Protección contra Contraloría Regional De Magallanes y Antártica Chilena

nombre reservado, cinco de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones Alejandra Guevara Mendoza, abogada e interpone acción de protección en favor de nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado, nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, en contra de la Contraloría Regional De Magallanes y Antártica Chilena, representada por su Contralora Regional doña Verónica Cecilia Orrego Ahumada, abogada , ambas con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, nombre reservado, por la omisión en que ha incurrido la Contraloría Regional de Magallanes en su deber de fiscalizar la legalidad y forma de los actos de la Policía de Investigaciones de Chile en materia del proceso de traslado de su representada, por cuando los actos administrativos que se invocan y las omisiones están causando en los hechos grave perjuicio a su representada en el legítimo ejercicio de la garantía Constitucional de protección de su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones establecido en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República y que requieren de una respuesta y proceso ágil para ser eficaz y eficiente en el respeto de sus derechos, como lo es esta vía proteccional.

Expone que en enero del año 2001 su representada ingresó a la Policía de Investigaciones de Chile, prestando servicios remunerados bajo subordinación y dependencia en el escalafón pericial, como nombre reservado del Laboratorio de Criminalística de dicha institución, y desde julio del año 2016 desempeñándose en el Laboratorio de Criminalística de la Región de Magallanes, con oficio en la ciudad de nombre reservado hasta la fecha, ciudad en la cual reside junto a sus hijas.

Agrega que en marzo del año 2021, en el contexto de los procedimientos de traslados de funcionarios de la Institución, se dictó por el nivel central la resolución exenta RA N°380/474/202 de fecha 11 de Marzo del año 2021 en la cual se indican una serie de funcionarios con relación a los cuales se dispone el inicio del procedimiento de traslado, en el caso de su clienta, sale indicada en la referida resolución para ser destinada a la Región Metropolitana, resolución dictada mientras ella se encontraba con permiso administrativo fuera de oficina y sin que se siguiera el procedimiento regular a su respecto que rige las destinaciones al interior de la referida institución.

Posteriormente da cuenta de hechos que se derivaron posteriores a aquello manteniéndose trabajando en nombre reservado y producto del estrés y sobrecarga de trabajo motivó que cayera en un cuadro de estrés agudo y depresión, siendo dispuesta su licencia médica e iniciando tratamiento.

Con fecha 19 de agosto del año en curso , y conforme proceso establecido en materia de pagos de la institución, que fija la fecha mensual de pagos de remuneraciones, le fue transferida a su cuenta bancaria, cuenta corriente Banco Estado N°[cuenta reservada] la remuneración correspondiente al mes de agosto del año en curso, en la cual, y según detalle de liquidación de remuneraciones, en forma arbitraria, ilegal y sin la autorización expresa de su clienta, se le efectuó por parte de la Policía de Investigaciones de Chile un descuento a sus remuneraciones bajo el ítems “remuneración en exceso” Código D0000023 por la suma de $265.658.- el cual se registra en un apartado denominado “descuentos varios” en la referida liquidación, sin facultad legal para ello, lo cual causó y sigue causando perjuicio patrimonial a su representada por cuanto, en los hechos, se la priva de su legítimo derecho de propiedad en relación a sus remuneraciones devengadas, se afecta la seguridad de la misma y genera un daño emocional adicional a una persona que se encuentra bajo licencia médica y que se encuentra con este tipo de acciones bajo presión económica adicional a su situación actual, lo cual además le afecta en su capacidad crediticia y la efectividad de poder responder de sus obligaciones financieras adecuadamente.

Por aquello, con fecha 19 de agosto pide antecedentes a la Unidad Central de remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, oportunidad en la cual en forma verbal le dan como respuesta que dicho descuento se trataría del primer descuento de 24 cuotas iguales que se realizarán desde ese mes y sucesivamente a sus remuneraciones bajo el fundamento de estar facultados para ello por la Contraloría General de la República por una resolución exenta número 11719/2024.

