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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 505-202418 nov 2024

nombre reservado CONTRA nombre reservado

Fecha
18 de noviembre de 2024
Corte
Corte de Apelaciones de Punta Arenas
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Rol N° 505-2024, sentencia de 18 de noviembre de 2024

Resumen

Se rechaza la protección porque los dichos de la concejala sobre la licitación constituyen ejercicio legítimo de la libertad de expresión en el marco de su función pública, sin afectar la honra ni el prestigio institucional de la empresa.

Texto íntegro

nombre reservado, dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones nombre reservado, cedula de Identidad N°RUT reservado, comerciante, soltero, e interpone acción de protección por si y en representación de nombre reservado Y CONTRERAS LIMITADA, nombre reservado°77.153.103-2, sociedad de responsabilidad limitada, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado de nombre reservado, en contra de nombre reservado, cedula de identidad número RUT reservado, casada, actual Concejal en la comuna de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, debido a que en transmisiones en vivo de sesiones del Concejo Municipal, publicaciones en radioemisoras, ha emitido constantes dichos que generan deterioro, descrédito y repudio a la imagen y honra publica de los recurrentes, obstaculizando el correcto desempeño de sus funciones.

Refiere que mediante Decreto Exento N° 2346, del 16 de agosto de 2024, se adjudica a la empresa recurrente, nombre reservado Y CONTRERAS LIMITADA y se autoriza la confección del contrato denominado “CONCESION CONTROL DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS -nombre reservado”, ID 2353-6-LQ24, por aquella es actualmente la empresa administradora de este contrato.

Menciona que el día 14 de agosto de 2024, en Sesión N°114 del Consejo Municipal de la comuna de nombre reservado, se llevó a cabo la votación para aprobar la adjudicación, y habiendo transcurrido 1 hora de consejo, en el minuto 36 es que comienza el descrédito de la concejala, en pleno ejercicio de sus funciones indicando que “las bases de la licitación son una vergüenza”, y al momento de votar dice; “...espero que esto no sea pan para hoy y hambre para mañana por eso yo me abstengo de esta votación alcalde” lo que a juicio del recurrente, obedece netamente a una conducta ilegal y arbitraria, ya que asume que los recurrentes llevarán a cabo una mala gestión.

Entienden que los dichos de la concejala, al provenir de una personalidad política, expuesta públicamente, genera que, en los usuarios, ciudadanos o posibles trabajadores, se construya una imagen errónea, falsa, o mejor dicho “Una mala imagen” de la empresa.

Agrega que el día 19 de agosto de 2024, en entrevista realizada por Polar Comunicaciones, en su programa matinal “Buenos días Región”, se le pregunta a la recurrida acerca de sus impresiones respecto a que haya una empresa de Temuco, a lo que la recurrida responde criticando que la empresa no sea de la región, que no tiene experiencia para hacerse cargo de los estacionamientos en la comuna de nombre reservado, a su parecer la gestión que se hará tanto por parte del municipio como por parte de la empresa en cuanto a la concesión de los estacionamientos viene de unas bases muy mal hechas.

Sostiene que la desinformación de la recurrida es tal, que sus dichos tienden simplemente formar una imagen “cuestionable” de la empresa recurrente. Hace presente que el periodo comprendido entre el 09 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2024 (excluyendo días de recaudación los sábados, domingos y feriados por no ser explotables) se pagó al municipio por concepto de “Aporte Municipal o Cuota Municipal” el monto de $5.011.076.- y no los $200.000 que la recurrida pronosticó y difundió públicamente en el medio ya mencionado con la notable intensión de perjudicar, desinformar, desincentivar el uso de los estacionamientos y en consecuencia dañar la imagen de la empresa concesionaria, desmereciendo el arduo trabajo que realiza todo el personal de la empresa que en el 98% son residentes de la comuna de nombre reservado.

Posteriormente el 09 de octubre, en Sesión N°120 del Consejo Municipal de la comuna de nombre reservado, la recurrida continúa con los descréditos y dichos deshonrosos en contra de los recurrentes, con dichos aún más graves y falsos dejando totalmente en evidencia su intención de causar daño, no sólo a la imagen de la concesionaria ante la comunidad, sino también al libre ejercicio de la actividad comercial que desarrolla.

