nombre reservado CONTRA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

nombre reservado, catorce de agosto del año dos mil quince.

VISTOS y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a fojas 27, comparece el abogado don Javier Lagos Troncoso, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección a favor de don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, en su calidad de Secretaria General de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor.

Expresa el recurrente que mediante Resolución Nº 683 de la Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención al Menor de nombre reservado, de fecha 27 de octubre 2014, se inició un sumario administrativo en contra del docente señor nombre reservado. Luego, con fecha 01 de diciembre de 2014 el señor Fiscal del sumario formula cargos en contra del referido docente y decreta la medida de separación de funciones y el día 17 del mismo mes y año el señor nombre reservado presenta los descargos respectivos.

Reclama que el sumario dirigido en contra del señor nombre reservado se ha extendió latamente en el tiempo, utilizando la recurrida una serie de maniobras tendientes a dilatar injustificada y arbitrariamente la resolución final del sumario y manteniendo las medidas previas disciplinarias en contra del docente más allá del plazo establecido en la ley.

Refiere que el día 26 de marzo del presente año, el entonces Fiscal del sumario, dictó la respectiva VISTA AL FISCAL, resolución en la cual propone a la Secretaria General la absolución del docente señor nombre reservado de los cargos formulados en su contra. Además, recomienda reintegrar en sus funciones al docente.

Indica que en atención a lo antes expuesto, su parte solicita que se resuelva derechamente el sumario administrativo, como asimismo, se deje sin efecto la medida de separación de funciones del docente. No obstante ello, con fecha 06 de mayo de 2015, es decir, transcurrido más de un mes de la Vista Fiscal, la recurrida dicta la Resolución Nº 300, en virtud de la cual ordena la realización de una serie de nuevas diligencias. Frente a dicha resolución, con fecha 13 de mayo, su parte interpone recurso de reposición solicitando se deje sin efecto la medida de separación de funciones del docente, cuestionando las nuevas diligencias y solicitando que el sumario se resolviera derechamente. Asimismo, hizo presente que no se establecía fecha para la realización de las nuevas diligencias, conforme lo exige el inciso segundo del artículo 138 de la Ley 18.883. Mediante Resolución Nº 318, de fecha 18 de mayo de 2015, se acoge el recurso de reposición interpuesto, pero sólo en cuanto a establecer un plazo para la realización de las diligencias, fijándose el día 29 de mayo de 2015.

SEGUNDO: Que, enseguida añade que llegado el plazo establecido para la práctica de las diligencias ordenadas, esto es, el 29 de mayo de 2015, el señor Fiscal del sumario no realizó ninguna de ellas. Es así que, con posterioridad, al menos en dos ocasiones se le solicitó al señor Fiscal y a la Secretaria General de Corporación Municipal de Punta Arenas, resolver sin más trámite el sumario administrativo.

Expone que con fecha 07 de julio de 2015, la recurrida dicta la Resolución Nº 03/401 que se impugna mediante el presente recurso, la cual es del siguiente tenor: “1º Que, por razones de fuerza mayor, esto es, la renuncia de los asesores jurídicos del área de Salud de esta Corporación Municipal y el área de Educación, quienes desempeñaban las funciones de fiscal del presente sumario se ha designado, a don nombre reservado Vidal Ojeda como nuevo fiscal en autos. 2º Asimismo, de acuerdo a las presentaciones realizadas por el abogado del sumariado don nombre reservado, solicitando la dictación de sentencia sin más trámite de fecha 30 de junio, se ha resuelto que en razón de condecirse lo obrado en el sumario, con la proposición del fiscal del mismo, decretar nuevas diligencias, que sin perjuicio de no haberse realizado las mismas, esta Secretaria General, solicita a través de esta resolución nuevas diligencias a fin de darle término a este sumario y emitir la correspondiente resolución. 3º Que, según lo expuesto en los puntos 1 y 2 de esta presentación y lo dispuesto en el artículo 138 de la ley Nº 18.883 Decreto Supremo 453 Reglamento Estatuto Docente y ley 19.070.”

TERCERO: Que, posteriormente expresa que se ordena en la resolución en comento la realización de diligencias, las que no constituyen nuevas diligencias, más bien son las mismas que previamente se habían decretado y que no se ejecutaron antes del plazo establecido.

De esta forma, manifiesta, el recurso de protección se intenta en contra de la citada Resolución Nº 03/401, en virtud de la cual recurrida rechazó la solicitud de resolver sin más trámite el sumario administrativo dirigido en contra del docente a favor del cual se recurre; reiterando las diligencias que ya previamente había ordenado y que no fueron ejecutadas dentro del plazo establecido conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 18.883; ordenando además mantener la medida de separación de funciones del docente inculpado.

