nombre reservado con CORPORACION NACIONAL FORESTAL

Punta Arenas, seis de agosto de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece don Pablo Andrés Galaz Saavedra, abogado, en representación de la nombre reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, y deduce acción constitucional de protección de garantías constitucionales en contra de la CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, representada por el sr. nombre reservado y en contra del SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE AGRICULTURA, don nombre reservado.

Funda su acción en que los recurridos por sí mismos y mediante sus dependientes han incurrido en actuaciones ilegales y arbitrarios en el marco del cumplimiento de sus obligaciones reglamentarias, especialmente en relación al plan de manejo en Áreas Silvestres Protegidas de la especie protegida PUMA, respecto a la actividad ganadera desempeñada en el sector Cerro Castillo.

Explica que a través de estos actos, el Estado mediante los órganos anteriormente señalados, ha amenazado, socavado y conculcado reiteradamente hasta la fecha las garantías constitucionales de su representado, toda vez que los recurridos al omitir su deber de cuidado y conservación no han concurrido a mitigar los perniciosos efectos de la especie protegida en cuestión respecto a la actividad ganadera, a lo que agregan la constante amenaza a la que se ven expuestos los ganaderos y sus familias.

Asevera que esta omisión por parte del Estado ha sido reiterada en el tiempo y se continua ejecutando hasta esta época, lo que ha devenido en la constante amenaza a la integridad física y psíquica, y un detrimento real y efectivo de sus patrimonios, vulnerando la protección de la integridad física y psíquica de la persona, el derecho a la igualdad, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el derecho a la propiedad; todos derechos fundamentales que se encuentran consagrados en el artículo 19 N° 1, 2, 21 y 24; de la Carta Fundamental.

En cuanto a los hechos, expone que la nombre reservado, recibe su personalidad jurídica conforme a la normativa legal vigente de la Ley Nº 19.418, sobre “juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias”, debidamente inscrita en la I. Municipalidad de nombre reservado, de la Región de Magallanes y Antártica Chilena; que el principal objetivo de la constitución de la misma fue ser un canal de comunicación con las autoridades, respecto a las inquietudes y necesidades de la actividad agrícola ganadera desempeñada en la comuna. Así han planteado reiteradamente y en distintos medios de participación ciudadana, la imperiosa necesidad que existe de hacer algo para manejar la amenaza que significa para la actividad ganadera la importante presencia de pumas en el sector.

Afirma que el puma es una especie actualmente protegida, y sobre quien pesa una “declaración de intereses”, que es parte de un plan de manejo y de instituciones de gobierno que se hacen “parte” del cuidado/protección de la especie.

Indica que el documento denominado Plan de Manejo Nacional del Puma dispone: “Es el propósito de las instituciones (SAG, CONAF y CONAMA), trabajar en forma conjunta la conservación del puma a lo largo del país, ello incluye la búsqueda de financiamiento propio y externo, conforme a la priorización que han establecido. Asimismo, manifiestan el propósito de intercambiar fluidamente la información y establecer mecanismos de consulta directos”.

En ese mismo sentido de acuerdo con el Decreto Supremo Nº5 de 1998 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) se considera al puma una especie vulnerable desde la Región de La Araucanía hasta la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Relacionado con lo anterior, agregan que las disposiciones de la Ley de Caza (Ley Nº 19.473) y el Reglamento de la misma ley (Decreto 5) prohíbe específicamente la caza de animales considerados en categoría “vulnerables”, dentro de la cual se encuentra el puma.

Señala que el marco jurídico de importancia en esta materia corresponde a la Ley Nº 18.362 que crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado, en esta ley se dispone en el art. 11: “Corresponderá al Ministerio de Agricultura, a través de la Corporación, la administración, vigilancia y control de las unidades de manejo que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. En uso de las atribuciones indicadas en el inciso anterior, la Corporación podrá celebrar toda clase de actos y contratos que tengan por objeto la realización de labores de investigación, la ejecución de obras, la prestación de servicios para la recreación o la educación, y en general, los que sean necesarios para el eficiente manejo de cada una de las unidades.

La Corporación estará facultada para fijar las tarifas por el ingreso a las áreas silvestres y por los servicios que preste en ellas a particulares, pudiendo eximir de dicho pago cuando el ingreso se realice con fines educacionales o para investigaciones científicas.

La Corporación podrá enajenar los productos que se obtengan como resultado de la ejecución de los planes de manejo aplicables a las Reservas Nacionales.

Los recursos que se obtengan con ocasión de los actos y contratos a que se refieren los incisos anteriores ingresarán al patrimonio de la Corporación y sólo podrán ser utilizados en cualquier finalidad relacionada con la administración, vigilancia y control de las áreas silvestres”.

