nombre reservado con XII ZONA CARABINEROS MAGALLANES

Punta Arenas, cinco de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones nombre reservado, Sargento 2° de Carabineros, quien presta sus servicios actualmente en la Central de Comunicaciones Cenco Magallanes, dependiente de la Prefectura de Carabineros Magallanes Nº28, e interpone acción de protección en contra de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, por no dar lugar al recurso de reconsideración de traslado, conforme al documento electrónico Nº196725932, el cual mantiene la decisión de trasladar al recurrente a la Sub-comisaría El Castillo, dependiente de la 41° Comisaría La Pintana, de la Prefectura Santiago Sur, Región Metropolitana.

Expone, que es casado y que tiene dos hijos, nombre reservado de 15 años, quien fue promovida a segundo año de enseñanza media y Benjamín Antonio de 9 años, quien fue promovido a cuarto año de enseñanza básica, ambos se encuentran en proceso de postulación al Liceo y Colegio Liahona, de la comuna de Pucón.

Explica, que tiene una vivienda propia en la comuna de Pucón, donde será trasladado su grupo familiar desde la comuna de Magallanes, siendo esta una decisión rápida y forzosa, atendido que su hijo menor fue diagnosticado con Asma Bronquial Moderado y Rinitis Alérgica, por lo cual, debe permanecer con tratamiento médico.

Indica, que por lo anterior, su traslado a la ciudad de Santiago en conjunto con su grupo familiar no ayuda a la salud de su hijo, toda vez que el niño, no puede estar expuesto a contaminantes ambientales y a controles alérgenos, situación de contaminación que en la ciudad de Santiago es muy habitual, lo cual agravaría la salud de su hijo.

Refiere que la Orden General N°2324 de 10 de marzo 2015, que actualiza las “Normas Relativas a la Protección de la Maternidad, la Paternidad y la Vida Familiar” señala en su numeral 1)de sus generalidades, que “se entiende por protección a la maternidad, paternidad y vida familiar, el conjunto de derechos que la normativa laboral otorga, tendientes a compatibilizar las obligaciones laborales de los padres con el cuidado y protección de los hijos”.

Añade, que la Constitución Política de la República, en su artículo 1° inciso segundo, señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Además, que el Código de ética de Carabineros de Chile, señala en sus principios institucionales, en su numeral 2, “Protección a la vida y dignidad humana”, agregando “Este constituye un fin en sí mismo para el ser humano, por ende debe ser el centro y objeto de todas nuestras acciones tanto en el plano externo como en el intrainstitucional”.

Precisa que el traslado en cuestión perjudica la salud de su hijo, ya que no ayuda a su recuperación y su tratamiento. Además señala que dicho traslado le genera un perjuicio económico, ya que deberá arrendar una casa cuyo valor de arriendo supera los quinientos mil pesos, más gastos comunes, lo cual no se justifica ya que el recurrente cuenta con una vivienda propia en la comuna de Pucón.

Solicita se ordene el cambio de destinación del lugar de trabajo a una unidad más cercana al domicilio familiar que se encuentra en la ciudad de Pucón y, además, cuenta con las condiciones ambientales favorables para la salud de su hijo Benjamín.

Acompaña a su acción: 1. Certificado médico de su hijo Benjamín, emitido por el Dr. nombre reservado, 2. Boletín de traslado, y 3. Respuesta a la reconsideración al departamento P2.

Informa, Marco A. nombre reservado, General de Carabineros, Jefe de Zona, por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Explica, que el artículo 31 de la Ley N°18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, establece que "corresponde sólo a la autoridad respectiva de Carabineros, destinar al personal en los diversos cargos y empleos, según los requerimientos de la función policial”, además el artículo 10, inciso primero, del Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y Otros Beneficios, N°9, previene que “los traslados del personal de la Institución serán dispuestos por el General Director”. Agrega, su inciso segundo que, “los concernientes al Personal de Nombramiento Institucional, -calidad que detenta el recurrente -, serán dispuestos por esta Dirección Nacional de Personal, por los Jefes de Zona y por los Prefectos, según corresponda.”

Asimismo, el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros, aprobado mediante la Orden General N°2.707, de 13/11/2019, definió, ordenó, reguló, coordinó, y resolvió la ejecución e implementación del proceso anual de traslado para todo el personal de los distintos escalafones institucionales, disponiendo los procedimientos de rigor.

Bajo este contexto y en torno a la prerrogativa esgrimida, la reiterada jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, contenida en sus Dictámenes N°32.071 y 4.181, ambos de 2017, 35.593 de 2016; 25.116 de 2014; 3.263 de 2012; 34.098 de 2010 y 26.374 de 2000, ha sostenido que la Institución, por razones de buen servicio, se encuentra facultada para destinar a sus funcionarios a las diversas localidades del país, sin que esta atribución pueda verse reducida o limitada por objetivos personales de quienes son trasladados, ya que, el fin perseguido por esta medida es lograr optimizar las funciones asignadas por la Constitución y leyes a Carabineros de Chile. En esta directriz, es la autoridad competente la que evalúa y determina la oportunidad y utilidad de la medida adoptada, debiendo primar, en el ejercicio de esa facultad, el interés público por sobre el interés particular del funcionario.