Sostiene que la resolución que se impugna ordena la realización de nuevas diligencias, como erradamente las denomina, utilizando la expresión “nuevas” para intentar buscar asilo en el inciso segundo del artículo 138 de la Ley 18.883. En efecto, para que se pueda utilizar dicha facultad, se debe tratar efectivamente de “nuevas diligencias” y, en la especie, nos encontramos ante las mismas diligencias ordenadas en la Resolución Nº 300, de fecha 06 de mayo de 2015, y que no fueron ejecutadas oportunamente, esto es, antes del 29 de mayo de 2015. Además la resolución ordena diligencias, pero nuevamente no señala un plazo para su realización conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 18.883.

De esta manera, afirma, la ilegalidad de la resolución recurrida salta a la vista, desde que la realización de estas diligencias ya había sido ordenada en una resolución previa, y la misma recurrida no cumplió con el plazo señalado por ella misma, por ende, la facultad establecida en el artículo 139 ya precluyó, por haberse ejercido y haber vencido su plazo, siendo igualmente arbitraria la medida, desde que la recurrida intenta fundar su inactividad en hechos que no son efectivos.

CUARTO: Que, asimismo refiere que la resolución recurrida resulta del todo ilegal y arbitraria al mantener la medida de separación de funciones del docente sumariado, por cuanto en la Vista Fiscal se propone la absolución, como asimismo, dejar sin efecto la medida de separación. En este sentido, explica que conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 134 de la Ley 18.883, existen dos instancias en que una medida de separación de funciones ordenadas por el Fiscal, conforme a la facultad dispuesta en el inciso primero, puede terminar. Una de ellas, al dictarse el sobreseimiento, y la otra, al emitirse el respectivo informe de Fiscal. Así, la única hipótesis en que al dictarse el informe del Fiscal la medida de separación de funciones pueda cesar, es efectivamente ante la eventualidad que en el informe se proponga la absolución del inculpado, situación que corresponde al docente inculpado.

De este modo, dice, igualmente queda en evidencia que la decisión de la recurrida de mantener la decisión de separación de funciones del docente, resulta ilegal al infraccionar expresamente lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley 18.883, como asimismo, resulta arbitraria, por cuanto no expresa los fundamentos de su decisión de mantener la referida medida, pese a que el informe del Fiscal propone derechamente la absolución del inculpado.

QUINTO: Que, asevera el recurrente que los hechos expuestos constituyen vulneración de las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1, 2 y 24 en relación al numeral 3, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En efecto, añade, que esta situación ha provocado un daño psicológico y emocional en el docente, toda vez que durante un espacio de 9 meses ha debido de estar alejado de sus funciones, extendiéndose esta medida más allá de lo razonable y permitido, conforme a lo dispuesto en los artículos 134 y 138 de la Ley 18.883, circunstancia que unida la decisión de mantener la medida de separación de funciones del docente, existiendo un informe del Fiscal que propone la absolución e incluso dejar sin efecto la separación, constituyen medidas que carecen de un fundamento racional justo, afectando también derechamente el derecho a la igualdad. Asimismo, la resolución que se impugna afecta el derecho al debido proceso, por ser arbitraria e ilegal, por cuanto carece de fundamentos legales que la justifiquen y constituye una diferencia arbitraria estableciendo derechamente un trato discriminatorio, desprendiéndose además que la recurrida con sus actuaciones se estaba transformando en una comisión especial.

En razón de lo expuesto, concluye solicitando se acoja el presente recurso de protección, con costas, y se ordene a la recurrida: a) Resolver el Sumario Administrativo dentro del plazo de 5 días, con los antecedentes existentes al 29 de mayo de 2015, que corresponde al plazo que la misma recurrida fijó conforme a lo establecido en el artículo 138 de la Ley 18.883; b) Que conforme a la Vista Fiscal, y sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva, restituya en sus funciones al docente nombre reservado, teniendo para ello en consideración, la Vista Fiscal en virtud de la cual se propuso la absolución del docente inculpada, conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Ley 18.883 ; c) Se adopten las medidas que considere necesarias para reestablecer el imperio del derecho.