Con lo dicho estima que la actividad agrícola y ganadera se encuentra en una situación compleja sin precedentes, dado que la actual protección legal al puma, hace efectiva la preservación de su especie, pero priva de la posibilidad de repeler ataques inminentes mediante medios lesivos para esta especie.

Lo anterior, no quiere decir que aprueben que esta sea la solución, dado que consideran de alta importancia la preservación de la especie en cuestión, pero el negligente actuar de los órganos del estado en esta materia, han desnaturalizado los hábitos naturales de caza del animal, lo que también se constituye en una amenaza para su misma preservación.

Por ello, entienden que la verdadera amenaza, tanto para la conservación del puma, como para el desempeño de una actividad económica lícita como es la ganadería, es la actual y total negligencia y falta de servicio del Estado, quien ni aun paliativamente ha resuelto dar lugar a los medios reparatorios respecto a las pérdidas que los dueños de ganado en la comuna han sufrido.

Señala que actualmente la mayoría de los ganaderos de la institución, ven amenazada su permanencia en este sector productivo en el que históricamente han estado, ya que la incesante actividad de los felinos en el sector no han dejado más opciones, todo esto producido por las pérdidas económicas de la muerte de ovejas y la amenaza a la propia vida de sus trabajadores, motivos que hacen cada vez más insostenible esta situación.

Agrega que existe un documento denominado “Manual para Planificación del Manejo de las Áreas Protegidas del SNASPE”, que conforme el mismo artículo señala el “documento cuyo resultado se enmarca en el esfuerzo institucional colectivo, coordinado por la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del Estado de la Corporación Nacional Forestal.” El que constituye una de las versiones más actuales de los planes de manejo de la CONAF.

Continúa y señala que, además, la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente de 1994, considera en su título segundo al “Plan de Manejo” como un instrumento de gestión ambiental, por lo que obliga a que incluya entre otras consideraciones ambientales, la protección de especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas.

Precisa que estos planes de manejo son todos relativos al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) que fue creado mediante la Ley Nº 18.362 del año 1984, todo esto viene a colación ya que al haber suscrito este plan de manejo, el Estado a través de la Conaf, y del Ministerio de Agricultura se hace responsable entre otras cosas, de llevar a efecto las estrategias, medidas de acción, y demás consideraciones que el plan indique.

En este sentido, el Manual in comento, en su Anexo Nº 9 dispone de las “Estrategias Estándar para el SNASPE”, la que conforme a este mismo anexo señala: “Permitirá, entre otras cosas, un seguimiento y evaluación del tipo de acciones con mayor frecuencia de implementación a nivel local, regional y nacional.”

Por ello en el punto Nº 6 de este anexo respecto a lo que es sustento, economía y otros incentivos, dispone de “acciones para usar incentivos económicos y de otro tipo para influenciar la conducta.” Y en su punto 6.4 dispone de lo que señala pagos por conservación, recomendando: “utilización de pagos directos o indirectos para cambiar conductas y actitudes: pagos de ejecución “quid-pro-quo”, incentivo por la tenencia de recursos (ej. Pago de compensación por ganado depredado por puma.)”

Con lo recién señalado, se pone de manifiesto que la problemática que han venido describiendo es ampliamente reconocida por el administrador, no obstante, ninguna de estas medidas que se proponen en este plan de manejo han sido cumplidas, viniendo en directo perjuicio de la recurrente y de la actividad ganadera en la región en general.

Este solo hecho no basta para dar cuenta de la imperante negligencia de la que han sido víctimas y de lo arbitrario del actuar del Estado toda vez que infundadamente conociendo de esta problemática decide no dar lugar a sus reiteradas solicitudes para dar una solución definitiva a este problema.

Agregan que, además, existe un documento emanado del Servicio Agrícola y Ganadero denominado “Plan Nacional de Conservación del Puma”, el que inicia señalando que el material en cuestión es producto de una reunión en la que se “abordaron temas como el impacto del puma sobre la ganadería, las pérdidas económicas de los ganaderos, estrategias para manejar el conflicto y la liberación de estos animales en el SNASPE. Esta última práctica se ha establecido como una manera de solucionar el conflicto, sin embargo puede convertirse en un problema mayor, puesto que el impacto de liberarlos en áreas protegidas pudiese conllevar un mayor riesgo para la conservación de esta especie”.

En este último instrumento en el que actúan en conjunto, tanto CONAF, como el SAG y SENAMA, se comprometen como acciones en “Establecer los canales de entrega de compensación por pérdida de ganado doméstico verificado por el SAG”, del que iba a emanar un producto denominado “instructivo de compensación”, con un plazo, de lo que hasta ahora no han tenido una sola noticia de realización. Así, la autoridad administrativa poco ha hecho para resolver el conflicto imperante en asuntos de ganadería lo que entorpece profundamente la libre ejecución de una actividad económica que es lícita y que conforme a diseño fue aquello para lo que estas tierras en su momento fueron entregadas de manos del estado.

