Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S

nombre reservado, catorce de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones, doña Linda Nataly Quintero Mogollón, abogado, cédula de identidad para extranjeros NºRUT reservado, en favor de don nombre reservado, venezolano, cédula de identidad para extranjeros NºRUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región de Magallanes, quien interpone Recurso de Protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el Acto Ilegal y Arbitrario notificado en fecha 16 de septiembre de 2025, que “DETIENE la Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero”.

Expone que don nombre reservado, con residencia definitiva en Chile ha enterado sus cotizaciones de AFP, Salud y Cesantía en los Servicios respectivos, a pesar de haber suscrito en su contrato (de trabajo) cláusula previsional donde manifiesta expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1 de la Ley 18.156.

El recurrente ingreso a través del portal web de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, S.A., solicitud de retiro de fondos previsionales, la cual quedo signado bajo el Nº409 en fecha 04 de septiembre de 2025, acompañando la documentación exigida por la normativa vigente, a saber:

- Contrato de trabajo y/o anexo que establece expresamente la cláusula de exención de cotizaciones conforme a la Ley N°18.156.

- Título profesional apostillado y verificable.

- Cédula de identidad para extranjeros vigente, que acredita su residencia definitiva en Chile.

- Certificado del sistema de seguridad social.

Posteriormente, con fecha 16 de septiembre de 2025, la recurrida enviada carta en respuesta a la solicitud de la superintendencia que indica: “…se ha procedido a detener su solicitud de devolución de fondos para técnicos extranjeros por la razón que se detalla a continuación: En relación con la documentación por usted aportada a AFP Provida S.A., se le hace presente que la Constancia Electrónica de Cotizaciones, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el 02 de septiembre del 2025, no permite acreditar que da cumplimiento al requisito de contar con cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, por cuanto, si bien acredita que usted se afilió el 23 de marzo del 1994 al IVSS, no acredita que usted efectivamente hubiese podido acceder a la cobertura señalada durante todo el periodo en que prestó servicios en Chile, Adicionalmente, en el caso de la cobertura por enfermedad, la constancia no señala que comprende prestaciones médicas y pecuniarias. Además, no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, por lo que tampoco se puede considerar una declaración jurada, para dar continuidad a su trámite …”

Agrega que posteriormente ingresó, con fecha 23 de septiembre, reclamo ante la Superintendencia (de Pensiones) alegando, la imposibilidad material de legalizar el documento por no existir representación diplomática en el país; sin embargo, la respuesta de la superintendencia solo cumplió con señalar los requisitos de manera copulativa, sin referirse al fondo del asunto.

Con respecto al motivo de detención, se debe decir que, si bien la constancia aportada no estaba apostillada o legalizada, esto se debe a una imposibilidad material debido a no existir representación consular en Chile que permita legalizar dicho documento, además es importante señalar que antes del cierre de la embajada en junio de 2024, el documento aportado era el mismo siendo esta la única constancia que emana del Instituto Nacional de los Seguros Sociales en Venezuela.

Ahora bien, señala se debe tener en consideración lo establecido por la ley 18.156, en su artículo 1 en relación con el artículo 7 de la misma norma.

De lo anterior colige que la conducta recurrida vulnera el derecho de propiedad del recurrente sobre sus fondos previsionales, al imponer una condición de cumplimiento imposible, carente de sustento legal y que excede lo establecido en el artículo 1° de la Ley N°18.156, que únicamente requiere acreditar la cobertura previsional en el extranjero y no la apostilla de documentos en los términos exigidos por la AFP.

Sin embargo, a pesar de esta imposibilidad material, la recurrente sigue estando afiliada al sistema de seguridad social venezolano (IVSS), y esto puede ser verificado electrónicamente mediante el sitio oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a través del enlace http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion, ingresando el número de cédula V-RUT reservado, es posible descargar en línea una constancia de cotizaciones vigente, lo que acredita fehacientemente que la recurrente mantiene su cobertura previsional activa en su país de origen.

Asimismo, de los artículos de la ley 18.156 se desprende que la ley ordena que el solicitante se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, y que le otorgue a lo menos prestaciones, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, tal y como se evidencia de la afiliación del seguro social que acompaña el recurrente en su solicitud, se desprende de la misma constancia de afiliación lo siguiente: “…la ley rige las situaciones y relaciones jurídicas con ocasión de la protección de la Seguridad Social, a sus beneficiarios y beneficiarias, en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía…” En virtud de lo anterior, dicha detención, de la solicitud carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, en contravención del principio de juridicidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política, y del artículo 11 de la Ley N°19.880, que exige que todo acto administrativo esté debidamente motivado y fundado en derecho.