Aclara que la resolución aludida 11719/2024 de la Contraloría General de la república de Magallanes, le fue comunicada por la Policía de Investigaciones de Chile sin mayor información, lo que se hace en concurrencia de personal de la unidad Regional de la Policía de Investigaciones al domicilio de la recurrente ubicado en calle nombre reservado 069 nombre reservado el día 12 de agosto del año en curso, estando ella con licencia médica, sin antecedentes fundantes, en la cual se indica que la Contraloría aceptaba la petición de pago en cuotas de 24 parcialidades de un monto de 3,2503 UTM cada una, basada esta resolución en una entrega unilateral de información de la misma Policía de Investigaciones a la Contraloría, dando cuenta de una destinación de mi clienta como totalmente gestionada y tramitada, dando por sentada la existencia de una zona pagada en exceso, de una deuda por ese “exceso”, solicitando pronunciamiento a la Contraloría de cuotas para el pago y aludiendo a gestiones que no han sido válidamente realizadas.

Sostiene que su representada sigue a la fecha siendo funcionaria de la Policía de Investigaciones de Chile y que se encuentra perteneciendo al Laboratorio de Criminalística de nombre reservado, lo cual ha sido desconocido por la Policía de Investigaciones, y ha efectuado requerimientos de pronunciamientos a la Contraloría para que ésta valide o justifique su apreciación y les permita, en consecuencia, mediante actos administrativos, efectuar descuentos improcedentes.

Entiende que se ha contrariado el procedimiento mismo que ha establecido la Contraloría al respecto el cual se encuentra reglado en la resolución N°35 de 27 de diciembre del año 2018 de la Contraloría General de la República que “ESTABLECE PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS FACULTADES PREVISTAS EN LOS INCISOS PRIMERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 67 DE LA LEY Nº10.336 Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN Nº118, DE 1962, DE ESTE ORIGEN”, en que requiere expresamente solicitud de parte en forma personal o debidamente representada, situaciones que no concurren en la especie, por lo que -a agrega – es de total importancia para su parte la respuesta de Contraloría sobre los fundamentos de la petición y sus sustentos.

Agrega que, en materia de destinaciones, existe norma especial que regula dicho procedimiento, en el caso concreto la Orden General N°2675 de febrero del año 2021, que constituye el Reglamento de destinaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, en el cual se establece un proceso completo y especial para estos fines.

Además, fue notificada con fecha 10 de Septiembre del corriente, por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile y por instrucción de la Contraloría Regional de Magallanes, de la Resolución N°13138/2024 de fecha 02 de Septiembre del año 2024 de la Contraloría Regional de Magallanes, firmada por la Sra. Contralora Regional doña Verónica Orrego Ahumada, por medio de la cual, dicha entidad resuelve a solicitud de la Policía de Investigaciones reconocer la existencia de una deuda de su representada para con el Fisco por concepto de gratificaciones de Zona pagadas en exceso ahora por los períodos 01 de enero y 31 de marzo del año 2023, basada en la existencia de una resolución de marzo del año 2021 del Nivel Central de la PDI que dispuso traslado de la funcionaria.

Asimismo – agrega -, la Contraloría Regional de Magallanes incluso al día de hoy ha omitido pronunciarse acerca de las medidas proteccionales solicitadas para suspender los efectos de resoluciones que carecen de sustento y no ha ejercicio acciones concretas en forma oportuna en la materia, al punto que, revisada la página de seguimiento y desde su ingreso del 29 de agosto del corriente, el reclamo sigue estancado en “fase de análisis”.

Cita el artículo 3, 88, 111 de la Ley N°18.834, artículo 1 y 1 bis del Decreto Ley N°2460 Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, la Orden General N°2675 de febrero del año 2021 que corresponde al Reglamento de Destinaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, y la Orden general N°1487, que es el reglamento Interno de Licencias.

Solicita, en definitiva, se resuelva: 1. Que se acoge el presente recurso de protección declarando que el descuento de remuneraciones efectuado por la Policía de Investigaciones de Chile por orden de la Contraloría Regional de Magallanes mediante resolución N°13138/2024 de fecha 02 de Septiembre del corriente por un monto de $992.372 es legalmente improcedente, como asimismo la orden de descontar a futuro 23 cuotas restantes por igual concepto por un monto mensual de 8,8493 UTM dispuesto en dicha resolución, ordenando en consecuencia la devolución de dicho monto debidamente reajustado, restableciendo con ello imperio del derecho y asegurando la debida protección del derecho de propiedad sobre las remuneraciones de mi representada. 2. Que se condene en costas a la parte recurrida.