Refiere que en este caso, se hace necesario comprender que a diferencia de otras agrupaciones y grupos humanos, han intentado tener conversaciones con los diversos grupos que intervienen en la zona para poder conseguir alguna solución a este asunto tan delicado que nos aqueja, no obteniendo nunca una solución concreta respecto a los compromisos que los órganos del estado han asumido en esta materia.

Expone que la total ausencia de respuesta de parte de los representantes estatales en esta materia se convierten en un actuar totalmente arbitrario, que tal como se define es “el acto o proceder contrario a la justicia o a la razón, infundado o desproporcionado en relación a los fines perseguidos para la consecución de un objetivo lícito y determinado”.

Además que conforme a lo dispuesto en el artículo 3º inciso 6to y finales la Ley de Bases Administrativas del Estado: “Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias.” En ese sentido, las declaraciones contenidas en los distintos documentos emanados de la autoridad administrativa no pueden sino ser declaraciones vinculantes para estos últimos.

Además, conforme al ordenamiento jurídico, el Estado es responsable de todo daño que este provoque por su actividad o falta de actividad, ante el artículo 38 de la Constitución y 4 de la Ley 18.575, y su posición al servicio de la persona, consagrada por el artículo 1 inciso IV de la Carta Fundamental.

Cita el numeral 1º del artículo 19 de nuestra Constitución y concluye que en la situación que ha venido señalando se ve constantemente amenazada ya que el sustrato fáctico en sí, esto es, la pasividad total del órgano estatal ante la amenaza de los pumas, pone eventualmente en riesgo la integridad física de las personas que trabajan en la ganadería, así como también somete el ejercicio de esta actividad a un constante temor de nuevos ataques y una frustración sin precedentes por las pérdidas que ha ido ocasionando.

Luego, respecto al numeral 2º del artículo 19, señala que el incumplimiento del plan de manejo, es decir, de las disposiciones normativas y/o técnicas emanadas del Estado se vuelve un acto arbitrario y discriminatorio, dado que dichas políticas públicas que estos documentos contienen, vienen en garantizar la seguridad y permanencia de una actividad que es totalmente lícita. Además que el actuar de los recurridos al no llevar a efecto el plan de manejo no tiene fundamento, no obstante dar cuenta que la problemática que trata es real y urgente.

Alega también que el derecho consagrado en el numeral 21 del artículo 19, se encuentra conculcado toda vez que el actuar del recurrido obstaculiza y en general hace que el goce o disfrute de la actividad se desnaturalice y se convierta cada vez más onerosa y compleja, lo que no puede ser atribuido al emplazamiento natural del felino en cuestión, ya que concordando respecto al fondo del asunto (la protección del puma) los nuevos estatutos de protección no pueden ser gravando, o haciendo recaer el peso de dicha protección solamente en los titulares de la actividad ganadera, y esto especialmente considerando la solución que de este asunto han dado los planes de manejo.

Respecto de la garantía del numeral 24 del artículo 19, entiende que la propiedad tiene una función social, es el mismo artículo quien se encarga de aclarar que dicha función no puede ser privativa o lesiva para la propiedad privada en ninguno de sus atributos o facultades esenciales, y que toda privación además de requerir su legalidad y justificación hace necesaria su debida indemnización.

Pide se acoja la acción deducida y:

A) Se declare que los recurridos son responsables de la ejecución de los planes de manejo que se indican;

B) Se ordene a la Corporación Forestal Nacional, por medio de quien le represente en la región de Magallanes, disponer a la brevedad de un mecanismo accesible, eficaz y rápido para reparar los daños producidos por la predación del puma;

C) Se dicten las demás medidas que se consideren necesarias para restablecer el imperio del derecho y tutelar la protección de las garantías constitucionales que mediante esta acción se buscan restablecer;

D) En subsidio, solicita que esta Corte arbitre las medidas necesarias que, con mejor conocimiento de los hechos, estime pertinentes para restablecer el estado de derecho y dar la debida protección a los recurrentes, y E) Se condene en costas a los recurridos.

Comparece don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Agricultura de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, por la recurrida Seremi de Agricultura de Magallanes.

Solicita sea rechazado el presente recurso, por no haber incurrido la Secretaría Regional Ministerial en ilegalidad o arbitrariedad alguna en perjuicio de la recurrente, explicando el carácter excepcional y cautelar de esta acción constitucional.