SEXTO: Que, la recurrida evacuando su informe a fojas 45 y siguientes y refirió que efectivamente con fecha 29 de octubre de 2014 se inicia sumario administrativo en contra del docente señor nombre reservado, aceptando el cargo el Fiscal don Luis Monsalve Caihuan como la actuaria doña nombre reservado. Luego, con fecha 26 de noviembre de 2014 se cierra el sumario en cuestión, agotándose la investigación, declarándose cerrada dicha etapa del proceso y asimismo, con fecha 03 de diciembre, se remiten los antecedentes al Ministerio Público, ya que los hechos denunciados pudieran importar la comisión de un delito.

Agrega que el día 17 de diciembre de 2014, el recurrente evacúa un informe de descargos y el día 26 de marzo de 2015, se dicta la Vista Fiscal, concluyendo el funcionario que en su apreciación de la prueba, al recurrente debía absolvérsele y reintegrarlo a sus funciones, pese a la formulación de cargos.

Con posterioridad a ello, el apoderado del recurrente, solicita se resuelva el sumario administrativo. Frente a dicha presentación, mediante Resolución Nº 300, se señala que de acuerdo a los antecedentes que obran en el sumario administrativo no se condice lo obrado en dicho proceso con lo resuelto por el Fiscal, y, por tanto, se decretan nuevas diligencias con el objeto de ilustrar y complementar a su parte a fin de resolver de mejor manera el sumario. A raíz de dicha resolución, el recurrente interpone recurso de reposición, presentación que fue resuelta con fecha 18 de mayo de 2015, a través de la Resolución Nº 318, decidiéndose en cuanto a la medida de suspensión de funciones que según lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley 18.883 ésta se podrá decretar en cualquier estado del sumario como medida preventiva; asimismo, en cuanto a las diligencias decretadas, según lo previsto en el artículo 138 de la Ley 18.883, el Alcalde puede decretar nuevas diligencias de las cuales pueden resultar nuevos cargos, por tanto, se mantiene la medida de suspensión de funciones y se accede a fijar un plazo para la realización de diligencias para el día 29 de mayo de 2015.

Indica que con fecha 28 de junio (sic) el abogado del recurrente nuevamente solicita se dicte sentencia sin más trámite. A través de Resolución de 24 de junio (sic) se indica que por razón de que el abogado del área de salud don Luis Monsalve Caihuan se encontraba haciendo uso de su feriado legal, se designó como Fiscal Ad-Hoc al asesor jurídico de la administración central don nombre reservado. Con fecha 16 de junio don nombre reservado presenta su renuncia y, a su vez, el 22 de junio, también presenta su renuncia don nombre reservado, nombrándose a don nombre reservado Vidal Ojeda como Fiscal de sumario. A la fecha de decretar las nuevas diligencias, el Fiscal Ad-Hoc se encontraba haciendo uso de licencia médica por un lapso de diez días, por tanto, al momento de volver a sus funciones, contaba con un plazo reducido para realizar las diligencias planteadas, y de acuerdo a las renuncias presentadas se ha hecho imposible la práctica de las diligencias ordenadas.

SÉPTIMO: Que, la recurrida también expresa que con fecha 30 de junio nuevamente el apoderado del docente solicita se dicte sentencia, resolviendo el Fiscal señor Vidal Ojeda decretar una serie de nuevas diligencias y mantener la medida de suspensión de funciones del docente sumariado.

Hace presente que las diligencias decretadas se están llevando a cabo por el nuevo Fiscal para no dilatar más el presente proceso, el cual si bien se ha visto la imposibilidad de ponerle término, no ha sido voluntad de su parte de mantener al docente involucrado en los hechos materia del sumario fuera de sus funciones por este lapso de tiempo, sino que se ha debido a elementos de fuerza mayor el no lograr darle término.

Por último refiere que los plazos señalados en la Ley Nº 18.883 no tienen el carácter de fatales, invocando jurisprudencia en apoyo de su tesis. (Rit T-24-2014 del Juzgado de Letras del Trabajo de nombre reservado y Rol Nº 9-2014 de la Iltma. Corte de Apelaciones de nombre reservado.)

OCTAVO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio y tampoco se persigue a través de su interposición establecer la responsabilidad civil, penal o administrativa del ofensor.

NOVENO: Que, acto arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes-protegidas; es aquello producto del mero capricho de quien incurre en él (Corte Suprema Rol N° 764/2011); es la no existencia de razones que justifiquen una actuación (Corte Suprema 4734/2003) o voluntad no gobernada por la razón (Corte Apelaciones de Santiago 1249/1994): Vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos (Corte de Apelaciones de Santiago 50/2004), o bien, acciones u omisiones que “pugnan con la lógica y la recta razón contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por los principios de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad (Corte de Apelaciones de Coyhaique 37/2000).