Acompaña la siguiente documentación: 1.- Copia digitalizada de mandato judicial otorgado ante el Sr. nombre reservado titular de la Segunda Notaría de nombre reservado, don nombre reservado;2.-Copia de registros de las hojas de vida de funcionaria correspondiente a doña nombre reservado; 3.-Liquidación de remuneraciones de doña nombre reservado correspondiente al mes de Septiembre del año 2024; 4.-Copia de solicitud N°123859 de fecha 30 de Noviembre del año 2022 efectuada para ante el Sr. Contralor Nacional; 5.-Respuesta Folio E 365950 de fecha 10 de Julio del año 2023 de la Contraloría Regional de Magallanes a doña nombre reservado; 6.-Copia de resolución exenta 1179 de fecha 08 de Agosto del año 2024 de la Contraloría General de Magallanes y copia de acta de comunicación de dicha resolución de fecha 30 de Agosto del corriente; 7.-Copia de Ordinario N°22 de Lacrim Central de la Policía de Investigaciones de Chile de fecha 28 de Agosto del año 2024 en el cual se reconoce la pertenencia de mi representada al LACRIM de Magallanes, Punta Arena; 8.-Informe Médico de fecha 30 de Julio del año 2024 correspondiente a doña nombre reservado; 9.-Copia de correo de respaldo de recepción de consulta a Contraloría SAI N°003933-2024; 10.-Oficio respuesta folio E 537540 de fecha 06 de Septiembre del año 2024 de la Contraloría Regional de Magallanes; 11.- Oficio respuesta FOLIO E 522405 de fecha 02 de Agosto del año 2024 de la Contraloría Regional de Magallanes; 12.- Oficio respuesta folio E 534984 de fecha 02 de Septiembre del año 2024 de la Contraloría Regional de Magallanes; 13.- Liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de Agosto del año 2024 de doña nombre reservado; 14.- Constancia de ingreso de presentación de reclamo por parte de doña nombre reservado ante la Contraloría Regional de Magallanes, ingreso N°122836 de fecha 29 de Agosto del año 202 y 15.-Constancia de notificación de fecha 10 de Septiembre del año 2024 de la Policía de Investigaciones de Chile y resolución de la Contraloría Regional de Magallanes N°13138 de fecha 02 de Septiembre del año 2024.

Informa la recurrida solicitando el rechazo de la acción.

Hace presente que sin perjuicio de que la presente acción cautelar ha sido formalmente interpuesta contra la resolución exenta Nº13.138, de 2024, de esta Sede Regional de Control, que concedió facilidades de pago para reintegrar el monto observado por su empleador, el acto eventualmente susceptible de causar agravio a la recurrente es la determinación de la Policía de Investigaciones que cesó el beneficio que reclama, en el año 2022, la solicitud de reintegro de remuneraciones percibidas indebidamente, notificada a la recurrente por dicha entidad policial con fecha 10 de septiembre de 2024, o los actos que materializan esos descuentos por remuneraciones percibidas indebidamente, con inicio el día 19 de agosto de 2024, siendo todos aquellos actos emanados de la Policía de Investigaciones y respecto de los cuales la reclamación por vía de recurso de protección resulta completamente extemporánea.

Por tanto, en atención a que la interesada tomó conocimiento del descuento de la asignación de zona en sus remuneraciones del año 2022, y que luego tomó conocimiento del descuento por remuneraciones percibidas en exceso en el mes de agosto de 2024 -como ella misma reconoce en su libelo- y que la acción de autos se interpuso con fecha 7 de octubre de 2024, cabe concluir que se ha excedido el plazo fatal de treinta días corridos para su interposición.

