los resultados del análisis curricular, en la que explican entre otros temas, que la calificación superior a 5,0 (de una escala de 1,0 a 7,0) se considera idóneo para continuar con el proceso de preselección; además, el Sr. nombre reservado expuso un e-mail en que un postulante hace ver lo inapropiado de su correo electrónico, señalando que sería arbitrario, pues la consultora no tendría facultades para excluir a ningún postulante, basándose en los artículos 32 y 32 bis de la ley 19.070, ante lo cual ellos invocaron lo extemporáneo del tal planteamiento, ya que atendido el tiempo en que estaban, tales dudas legales ya debían estar resueltas por la Comisión Calificadora, antes de ser llamados como asesores externos. Por lo anterior se consideró enviar la inquietud al Dpto. Jurídico de la DNSC, quien respondió señalando lo inapropiado de la queja del postulante y les dio la facultad de continuar con el proceso, de modo que iniciaron las entrevistas de evaluación psicolaboral. Luego, con fecha 23 de noviembre de 2013, toman conocimiento del presente recurso y de la orden de no innovar que debieron acatar.

Refiriéndose derechamente al recurso interpuesto, manifiestan que su accionar no interfiere con la composición de la comisión calificadora como se indica en el Art. 31 de la Ley 19.070, ya que fueron llamados después que ésta se conformara; tampoco adicionaron algún elemento en la descripción de los perfiles de cargo para cada establecimiento educacional en concurso, siendo ello función exclusiva del Jefe de Dpto. de Administración de Educación Municipal o de la Cormupa, con apoyo de la señalada comisión, como lo indica el Art. 32.

En cuanto al Art. 32 bis, expresan que su labor debiese permitir que la Comisión Calificadora, realice las entrevistas a las ternas o quinas para seleccionar quien cumplirá el cargo de director, entendiéndose que la Comisión solo se reunirá con quienes son preseleccionados tras la evaluación a cargo de la consultora. Si no tuvieran la posibilidad de excluir a quienes no cumplan con los criterios, implicaría que la comisión tendría que entrevistar a todos los postulantes, sirviendo la gestión de su representada sólo para calificarlos, obviando el objetivo del proceso donde se requiere de asesorías externas como las estipuladas en las bases del concurso.

Hacen presente que el actor invoca una ley modificada por la Ley 20.501, que introduce modificaciones a la Ley N° 19.070. Cita las modificaciones hechas al Art. 32, para luego expresar que de allí se asume que respecto al tema del perfil solicitado, los postulantes tienen acceso a estas materias en las bases de los concurso, indistintamente que los solicitantes tengan acentos específicos que conversar con las asesoras externas, según se expone en el reglamento antes citado, que guía a las consultoras como la recurrida. Agregan que en la ley queda claro, que es la comisión calificadora la que designa los puntos a considerar en el perfil del cargo, correspondiendo a la asesoría externa preseleccionar los candidatos, lo cual está estipulado en el punto “1. Primera reunión: lineamientos a asesoras externas” del mencionado reglamento, el que transcribe.

Respecto al Art. 32 bis de la ley en comento, indican que en ninguna parte de la norma aparece impedimento para excluir a un postulante, sino que señala que su labor tiene por finalidad preseleccionar candidatos.

Cita y detalla aspectos del Decreto 215/2011 del Ministerio de Educación, que modifica el Decreto 453 de 1991, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.070, Estatuto de Profesionales de la educación, cuerpo normativo que en síntesis insta a la creación de un reglamento que determine los requisitos y tareas de las asesoras, el cual está dado por el instrumento “Lineamientos Operacionales para asesorías externas, proceso de selección”, haciendo especial hincapié en su punto 2.1 Análisis Curricular, párrafos primero, segundo y tercero.

A continuación, señalan que el contacto que enviaron para dar cuenta de la continuidad del actor en el proceso, no tenía por fin recabar nueva información ni aclarar la presentada, solo respondió a una petición efectuada por la CORMUPA; además, el análisis curricular comprende el estudio de los documentos entregados por esta última, sin que se considere la opción de entrevistas o entrega de ponderaciones a los postulantes, ya que tal privilegio corresponde al contratante (CORMUPA). Pasan a la evaluación psicolaboral las personas consideradas aceptables, las no aceptables son excluidas, situación que el recurrente coloca como incompatible con el Art. 32 bis, lo cual no es así y refirman que es labor de la asesora externa realizar una preselección, filtrando a los mejores candidatos.