Además, aquel día, la demandada hace alusión a el despido de 4 trabajadores de la compañía con fecha 09-10-2024, los despidos fueron realizados acorde a derecho y a lo establecido en el Código del Trabajo. A mayor abundamiento, la causal aplicada fue el artículo 159 N°4 del Código del Trabajo, esto es, “Vencimiento del plazo convenido en el contrato”, donde nuestra empresa inicio sus operaciones con fecha 09 de Septiembre de 2024, celebrando contratos de trabajo, en su talidad a plazo fijo, venciendo los primeros 4 con fecha 09 de Octubre de 2024, siendo facultad de esta parte renovarnos o no, teniendo presente que el trabajador al momento de firmar su contrato, está en pleno conocimiento de su vigencia, y que por su puesto, es facultad del empleador extenderlo o no, Arguye que lo más grave, no es emitir opiniones, que se ven a ciencia cierta que están totalmente desinformadas, sino emitir cuestionamientos de hechos falsos “…y que la Inspección del Trabajo ya ordenó el reintegro, y la empresa se niega…” cuando la empresa hasta la fecha del presente recurso no ha entrado en negociaciones con la dirección del trabajo, por cuanto lo indicado de por la demandada que “…y la empresa se niega.” Son juicios y/o dichos totalmente falsos y que deben ser sancionados.

Reitera que los dichos de este personaje no vienen más que sembrar el “terror” e “incertidumbre” dentro de un grupo de trabajadores de una empresa que tiene recientemente un 1 mes de funcionamiento, y que su empleador ha estado suficientemente preocupado por satisfacer las necesidades que se plantean, no siendo un medio oficial un “Concejal” para tratar temas internos entre dependientes de una compañía, vulnerando con aquello los derechos consagrados en el articulo 19 N°1, 4 y 21 de la Constitución Política de la Republica.

Solicita se acoja la acción y se adopte todas o algunas de las siguientes medidas concretas:

-Se le prohíba toda comunicación vía llamada telefónica, mensajería de texto, correo electrónico, con nombre reservado Y CONTRERAS LIMITADA y su representante legal nombre reservado.

- Se ordene a la recurrida abstenerse en el futuro de efectuar todo tipo de publicaciones, en cualquier tipo de red social y por cualquier medio, que afecten la honra o imagen de nombre reservado Y CONTRERAS LIMITADA y sus representantes, y por sobre todo abstenerse de adjudicar hechos o situaciones derechamente falsas.

- Se le prohíba acercarse en un radio no inferior de 200 metros, de sus lugares de trabajo, o en cualquier lugar en donde se encuentren, por el término de un año o un lapso mayor.

- Se le ordene a la recurrida a solicitar DISCULPAS PUBLICAS en 3 medios de comunicación de la comuna de nombre reservado, por imputar hechos falsos, o comentarios que fueron planamente es descredito de la imagen de la empresa y sus representantes - Todo lo anterior, con expresa condena en costas.

Acompaña, nombre reservado de la sociedad, Cedula de Identidad Nacional de Don nombre reservado, Contrato de Concesión y sus Decretos Alcaldicios, Citación de Organismo Fiscalizador, Link de sesiones de concejo municipal que se hace mención la presente causa, Link de noticias y/o medios de comunicación alusivos en autos, Contrato de trabajo plazo fijo “vencido” de los operadores mencionados y sus cartas y Bases de licitación.

Informa la recurrida, nombre reservado, solicita el rechazo de la acción con costas.

Hace presente que las acusaciones que plantea la recurrente en su recurso, en ningún momento es posible entender de qué forma supuestamente esta parte habría afectado la garantía del Derecho a la Vida del Art. 19 N°1 y el derecho a la Honra del N° 4 del mismo artículo, además no explica pormenorizadamente en su recurso como se produciría esta afectación, confundiendo como sujetado afectado a veces a la persona física de nombre reservado y otras a la empresa misma PEREZ Y CONTRERAS LTDA.

En razón de lo mencionado, plantea que no existe ningún derecho indubitado que sea merecedor de urgente protección, bastando tan solo esto para ser rechazado íntegramente el recurso del recurrente.