Luego, en el evento que se estime que es la actuación de la Contraloría Regional la que causa agravio, éste se habría producido en el Oficio N°E414.364, de fecha 10 de noviembre de 2023, que determinó que correspondía el cese de la gratificación de zona de la recurrente, acto respecto del cual también existe extemporaneidad para recurrir de protección.

Por los mismos argumentos referidos precedentemente platea la falta legitimación pasiva por cuanto entiende que la recurrente pretende que se lleven a cabo actuaciones administrativas que son de cargo exclusivo de esa entidad policial y no de la Entidad de Control.

Destaca, en este punto, que los descuentos en las remuneraciones no los realiza la Entidad de Control sino la institución a la que sirve la recurrente, en este caso la Policía de Investigaciones de Chile, y por ello resulta evidente que no cabe entender que dicha petición pueda estar referida a la resolución exenta N°13.138, de 2024, la que no causó agravio alguno a la recurrente.

Además, entiende que ha sido la institución policial la que se ha visto afectada por la conducta de la recurrente al mantenerse en la ciudad de nombre reservado pese a las órdenes directas y notificadas de su jefatura de trasladarse a desempeñar funciones en la ciudad de Santiago en virtud de los actos administrativos antes indicados.

Todo lo anterior – agrega - torna imposible que se acceda a lo que en el fondo ha solicitado la recurrente en su petitorio sin vulnerar el derecho a defensa de esa entidad policial, entendiendo que existe la necesidad que aquella sea emplazada.

Agrega que es evidente que el asunto recurrido no es una materia que corresponda ser dilucidada por este medio, si se tiene presente que la recurrente en el petitorio de la acción solicita expresamente la devolución del monto descontado de sus remuneraciones, lo que claramente excede la necesidad cautelar al no ser el recurso de protección el arbitrio procedente para impetrar un cobro de pesos.

En cuanto a la resolución impugnada, hace presente que la instrucción que se encuentra contenida en la resolución exenta N°13.138, de 2024, ha sido emitida de acuerdo con las competencias que han sido asignadas a la Contraloría General de la República en virtud de los artículos 98 de la Constitución Política de la República y 95 y siguientes de la ley N°10.336, funciones que han sido debidamente delegadas por el Contralor General de la República a los Contralores Regionales por medio de la resolución N°1.002, de 2011, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico.

En cuanto a la asignación de zona, hace presente que el dictamen N°E64210, de 2020, concluyó que aquellos servidores que son objeto de una destinación formal, mientras hacen uso de ese permiso médico, sólo mantienen el derecho a percibir las remuneraciones correspondientes a su antiguo desempeño hasta el momento en que queda afinado el acto que los destinó. De esta manera, sin perjuicio que el funcionario esté haciendo uso de licencia médica, una vez dispuesta su destinación a una localidad cuyo desempeño no otorgue la asignación en análisis, debe cesar su pago, por no cumplirse los requisitos para acceder a ella.

Aprecia que sostener lo contrario -en términos de establecer que ese derecho se mantiene durante el periodo de licencias médicas y hasta la asunción de funciones en otra región-, implicaría exigir a la Policía de Investigaciones el deber de pagar tanto a la recurrente como al funcionario que asuma funciones en ese rol en la ciudad de nombre reservado, en forma simultánea, las asignaciones o gratificaciones que correspondan, en circunstancias de que solo uno de ellos cumple la totalidad de los requisitos exigidos para percibirlas, porque lleva a cabo las labores efectivas por las que se conceden.

En consecuencia, atendido a que la destinación de la señora nombre reservado fue dispuesta mediante la resolución exenta RA N°380/474/2021, de ese ente policial, la que fue notificada a la interesada, a partir de dicha diligencia no se cumple la condición que hace procedente la gratificación de zona, debiendo cesar su pago, y en tal sentido, que la administración haya continuado pagándole por error, no justifica la percepción indebida ni libera a la funcionaria de la obligación de reintegrar las sumas adeudadas.