En cuanto a la acusación que se les imputa, de haber resuelto excluir a una persona, exponen que ellos no resuelven nada en rigor, porque ello implica seleccionar y terminar el concurso con el postulante que ocupará el cargo.

Concuerdan en la aplicación del Art. 89 del Estatuto Docente, pero recalcan que aún no llegan a la etapa de evaluación psicolaboral, pues recién están realizando las entrevistas y no saben quiénes serán preseleccionados para pensarse o no en un concurso desierto. Al parecer el actor considera los dos pasos de la preselección como si fueran uno solo.

En cuanto al reproche por no haber entregado un informe fundado y que no se le efectuó al recurrente una evaluación psicolaboral, rebaten que en la etapa de análisis curricular donde se consideró que sus antecedentes escritos no cumplían con los requerimientos del perfil del cargo, no se consulta una entrevista psicolaboral pues no pueden tener mayos contacto con los postulantes durante la fase en la que el actor quedó excluido así como tampoco corresponde la entrega de informes.

En definitiva solicitan, en primer lugar el rechazo del recurso de protección y se levante la orden de no innovar; en segundo lugar, alegando que si no se consideran sus fundamentos, basados en el espíritu de la Ley 20.501 y los lineamientos planteados por la Alta Dirección Pública, se frena un poco el proceso que busca mejorar la calidad y la transparencia en la selección de profesionales tan sensibles a la sociedad, como son los directores de establecimientos educacionales públicos, con el efecto de un costo económico para la consultora y el retraso de los programas educativos específicos para los establecimientos a que el Sr. nombre reservado, estuvo postulando y a los otros que comparten este concurso, lo que podría significar un deterioro importante en temas de gestión educacional, impactando fuertemente la calidad de la educación entregada; además, de incluirse al recurrente en la etapa de entrevista psicolaboral, existe la posibilidad que no salga bien evaluado y cuestione la labor de sus profesionales con el antecedente de una supuesta animadversión de parte de la consultora por este recurso judicial por todo lo cual piden no se les exija incluirlo en dicha etapa. Por último solicitan se acoja el Anexo 5 como respuesta a la solicitud del último párrafo del oficio N° 4501 de esta Corte.

A fojas 176 evacua informe doña nombre reservado, abogada, por la recurrida Corporación Municipal de Punta Arenas, para la educación, salud y atención al menor, En cuanto a los hechos, expresa que su representada llamó a concurso público a fin de proveer el cargo de Director de diversos establecimientos educacionales de la comuna, entre ellos, el Liceo Luis Alberto Barrera y el colegio Capitán General Bernardo O'Higgins, a los cuales postuló el recurrente; que a través de la página web de la CORMUPA, se publicitaron las bases por cada uno de los establecimientos educacionales, donde se señala claramente el marco normativo y los requisitos de postulación, elementos y características a ponderar; la descripción paso a paso del concurso, la calendarización del proceso y las etapas del mismo (páginas 21 y 22 de las bases), señalándose en la página 19 de las bases, la calendarización del proceso (punto 7.4), expresándose las etapas, fechas de las mismas y los responsables de estas actividades, señalándose en ello "Empresa Consultora”.

Alega que para efectos del Art. 32 bis de la Ley 19.070, que indica que la selección de candidatos para ocupar el cargo de Director de Establecimiento Educacional es un proceso técnico en el cual se debe contar con asesoría externa, se suscribió un contrato de prestación de servicios entre su representada y Fort Da Consultores Limitada, con fecha 24 de octubre de 2013, el cual en su cláusula segunda "Alcances del servicio contratado", expresa que la empresa consultora "... debe llevar a cabo dos fases diferenciadas y secuenciales del proceso, como lo son la de análisis curricular y evaluación psicolaboral. Estas constituyen filtros sucesivos de la evaluación de candidatos/as que permitirán a aquellos que se ajustan en mayor medida al perfil de selección...", para luego señalar las acciones que debe realizar la empresa de asesoría externa.

En cumplimiento del cronograma de actividades y de las atribuciones entregadas a la consultora, con fecha 11 de noviembre de 2013, se entregó la nómina de candidatos que pasaban a la etapa de evaluación psicolaboral, previa preselección curricular practicada por la consultora, tal como se expresa en las bases de concurso de Directores.

