Protección contra Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Punta Arenas, cuatro de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En el folio 1 comparece don nombre reservado y nombre reservado, abogados, quienes interponen acción de protección en nombre y a favor de nombre reservado, nacionalidad dominicana, cedula de identidad para extranjeros RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y a lo señalado en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de garantías constitucionales, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por nombre reservado, cedula de identidad RUT reservado, de la Policía de Investigaciones de Chile, representada por su Director Nacional Eduardo Alejandro Cerna Lozano y en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por nombre reservado, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos del recurrente, garantizados en el artículo 19 números 2 y 3 de la Constitución Política de la República, es decir, de igualdad ante la ley y a un debido proceso, de manera de restablecer el imperio del derecho y asegurar su protección.

Funda su acción en que el recurrente nombre reservado, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 10 numeral 3° de la Constitución Política de la República y con lo dispuesto por el decreto supremo N°5142, que versa respecto a las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros, envió su solicitud de Nacionalización con fecha 15 de agosto del año 2023, a través de la plataforma online del Servicio Nacional de Migraciones, la que quedó ingresada bajo el número de solicitud 67089217, adjuntando toda la documentación requerida para dicho trámite; que habiendo transcurrido más de 14 meses desde la fecha de presentación de esta solicitud ante el Servicio Nacional de Migraciones, la autoridad no se ha pronunciado sobre la misma; en cuanto a avances formales que ha presentado la tramitación, el recurrente sólo recibió el comprobante de envío al momento del ingreso; que desde dicho momento hasta el día de hoy, no ha recibido mayor información ni respuesta, lo que lo mantiene en una constante incertidumbre y preocupación mientras espera la decisión final a su solicitud de Nacionalización; que es importante destacar que el recurrente sigue plenamente convencido de mantenerse en nuestro país y ser parte de él como un ciudadano más, de hecho, vive actualmente junto a su pareja Salma Yesebel Mosquea Peña, y con su hija en común nombre reservado, de actuales 2 años y 5 meses años de edad, de nacionalidad chilena; que, además, el recurrente se ha mantenido realizando actividades remuneradas desde marzo del año 2017, pagando las correspondientes cotizaciones previsionales, actualmente desarrollando actividades como independiente en Gasfitería Domiciliaria emitiendo boletas de honorarios, con Inicio de Actividades ante el Servicio de Impuestos Internos; que, en virtud de los hechos expuestos anteriormente, resulta notorio que las autoridades recurridas han realizado una omisión ilegal y arbitraria al no concluir el procedimiento sobre la solicitud de Nacionalización del recurrente, a pesar de haber transcurrido ya más de un año desde su presentación, sin entregarle información alguna sobre esta demora.

Agrega que el recurrente cumple con todas las exigencias que contemplan las normas legales que cita, ya que cumple con tener más de cinco años de residencia en el territorio de la República, además de ser titular del permiso de permanencia definitiva desde el año 2015, otorgada mediante Resolución Exenta n°209.000; que las solicitudes de carta de Nacionalización se realizan mediante la página web https://www.extranjeria.gob.cl/nacionalizacion, lo cual en la especie fue realizado por el recurrente, además de cumplir con todos los requisitos adicionales en su solicitud, los que son informados mediante esta página web; que si bien es cierto que no es obligatorio para la autoridad acceder a las solicitudes de Nacionalización presentadas, en caso de rechazarlas debe fundamentar estas decisiones, de conformidad con la normativa aplicable y a los antecedentes aportados por el recurrente, pues esta discrecionalidad se encuentra reglada.

Señala que, en el presente caso, al no haber sido emitida ninguna Resolución Exenta con su fundamento, ni ningún tipo de información en relación a la solicitud del recurrente, no pueden observarse o cuestionarse los fundamentos de esta Resolución, la que siempre está bajo el control jurisdiccional.

Estima que los órganos recurridos han infringido la garantía constitucional de igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19 n°2 de nuestra Constitución Política, dándole al recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes, quienes han obtenido pronunciamiento sobre sus solicitudes, mientras que el recurrente hasta la fecha no tiene ningún tipo de respuesta o información; que este razonamiento ha sido confirmado por la Corte Suprema en causas Rol 244019-2023, 246152-2023, 249149-2023, 250737-2023, 252369-2023, 252514-2023, 392-2024 y 892-2024.

Termina solicitando se acoja el presente recurso ordenando se resuelva la solicitud de su representado, emitiendo el pronunciamiento correspondiente, o las medidas que el Tribunal, con su prudente arbitrio, considere más pertinentes.