Sostiene que de lo expuesto por el recurrente, se puede extraer que las supuestas consecuencias dañosas que se relatan derivarían de una omisión de un deber de cuidado y conservación respecto al manejo del Puma, que resultaría en no mitigar los efectos perniciosos de la especie protegida respecto a la actividad ganadera. En otros términos, se reprocha no cautelar que la especie protegida Puma no efectúe ataques al ganado, y para el caso que ello ocurra, no concurrir a reparar/compensar los daños causados por la actividad predatoria de dicho animal.

Recuerda que la Administración del Estado actúa sujeta al principio de legalidad, es decir, que la legitimidad de sus actuaciones solo puede tener sustento en un precepto legal. En ese contexto, no es posible identificar norma alguna que establezca para esta autoridad sectorial un deber jurídico como el apuntado por la recurrente, ni tampoco competencias o facultades concretas que permitan proceder de la manera sugerida por ella.

Clarifica, como cuestión previa, que tanto el "Plan Nacional de Conservación del Puma del SAG", como los otros documentos que menciona en su escrito, esto es, el "Plan de Manejo del Parque Nacional Torres del Paine" y el "Manual para la Planificación de las Áreas Protegidas del SNASPE del año 2017", son tratados indistintamente como un mismo instrumento, lo cual induce a un grave error, toda vez que cada uno de ellos posee su propia naturaleza; por lo mismo, éstos deben valorarse acorde su propio mérito. De lo contrario, concluye, configurar obligaciones artificiales; las que luego, el mismo acreedor, podrá estimar antojadizamente como incumplidas.

Aclara que el "Plan Nacional de Conservación del Puma" (en adelante el Plan) fue publicado el año 2009, por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), con el objetivo de comenzar un trabajo interinstitucional entre el SAG, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA, actual Ministerio del Medio Ambiente, MMA), para plantear la importancia de considerar la conservación del Puma como un tema interdisciplinario de carácter nacional, añadiendo, que el Plan -en cuya elaboración no intervino esta Secretaría Regional Ministerial-, es un documento o propuesta de trabajo, mediante el cual se 'proponen' programas de desarrollo, objetivos, acciones y productos respecto a la conservación del Puma. Se trata de un instrumento que contiene aspectos programáticos de orden científico-institucional, que no contiene ni obligaciones ni deberes legales concretos para los órganos que lo elaboraron.

Abunda, exponiendo que en la presentación del Plan se declara que "pretende implementar y aplicar un programa de conservación y manejo para esta especie conforme a los objetivos, a la información actualmente disponible y a aquella que será fruto de futuros estudios. Este es un Plan que será aplicable tanto en áreas silvestres protegidas como en territorios de uso agropecuario e incluye la búsqueda de financiamiento interno y externo para la ejecución de las acciones involucradas." En este punto, señala que es importante mencionar que el recurrente, al señalar que cualquier declaración contenida en un documento emanado de una autoridad Administrativa -como lo es el plan-, constituiría una declaración vinculante para esta, está interpretando de manera antojadiza el inciso sexto del artículo 3o de la ley NQ 19.880, el cual dispone que "Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias", como lo son los dictámenes que emiten los órganos autorizados al efecto por ley, como acontece con la Contraloría General de la República o el Servicio de Impuestos Internos, entre otros, mediante los cuales se formulan declaraciones de juicio en el ejercicio de sus competencias.

Alega que no es posible que a partir de un documento de trabajo se derive una obligación de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de Magallanes, ni de ningún órgano del Estado, o entidad relacionada, por el simple hecho que haya sido elaborado por un Servicio Público, menos de un documento propositivo como el indicado "Plan Nacional de Conservación del Puma".

Por otro lado y complementario a lo anterior, es urgente establecer a nivel nacional un sistema de verificación de los ataques producidos, lo que no se ha podido llevar a cabo de manera apropiada principalmente por la falta de denuncias oportunas, de los recursos necesarios y personal capacitado. La constatación de los ataques permitirá establecer la real magnitud del problema para modular las medidas correspondientes dentro de un plan nacional.

Lo anterior discurre sobre la identificación de un problema y de la evaluación de su real magnitud, dentro de la lógica de conservación del Puma como especie protegida. Así, el estudio científico que recoge ese documento de trabajo, evidencia que las principales amenazas a las que este animal se ve enfrentado, son el acoso y la caza furtiva de la que es víctima, al ser considerado erróneamente como responsable de las pérdidas para la ganadería.

En dicho contexto refiere que, cualquier mención que realiza el Plan, frente a posibilidad de evaluar la factibilidad de implementar medidas de compensación por daños a la ganadería, además de ser una eventualidad futura e hipotética, busca proteger al Puma como especie vulnerable, mediante la reducción del acoso y la caza furtiva, mitigando una de las amenazas a las que se ve constantemente enfrentado.