Este criterio también ha sido recogido por la jurisprudencia judicial, específicamente por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en el considerando duodécimo de la sentencia de causa de Protección Rol N°32.644-2021, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema.

De este modo, la atribución institucional en materia de traslados, en orden a decidir discrecionalmente cómo distribuir y ubicar al personal de Carabineros, responde a un proceso de responsabilidad de la Dirección Nacional de Personal, previa identificación de las competencias, habilidades y aptitudes del recurso humano, con miras a ubicarlo donde mejor respondan a los intereses corporativos y a las demandas y necesidades de personal a lo largo del país, tomando en consideración, para ello, variables de carácter profesional y excepcionalmente, aspectos personales del funcionario.

A mayor abundamiento, el Capítulo II, numeral 2.1, del mismo cuerpo instructivo, precisa, entre otras políticas institucionales, que todo miembro de Carabineros, cualquiera sea su grado y escalafón, por el sólo hecho de ingresar a sus filas, se compromete a prestar servicios en la guarnición que se estime necesaria, configurándose el deber de desempeñar sus obligaciones profesionales en forma eficiente en todo el territorio nacional, respondiendo con ello, a la misión constitucional asignada a la Institución, la que no puede quedar supeditada ni sometida a la conveniencia de los funcionarios policiales, siendo aquello una consecuencia de la naturaleza militar, disciplinada y jerarquizada de Carabineros, construida sobre la base de la obediencia o el acatamiento, al tenor de lo estipulado en el artículo 2°, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros.

Agrega que el Manual de Traslados, en su párrafo 1.3., letra a), contempla como uno de los aspectos básicos que ha de considerar la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile para la ejecución del Proceso Anual de Traslados del Personal de Nombramiento Supremo e Institucional, la identificación de los cargos vacantes y la necesidad de cubrirlos a consecuencia de la demanda de recursos humanos, evidenciada por las metodologías institucionales vigentes y aquellas que surjan de situaciones especiales que deban ser analizadas por el Mando respectivo.

Entiende que, en virtud de lo explicitado, es posible colegir que el raciocinio que justificó la adopción de la medida instruida se fundó en necesidades propias de la labor institucional, para una administración con miras a garantizar la presencia nacional, a fin de velar por la seguridad y el orden públicos dentro del territorio. Además, su movimiento se debió, tal como se le informó luego de haber ejercido el recurso de reconsideración, por el tiempo de permanencia en una Zona de Tratamiento Económico Especial.

Al respecto, hace presente el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile en relación al tiempo de permanencia del personal y, además, teniendo presente que, desde el 02 de enero del 2019, el recurrente presta servicios en las Unidades de Punta Arenas, lugar que constituye una Zona de Tratamiento Económico Especial, conforme a lo establecido en el artículo 7°, del Decreto Ley N°249, de 05de enero de 1974, del Ministerio de Hacienda, que "Fija Escala Única de Sueldos para el Personal que señala", en relación a la tabla de permanencia consignada en el N°4.3. del Capítulo IV Tiempos de Permanencia, del citado Manual, en donde se consigna un tiempo de permanencia máximo para el Personal de Nombramiento Institucional de 5 años en dichos lugares, es posible constatar que, la orden de traslado dispuesta, al contrario de lo planteado por el recurrente, se erige como un acto administrativo que cumple con la normativa legal, no constatándose a este respecto, las vulneraciones a las normas constitucionales indicadas.

En cuanto a los motivos que justificaron la adopción de la medida consistente en destinar a un funcionario cuyo hijo padece de asma bronquial moderado y otras patologías, y que a juicio del recurrente no se consideró la situación de salud de su hijo, el detrimento económico, la situación escolar de sus dos hijos, por cuanto supuestamente no los puede trasladar de establecimiento educacional, el tratamiento médico de su hijo, y la disgregación familiar, vulnerando las garantías constitucionales de los numerales 1 y 2, se manifiesta que, teniendo en consideración que debe primar el interés general sobre el particular, para satisfacer las necesidades operativas de las distintas Unidades que se encuentran con déficit de personal y mejorar la pirámide jerárquica, lo que debe ser acatada en virtud de las circunstancias.

En cuanto a que aquello signifique una disgregación familiar, en atención a que matriculó voluntariamente a sus hijos en la comuna de Pucón y que uno de ellos se encuentra con tratamiento médico, indica que aquello excede las competencias institucionales, puesto que ello obedece a una decisión familiar de la cual no puede hacerse responsable a Carabineros de Chile.

