Protección contra SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS -en adelante SII-

Punta Arenas, veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece CLAUDIA TAMARA ALARCON PAREDES, abogada, en representación de don nombre reservado, chileno, independiente, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS -en adelante SII-, representada por su Directora Regional doña Ivanessa Andrea San Martín Rojas o quien la subrogue legalmente o haga las veces, ambos domiciliados en domicilio reservado, y de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, -en adelante TGR- representada por doña nombre reservado o quien la subrogue legalmente o haga las veces, con domicilio en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal y/o arbitrario consistente en el desconocimiento del convenio de pago suscrito por su parte.

Relata que con fecha 24 de diciembre de 2024 celebró un convenio de pago con la Tesorería General de la República (TGR), conforme a la Ley 21.713, para regularizar una deuda fiscal (Formulario 21, Folio 352707060, año tributario 2020), en el cual se condonó el 100% de intereses y multas por una deuda que ascendía a $35.514.673. Se estableció el pago en 49 cuotas mensuales de $2.013.474 (última menor), desde 31 de diciembre de 2024 hasta 31 de diciembre de 2028.

Refiere que al intentar pagar la décima cuota (correspondiente al mes de septiembre de 2025), no lo pudo realizar, debido a que TGR no reconoce el convenio, invocando diferencias detectadas por el SII en la Declaración de Renta 2020 (Folio 352707060). En efecto, el SII comunicó el 8 de septiembre de 2025 que existía una diferencia entre lo declarado y lo determinado por el Servicio, fijando una nueva deuda de $51.619.359, superior en más de $16 millones al monto pactado.

Reclama que el SII generó unilateralmente un nuevo folio (20250901) a una deuda fiscal que ya se encontraba en un convenio vigente, lo que implicó dejar sin efecto el mismo como también las condonaciones previamente otorgadas, sin que se configuraran las causales de caducidad previstas en el propio documento (tres cuotas impagas, falsedad de antecedentes o impago de la última cuota).

Sostiene que se desconoció un convenio vigente sin causal legal y sin resolución motivada.

Afirma que los hechos descritos importan vulneración de las garantías consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto fue objeto de un trato desigual al dejarse sin efecto su convenio sin justificación racional.

En razón de lo expuesto, solicita reestablecer el estado anterior a la notificación de 8 de septiembre de 2025, que dejó sin efecto el convenio celebrado con fecha 24 de diciembre de 2024, con costas, en caso de oposición.

Informa la recurrida, Tesorería General de la República, representada por el abogado Rodrigo Calfunao Oyarzo¸ en base a las siguientes consideraciones:

Explica que existen diversos expedientes de cobro contra el recurrente, correspondientes a los años 2021-2025, por una deuda total de $147.069.774.-, según certificado de deuda acompañado. En relación a ellos, el contribuyente ha suscrito cinco convenios de pago, dos de los cuales se encuentran caducados y tres vigentes, que cubren la totalidad de los folios adeudados excepto el folio N°8327519176, que no está amparado por convenio alguno.

ace presente que, conforme al artículo 168 del Código Tributario y al artículo 2° del D.F.L. N°1 de 1994 (Ministerio de Hacienda), la función del Servicio se restringe a ejercer la acción de cobro de los impuestos girados por los organismos competentes del Fisco, sin facultades para revisar, modificar o cuestionar la legalidad o procedencia de esos giros.

Manifiesta que el convenio Resolución N°240078 se encuentra plenamente vigente, y el contribuyente está al día en sus pagos hasta octubre de 2025. Situación distinta es que dentro del convenio de pago ya no se encuentre el folio N°352707060, careciendo de información sobre el motivo de aquello ya que no es de su competencia, conforme se ha explicitado previamente.

Sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver este tipo de controversias tributarias, atendido que conforme al artículo 1° de la Ley 20.322 y artículo 115 del Código Tributario el recurrente podría hacer su reclamo ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) para resolver este conflicto puesto que la acción de protección tiene naturaleza supletoria frente a otros procedimientos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.

Evacuó informe el recurrido Servicio de Impuestos Internos, solicitando el rechazo del recurso interpuesto, por cuanto, por una parte, no existe medida alguna que se pueda adoptar ya que la acción ha perdido oportunidad y, por otra, no ha existido afectación a las garantías constitucionales reclamadas.