Luego enumera los requisitos establecidos por la jurisprudencia, requisitos que no concurren en este proceso.

Discurre que pudiera entenderse que en realidad lo que pretende el recurrente es construir una supuesta responsabilidad del Estado por falta de servicio, cuestión improcedente por esta vía.

Concluye en este punto, que todo lo expuesto por el recurrente se construye sobre la base de simples apreciaciones subjetivas e hipotéticas, sin individualizar a ninguna persona directamente afectada, por lo que estima que más allá de no contener los elementos de fondo, la acción carece de un requisito mínimo de procesabilidad, por cuanto al no ser una acción general o popular, el recurrente tampoco tendría legitimidad para deducir el presente recurso.

Luego, desestima todas y cada una de las imputaciones que se indican como atentatorias de las garantías que se pretende proteger.

Estima que la acción impetrada solo tiene fines económicos y no el de proteger garantías constitucionales, pues al no proporcionar antecedente alguno de los ataques -en el caso que estos existieran-, pudieron bien haberse producido por perros asilvestrados -circunstancia altamente probable conforme la evidencia científica que contiene el mismo Plan-, y no por acción del puma, especie que al estar protegida es utilizada como artificio para lograr vincular a los entidades que elaboraron el Plan y así sostener a partir de cualquier documento, la existencia de una obligación por parte del Estado en orden a dar reparaciones o compensaciones económicas.

Expone que no es efectivo que exista una obligación legal por parte de la Secretaría Regional Ministerial, ni de CONAF u otro órgano de la Administración frente a la situación que eventualmente afectaría a los peticionarios.

Finaliza reiterando su solicitud que se rechace la presente acción cautelar en todas sus partes, con costas.

Comparece doña Marcela Riquelme Contreras, Abogada, en representación de la Corporación Nacional Forestal, exponiendo que no comparte los antecedentes esgrimidos por los recurrentes en su presentación, y solicita el rechazo del recurso deducido en su contra, por cuanto de ninguna manera se vulneran los derechos invocados, con costas.

Expone que de los diversos documentos aludidos por el recurrente, induce a un error, toda vez que confunde los objetivos y alcances de un Plan de Manejo de “Áreas” Silvestres Protegidas con el Plan de Nacional de Conservación del Puma del SAG, al cual erróneamente llaman y acompañaron como Plan de Manejo del SAG, lo propio ocurre con el Manual para la planificación de las áreas protegidas del SNASPE del año 2017 y otros procedimientos aludidos que explicará.

Afirma que los recurrentes acompañaron el documento que denominaron “Plan de Manejo del SAG”, pero no existe tal documento, toda vez que lo acompañado corresponde al Plan Nacional de Conservación del Puma que es una publicación interinstitucional y un programa de los diversos con que cuenta el SAG denominado Programa Nacional de Conservación y Manejo de Carnívoros Silvestres y Desarrollo Agropecuario Sustentable. Explica la naturaleza y objetivos de dicho plan. Del mismo modo, señala que la parte recurrente señala que CONAF y la SEREMI respectiva, habrían cometido actuaciones ilegales y arbitrarias en el marco del cumplimiento de sus obligaciones reglamentarias, más no señala, en toda su presentación, cuales habrían sido los actos ilícitos y arbitrarios que se habrían cometido, ni mucho menos indica que normas se habrían violado por ambas entidades.

En ese sentido la recurrente señala que se habría faltado en cumplir con algún servicio, en cuanto al manejo de la especie PUMA, respecto a la actividad ganadera del sector, pero no específica a que servicio se refiere, al parecer se trataría de alguna obligación, que pesaría sobre CONAF y la SEREMI, de protección de la industria ganaderos, que derivaría del manejo de la especie PUMA; todo lo cual es del todo inexistente, puesto que el Plan Nacional de Conservación del Puma, si bien señala los inconvenientes a los ganaderos, que eventualmente puede ocasionar la conducta natural y etológica del Puma; no se obliga para con el resguardo de la actividad pecuaria, sino que para el resguardo y toma de acciones de manejo que permitan a los Pumas persistir en sus hábitat naturales a lo largo de Chile.

Luego denuncia vaguedad e imprecisión del mencionado recurso, tanto porque no indica fechas, épocas de supuestos ataques del puma, sectores donde se produce el ataque, confusión de instrumentos hechos valer en el recurso. La contraria en toda su presentación no especifica cuáles habrían sido aquellos actos no ejecutados, por las entidades recurridas, que en definitiva significarían una omisión al deber de cuidado y conservación del Puma, y, supuestamente, de los ganaderos y sus familias. Confunde el alcance del deber de cuidado y conservación “del Puma”, que es propio de CONAF y la SEREMI respectiva; y propone que de este mismo deber de cuidado, ambas instituciones, debieran de tenerlo con respecto de la actividad ganadera y sus familias, lo cual denota una clara incomprensión del Plan Nacional de Conservación del Puma. Tampoco específica, desde cuando estaría sufriendo la supuesta afectación a sus garantías fundamentales; ni tampoco desarrolla el cómo, ni que conducta, de cuál de las dos entidades recurridas; se estaría reiterando en el tiempo hasta ésta época.