DÉCIMO: Que, acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos). Antijurídica. Contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil (Corte Suprema Rol N° 764/2011) y la privación es despojo o desconocimiento del derecho, la perturbación es dificultad o límites no aceptables para su ejercicio y amenaza la representación cierta que el derecho será privado o perturbado.

UNDÉCIMO: Que, el inciso 2° del artículo 134 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales Ley N° 18.883 prescribe que:” En caso de que el fiscal proponga en su dictamen la medida de destitución, podrá decretar que se mantenga la suspensión preventiva o la destinación transitoria, las que cesarán automáticamente si la resolución recaída en el sumario, o en el recurso de reposición que se interponga conforme al artículo 139, absuelve al inculpado o le aplica una medida disciplinaria distinta de la destitución. Cuando la medida prorrogada sea la suspensión preventiva, el inculpado quedará privado del cincuenta por ciento de sus remuneraciones, que tendrá derecho a percibir retroactivamente si en definitiva fuere absuelto o se le aplicara una sanción inferior a la destitución”, de donde se infiere que en el evento que el sustanciador del sumario administrativo proponga en su informe la absolución del investigado, cuyo es el caso, debe proceder a dejarse sin efecto la separación de sus funciones, ello conforme obra de la Vista Fiscal de 26 de marzo del año en curso, de fojas seis y siguientes, en especial a fojas 14 en donde, en virtud de lo dictaminado por la Contraloría General de la República N°12.060 del 17 de febrero del año 2014 concluye que se propone al señor Secretario General o Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de Punta Arenas, al absolución del docente señor nombre reservado de los cargos formulados en su contra.

DUODÉCIMO: Que, por otro lado, el artículo 138 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales Ley N° 18.883 refiere que:”Emitido el dictamen, el fiscal elevará los antecedentes del sumario al alcalde, quien resolverá en el plazo de cinco días, dictando al efecto un decreto en el cual absolverá al inculpado o aplicará la medida disciplinaria, en su caso.

Añade dicho precepto que:”No obstante, el alcalde podrá ordenar la realización de nuevas diligencias o la corrección de vicios de procedimiento, fijando un plazo para tales efectos. Si de las diligencias ordenadas resultaren nuevos cargos, se notificarán sin más trámite al afectado, quien tendrá un plazo de tres días para hacer observaciones”, de donde dimana que lo que autoriza el legislador es a dictar nuevas diligencias o a corregir los vicios del procedimiento, fijando al efecto un plazo para ello, pero en modo alguno para reiterar aquellas que ya fueron decretadas con anterioridad y que no fueron cumplidas dentro de plazo.

DÉCIMO TERCERO: Que, en este escenario, a fojas 16 consta Resolución N° 300 de seis de mayo del 2015, en virtud de la cual la Secretaria General de la Corporación Municipal de Punta Arenas doña nombre reservado decretó siete diligencias y mantuvo la medida de suspensión con goce de remuneraciones del docente nombre reservado y, acto seguido, a fojas 18 y siguientes consta recurso de reposición incoado por el abogado de nombre reservado en contra de la resolución precedente, la que fue resuelta por Resolución N°318 de 18 de mayo del año en curso, que rola a fojas 23 y siguientes y que dispuso que: 1° Se mantiene la medida de suspensión de funciones con goce de remuneraciones del docente nombre reservado; 2° Respecto de las diligencias decretadas, se fija como plazo máximo para su realización el día 29 de mayo del 2015.

Posteriormente, el 07 de julio del 2015 la Secretaria General de la Corporación Municipal dicta la Resolución interna N°03/401 en virtud de la cual decretó nuevas diligencias, mismas que son coincidentes con aquellas decretadas por resolución de N°300 de 06 de mayo último, que rolan a fojas 17, específicamente con las letras d), f) y g) respectivamente en cuanto por ellas se cita a declarar a la Directora de la Escuela Arturo Prat Chacón doña nombre reservado, doña nombre reservado y a doña nombre reservado, lo que consta a fojas 26 y mantiene la medida de suspensión con goce de remuneraciones del docente nombre reservado, resolución en la que además se explica que por razones de fuerza mayor debido a la renuncia de los asesores jurídicos el área de salud y educación de la Corporación quienes se desempeñaban como fiscales y hace presente que los plazos señalados en la Ley N°18.883 no son fatales.

