nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones nombre reservado, chileno, profesor, Rut RUT reservado,domiciliado en domicilio reservado de nombre reservado e interpone acción de protección en contra de nombre reservado, en su calidad de Secretaria General de la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor.

Expone que el año 2021, solicitó su retiro voluntario a la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor. Con posterioridad, el 17 de diciembre de 2021, a solicitud de su empleador, firmó el formulario respectivo y éste se obligó a cancelarle la indemnización a que tiene derecho por la causal de término de relación laboral que establece el artículo 72 letra j), en relación con el artículo 22 del Estatuto Docente.

Refiere que hasta la fecha dicha solicitud no ha sido cursada y se le mantiene en la dotación docente comunal, en circunstancias que su único deseo es poder acogerse a retiro.

Por la recurrida se le informó que existía un retraso en la obtención del financiamiento por falta de respuesta del Ministerio de Educación, que aún no proporcionaba los recursos, y que inclusive había muchos otros profesores que hasta la fecha no se les ha podido finiquitar y que debían permanecer en el aula y en servicio activo.

En su caso particular, se le indicó que existía una observación por ilegalidad que le impedía acceder a dicho beneficio, conforme al informe evacuado por la Unidad Jurídica del Ministerio de Educación, dado que no reunía los requisitos por haber solicitado permiso sin goce de remuneraciones por más de seis meses continuos al asumir funciones como Jefe de Educación en la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes y Antártica Chilena, esta información le fue proporcionada recién el 09 de junio de 2023, contenido en el Oficio Ordinario 07/ 3727 de fecha 13 de diciembre de 2023.

En dicho instrumento, se indica que por haber excedido el plazo de permiso sin goce de remuneraciones que establece el artículo 40 del Estatuto Docente, no tenía derecho a que su retiro anticipado se financiara conforme al artículo 11 de la ley 20.159.

Entiende que aquel acto administrativo carece de fundamento legal y no puede constituir un obstáculo para que el Ministerios de Educación, proporcione oportunamente los recursos para financiar la indemnización a que tiene derecho, ya que dicha normativa no contempla la limitación a la que se hace referencia.

Agrega que la recurrida no objetó dicho informe y fue injustamente postergado de su derecho al retiro anticipado, privándosele con ello de su derecho a la indemnización por años de servicio., conforme al artículo 72 letra j), 73, 22º, 3º transitorio del Estatuto Docente.

Sostiene que lo argumento importa una injusta discriminación, pues efectivamente, ante la falta de una disposición expresa en el Estatuto Docente, que regule el permiso por más de seis cuando un profesional de la educación ocupa un cargo público de exclusiva confianza, ha sido siempre el empleador, históricamente, el que ha concedido estos permisos aplicando supletoriamente el Código del Trabajo, sin que dicho lapso pueda ser invocado para el derecho de bienios u otras asignaciones por ese lapso. Con todo, jamás, a ningún funcionario se le ha privado del derecho a la indemnización por años de servicio por haber hecho uso de un permiso sin goce de remuneraciones.

Añade que nunca ha pretendido que se consideren dichos años en el monto de la indemnización, bastando una simple operación aritmética para pagarle el monto de la indemnización que le asiste con deducción de los años en que estuvo con suspensión de la relación laboral. Muy por el contrario, el perjuicio se ocasiona para el empleador al prolongarse la relación funcionarial en que se incrementa el monto de la indemnización por los años de servicio conforme al artículo 73 del Estatuto Docente.

Arguye que se ha incurrido en una omisión arbitraria e ilegal, al no resolver el pago de su indemnización conforme a los artículos 72 letra j, en relación con el artículo 73 y 22 del Estatuto Docente, pues era su obligación ajustarse estrictamente a la ley y ajustar la dotación docente, en su oportunidad, siguiendo adelante con el proceso de obtención de recursos para el financiamiento o asumir el pago con recursos propios, pues no existe impedimento legal que le impida acceder a dicho beneficio.

Entiende que lo relatado afecta su garantía constitucional de igualdad ante la ley y su derecho de propiedad sobre el monto de la indemnización a que tiene derecho por ajuste de dotación, a cuyo pago se obligó el Sostenedor con fecha 17 de diciembre de 2021.

Concluye que conforme a lo dispuesto en los artículos 72 letra j), 22 y 73 del Estatuto Docente, la falta de respuesta o notificación oportuna del informe de la unidad jurídica del ministerio de educación, el cual se encontraba en poder del Sostenedor, le ha significado una grave afectación y vulneración, una injusta discriminación en relación a los demás profesionales de la educación que si han podido acceder al pago de dicha indemnización, lo que vulnera su garantía fundamental de igualdad ante la ley que establece el artículo 19 Nº 3º.

Solicita se acoja la acción y en definitiva declarar.

1º Que la recurrida en representación de la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, ha incurrido en una omisión arbitraria e ilegal, al no notificarle oportunamente el estado de tramitación de su solicitud de retiro anticipado por ajuste de dotación conforme al artículo 72 letra j) en relación con el artículo 22 del Estatuto Docente. En particular, del informe de la División Jurídica del Ministerio de Educación de fecha 13 de diciembre de 2022, el cual le ocasionaba un perjuicio.

2º Que conforme al mérito de los antecedentes, no le asiste impedimento, inhabilidad o prohibición para acceder a la indemnización que le corresponde por años de servicio, conforme a las disposiciones señaladas y a lo dispuesto en el artículo 73 del Estatuto Docente.