Opina que si bien el recurso no lo establece expresamente y los recurrentes se cuidan en extremo de no reconocerlo, de su lectura queda de manifiesto que no hay peticiones concretas para CONAF, toda vez que lo que solicitan es un mecanismo accesible eficaz y rápido para reparar los daños producidos por la predación del puma, pero sin indicar una acción concreta y específica a la cual nos encontremos obligados. A mayor abundamiento sorprende que en el petitorio de su recurso soliciten en subsidio que sea esta la Iltma. Corte quien arbitre las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, lo cual lo torna aún más confuso ya que ni siquiera es el mismo recurrente quien tiene claridad de lo que pretende conseguir con esta acción constitucional.

Respecto de las competencias de La Corporación Nacional Forestal, expone que tiene a su cargo la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), se ha constituido en un pilar fundamental, para salvaguardar no sólo parte importante del patrimonio natural que caracteriza a Chile, sino que también para proteger y valorizar el acervo cultural, particularmente el que se encuentra inserto en las áreas que conforman dicho Sistema.

Los objetivos principales por los cuales las áreas silvestres protegidas fueron creadas son, proteger y conservar muestras representativas de la diversidad biológica del país; proteger, recuperar y manejar especies de flora y fauna que presenten problemas de conservación; proteger y poner en valor los recursos culturales insertos en las áreas, como también contribuir a crear conciencia ambiental en la comunidad, esto último mediante la gestión de educación ambiental.

Analiza y detalla las normas aplicables al Sistema de Áreas Protegidas, destacando entre ellas La Convención de Washington que establece por vez primera una conceptualización en torno a lo que es reserva, parque nacional, santuario y monumento nacional. Transcribe el artículo 1 que define Parques Nacionales, Reservas Nacionales y luego establece los compromisos de los gobiernos signatarios de esa convención. Luego, transcribe el artículo 10 de la Ley de Bosques, y el papel de Conaf en el mejor aprovechamiento de los parques nacionales y reservas forestales.

Describe que el Plan de Manejo del Parque Nacional Torres del Paine fue desarrollada con el “Método para la Planificación del Manejo de Unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado”, y los principios del método se basan en la utilización de herramientas modernas para el ordenamiento territorial, como los sistemas de información geográfica (SIG), y la planificación por objetivos, junto a una activa participación comunitaria. Ese Plan de Manejo es, en definitiva, una planificación que permite desarrollar y mantener la sustentabilidad de los Parques Nacionales, en la cual se considera una adecuada zonificación, que permite determinar y estudiar distintas zonas de flora y fauna, el conocimiento de los componentes del territorio en sus aspectos éticos, hidrológicos y geológicos que permita una adecuada protección y desarrollo, para el uso y goce de parte de la comunidad, tanto nacional como extranjera.

Aclara que por otra parte, y tal como lo indica su nombre, el documento "Manual para la planificación del manejo de las aéreas protegidas del SNASPE" publicado en el año 2017, al igual que el publicado por el funcionario de CONAF nombre reservado el año 2003, es un manual o guía para el desarrollo de Planes de Manejo de las aéreas protegidas del Sistema Nacional de Aéreas Silvestres Protegidas del Estado administradas por la Corporación Nacional Forestal y no es en sí mismo un plan de manejo, sino que contiene la metodología para el desarrollo de planes de manejo en aquellas áreas que carezcan de uno o en las actualizaciones de los planes de manejo vigentes que se hagan en el futuro.

Refiere que en el caso particular, el Parque Nacional Torres del Paine cuenta con un plan de manejo vigente desde el año 2007, el cual se basó en el Método para la Planificación del Manejo de Unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, elaborado por nombre reservado en el año 2003, orientadas a definir zonas de Influencia, marco legal, político y técnico.

Señala que el recurrente alude en su recurso a la Ley N° 18.362 del 08 de febrero de 1984, la cual “Crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)”. Ley aprobada y publicada, cuya vigencia se encuentra sujeta a una condición, la entrada en vigor de la Ley N° 18.348 que crea la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables, cuyo artículo 19 establece a su vez, que esta última preceptiva, con la excepción allí indicada, "entrará en vigencia el día en que se publique en el Diario Oficial el decreto en cuya virtud el Presidente de la República disuelva la Corporación de derecho privado denominada Corporación Nacional Forestal a que se refiere la letra i) del artículo 4° o aquel mediante el cual apruebe su disolución"; circunstancias que no han acontecido.