Manifiesta que el recurrente, con fecha 08 de mayo de 2020, presentó su Declaración Anual de Impuesto a la Renta, Formulario 22, Folio 352707060, la cual fue objeto de una serie de observaciones, que no fueron respondidas por el contribuyente, por lo que el 29 de mayo de 2023 se emitió la Liquidación Centralizada N°100401680, determinando un impuesto total de $26.543.104.-, por lo que con fecha 10 de diciembre de 2024, se emitió el giro correspondiente al folio en cuestión, sin reclamación del contribuyente. Frente a dicho giro, el contribuyente suscribió convenio de pago con Tesorería, el 24 de diciembre de 2024 (Ley N°21.713), que incluyó la deuda mencionada, con condonación total de intereses y multas, otorgándose un plazo de 49 cuotas para el pago.

Señala que el giro primitivo (folio 352707060-K) contenía un error manifiesto, ya que indicaba que correspondía al año tributario 2024 en lugar de 2020, lo cual ocasionó el legítimo ejercicio de la facultad correctora del Servicio, conforme al artículo 6° letra B N°5 del Código Tributario y a la Circular N°51 de 2005.

Por otro lado, agrega, el contribuyente registra la anotación N°52 (23 de octubre de 2025) por no presentar entre 1 y 5 declaraciones mensuales (Formulario 29). Conforme al Oficio Circular N°13 de 2015 y Circular N°50 de 2016, tal situación excluye del beneficio de condonación de intereses y sanciones. En consecuencia, el contribuyente no tenía derecho a mantener la condonación originalmente otorgada en el convenio.

Sostiene que el recurrente no ha sido sometido a un trato desigual, pues se le aplicaron las mismas normas que rigen para todos los contribuyentes. Además, ninguna privación al dominio se ha producido, pues no se le ha impedido de celebrar un nuevo convenio y tampoco se está obstaculizando su derecho a disponer.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en los afectados una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a los ofendidos.

SEGUNDO: Que, el hecho que motiva el presente recurso lo hace consistir el recurrente en el desconocimiento del convenio de pago suscrito por su parte.

TERCERO: Que, informaron las recurridas, en los términos que se consignan en lo expositivo del presente fallo.

CUARTO: Que, para acoger la acción constitucional debe constatarse el carácter preexistente e indubitado del derecho afectado, condición que, estima esta Corte, no se verifica en la especie, porque los derechos cuya protección se persigue por esta vía, cautelar y de emergencia, no tienen el carácter de indiscutidos.

Así, sería necesario para resolver lo controvertido, revisar el proceso de celebración del convenio de pago suscrito por el recurrente y que sirve de antecedente y fundamento al acto impugnado, en particular, los antecedentes que se tuvieron a la vista, lo que, atendida la naturaleza de la discusión, excede el marco de la acción interpuesta, ya que ésta, en ningún caso, constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, como se dijo, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS y de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, todos ya individualizados.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante Dagoberto Alejandro Arias Díaz, quien estuvo por acoger el recurso por cuanto en la especie considera que si existe una afectación del derecho de propiedad del recurrente por un acto arbitrario e ilegal del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República; todo ello, en razón de las siguientes consideraciones:

1º Que, claramente en los hechos estamos ante una autotutela administrativa. Cuando se habla de autotutela se está hablando de un “hacerse justicia por sí mismo”, de una alteración de propia mano del statu quo preexistente en una situación jurídica producida previamente por la administración a través de sus propios actos y en este caso particular, más que un acto administrativo, tenemos una concatenación de ellos que culminan en la celebración de un convenio de pago (acto jurídico bilateral) conforme a la Ley N° 21.713 que dicta Normas para asegurar el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias dentro del Pacto por el crecimiento económico, del Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal.

La existencia de dicho acuerdo de voluntades denominado Convenio de Pago, genera efectos jurídicos patrimoniales sustanciales.

El artículo duodécimo de la Ley 21.713 señala que los contribuyentes que a la entrada en vigencia de norma, es decir el 24 de octubre de 2024, mantenían gestiones judiciales pendientes por reclamos de giros o liquidaciones de tributos ante Tribunales Tributarios y Aduaneros, Cortes de Apelaciones o Corte Suprema, por una única vez entre el primer día del mes siguiente al de publicación de la referida ley y el 31 de diciembre de 2024, podrían poner término a dichas gestiones judiciales siempre que se hayan iniciado antes del 1 de enero de 2024, sobre la base que, reconociendo la deuda tributaria debidamente reajustada, se les conceda una condonación total de intereses y multas por parte del Servicio de Impuestos Internos.

