nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (GGDD)

Punta Arenas, seis de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparecen Wladimir Exequiel Chávez Almonacid y Camila Andrea Melero Cabello, abogados, domiciliados en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en favor de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, y en contra de la Tesorería General de la República, representada por don nombre reservado, en su calidad de Tesorero Provincial de última esperanza y Juez Sustanciador, domiciliado en domicilio reservado.

Señala que el recurrente es un antiguo comerciante de la comuna de Natales, y ha desarrollado su actividad comercial en distintos rubros productivos.

Da cuenta que en el expediente N°h[cuenta reservada] de la recurrida, el Tesorero don nombre reservado, el 13 de junio de 2012, decretó: “DESPÁCHESE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN Y EMBARGO en contra de las antes individualizadas y procédase a NOTIFICARLAS DE PAGO POR CARTA CERTIFICADA de conformidad con los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 11 y artículo 13 del citado texto legal, o PERSONALMENTE POR EL RECAUDADOR FISCAL…”, individualizando al recurrente y su domicilio en domicilio reservado, no siendo el correcto puesto que el domicilio domicilio reservado, posteriormente cambió su domicilio domicilio reservado, domicilio del que debía tener conocimiento la recurrida.

Agrega que el expediente estuvo paralizado por largos años, decretándose la traba de embargo en sus cuentas corrientes el 22 de noviembre de 2016, sin materializarse debido a que las cuentas corrientes no cuentan con dinero suficiente.

Luego, el 15 de julio de 2024 (8 años después de la última resolución del expediente administrativo), el Recaudador Fiscal certificó que se constituyó en la Oficina del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Natales, dando cuenta que el contribuyente tiene su nombre el inmueble rol 1012-84 de la comuna de Natales, el cual en la actualidad se encuentra inscrito a fs. 19 vta. del año 2022 (producto de la subdivisión del Huerto N°26) adjudicándose el Huerto N°26 Lote 6.

En seguida, exponen que, el 5 de agosto del presente año, se constituyó el recaudador fiscal en domicilio reservado, comuna Puerto Natales y trabó embargo sobre la propiedad del recurrente, notificándolo erróneamente, después de 8 años de inactividad en el procedimiento, lo que vulnera sin duda sus garantías constitucionales garantizados en el artículo 19 N°2, N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República.

El 6 de agosto en el oficio de Notaria y Conservador de Bienes Raíces de Ultima Esperanza, se notificó al recurrente que no podrá vender un lote de su Huerto N°26, Lote 6, ya que se encuentra embargado. El mismo día que pretendía firmar una compraventa respecto a un retazo de su inmueble denominado Huerto N°26 Lote 6, el cual subdividió, siendo aprobada esta Resolución Exenta IFC N°13 de fecha 10 de mayo de 2024, emitido por la Secretaria Regional Ministerial de Agricultura de la Región de Magallanes y de la Antártica.

En consecuencia, en un procedimiento administrativo de cobro inactivo por 8 años, prácticamente abandonado y fenecido, en el cual la Tesorería General de la República no realizó acción alguna dirigida a efectuar el cobro de los rubros mencionados por un periodo de varios años, hoy sin previa notificación valida se produce el embargo del inmueble de propiedad del recurrente, sin siquiera cuestionarse por parte de la Tesorería Provincial el tiempo trascurrido desde la fecha en que se inicia la sustanciación del proceso, dejando a nuestro representado en la más absoluta indefensión.

El embargo, constituye un cúmulo de actuaciones ilegales y arbitrarias, las que vulneraron expresamente las garantías constitucionales, como lo son el derecho al debido proceso, la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, configurándose a nuestro juicio el decaimiento del procedimiento administrativo de cobro, y encontrándose por lo demás latamente cumplidos tanto el plazo que configura el abandono del procedimiento en aplicación de las reglas generales del Código de Procedimiento Civil, y el plazo de 3 años contemplado por el artículo 200 y 201 del Código Tributario en relación a la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones contenidas en el procedimiento antes señalado.

Asimismo, la buena fe de este adulto mayor quedó de manifiesto en el expediente administrativo, donde ofreció el pago parcial de la deuda, abonando $5.000.000 y la prenda de dos vehículos motorizados, con el objeto alzar parcialmente el embargo y liberar la disposición sobre un lote de dicho bien raíz (Huerto 26 Lote 6 B), lo que fue tajantemente rechazado por la entidad recaudadora.

Luego de reiterar el decaimiento del acto administrativo, y la vulneración de derechos alegada, solicitan dejar sin efecto el acto recurrido consistente en el embargo del inmueble denominado Huerto N°26 Lote 6, ordenando se reestablezca el imperio del derecho a través del inmediato alzamiento del embargo sobre el inmueble de nuestro representado, todo ello con expresa condenación en costas Informa el recurso, nombre reservado, Tesorero Provincial de Puerto Natales.