Agrega, que lo anterior sería una limitante en la medida que los hijos no puedan recibir educación o atención médica regular en las mismas condiciones que si vivieran en Punta Arenas, lo que no ocurre en la especie, por cuanto, en la Región Metropolitana existen establecimientos educacionales, como también el Hospital de Carabineros, y centros de atención especializados de la Institución que puedan continuar con el tratamiento de su hijo, razón por la cual cabe desestimar la supuesta vulneración al derecho a la integridad psíquica, consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

Indica, que respecto de las condiciones que han de tenerse en consideración para decidir sobre el traslado, no es determinante, que su hijo lamentablemente se encuentre enfermo, ya que, tal como se señaló, la decisión adoptada, es de aquellas previstas en la reglamentación respectiva y vigente, fundada en las necesidades propias de Carabineros de Chile.

Añade, que la Orden N°122 de 02 de noviembre de 2023, dispuso, dentro del Plan Anual de Traslado, el movimiento de más de cincuenta funcionarios, dentro de los cuales está contemplado en el numeral 30, el recurrente de autos.

Finalmente indica que es posible concluir que no se ha conculcado el derecho a un debido proceso, ni la igualdad ante la ley, habida consideración que las autoridades institucionales han actuado de conformidad a las facultades de las cuales se encuentran legalmente revestidas y ponderando antecedentes objetivos que permiten fundar dicha actividad en la eficacia del aspecto operacional, por lo que malamente podría aducirse la irregularidad de los actos administrativos dictados.

Solicita se rechace la presente acción de protección, ya que no se vislumbra que el actuar de Carabineros de Chile configure una ilegalidad o arbitrariedad, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente lo hace consistir en la dictación de la Resolución que rechaza su recurso de reconsideración en contra de la resolución N°122, de fecha 02 de noviembre 2023 dictada por la recurrida que dispone su traslado a la Sub-comisaría El Castillo, dependiente de la 41° Comisaría La Pintana, de la Prefectura Santiago Sur, Región Metropolitana, a contar del 02 de enero de 2024.

CUARTO: Que, al evacuar su informe la recurrida insta por el rechazo del recurso, de acuerdo al tenor de lo consignado en lo expositivo del presente fallo.

QUINTO: Que, es menester tener presente que, conforme a la normativa aplicable en el Manual de Traslado para el Personal de Carabineros de Chile y en lo que importa a este recurso, el Capítulo II “Consideraciones Especiales para la Toma de Decisiones” en el punto 2.1, “De la Obligación del Personal de Carabineros de Chile” dispone: “que todo miembro de la Institución, por el hecho de ingresar a ella, se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país, para desempeñar las tareas encomendadas por la Constitución Política de la República, leyes y reglamentos, a Carabineros de Chile, atendiendo a las necesidades del servicio, planificación estratégica institucional y/o criterios establecidos en el presente manual. Dicha obligación tiene variados alcances, entre los cuales cabe consignar aquel que se relaciona con el sistema jerárquico y disciplinario de Carabineros de Chile, que se fundamenta en la obediencia y acatamiento de las normas y disposiciones existentes, destacándose la facultad que posee el órgano institucional competente para disponer los traslados que sean necesarios para el cumplimiento de los fines e intereses institucionales.”

SEXTO: Que, de la norma señalada en el motivo que antecede, se desprende que el recurrente, funcionario de Carabineros de Chile, al momento de ingresar voluntariamente a la institución se obliga al cumplimento de las normas que rigen a la misma, y específicamente en cuanto a la materia recurrida, por la naturaleza de la función que sirve y el interés público prevaleciente, no es posible sostener que goce de una suerte de inamovilidad en el ejercicio de su cargo, por lo que el recurso de protección impetrado no busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado, sino más bien, que se reconozca judicialmente la existencia de este derecho, lo que es absolutamente ajeno a la finalidad propia del acción constitucional, cual es, constituir una vía urgente, eficaz y extraordinaria, destinada a reparar situaciones de hecho ilegales o arbitrarias que afecten un derecho constitucional no discutido, derecho que en la especie, como se ha referido, aparece expresamente controvertido, lo que obliga a desestimar el presente recurso.

SEPTIMO: Que a mayor abundamiento el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile, en su Capítulo Cuarto al referirse a los tiempos de permanencia en una destinación del personal institucional indica que los tiempos de permanencia conforme a la norma general, son en caso de los Oficiales Superiores y Oficiales Jefes un mínimo de dos años y máximo de cinco años, en caso de los Oficiales Subalternos un mínimo de tres años y máximo de seis años y el Personal de Nombramiento Institucional un mínimo de cinco años y un máximo de diez años.

De lo anterior se infiere que los funcionarios policiales tienen una permanencia definida, y preestablecida en los lugares donde prestan servicios durante su carrera funcionaria, política institucional que es de carácter general, por lo que no se observa una ilegalidad o arbitrariedad en la medida adoptada por la superioridad institucional respecto a su nueva destinación.

OCTAVO: Que, sumado a lo anterior, al artículo 62 del Reglamento para la Vigilancia y Seguridad Territorial, N°49 dispone plazos similares a los referidos en el considerando anterior, cuestión que también se cumplió por parte de la recurrida.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N°5-2024 Protección.