DÉCIMO CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes que obran en los motivos undécimo, duodécimo y décimo tercero aparece debidamente acreditada la existencia de un acto arbitrario, cual es el que la recurrida mantenga separado de sus funciones al docente nombre reservado a pesar que la Vista Fiscal promueve su absolución, toda vez que dicha resolución emana de un mero capricho de dicha autoridad, pugna con la lógica y con la recta razón, sin que existan ni se expresen las razones que la justifiquen y, además, es ilegal al conculcar el artículo 134 inciso segundo del citado Cuerpo Legal, por parte de la recurrida que amague o vulnere la garantía constitucional indicada precedentemente, a saber, el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, porque el mentado artículo 134 es perentorio en señalar que si en la Vista Fiscal el sumariante propone la absolución del funcionario éste debe ser reintegrado en sus labores, cuestión que no aconteció en la especie debido a que en las resoluciones números 300, 318 y 03/401 de la Secretaria General de la Corporación Municipal de Punta Arenas de 06 y 18 de mayo y de 07 de julio del año en curso mantienen la medida de suspensión con goce de remuneraciones del docente nombre reservado.

Asimismo, constituye un acto ilegal el hecho que la Secretaria General de la Corporación Municipal de Punta Arenas, mediante la Resolución interna N°03/401 de 07 de julio del 2015 refiere que decretó “nuevas diligencias”, en circunstancia que, como se ha dicho ut supra en el décimo tercer motivo, sólo se trata de la reiteración de algunas de las diligencias decretadas por resolución de N°300 de 06 de mayo último, que rola a fojas 17, conculcando con ello lo dispuesto por el artículo 138 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales Ley N°18.883.

DÉCIMO QUINTO: Que, sobre la materia, nuestra doctrina y jurisprudencia, respecto a la garantía de igualdad ante la Ley, fijando sus alcances y concepto, ha señalado que ella consiste en que la normativa jurídica debe ser igual para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que no beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares y supone que todos los habitantes gocen de los mismos derechos protegiendo éstos; dice relación a bienes jurídicos y valores humanos de carácter político y social, sin establecer diferencias por atributos de orden particular y que la norma legal, al respetar esta garantía, deben tener caracteres de generalidad sin que sea posible la discriminación arbitraria.

DÉCIMO SEXTO: Que, en este sentido, como expresan los profesores nombre reservado, Emilio Pfeffer Urquiaga y nombre reservado Al calá en Derecho Constitucional, Tomo I, página 214 “se trata de una igualdad jurídica que impide que se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias”.

Al efecto, nombre reservado en Constitución Política de la República, Doctrina y Jurisprudencia, Tomo I, página 125, citando a los profesores Verdugo y Pfeffer refiere que según éstos el alcance del artículo 19 N°2 del Texto Fundamental se puede resumir en los siguientes aspectos: 1°Tanto el legislador, como la autoridad se encuentran obligados a establecer un marco jurídico de diferencias. Éstas pueden ser producto de la naturaleza o de la conveniencia social y no afectan el principio de generalidad que caracteriza a la ley; 2° Lo que la Constitución no permite es la imposición de distinciones arbitrarias; las que serán tales en tanto no hallen su fundamento en la razón, en la justicia o no proponen al bien común.

En otras palabras, este inciso tiene un doble carácter, toda vez que manda no discriminar a las personas que se encuentren en las mismas o similares condiciones o circunstancias; mientras que se permite realizar distinciones razonables entre quienes se encuentren en igualdad de condiciones”.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, atendidas las conclusiones anteriores, no se acogerán la petición de ordenar resolver el sumario administrativo porque sería inmiscuirse en una actuación propias de la administración y, asimismo resulta improcedente analizar las demás garantías fundamentales que el recurrente reprocha le fueron conculcadas a nombre reservado y que motivaron esta acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se ACOGE el intentado por el abogado Javier Lagos Troncoso a favor de nombre reservado, sólo en cuanto se ordena a la recurrida nombre reservado, Secretaria General de la Corporación Municipal de Punta Arenas, restituir en sus funciones al docente nombre reservado, con costas.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°517 -2015.

Dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de nombre reservado integrada por la Ministro señorita María Isabel San Martín Morales, presidenta, la Ministro Titular señora Marta Jimena Pinto Salazar y el Fiscal Judicial señor nombre reservado. Autoriza la señorita Secretaria Titular Connie Fuentealba Oyarzún.

nombre reservado, catorce de agosto del año dos mil quince. Notifiqué por el estado diario la resolución precedente.