Agrega que la parte recurrente se limita únicamente a indicar que por efecto de los dichos de esta parte recurrida en relación al servicio y control de estacionamientos de vehículos se estaría afectando a su empresa de la cual es representante legal, porque presume – sin existir prueba directa de la supuesta afectación- que su empresa con el tiempo o en un futuro en la prestación del servicio se vería afectada porque la comunidad no vería una empresa seria.

Luego de aquello, reconoce los dichos señalados en el recurso, pero entiende que aquellos están muy lejos de tratarse de alusiones ofensivas, u odiosas que hayan sido capaces de afectar y causar un daño a la recurrente; distinto es que no le haya gustado o no le parezca por afectar sus intereses empresariales en adjudicarse la licitación, debido a que sostiene que sus expresiones se enmarcan dentro del derecho fundamental a emitir opinión, lo que es de conocimiento de la recurrente, pero ha decidido utilizar esta vía jurisdiccional para conseguir una tutela judicial inefectiva.

Aclara, en este sentido, que la misma ley orgánica de municipalidades, en virtud de su labor de concejal la faculta para expresar su voluntad ya sea favorable o adversa respecto de todas las materias que señala el Art.65 de la misma Ley, por lo que, si al recurrente no le parece o no está de acuerdo con ella, que de hecho puede estarlo, ello en ningún caso representa una afectación a alguna de las garantías constitucionales que alega vulneradas.

Le llama la atención que no concurra al recurso la otra participante de la sociedad, entendiendo que sería una afectación, supuesta, propia del recurrente y no de la empresa.

Agrega que el servicio de estacionamiento le fue adjudicado a su propia empresa sociedad nombre reservado Y CONTRERAS Ltda., con lo cual, habiéndose adjudicado el contrato a su empresa, hoy en día resultan inoportunos los comentarios o dichos de su parte, toda vez que el recurrente ya firmó contrato con la entidad municipal.

Concluye que el recurso de protección no es la vía idónea para ventilar situaciones que deben ser conocidas por otras vías judiciales.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el actor radica en las opiniones vertidas por parte de la recurrida, en sesiones del consejo municipal y en una entrevista respecto de la empresa recurrente en relación su adjudicación en la “CONCESION CONTROL DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS -nombre reservado”, ID 2353-6-LQ24.”

CUARTO: Que, al evacuar su informe la recurrida reconoce los comentarios, calificándolos como opiniones vertidas en su calidad de concejala del municipio.

QUINTO: Que, las expresiones que reconoce haber efectuado la recurrida, son del siguiente tenor:

- El día 14 de agosto del presente año en Sesión N°114 del Consejo Municipal de la comuna de nombre reservado, “...espero que esto no sea pan para hoy y hambre para mañana por eso yo me abstengo de esta votación alcalde”

- Con fecha 19 de agosto de 2024, en entrevista realizada por Polar Comunicaciones, en su programa matinal “Buenos días Región”, “Oye, pero cuanto va a ganar el municipio por esta licitación, la verdad es que es bastante mínimo el recurso” “…además es un porcentaje de la utilidad de la empresa, entonces si en un mes a la empresa le quedan dos millones de pesos, el municipio recibe $200.000, por todo el centro de nombre reservado” …”¿Qué concesión o arriendo cuesta $200.000? Ninguna!…” …” No sigámonos vendiendo pomadas como se dice en buen chileno” y concluye con su frase discriminatoria y habitual hacia esta recurrente, de “Pan para hoy y hambre para mañana y que no estemos acá en tres meses más viendo las multas, viendo que vamos a tener que adelantar el cierre del contrato, viendo nuevamente como los trabajadores y trabajadoras están en la incertidumbre”