Acompaña la siguiente documentación: 1.- Reclamo presentado con fecha 30 de noviembre de 2022, por la señora nombre reservado (Ref. N°123859-2022); 2.- Oficio N°E365950, de 2023, de este origen; 3. Oficio RES. N°3635, de 30 de agosto de 2023, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de Personas de la Policía de Investigaciones de Chile; 4.- Oficio N°E414364, de 10 de noviembre de 2023, de Contraloría; 5.- Oficio N°E450292, de 9 de febrero de 2024, de Contraloría; 6.- Oficio N°2.479, de fecha 15 de julio de 2024, del Jefe Nacional de Administración y Gestión de la Personas, de la Policía de Investigaciones de Chile; 7.- Oficio N°2.419, de 2024, del Jefe Nacional de Administración y Gestión de la Personas, de la Policía de Investigaciones de Chile; 8.- Resolución Exenta N°11.719, de 2024, de Contraloría; 9.- Resolución Exenta N°13.138, de 2024, de Contraloría; 10.- Notificación por correo electrónico del oficio N°E414364, de 2023; 11.- Notificación por correo electrónico del oficio N°E450292, de 2024; 12.- Resolución N°35, de 2018, de esta Contraloría General; 13.- Oficio N°E489303, de 2024; 14.- Dictámenes N°33.604, de 2016, N°25.879, de 2018 y E64210, de 2020, de Contraloría; 15. Resolución Exenta RA N°380/474/2021, de destinación de la recurrente a la Región Metropolitana, y 16.- Resolución 1002, de 2011 de la Contraloría General de la República, que establece organización y atribuciones de las Contralorías Regionales.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por los recurrentes lo hacen consistir en la dictación, por parte de la recurrida, de la resolución Nº13.138, de 2024, que concedió facilidades de pago para reintegrar el monto observado por su empleador.

CUARTO: Que, al evacuar informe la recurrida insta por el rechazo del recurso en virtud de lo expuesto en la parte expositiva.

QUINTO: Que, en relación con la extemporaneidad, aquella será rechazada atendido que se recurre en contra de la resolución referida, que autorizan el descuento mensual de las remuneraciones de la recurrente por el monto que se indica, notificada el día 10 de septiembre a la recurrente, por lo que al haberse interpuesto la acción con fecha 07 de octubre del presente año se encuentra presentada la misma dentro de plazo.

SEXTO: Que, en cuanto a la falta de legitimación pasiva, aquella también será rechazada, atendido que se impugna la resolución referida precedentemente, que fue dictada por la recurrida.

SEPTIMO: Que de los elementos allegados durante la tramitación de la presente acción, los que han sido apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Mediante la resolución exenta RA N°380/474/2021, notificada a la funcionaria con fecha 12 de marzo de 2021, se dispuso la destinación de la recurrente desde el Laboratorio de Criminalística Regional nombre reservado al Laboratorio de Criminalística Central de la Región Metropolitana, a contar del 12 de marzo de 2021, a través de su hoja de vida anual.

2.- El oficio N°E365950, de 10 de julio de 2023, de la recurrida, respondiendo el requerimiento de la recurrente, estableció que de los antecedentes tenidos a la vista no aparecía que la Policía de Investigaciones hubiera dispuesto el traslado de la recurrente a una unidad que no habilite el pago de la ya citada asignación, siendo aquella la razón por la que concluyó que, hasta ese entonces, no se advertía el motivo de cese de esa gratificación, por lo que solicitó a la referida entidad policial informar las razones de dicho cese.

3.- La Jefatura Nacional de Administración y Gestión de Personas de la Policía de Investigaciones de Chile, en su oficio RES. N°3635, de 30 de agosto de 2023, informó lo señalado, precisando además que a contar del día 22 de abril de 2021 y hasta la fecha del informe emitido, esto es, el 30 de agosto de 2023, la funcionaria permanecía con reposo médico, lo que había impedido concretar su despacho a la nueva unidad.

4.- Aplicando el criterio contenido en dictamen N°64.210 de 2020, se dictó el oficio N°E414364, de 10 de noviembre de 2023, notificado por correo electrónico a la señora nombre reservado con fecha 10 de noviembre de 2023, aplicando la normativa y la jurisprudencia vigente sobre la materia, concluyéndose que correspondía el cese de la gratificación de zona a partir de la misma fecha de su destinación, sin perjuicio de lo cual solicitó a la Policía de Investigaciones informar si durante el año 2021 pagó a la señora nombre reservado la referida gratificación.