Afirma que la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, consagrados en el artículo 19 números 2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Así, pues el recurrente cumplió con los requisitos solicitados acompañando íntegramente toda la documentación solicitada, salvo como ya fue indicado anteriormente la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema de afiliación venezolana, existiendo una imposibilidad material de realizar por un caso fortuito que escapa de sus manos y al respecto el código civil chileno establece que: “Art. 45. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.).”

Que, fundar la detención, de la solicitud de retiro en la “…Falta de apostilla…” del documento presentado por el recurrente, resulta a todas luces una exigencia arbitraria e imposible de cumplir, toda vez que el propio Sistema de Apostilla Electrónica de la República Bolivariana de Venezuela no contempla la apostilla para este tipo de instrumento, cuestión que consta en los registros oficiales consultados en línea.

Solicita tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de la Administradora de Fondos PROVIDA, S.A, quien en fecha 16 de septiembre de 2025, notifica “detención” retiro de fondos del recurrente, nombre reservado, siendo este, un acto ilegal y arbitrario, que impide la devolución de fondos previsionales, obrando en contra de lo establecido en la Constitución Política de la República y lo establecido en la ley N°18.156, que faculta la devolución de los fondos a los extranjeros, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Informando el recurso compareció doña Ana María Herrera Brummer, abogado, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., quien solicita el rechazo de la presente acción en todas sus partes, con costas, alegando que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, por cuanto mi representada, la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. no ha asumido una actitud arbitraria e/o ilegal respecto de las garantías del artículo 19° de nuestra Constitución Política en lo que dice relación con el recurrente de autos, sino que por el contrario, se ha dado estricto cumplimiento a la ley y la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, conforme a las consideraciones de hecho y de derecho que señala.

Expone, en primer lugar, que el recurso de protección no procede en este caso, pues se trata de una cuestión de lato conocimiento de carácter contradictorio, no siendo materia propia de una acción cautelar.

Plantea que cabe recordar que el recurso de protección puede ser definido como “una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales de la autoridad o de los particulares”.

En cuanto al fondo del asunto, la AFP reconoce que rechazó la solicitud de devolución de fondos de la recurrente, técnica extranjera, en virtud de la Ley N°18.156, por no cumplir los requisitos copulativos que esta establece. En particular, el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) presentado no se encontraba firmado, apostillado ni legalizado por autoridad competente, incumpliendo con las exigencias legales y administrativas vigentes. Cita el Oficio N°5376 de la Superintendencia de Pensiones, que exige para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Asimismo, señala que, desde el 30 de agosto de 2016, con la entrada en vigor en Chile del Convenio de la Apostilla de La Haya, todo documento extranjero debe venir apostillado por la autoridad del país de origen —en este caso, Venezuela—, que también es un estado parte de dicho tratado, siendo esta formalidad indispensable para que tenga valor probatorio en territorio chileno conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Antes del cierre de la embajada venezolana en Chile, las constancias emitidas o certificadas por la delegación consular eran válidas, pero actualmente la única vía aceptada es la apostilla internacional.

Seguidamente refiere que se debe precisar que, conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones y la normativa ya indicada referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156. Igualmente es necesario tener presente que la Constancia referida no se encuentra firmada por quien la emite.

Finalmente, es importante señalar a S.S. Ilustrísima que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, ProVida debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero.

Luego, desarrolla los fundamentos normativos del sistema previsional, explicando que el Sistema de Pensiones del Decreto Ley N°3.500 de 1980, fue creado especialmente para pagar las prestaciones que la misma ley establece, que son principalmente las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia.

El artículo 2° del Decreto Ley N°3.500, parte estableciendo lo siguiente: “la afiliación es la relación jurídica entre un trabajador y el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia, que origina derechos y obligaciones que la ley establece, en especial el derecho a las prestaciones y la obligación de cotizar”.

El DL 3.500 dispone expresamente que las Administradoras de Fondos de Pensiones (en adelante “AFP”) están impedidas de ofrecer u otorgar pensiones, prestaciones o beneficios a sus afiliados que sean distintos a aquellos expresamente reconocidos en la ley. Así, el artículo 23 del citado cuerpo legal establece −en lo pertinente− expresamente lo siguiente: “Las Administradoras de Fondos de Pensiones, denominadas también en esta Administradoras, serán sociedades anónimas que tendrán como objeto exclusivo administrar Fondos de Pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece esta ley” […]

Las Administradoras, sus directores y dependientes, no podrán ofrecer u otorgar a los afiliados o beneficiarios bajo ninguna circunstancia, otras pensiones, prestaciones o beneficios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta, ni aun a título gratuito o de cualquier otro modo. Sin perjuicio de lo anterior, dichas entidades podrán tramitar para sus afiliados la obtención del Bono de Reconocimiento a que se refiere el artículo 3º transitorio y el Complemento a que se refiere el artículo 4º bis transitorio.