En cuanto al derecho, explica que el marco regulatorio de este concurso público para escoger a los Directores de los establecimientos educacionales de la comuna, está dado por las Bases para Concurso de Director, en este caso de los dos establecimientos a que postuló el actor, la Ley 19.070 Estatuto de los Profesionales de la Educación y el Decreto N° 453 de 1991 que aprueba reglamento de la Ley N° 19.070.

Así, el Art. 32 bis de la Ley 19.070 señala: "La selección será un proceso técnico de evaluación de los candidatos que incluirá, entre otros aspectos, la verificación de los requisitos solicitados en el perfil definido en el artículo anterior, entrevistas a los candidatos y la evaluación de los factores de mérito, de liderazgo y de las competencias específicas, cuya ponderación será determinada por cada sostenedor. El proceso de evaluación deberá considerar el apoyo de asesorías externas registradas en la Dirección Nacional del Servicio Civil, con la finalidad de preseleccionar los candidatos que serán entrevistados por la comisión calificadora. Estas asesorías deberán ser elegidas por el miembro de la comisión calificadora del Consejo de Alta Dirección Pública, creado en la ley N° 19.882, o su representante y podrán ser financiadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 3o de la Ley de Calidad y Equidad de la Educación.

“Con posterioridad, la comisión calificadora deberá entrevistar a cada uno de los candidatos preseleccionados, proceso para el cual podrá contar con apoyo externo. Luego de ello, la comisión calificadora deberá presentar un informe con la nómina de los postulantes seleccionados. Dicha nómina contará con un mínimo de tres y un máximo de cinco candidatos, los que serán presentados al sostenedor quien podrá nombrar a cualquiera de ¡ellos o declarar, previa resolución fundada-, desierto el proceso de selección, caso en el cual se realizará un nuevo concurso.

“En aquellas comunas que tengan menos de diez mil habitantes el número de integrantes de la nómina podrá contener dos candidatos si no hubiera más postulantes que cumplan con los requisitos.

“Un reglamento determinará los requisitos y las tareas que deberá cumplir la asesoría externa en el proceso de preselección, considerando la matrícula, la ruralidad y otras características del establecimiento educacional respectivo".

Por su parte el Decreto N° 453 complementando la citada norma, señala en su Art. 89 inciso primero: "Aquellos postulantes que sean admitidos en virtud del cumplimiento de los requisitos formales establecidos en las bases del concurso, verificados por la respectiva Municipalidad o Corporación Municipal, deberán participar en un proceso de preselección que contará con el apoyo de asesorías externas". Por tanto, esta disposición señala las acciones mínimas que debe ejecutar la asesoría externa según el número de alumnos en directa relación con el número de candidatos a seleccionar.

A mayor abundamiento, agrega, para estos procesos de selección, el Servicio Civil, ha redactado lineamientos operacionales para asesorías externas en procesos de preselección, en los cuales se establecen manuales, tal como acompañó la recurrida Fort Da Consultores Ltda.

También alega la improcedencia del recurso de protección, pues no se vislumbra que la determinación adoptada sea un acto ilegal, esto es contrario a la ley, según el concepto contenido en el Art. 1o del Código Civil o que se trate de un acto arbitrario, producto del mero capricho de quien lo comete.

A su criterio, de acuerdo a las normas referidas y al contenido de las Bases de Postulación y del Contrato de Prestación de Servicios, queda claro que la labor de la asesoría externa efectuada por la consultora Font Da Ltda., es de carácter técnico, mediante la cual se efectúa una selección de los postulantes a través del análisis curricular, referido a los antecedentes acompañados por ellos, selección que se efectúa respecto de aquellos candidatos que cumplen con el perfil que requiere el sostenedor, selección que, contrario a la opinión del recurrente, no dice relación con la simple confección de un listado o "ranking" de los postulantes; es más, ninguna de las normas legales, reglamentarias ni en las Bases de postulación, hacen referencia a la obligatoriedad de notificación o no a los candidatos en lo referente a dar aviso a estos si continúan o no en el concurso; por lo anterior se tomó la determinación consensuada entre CORMUPA y la Consultora en cuanto a poner en conocimiento el estado de la postulaciones. Es claro que la Asesora Externa, efectúa una selección de los candidatos, de los cuales no todos pasarán a la etapa de evaluación psicolaboral, lo anterior de acuerdo a lo señalado en los artículos 89 y 89 bis del Decreto N° 453 del Ministerio de Educación.- En cuanto a la supuesta falta de fundamento de la decisión de la Consultora, el tenor de la misma señala: "El motivo de esta situación, es que los antecedentes facilitados por la Cormupa, no se ajustan al perfil entregado para este centro educacional..." es decir, según las propias Bases de postulación, él recurrente no reunía, los requisitos para continuar.