5.- Mediante el oficio N°E450292, de 9 de febrero de 2024, notificado a la señora nombre reservado por correo electrónico de la misma fecha, en consonancia con lo resuelto previamente, se determinó que la señora nombre reservado percibió indebidamente la gratificación de zona a partir del 12 de marzo de 2021, y se ordenó a la Policía de Investigaciones adoptar las medidas para obtener el reintegro de lo pagado a partir de esa fecha.

6.- Mediante oficio N°2.479, de fecha 15 de julio de 2024, del Jefe Nacional de Administración y Gestión de la Personas, de la Policía de Investigaciones de Chile, se informó que la deuda de la señora nombre reservado, por concepto de gratificación de zona percibida indebidamente, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo 2023, correspondía a la suma de $5.145.975, solicitando otorgar facilidades de pago para la restitución de dicha obligación.

7.- Por resolución exenta N°11.719, de 8 de agosto de 2024, se ordenó se efectúe a la recurrente el descuento de $5.145.975, equivalente a 78,0083 Unidades Tributarias Mensuales -UTM-, en veinticuatro parcialidades, ascendentes cada una de ellas a 3,2503 UTM.

8.- Por oficio N°2.419, de 2024, del Jefe Nacional de Administración y Gestión de la Personas, de la Policía de Investigaciones de Chile, se informó una deuda, esta vez por $14.010.303, por concepto de gratificación de zona percibida indebidamente, sumando los períodos comprendidos entre el 12 de marzo de 2021 y el 31 de enero de 2022, que se agregó a la cantidad ya informada.

9.- La resolución exenta N°13.138, de 2 de septiembre de 2024, objeto del presente recurso, dispuso la pertinencia de los descuentos, otorgando facilidades a la actora para reintegrar la suma de $14.010.303, equivalente a 212,3835 UTM, en veinticuatro parcialidades, ascendentes cada una de ellas a 8,8493 UTM.

OCTAVO: Que en este sentido el articulo 67 de la Ley N°10.336 dispone en lo pertinente: “El contralor podrá ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los Organismos y Servicios que controla, en las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente. Estos descuentos podrán hacerse efectivos también sobre el desahucio y las pensiones de jubilación, retiro y montepío. Si recaen sobre remuneraciones mensuales no podrán exceder del 50% de las mismas.”.

NOVENO: Que, así las cosas, el acto concreto que se reclama de la recurrida, se limitó a resolver una solicitud planteada por el empleador de la actora (Policía de Investigaciones) en relación con un pronunciamiento anterior que determinó que aquella percibió de manera indebida la asignación de zona al encontrarse con traslado efectivo a la ciudad de Santiago desde el año 2021, por lo que no es un acto que vulnere las garantías constitucionales invocadas en la forma como reclama la recurrente, teniendo en consideración que parte de lo que pide la recurrente es que se dejen sin efecto el descuento de los “pagos en exceso” de su remuneración, cuestión que, como ya se indicó, fue resuelta mediante un acto anterior.

DECIMO: Que, en consecuencia, la recurrida, al emitir el oficio impugnado en autos, no ha hecho otra cosa que ejercer las facultades y desempeñar las funciones que le han sido asignadas en virtud de lo previsto en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, y artículos 6, 9 y 67 de la ley N°10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General, las que han sido debidamente delegadas por el Contralor General en los Contralores Regionales mediante la resolución N°1.002, de 2011, de la Contraloría General de la República, emitiendo un pronunciamiento conforme a tal petición, sin que exista ilegalidad alguna en su dictamen, el cual, como se indicó, ha sido emitido conforme a lo pedido.

UNDECIMO: Que, en atención a lo expresado, procede el rechazo de la acción constitucional deducida.

Por estas consideraciones y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de 1992 y sus modificaciones, se resuelve:

I.- Que se rechazan las alegaciones de extemporaneidad y falta de legitimación pasiva.

II.- Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Contraloría Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Suplente Sr. Juan Villa Martínez.

ROL N°500-2024 PROTECCIÓN.