Es decir, esencialmente ante obligaciones tributarias cuestionadas judicialmente, se ofrece a los contribuyentes que, a cambio de reconocer el capital adeudado y sus reajustes, se le remiten las multas y los intereses devengados, emitiendo el Servicio de Impuestos Internos el giro correspondiente y suscribiéndose un Convenio de Pago con el Servicio de Tesorerías como se refiere en el artículo 192 del Código Tributario. Dicho acuerdo de voluntades cede en beneficio de ambas partes, por una parte el Fisco obtiene el reconocimiento de una deuda tributaria impugnada y los pagos periódicos de dicha obligación allegando así recursos que eventualmente jamás hubiese percibido o habrían sido recaudados después de mucho tiempo al término de los procesos en que se cuestionaba su procedencia; por su parte el contribuyente se sustrae de la incertidumbre de un proceso, obtiene la reducción de su deuda vía remisión de multas e intereses y además ella se soluciona en 48 cuotas, sin pago de un pie.

El recurrente, el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, son contestes en señalar que efectivamente dicho Convenio de Pago fue suscrito en los términos que indica el recurrente, habiéndose acompañado al expediente por los intervinientes diversos documentos que así lo acreditan como el Comprobante de Resolución 240078 de la Tesorería General de la República, Certificado de Convenio emitido por la Tesorería General de la República de fecha 27 de octubre de 2025 y Certificado de Movimiento; como también el nuevo Giro por Diferencia de Impuesto por Liquidación Renta que da cuenta de la causa de la obligación, correspondiente al impuesto global complementario del año 2020, más intereses y multas al 09 de septiembre de 2025.

2º Que, el Servicio de Impuestos Internos alegando un error en que incurrió el propio servicio en el Giro de impuestos original (folio 352707060), el que sirvió de base al Convenio de Pago, al señalar en un recuadro que los impuestos adeudados correspondían al año tributario 2024, al tener mal señalada su fecha de vencimiento, en circunstancias que lo eran del año 2020, con fecha de vencimiento al 30 de abril de 2020, procede a efectuar un nuevo Giro (folio 12629591), que configura un acto anulatorio del folio considerado en el Convenio de Pago celebrado y que además ya estaba en plena ejecución con 9 cuotas ya pagadas por el Sr. nombre reservado; esa “anulación” del giro primigenio es la razón por la cual dentro del Convenio de Pago acordado ya no aparece el folio 352707060 como parte de la deuda a pagar, al dejar de estar disponible para ello.

3º Que, adicionalmente, el Servicio de Impuestos Internos señala que con posterioridad a la suscripción del Convenio de Pago con el recurrente, éste incurre en una de las situaciones particulares de exclusión para acceder a condonaciones previstas en una circular interna de dicho Servicio, el Oficio Circular Nº13 de 2015, que Imparte instrucciones sobre condonación de intereses y sanciones pecuniarias que se impongan por infracciones a las obligaciones tributarias contempladas en el artículo 97 N°1 inciso 1°, N°2 y N°11 del Código Tributario; es decir no puede hoy el Sr. nombre reservado acceder a remisiones de multas e intereses, sin perjuicio que, por haber expirado su vigencia, tampoco puede acceder a celebrar un nuevo convenio de pago en los términos excepcionalmente favorables para el contribuyente del artículo duodécimo de la Ley N°21.713.

4º Que, el acto invalidatorio consistente en el Giro folio 12629591 del Servicio de Impuestos Internos aparece justificado en estrados en lo preceptuado en el artículo 6° letra B N° 5 del Código Tributario en cuanto dispone en lo literal y pertinente que corresponde a los Directores Regionales “5º Resolver administrativamente todos los asuntos de carácter tributario que se promuevan, incluso corregir de oficio, en cualquier tiempo, los vicios o errores manifiestos en que se haya incurrido en las resoluciones, liquidaciones o giros de impuestos.”

Es decir, el desconocimiento de los derechos adquiridos por el recurrente al suscribir con el Fisco el Convenio de Pago del cual se trata encuentra su fundamento en la “corrección” unilateral de un acto, un Giro materializado en un “folio”, supuestamente viciado incurriendo en un claro ejemplo por parte del Fisco de “nemo allegans propriam turpitudinem” (nadie puede alegar su propia torpeza) como razón para sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones convencionales.