De acuerdo con la legislación vigente, las categorías del Sistema Nacional de Áreas silvestres Protegidas del Estado o SNASPE, están concebidas para cumplir primordialmente objetivos de preservación y/o conservación del patrimonio ambiental, pudiendo en ellos ejecutarse además otras actividades, como la educación, la investigación y la recreación, entendiendo incluida en esta última el turismo, siempre y cuando dichas actividades sean compatibles con los objetivos de preservación y conservación.

Describe la situación del puma en el Parque Nacional Torres del Paine, describe que es el carnívoro de mayor tamaño presente en Chile, el cual si bien es de amplia distribución en el continente americano (desde Alaska hasta el estrecho de Magallanes), se identifican alrededor de 29 subespecies, de la cuales cuatro habitan en Chile.

Detalla que existe un Procedimiento de Denuncias de Ataques de Carnívoros a Ganado Doméstico, en la Región de Magallanes desde del año 2012 a la fecha, el cual se lleva adelante por el Servicio Agrícola y ganadero, no utilizando los procedimientos que existen para ello.

Respecto a su defensa del recurso propiamente tal, primero, entiende que este no debe ser utilizado por la recurrente “nombre reservado”, como una acción popular, naturaleza de la que no participa el recurso de protección, exponiendo que se aprecia la falta de acciones u omisiones ilegales y arbitrarias, concretas y específicas reprochadas en general a los recurridos y en especial a la Corporación Nacional Forestal, que sean además, comprensivas de afectación a las garantías constitucionales reclamadas como transgredidas.

En segundo lugar, reclama la falta de legitimidad activa de la recurrente “nombre reservado del Paine”, toda vez que dicha agrupación ni siquiera ha acreditado poseer un derecho indubitado que los habilite para recurrir por esta vía constitucional, ejerciendo una especie de acción popular que debe ser desechada. En este cauce, no existe precisión de quien o quienes recurren y como serían las personas afectadas en sus derechos de forma puntual, cierta y precisa, lo cual no sucede en el caso de este recurso.

En tercer término, observa la ausencia de los supuestos necesarios para la procedencia de un recurso de protección, esto es, no existe un acto u omisión alguna que hubiera ejecutado CONAF; no existe arbitrariedad ni ilegalidad en el actuar de CONAF; no existe perturbación o amenaza por parte de CONAF respecto de los recurrentes; no se ha vulnerado el imperio del derecho por parte de CONAF y el actuar de los recurrentes no se ajusta a la regulación del recurso de protección.

Finalmente refiere que el derecho supuestamente vulnerado y mencionado en los incisos transcritos por los recurrentes, no se encuentra garantizado por el artículo 20 de la Constitución Política de la República; el recurrente manifiesta una amenaza constante a lo que dispone el art 19 N°1, que la hace fundar en la pasividad total del órgano estatal ante la supuesta amenaza de los pumas poniendo en riesgo la integridad física de las personas que desempeñan la actividad ganadera así como también del constante temor ante nuevos y supuestos ataques, lo que le causa frustración. En este sentido destaca que el derecho fundamental a la protección de la integridad física y psíquica de la persona, es una garantía constitucional solo inherente al individuo de la especie humana, persona natural; por lo cual es del todo improcedente su alegación para el caso de autos.

En lo que refiere a la garantía alegada del articulo 19 Nº 2, ella no se verifica toda vez que CONAF en ningún caso ha hecho diferencias o ha establecido un trato diferente para un determinado grupo de personas y ello incluso se manifiesta con el hecho ejemplar de que CONAF se ha visto obligada a denunciar a los ganaderos que hacen ingreso con sus animales al PNTP, sin autorización y poniendo en riesgo la conservación y afectación de las diversas especies protegidas como flora fauna en ingreso de plagas tales como el dídimo por mencionar alguna.

En relación a la garantía del art 19 N°24, ello no se verifica ya que ni siquiera es el mismo recurrente quien explica de qué forma se produce la perturbación o amenaza de esta garantía no siendo por tanto objeto de afectación alguna. Únicamente ha ideado un ardid para deducir un recurso de protección sin tener fundamentos real y cierto para ello.

Luego, relaciona el derecho de propiedad con las áreas silvestres protegidas, ahondando en la importancia de la conservación del patrimonio ambiental y en la función social de la propiedad.

Finaliza pidiendo el rechazo del presente recurso, por ser absolutamente infundado, por cuanto la Corporación Nacional Forestal, no ha vulnerado ninguno de los derechos señalados por el recurrente, con costas.