La infracción a lo dispuesto en el presente inciso será sancionada de conformidad a lo establecido en esta ley y en el decreto con fuerza de ley Nº101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Será sancionado con pena de presidio menor en su grado mínimo, quien, habiendo sido sancionado de acuerdo con lo establecido en este inciso, reincida en dicha infracción” (énfasis y subrayado agregado).

Esta disposición se complementa con lo dispuesto en los artículos 34 y 51 que establecen que los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Pensiones estarán destinados solo a generar las prestaciones y beneficios de acuerdo con las disposiciones de dicha ley.

Por su parte, el Reglamento del DL 3.500 establece de forma clara el destino que deberán tener los fondos previsionales administrados por AFP, señalando en su artículo 64 lo siguiente: “Los Fondos que mantienen las Administradoras sólo tienen por objeto el financiamiento de las prestaciones, pensiones, retiros de los saldos originados por cotizaciones voluntarias, retiros de los saldos originados en aportes de ahorro previsional voluntario colectivo y retiros de las cuentas de ahorro voluntario que la Ley establece. Asimismo, los Fondos tienen por objeto el financiamiento de los retiros de los saldos originados en depósitos y aportes a que se refiere el inciso primero del artículo 20 E y el artículo 20 H de la Ley, que registren los imponentes de alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional, sin perjuicio de que la Administradora pueda cobrar de dichos Fondos las comisiones legalmente establecidas a los trabajadores que mantengan cuentas personales en ellas”.

Queda entonces claramente establecido que, por mandato legal, el propósito del saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado es financiar la respectiva pensión a que tendrá derecho su titular, una vez que cumpla los requisitos legales establecidos al efecto y las AFP se encuentran legalmente impedidas de destinar, o permitir que se destinen, los fondos previsionales de la cuenta de cotización obligatoria a un fin distinto del de financiar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia establecidas en el DL 3.500, salvo las excepciones que la misma ley contempla.

Indica que, en materia laboral y previsional, rige en Chile, por regla general, el principio de territorialidad, esto es, que a los trabajadores que se desempeñen en nuestro país, sean chilenos o extranjeros, se les aplican las leyes laborales y previsionales vigentes en Chile, salvo dos situaciones de excepción que contempla nuestra legislación:

a) Que el trabajador se encuentre acogido a un Convenio Bilateral de Seguridad Social en calidad de desplazado lo que le habilita para mantener el entero de cotizaciones en su país de origen y quedar exento de tal pago en el país al cual se le ha destinado a prestar servicios, y b) Que el trabajador quede exento de cotizar, o bien en caso de haber enterado cotizaciones, puedan efectuar el retiro de los fondos previsionales acumulados, siempre que dé cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley N° 18.156, sobre exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros.

La exención de cotizar y el derecho a retiro de fondos para técnicos extranjeros son excepciones sujetas al cumplimiento estricto de los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156 y del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Dichos requisitos son: 1. Poseer título técnico o profesional debidamente legalizado; 2. Estar afiliado a un sistema previsional extranjero que cubra los cuatro riesgos básicos y acreditar dicha afiliación mediante certificación legalizada o apostillada; y 3. Manifestar expresamente en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación.

Concluye, señalando que no ha existido acto ilegal ni arbitrario, ni afectación de derechos constitucionales, pues su actuar fue ajustado al marco legal y a las instrucciones de la autoridad reguladora. Por tanto, solicita el rechazo total del recurso, con condena en costas.

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por la actora, lo hace consistir en el rechazo de la AFP PROVIDA S.A. respecto de su solicitud de devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley 18.156.

CUARTO: Que, al evacuar su informe la parte recurrida insta por el rechazo del recurso, señalando en lo sustancial que no existe acción u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales invocados. Atendido que el rechazo está correctamente fundado, por no cumplir el recurrente con los requisitos necesarios para proceder a la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley 18.156.

QUINTO: Que, conforme al mérito de los antecedentes, la presente acción cautelar está destinada a resolver situaciones en que los hechos esgrimidos y los derechos constitucionales afectados estén indubitados, lo que no acontece en el caso propuesto, por cuanto lo reclamado da cuenta del cumplimiento o no de los requisitos legales para acceder al derecho impetrado.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, la presente acción constitucional no es la vía idónea para pronunciarse respecto del conflicto que en autos se presenta, por cuanto lo que se persigue en definitiva es la declaración de un derecho y no la protección de un derecho preexistente e indubitado, como ya se dijo. Tal petición no puede ser resuelta por este medio, por requerir de un pronunciamiento que debe necesariamente ser discutido en un procedimiento declarativo de lato conocimiento.

Así las cosas, la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito es que esta Corte tome medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales determinados, indubitados y ciertos enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

SÉPTIMO: Que, atendido lo razonado precedentemente, el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar, por lo que debe necesariamente ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción del abogado integrante Sr. Dagoberto Arias Díaz.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

Rol N°497-2025.Protección.