-El 09 de octubre, en Sesión N°120 del Consejo Municipal de la comuna de nombre reservado, “Una de las cosas que más preocupa acá es que se supone que esto está en marcha blanca hasta el 19 de Octubre, por lo tanto eso genera que la empresa puede adecuarse hasta después del 19, mientras tanto ¿qué?, mientras tenemos información que además sólo del total que había anteriormente sólo se han contratado 20 de los tarjeteros que venían”, “lo más terrible aún, que yo quiero saber presidente, por su intermedio, preguntarle a la unidad técnica, que dice el contrato con respecto a las prácticas antisindicales, porque claramente acá estamos enfrentando una práctica antisindical que ojo, ya fue denunciada a la Inspección del Trabajo, y que la Inspección del Trabajo ya ordenó el reintegro, y la empresa se niega” y “la situación es apremiante y que hoy día estarían los trabajadores y trabajadoras muy, muy preocupados, yo lo dije, cuando se votó este contrato, que yo temía, y de hecho por eso me abstuve, temía que esto fuera pan para hoy, hambre para mañana y de verdad que hoy día lo que estamos viendo a semanas de ingreso, pareciera ser que la cosa va por ese camino, gracias presidente.”

SEXTO: Que, la cuestión planteada por el recurrente dice relación con el derecho a la propia imagen y a la honra, atributos que habrían sido vulnerados por la recurrida a través de las expresiones antes transcritas.

SEPTIMO: Que, el artículo 19 Nº4 de la Constitución Política de la República, garantiza “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”, por lo que no cabe duda de que nuestro ordenamiento jurídico protege la vida privada de las personas y su honra.

OCTAVO: Que, por otro lado, el derecho a la propia imagen ha sido entendido por esta Corte como aquel “Referido a una proyección física de la persona, que le imprime a ésta un sello de singularidad distintiva entre sus congéneres dentro del ámbito de la vida en sociedad y que, por consiguiente, constituye, junto con el nombre, un signo genuino de identificación de todo individuo” (SCS rol Nº 2.506-2009).

NOVENO: Que, en lo tocante al resguardo constitucional del derecho a la propia imagen, a que precisamente tiende la acción propuesta en autos, si bien el artículo 20 de la Carta Fundamental no lo enumera determinadamente entre las garantías susceptibles de ampararse por ese arbitrio cautelar, tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en que su protección deviene procedente y encuadra en el artículo 19 Nº4 de la Carta Fundamental, por encontrarse implícitamente comprendida en el atributo de privacidad de la persona, que esa norma se encarga de tutelar.

DECIMO: Que, en la especie, se produce una colisión entre dos garantías constitucionales, a saber, entre el derecho a la honra, ya reseñado, y la libertad de expresión; directrices que deben ser debidamente ponderadas, en lo que respecta a las personas naturales aludidas. En cuanto a la empresa del recurrente, es de parecer de estos sentenciadores que no puede predicarse que goce de un derecho a la honra, sino más bien de un derecho relacionado con su prestigio institucional, asociado con el amplio espectro del derecho a la propiedad reconocido por la Constitución, sobre bienes corporales e incorporales. Así, las expresiones de la parte recurrida, a su respecto, deberán confrontarse con este último derecho y no con la honra o propia imagen de que gozan las personas naturales.

UNDECIMO: Que, así las cosas, conforme a lo anteriormente razonado, a entender de esta Corte, los dichos de la recurrida constituyen un ejercicio legítimo de su libertad de expresión, más si se toma en cuenta que todas las expresiones efectuadas en las diversas instancias ya referidas se relacionan con la función publica que ejerce en la Ilustre Municipalidad de nombre reservado.

DUODECIMO: Que, tales críticas, por desagradables que puedan resultar para los aludidos, han sido vertidas, además, en el contexto ya referido, la cual de suyo implica la posibilidad de manifestar cuestionamientos o consideraciones negativas en el ejercicio de lo ya transcrito. En esa perspectiva, no parecen a juicio de este tribunal, destinadas a afectar la honra de personas naturales, el derecho a la propia imagen de éstas o el prestigio institucional de la empresa recurrente, sino a expresar una visión de las bases de la licitación y ejecución de las mismas.

DECIMO TERCERO: Que, en las anotadas condiciones, la acción constitucional no puede prosperar, al no configurarse el primero de sus presupuestos referidos en el considerando segundo, cual es la existencia de una conducta arbitraria y/o ilegal ejecutada por la persona contra la cual se dirige.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado por si y en favor de nombre reservado Y CONTRERAS LIMITADA, en contra de nombre reservado, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Una vez ejecutoriada, déjese sin efecto la orden de no innovar.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº505-2024 PROTECCIÓN.