Se dispuso traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio y tampoco se persigue a través de su interposición establecer la responsabilidad civil, penal o administrativa del ofensor.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que, según se lee en el recurso, se reprocha a los recurridos incurrir en una omisión en su deber de cuidado y conservación al no concurrir a mitigar los perniciosos efectos de la especie protegida (puma) respecto a la actividad ganadera y a la amenaza constante a que se ven expuestos los ganaderos y sus familias, así como sus trabajadores de campo; que esta omisión por parte del Estado ha sido reiterada en el tiempo y se continúa ejecutando hasta esta época, pues los ganaderos de Ultima Esperanza han planteado durante años a la autoridad la presencia de pumas en el sector a pesar de lo cual las recurridas han incurrido en una omisión en el manejo de la especie, por la no realización de un plan de manejo adecuado en lo que –según se sostiene- han actuado con negligencia por falta de servicio, debiendo reparar los daños que les han causado un detrimento real de sus patrimonios.

CUARTO: Que el reproche referido en el considerando precedente, adolece de la precisión que este arbitrio constitucional exige, incumpliendo el primero de los requisitos señalados en el fundamento segundo, a saber, que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que en el presente caso efectivamente los recurridos han realizado el acto o incurrido en la omisión que se les atribuye.

En efecto, se extraña en la descripción de los hechos fundantes del recurso, el señalamiento de alguna circunstancia fáctica, precisa y determinada que haya provocado una amenaza, amago o perturbación de los derechos que se invocan a favor de la recurrente y del que sería titular un determinado sujeto; o en que circunstancias esos hipotéticos ataques de pumas a animales domésticos o amenazas a la integridad psíquica o física de algún recurrente se habría producido así como el monto del daño patrimonial efectivamente causado. No se sabe cuál, cuáles ni menos cuántos eventos concretos y determinados respecto de los recurrentes habrían motivado la interposición de la presente acción constitucional, afectando los derechos que indican y de los que serían titulares. Tampoco se explica ni desarrolla en el recurso cómo o de qué forma se habría incurrido en la omisión de alguna actuación o conducta específica de las entidades recurridas que les fuera exigible o en el incumplimiento de una obligación en la esfera de sus respectivas competencias y que, eventualmente, deviniese en vulneraciones a las garantías que se dicen conculcadas.

En este orden, no resultan suficientes las referencias a incumplimientos de Planes de Conservación o Manejo de Áreas Silvestres Protegidas, sin relacionarlos con medidas destinadas a proteger animales domésticos determinados o que impongan el deber de resarcir eventuales daños patrimoniales, lo que tampoco se logra dilucidar con la documentación y fotografías aportadas, de las que no es posible extraer alguna conclusión sobre tales aspectos, teniendo en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico ha contemplado un proceso de denuncia que debe tramitarse ante el Servicio Agrícola y Ganadero para abordar el ataque de carnívoros silvestres a animales domésticos, contenido en el documento denominado “Procedimiento. Denuncia de Ataque de Carnívoros Silvestres a Ganado Domestico”, que comprende desde la recepción de la denuncia y su verificación, hasta las medidas que el Servicio adopta o autoriza para enfrentar esa contingencia. Dicho procedimiento se refrenda además, con el mérito de la propia documental incorporada por la recurrente, consistente en la Resolución Exenta N° 182/2019, de fecha 07 de mayo de 2019, emanada del Servicio Agrícola y Ganadero, en que, luego de recibida la denuncia y acreditada la misma, el Servicio resolvió autorizar al propietario de la “Estancia Tercera Barranca”, ubicada en la comuna de Torres del Paine, a la captura viva de un puma con color, cebado con ganado doméstico, en campos de la estancia “Tercera Barranca”, detallando, acto seguido, las condiciones en que se desarrollará su captura.

A pesar de este antecedente, en el recurso se sostiene una afectación variada de carácter general y daños, en base a referencias a eventuales amenazas al derecho a la vida, al derecho de igualdad ante la ley, al derecho a desarrollar libremente cualquier actividad económica o al derecho de propiedad, todas por la presencia de pumas en el sector, para pretender relacionarla con una eventual falta de servicio del Estado que en su parecer, sería atribuible a los recurridos.

QUINTO: Que, por lo expuesto, al no haberse demostrado que concurra en la especie el requisito consignado en la letra a) del motivo segundo, no cabe sino desestimar la acción constitucional entablada.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección intentado por don Pablo Andrés Galaz Saavedra, en representación de la nombre reservado, en contra de la CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, representada por don nombre reservado y del SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE AGRICULTURA DE LA REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA, don nombre reservado.

Redactada por el Ministro sr. Kusanovic Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Se deja constancia que no firma la Fiscal Judicial Subrogante Srta. nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por haber cesado en su cargo.

ROL Nº 489-2019. PROTECCIÓN.