Expone, que el contribuyente registra 7 expedientes con deuda vigente según da cuenta el informe de demandas que acompaña. Respecto del expediente administrativo 10006-2012 de Puerto Natales, donde se invocan las vulneraciones a los derechos fundamentales, no se ha solicitado el abandono del procedimiento ni la prescripción, y que con fecha 9 de agosto de 2024 el ejecutado solicitó el alzamiento parcial del embargo, reconociendo expresamente la deuda.

Agrega que la Tesorería General de la República en cumplimiento de la normativa que la regula, con fecha 11 de junio de 2022 generó el expediente administrativo ROL N°10006-2012 de la Comuna de Puerto Natales, siendo demandado el recurrente, por Formularios 21 girados por el Servicio de Impuestos Internos. Adicionalmente, se sigue la ejecución respecto a de otros seis expedientes según da cuenta el informe de datos de demanda acompañado en un otrosí.

Actualmente, respecto al expediente administrativo ROL N°10006-2012 cuyas gestiones son cuestionadas, el contribuyente registra deuda, indicando sus formularios y folios.

Añade que el 8 de agosto de 2012 se notificó y requirió de pago en su domicilio tributario ubicado en domicilio reservado. Todo ello, de conformidad al artículo 171 del Código Tributario. El 5 de agosto de 2024 se trabó embargo sobre el inmueble denominado Huerto N°26 Lote 6 inscrito a fs. 19 vta. del año 2022 del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Natales. Todo ello, de conformidad a los artículos 168 y siguientes del Código Tributario.

Mediante presentación de 09 de agosto de 2024, el deudor a través de sus representantes solicitó el alzamiento parcial del embargo. Dicha gestión no puede prosperar, toda vez que el alzamiento del embargo requiere el pago de la deuda. Incluso, el 9 de octubre de 2024 el ejecutado envío al Tesorero Provincial carta con disculpas por faltas y errores cometidos.

Agrega que el ejecutado cuenta con todas las alternativas procesales y materiales para garantizar un adecuado ejercicio de sus derechos en el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias.

Luego, a su juicio no existe acto arbitrario ya que todas las actuaciones del Servicio de Tesorerías se efectuaron conforme a la normativa vigente, no se ha declarado el abandono del procedimiento o la prescripción de la deuda por los Tribunales de Justicia.

Además, el recurso de protección es una acción de urgencia, es decir, requiere un motivo cautelar, porque busca evitar un peligro que puede concretarse si no se actúa con rapidez; eso explica que tenga una tramitación concentrada.

En este caso no hay urgencia o motivo cautelar, ningún perjuicio inminente sufrirá el recurrente en caso de que no se actúe de inmediato, es más, puede pagar o declararse la extinción de la totalidad de la deuda, en cuyo caso podrá solicitar el alzamiento del embargo del inmueble, y/o también puede suscribir un convenio de pago normal o especial, para evitar los procedimientos de apremio deriven en la eventual enajenación forzada del inmueble.

Finalmente, señala que el acto denunciado no es vulneratorio, ya que corresponde a la gestión de Tesorería en uso de sus facultades legales, notificándose y requiriéndose de pago en el domicilio tributario, luego se trabó embargo sobre bienes suficientes del ejecutado, en otros términos, las gestiones propias que debe efectuar el Servicio de Tesorerías, mediante las actuaciones del Juez Sustanciador en el procedimiento de cobro.

El apoderado de la recurrida, en su presentación de 5 de octubre señaló que, en virtud de la publicación de la Ley N°21.713 y lo que dispone su artículo décimo cuarto, la deuda en la que se sustenta el embargo será declarada prescrita de oficio por el Tesorero General de la República.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto recurrido consiste en la traba de embargo hecho por el funcionario competente de la institución recurrida, por una deuda que el recurrente observa hace larga data.

CUARTO: Que, de los antecedentes allegados al proceso, en especial de lo informado por Tesorería, se aprecia que la deuda que originó la actuación denunciada será declarada prescrita por el Sr. Tesorero Regional, de conformidad con la legislación actual sobre la materia, debiendo asumirse el posterior alzamiento del embargo decretado.

QUINTO: Que, por lo anterior, esta Corte no está en condiciones de adoptar alguna medida tendiente a restaurar el imperio del derecho, toda vez que los efectos del acto denunciado serán cesados por la autoridad designada por la ley para ello.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso deducido por Wladimir Exequiel Chávez Almonacid y Camila Andrea Melero Cabello, abogados en favor de don nombre reservado, y en contra de la Tesorería General de la República.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

ROL N°511-2024.PROTECCION.-