Así las cosas, entiende que no existe un actuar caprichoso y/o ilegal en la determinación adoptada, máxime si se considera que en el ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias ya señaladas.

En relación a los derechos supuestamente vulnerados, destaca que el actor no desarrolle lo que a su parecer, en este punto, impide efectuar una adecuada defensa. Sin embargo, hace presente que el Art. 19 N° 3 inciso cuarto de la CPR, no dice relación con los hechos expuestos en el recurso de protección; respecto del Art. 19 N° 2 de la CPR, no se sabe si el recurrente se refiere a una situación de esclavitud o de diferencias arbitraria, y en que consistirían estas últimas, por lo anterior, ante la falta de fundamento legal o mejor dicho, la inconsistencia del mismo con los hechos señalados, no procede entonces acoger el presente recurso de protección, por lo que solicita tener por evacuado el traslado, y en definitiva rechazar el recurso de protección intentado, con expresa condena en costas.

A fojas 187 se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección.

Segundo: que el hecho que motiva el presente recurso lo hace consistir el recurrente en que habiendo postulado conforme a las bases de los concursos respectivos a los cargos de Director de los establecimientos educacionales, Escuela Bernardo O’Higgins y Liceo Luis Alberto Barrera, cuyo sostenedor es la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, pasando en ambos concursos la etapa de admisibilidad, con fecha 05 de noviembre del año 2013 recibió dos correos electrónicos de la asesora externa Fort Da Consultores Limitada, en los que se le informa que: “su postulación no sigue en curso, habiendo quedado rezagado en la fase de análisis curricular según las bases especificadas. El motivo de esta situación, es que los antecedentes facilitados por la CORMUPA, no se ajustan al perfil entregado para este centro educacional, siendo posible que tenga un resultado satisfactorio para esta etapa en otro establecimiento. Dada esta situación, le recomendamos que ponga atención a otros correos electrónicos que le hagamos llegar.”

Califica dichas resoluciones de arbitrarias e ilegales, pues carecen de fundamentos de hecho y de derecho y contravienen la normativa que rige los concursos materia del recursos, citando como disposiciones infringidas los artículos 31, 32 y 32 bis de la Ley 19.070, situación que a su juicio conculca sus garantías constitucionales consagradas en los numerales N° 2 y 3 inciso cuarto del Art. 19 de la Constitución Política de la República.

Tercero: que son hechos no discutidos en el recurso:

1. La comunicación remitida al recurrente con fecha 5 de noviembre del año 2013 contiene el resultado del análisis curricular del mismo, efectuado por la empresa consultora recurrida.

2. Este análisis lo efectuó la consultora, sobre la base del perfil del cargo de Director entregado por CORMUPA el 24 de octubre de 2013.

3. Estas acciones formaron parte de la preselección de candidatos a los cargos de Directores, efectuada por la consultora.

4. La preselección de candidatos es una fase del concurso respectivo.

Cuarto: que, además, entre los antecedentes consta que, en la comunicación en referencia, la consultora se presenta como “empresa a cargo del proceso de selección de director…” refrendando con ello el rol decisorio con que procedió.

Quinto: que consta en la descripción de las etapas del proceso de concurso, según las Bases, párrafo 13, letra b) Análisis curricular, que “Corresponde al análisis de la experiencia relevante del postulante y otros antecedentes relativos al perfil solicitado. La consultora dispondrá de 10 días hábiles como máximo para evaluar curricularmente a todos los postulantes al cargo y ordenarlos en virtud de su puntaje para la siguiente etapa.”

Debemos resaltar que las competencias que le corresponden a la consultora vienen determinadas por los verbos evaluar y ordenar a los candidatos según puntaje. Ninguna atribución en orden a alguna prerrogativa en el ámbito de la toma de decisiones, puede derivar de tanta claridad en la estipulación de las bases, reiterado con detalle cuando se describe esta intervención en el capítulo II Proceso de selección de directores de establecimientos municipales, donde se prescribe que la fase de análisis curricular termina con un ranking y no con una decisión de la empresa asesora externa de eliminación de participantes.