Informando el recurso, en el folio 18 compareció Danna Elizabeth Garbarino Correa, Abogada del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando desde ya el rechazo en todas sus partes del mismo, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Señala que el recurrente don nombre reservado, nacional de República Dominicana, ingresó por primera vez al país con fecha 02 de marzo de 2013, por el paso fronterizo Avanzada Chungara; con fecha 20 de agosto de 2015, el recurrente solicitó el beneficio migratorio de la permanencia definitiva ante el Departamento de Extranjería y Migración de Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual fue otorgado mediante Resolución Exenta N°209000, de fecha 23 de noviembre de 2015, permiso que se encuentra actualmente vigente; que con fecha 15 de agosto de 2023, el recurrente solicitó ante esta autoridad, mediante la plataforma web de trámites digitales (SIMPLE) de este Servicio, la carta de nacionalización, mediante la solicitud ID Nº67089217; que el 25 de octubre de 2024, se le comunica al recurrente, a través de comunicación electrónica a folio N°, al correo electrónico proporcionado por el propio recurrente; que su solicitud de Carta de Nacionalización avanzaba a la siguiente Etapa de Análisis; que analizados los antecedentes acompañados, este Servicio procedió a comunicar a la Policía de Investigaciones de Chile con fecha 25 de octubre de 2025 sobre la solicitud de carta de nacionalización del recurrente para que realizara la entrevista de rigor para la elaboración del informe establecido en el inciso 3° del artículo 5 del Decreto Supremo N° 5142, de fecha 29 de octubre de 1960, del Ministerio del Interior; que con fecha 20 de diciembre de 2024, se realiza Informe de extranjero por la Policía de Investigaciones de Chile, el cual se adjunta en otrosí del presente informe; que, según estado de la solicitud en el registro Nacional de Extranjeros, su requerimiento ID N°67089217 se encuentra en trámite, en “Etapa de Análisis” con fecha 20 de diciembre de 2024, pudiendo vislumbrarse en la siguiente foto captura del Registro Nacional de Extranjeros; que la competencia del Servicio Nacional de Migraciones cesa al enviar los antecedentes al Ministerio del Interior, conforme el art. 157 N° 8 de la Ley N° 21.325, sugiriéndole a la autoridad ya señalada la aprobación o el rechazo de la solicitud; que, en la misma página del Servicio Nacional de Migraciones, esto es, www.servicionacionaldemigraciones.cl, en lo referido al tema en cuestión, es decir Nacionalización, en preguntes frecuentes se menciona expresamente que: “La nacionalización demora en promedio 3 años en su tramitación; que es una especial gracia que otorga el Estado, cuyo procedimiento de análisis debe realizarse de manera exhaustiva, siendo necesario proceder a la revisión de los antecedentes presentados en detalle y en diferentes instancias, lo que significa en ocasiones, una tramitación más extensa de la esperada por los usuarios; que debe considerarse que, al tratarse de una especial concesión por gracia, el análisis de los diversos antecedentes necesarios para su pronunciamiento, requiere de un tiempo que es evidentemente superior al de los demás trámites administrativos de solicitud ordinaria, haciendo presente que en la tramitación de una solicitud de Carta de Nacionalización y su otorgamiento, intervienen distintos Organismos Públicos, a saber, el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio del Interior, por lo que su otorgamiento escapa a las facultades de este Servicio, cumpliendo cada uno de los organismos señalados una determinada función, siendo finalmente el Ministro del Interior quien otorga o no la nacionalidad chilena, por delegación de facultades del Presidente de la República.

Agrega que consta en autos que el actor efectuó su solicitud de carta de nacionalización el 15 de agosto de 2023, y que a la fecha de presentación del recurso, esto es 22 de octubre de 2024, ha trascurrido un plazo que, si bien excede los seis meses establecidos en el artículo 27 de la Ley 19.880, contados desde el inicio del procedimiento administrativo, resulta razonable pues, es público y notorio el importante número de solicitudes que ha debido recibir y resolver el Servicio Nacional de Migraciones de manera que no ha existido una dilación excesiva en la tramitación de la solicitud del actor, que se pueda calificar de arbitraria o ilegal. Lo anterior sin perjuicio que esta parte entiende que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley Nº19.880 es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco alguna sanción de caducidad asociada al trascurso del plazo.

Indica que encontrándose en tramitación la solicitud del recurrente, quien cuenta con situación migratoria regular en el país, considerando, además, que la solicitud de nacionalización debe ser resuelta por el Presidente de la República en carácter discrecional, no se vislumbra en los hechos la conculcación de alguna de las garantías constitucionales denunciadas que requieran la adopción de una medida cautelar de urgencia como la que se pretende mediante el recurso de protección.

Manifiesta que, en virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, teniendo presente que esta parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es que entiende esta autoridad que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República, y no existe por tanto perturbación alguna derechos del extranjero, toda vez que la solicitud del recurrente se encuentra actualmente en tramitación y su situación migratoria es regular.