En este punto cabe tener presente que el documento denominado “Comprobante de Resolución” emitido por la Tesorería General de la República, emitido con fecha 10 de julio de dos mil veinticinco y acompañado por el recurrente a su recurso, consigna expresamente entre las deudas acogidas al convenio aquellas consignadas en el folio 352707060 con la fecha de vencimiento correctamente indicada, esto es, el 30 de abril de 2020, de manera que el “error” del SII no fue recogido en el Convenio de Pago habido en la especie y consecuencialmente no tuvo ninguna trascendencia hacia dicho acuerdo.

En el mismo sentido el documento denominado “Certificado de Convenio” emitido por la Tesorería General de la República con fecha 27 de octubre de 2025, referente al convenio de pago habido entre el recurrente y dicho servicio, también consigna correctamente la fecha de vencimiento del folio 352707060.

5º Que, este sentenciador es del parecer que los errores de la administración y su corrección, sólo pueden afectarle a ella y jamás debiesen afectar a los destinatarios de sus actos y terceros, a menos que hubiesen ellos inducido al error a la autoridad que emite el acto, cual no es el caso, de manera que no cabe que el Servicio de Impuestos Internos decida por sí y ante si dejar sin efecto su propio acto, el Giro folio 352707060 y además consecuencialmente afectar un acto jurídico bilateral ya perfeccionado y en plena ejecución, en perjuicio de su contraparte, es decir el recurrente.

6º Que, asimismo, el destinatario y terceros de buena fe que han adquirido derechos en razón de actos administrativos viciados por errores de la autoridad que los emite, cuestión dudosa a la luz de tratarse en la especie un error formal no recogido en el Convenio de Pago, se encuentran protegidos y amparados en su derecho de propiedad sobre los bienes incorporales que para ellos emanan de dichos actos, derecho de dominio garantizado por nuestra Constitución Política en su artículo 19 número 24 y que no puede ser tan ligeramente desconocido por los recurridos; porque además de afectar dicho derecho, lo hace violentando los principios de supremacía constitucional y de juridicidad consagrados en los artículos 6º y 7º de la ley fundamental.

7º Que, lo alegado por la Tesorería General de la República en orden a que el Convenio de Pago en cuestión no ha sido dejado sin efecto, sino que por el contrario estaría plenamente vigente, con la única novedad que dentro de este ya no se encuentra el folio 352707060 como parte de la deuda a pagar, es un argumento en la práctica inefectivo desde que el contribuyente no puede continuar solucionando las cuotas de dicho Convenio de Pago habido con dicho servicio.

8º Que, el Servicio de Impuestos Internos también sostuvo que el presente recurso de protección debe ser rechazado por cuanto el contribuyente pudo ejercer el llamado amparo tributario o amparo del contribuyente si consideraba vulnerados sus derechos garantizados en los numerales 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República como producto de un acto u omisión de dicho servicio, ocurriendo ante el Tribunal Aduanero y Tributario competente conforme a lo preceptuado en el artículo 155 y siguiente del Código Tributario.

Al respecto solo cabe señalar que las normas citadas no excluyen la facultad del contribuyente para elegir si recurre de amparo ante el Juez Tributario o de protección ante la Corte de Apelaciones conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República; limitándose a señalar que el ejercicio de ambas acciones simultáneamente es incompatible; sin perjuicio que la acción prevista en el Código Tributario no procede respecto de actos u omisiones de la Tesorería General de la República.

9º Que, así las cosas, quien disiente, estima que efectivamente el derecho de propiedad del contribuyente sobre los derechos subjetivos emanados para él del Convenio de Pago suscrito con la Tesorería General de la República tiene el carácter de preexistente e indubitado de manera que los actos de las recurridas en orden a dejar el Servicio de Impuestos Internos el Giro folio 352707060 sin efecto, en lugar de solo corregir su mención errónea de la fecha de vencimiento, invalidación que afectó consecuencialmente el Convenio de Pago conforme a la Ley 21.713, Nº de Resolución 240078, habido entre el recurrente y la Tesorería General de la República, acto jurídico bilateral que contiene la mención de la fecha de pago del folio referido correctamente consignada y por ende no “adolece del vicio” señalado, deviene en arbitrario e ilegal conforme se expresó en las motivaciones precedentes, al afectar la garantía constitucional del artículo 19º número 24 de la Constitución Política de la República, procediendo entonces según su parecer acoger el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General De La República.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Dagoberto Arias Díaz.

Se deja constancia que no firma la Ministra Suplente Sra. Berta Salgado Salamé, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse con permiso conforme lo dispone el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

ROL N°503-2025. PROTECCIÓN.