Así mismo, tampoco puede interpretarse el cuadro de calendarización del proceso -que versa sobre una cuestión de plazos de las etapas dentro de las cuales cada interviniente debe cumplir su función, acotadas con mayor exactitud- que su responsabilidad en la práctica de la preselección curricular, le atribuya esa clase de participación en el proceso.

De todo lo cual deriva el hecho que las bases no otorgan a la consultora facultades decisorias.

Sexto: que el Decreto con fuerza de ley 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el Estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican, del Ministerio de educación, versión de 01/05/ 2011, dispone en su artículo 27:

“La incorporación a una dotación docente en calidad de titular se hará por concurso público de antecedentes, el que será convocado por el Departamento de Administración de la Educación o por la Corporación Educacional respectiva. Dichos concursos deberán ajustarse a las normas de esta ley y su reglamento.”

La norma citada por las partes, artículo 31 bis, en sus primeras oraciones dispone: “Establécese el siguiente mecanismo de selección directiva para proveer las vacantes de los cargos de director de establecimientos educaciones:

“Existirá una comisión calificadora integrada por el Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal…”

El artículo 32 bis, también invocado por las partes, estipula en lo pertinente:

“La selección será un proceso técnico de evaluación de los candidatos que incluirá, entre otros actos, la verificación de los requisitos solicitados en el perfil definido en el artículo anterior, entrevistas a los candidatos y la evaluación de los factores de mérito, de liderazgo y de las competencias específicas, cuya ponderación será determinada por cada sostenedor.

“El proceso de evaluación deberá considerar el apoyo de asesorías externas registradas en la Dirección Nacional del Servicio Civil, con la finalidad de preseleccionar los candidatos que serán entrevistados por la comisión calificadora….”

Séptimo: que, de acuerdo a su naturaleza, la asesoría es una actividad que culmina en la entrega de opiniones, sugerencias, consejos que aportan elementos para sustentar la toma de decisiones por parte de los asesorados o como explicita la ley, en este caso, apoyo.

En la especie, la ley ha reservado a una entidad altamente calificada, la Comisión Calificadora, la selección directiva para proveer los cargos de Director de que se trata. Y ha asegurado un procedimiento de alto estándar para ejercer esta función, entregando pautas sobre los actos de mayor trascendencia en el proceso, como la verificación de los requisitos solicitados en el perfil definido por el Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación Municipal, según corresponda (de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32)

El proceso del concurso, requiere decisiones a través de todo su curso y las de las etapas iniciales tienen el efecto serio de excluir candidatos, por lo cual, no solamente interesan las decisiones finales.

De esta manera, resulta claro que el apoyo de asesorías externas en la fase de preselección no puede asumir la función decisoria de eliminación de candidatos que a su parecer no cumplan con el perfil, debiendo naturalmente, limitarse a informar a la Comisión Calificadora, a quien le corresponde tal definición, su opinión o sugerencia respecto a si los antecedentes ponderados de cada candidato, se ajustan o no al perfilamiento pauteado.

Octavo: que, al decidir por sí misma, la Consultora ha incurrido en un acto ilegal, consistente en ejercer una función para la cual no está facultada, excediendo las que le eran propias, existiendo norma expresa que determina clara y precisamente un órgano al que le corresponde.

Es arbitrario, porque no dio a conocer los fundamentos de su conclusión, ni algún antecedente que permita entender racionalmente, en qué consistiría la diferencia en los antecedentes profesionales del candidato que no permiten considerarlo en el encuadre predefinido.

En el recurso, no se ha logrado establecer que en los referidos actos haya tenido participación la Corporación Municipal.

Noveno: que, excluyendo de un proceso público, anticipadamente, por si, sin facultades para ello, al recurrente quien tenía derecho a recibir el trato objetivamente predeterminado en la ley, ha infringido la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución política de la República.

Fundamentos por los cuales y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se acoge el recurso de protección ya indicado sólo en cuanto se dispone, que en lo que respecte al recurrente, se anula la preselección efectuada por la Consultora recurrida, se deja sin efecto la comunicación de fecha 5 de noviembre de 2013, debiendo retrotraerse el proceso al estado que la Comisión Calificadora verifique su adecuación a los requisitos solicitados en el perfil definido y proceder como en derecho corresponde.

Y se rechaza respecto a la Corporación municipal de Punta Arenas, para la educación, salud y atención al menor.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Sra. Pinto.

Ofíciese a la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, salud y atención al menor, con el objetivo de arbitrar las medidas pertinentes para el cumplimiento del fallo.

Rol N° 519-2013. Recurso de protección.