Concluye que según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que, ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de naturaleza migratoria, sin que ello, por sí solo, implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

En el folio 27 compareció don Vicente Ferretti Villar, abogado, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública quien, informando el recurso, solicita el rechazo del mismo, con expresa condenación en costas por no existir motivos plausibles para litigar.

Funda su solicitud en que la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización se encuentra actualmente en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, que constituye una etapa previa a la entrega de antecedentes a su representada.

Agrega que en la especie no existe una omisión ilegal o arbitraria toda vez que las solicitudes de otorgamiento de una carta de nacionalización son sometidas a un exhaustivo análisis, dada la importancia del trámite; que estas solicitudes se enmarcan en el derecho a petición que contempla el artículo 19 N°14 de la Constitución Política lo que significa que son requerimientos de interés privado que se efectúan a la autoridad competente, quien no está obligada a aceptarlas sino que únicamente accederá a ellas cuando se cumplan los requisitos y estándares que existan al respecto; que la no dictación de un acto administrativo terminal no es producto del mero capricho sino de la verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años, conforme a las cifra que expone; que el plazo de seis meses que establece el artículo 27 de la Ley 19.880.- no es fatal, por lo que su vencimiento no implica la caducidad o invalidación del acto respectivo.

Sostiene que no existe privación, perturbación o amenaza de ninguna garantía constitucional toda vez el solo hecho de solicitar el otorgamiento de una carta de nacionalización significa que el extranjero se encuentra en una situación migratoria regular, sin órdenes de abandono o expulsiones pendientes y con permanencia definitiva vigente en nuestro país, lo que se traduce en que pueda ejercer sus derechos sin limitación alguna y que la recurrente no ha aportado antecedentes suficientes que permitan estimar lo contrario.

En el folio 31, compareció don nombre reservado, Prefecto Inspector de la Policía de Investigaciones de Chile de la Región Policial de Magallanes, quien informa el recurso y expuso que se estableció, en primer lugar, que el recurrente corresponde al ciudadano dominicano nombre reservado, nacido el 16.OCT.972, quien es titular de residencia definitiva en Chile, otorgada mediante Resolución Exenta N° 20.9000, de fecha 23.NOV.015, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (actual Servicio Nacional de Migraciones), cuya pretensión en su acción constitucional, se refiere a la demora en la resolución de su solicitud de carta de nacionalización; que, en el contexto de la Solicitud de Carta de Nacionalización N°67089217, del señor nombre reservado, es dable señalar que, con fecha 20.DIC.024, el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas de la Policía de Investigaciones de Chile, dio respuesta al Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), respecto de la solicitud de la referida Carta de Nacionalización, quedando en etapa de análisis y en estado pendiente, por parte del citado Servicio, por lo cual no es posible a la PDI referirse sobre el estado actual de tramitación de la solicitud materia del presente recurso.

En el folio 33 se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en la especie se ha deducido recurso de protección estimando la recurrente, ilegal y arbitraria la omisión en el pronunciamiento por parte de las recurridas, de la solicitud de carta de nacionalización realizada.

TERCERO: Que, el N°8 del artículo 157 de la Ley N°21.325 establece que, dentro de las funciones del Servicio Nacional de Migraciones corresponde el tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su resolución por parte del Ministro del Interior y Seguridad Pública.

CUARTO: Que, basta considerar lo anterior para rechazar el presente recurso, toda vez que, a dos de las recurridas, por ley, no le corresponde el pronunciamiento requerido.

QUINTO: Que, luego, si lo que se reclama es la demora en la remisión de la petición a la autoridad competente, aquella tampoco constituye una ilegalidad o arbitrariedad, toda vez que razonablemente puede entenderse que una solicitud de este tipo, en atención al contexto migratorio nacional actual, puede extenderse más allá de los plazos ordinarios.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, deber tenerse presente que, conforme lo ha resuelto la EXcma. Corte Suprema, el plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal y que debe interpretarse la norma en el sentido que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, habiéndose acreditado que la demora ocurrida en la especie se debe a la tramitación de un procedimiento reglado que consta de diversas etapas, y que dicha tramitación no ha vulnerado los derechos denunciados por el recurrente ni aún en grado de amenaza, toda vez que cuenta con una situación migratoria regular, deberá desestimarse la acción toda vez que no se cumplen con los requisitos que hacen procedente el recurso de protección, por lo que este no puede prosperar y será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don nombre reservado y nombre reservado, abogados, a favor de nombre reservado.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción de la abogada integrante Sra. Gustava Aguilar Moraga.

ROL N°516-2024.PROTECCION.