3º Que el Sostenedor, la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, representada por la recurrida, se encuentra en la obligación de incorporarle al listado de profesionales de la educación que por ajuste de la dotación tienen derecho a la indemnización que establece el artículo 73 letra j) del Estatuto Docente, debiendo en consecuencia retrotraer el procedimiento al estado de efectuar el cálculo de su indemnización y remitir sus antecedentes al Ministerio de Educación, solicitando el financiamiento correspondiente. Todo, con costas del recurso.

Acompaña, Notificación de fecha 09 de junio de 2023, Oficio 07/3727 de 13 de diciembre de 2022, Comunicado de nombre reservado de fecha 17 diciembre 2021, Formulario fecha y antecedentes personales de 17 de diciembre de 2021, Solicitud de permiso sin goce de remuneraciones de fecha 27 de mayo de 2020, Resolución Nº 320 de fecha 07 de mayo de 2018, Resolución Nº 367 de fecha 03 de agosto de 2020, Certificado Nº 4997 de 05 de julio de 2023 y Listado de funcionarios respecto de los cuales se solicita el financiamiento de la ley 20159, remitida por don nombre reservado a don nombre reservado.

Informa Laura nombre reservado Dahdal, Abogada, por la recurrida, Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, solicitando el rechazo de la acción con costas.

Hace presente que las Corporaciones Municipales, son personas jurídicas de derecho privado, creadas al alero del Decreto con Fuerza de Ley N° 1-3063 de 13 de junio de 1980, que reglamenta la aplicación del artículo 38 del Decreto Ley N°3063, de 29 de diciembre de 1979, y que estableció la posibilidad para las Municipalidades del país, el administrar directamente los servicios traspasados de salud y principalmente de educación (en el marco de las reformas llevadas a efecto en este período) o la creación por parte de las Municipalidades, de corporaciones sin fines de lucro, diversas de las corporaciones regidas por el derecho común, dando cuenta de la naturaleza jurídica de las mismas.

Agrega que con fecha 24 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial, la Ley Nº 21.040, que Crea el Sistema de Educación Pública, estableciendo en su artículo cuarto transitorio, el traspaso del servicio educacional que prestan las municipalidades, directamente o a través de las corporaciones municipales creadas bajo el amparo del DFL Nº 1- 3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, a los Servicios Locales de Educación Pública creados de conformidad al artículo 16 de esta ley… Magallanes difiere al 01 de enero de 2024.

Además, la Ley 20.159 permite efectuar anticipos de subvenciones estatales para fines educacionales, en caso que indica. En su artículo de Ley 3 de la indicada norma, da cuenta que las municipalidades cumplimiento con los requisitos, deseen optar al anticipo de recursos, deberán solicitarlos mediante declaración escrita a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, contando con el acuerdo previo del Concejo Municipal, presentando el correspondiente diagnóstico de la situación financiera.

La institución encargada de autorizar el acceso a los recursos corresponde a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del MInisterio del Interior, y una vez realizado esto, la municipalidad, cuya solicitud fuere aceptada, deberá suscribir en un plazo de 60 días, de notificada la aceptación de su solicitud. Agrega el artículo 9 de la Ley en comento prescribe que, en virtud del convenio a que alude el artículo 4 de la misma norma, el Ministerio de Educación, mediante resolución que será visada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, fijará el monto del anticipo solicitado. Asimismo, en el artículo 11 de la Ley 20.159 faculta al Ministerio de Educación, de manera permanente, para efectuar las subvenciones estatales por escolaridad a que se refiere el artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, Por otro lado, a las municipalidades que, administrado directamente o a través de corporaciones los establecimientos educacionales traspasados en virtud de lo dispuesto por el decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, no cuenten con disponibilidad financiera inmediata para solventar los gastos indemnizatorios contemplados en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Educación y en el plan de retiro y las indemnizaciones contempladas en la Ley de Calidad y Equidad de la Educación, así como los originados por el término de la relación laboral del personal no docente. La municipalidad o corporación que desee obtener el anticipo a que se refiere este artículo deberá solicitarlo, previo acuerdo del Concejo, a la Subsecretaría de Educación.

Luego, mediante resolución dictada por el Ministerio de Educación, visada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, se fijará el monto del anticipo otorgado, el detalle de los compromisos que se solventará con cargo a dicho anticipo, el plazo del pago, el valor y número de cuotas en las cuales deberá ser devuelto y los demás antecedentes que justifiquen la solicitud de recursos. Copia de dicha resolución será remitida a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior.

Por lo expuesto plantea la falta de legitimación pasiva de su parte debido a que la Corporación Municipal si realizo la solicitud requerida por el actor, y que fue el Ministerio de Educación quien realizó el rechazo de la petición de don nombre reservado, siendo dicha institución la responsable de otorgar el financiamiento de aquellas personas que se quieran acoger al retiro anticipado cumpliendo con los requisitos exigidos, no siendo su representada la responsable de aceptar y otorgar dicho financiamiento así, la sola obligación que les pesa es el de recepcionar la solicitud, recabar y remitir la documentación del solicitante al Ministerio de Educación respectivo, lo que se realizó en tiempo y forma.

En el caso del recurrente, en el mes de diciembre de 2022 se recibe copia de ORD 7/3727 emitido por don nombre reservado, perteneciente a la División Jurídica del Ministerio de Educación, correspondiente a un documento interno del Mineduc con 34 observaciones enviado desde la División Jurídica al Sr. nombre reservado, Jefe de Bonos, división de planificación y presupuestos, información que en ningún caso fue remitida formalmente a la Sra. Secretaría General de Corporación Mujnicipal de Punta Arenas para su cabal conocimiento.

En dicho documento se puede apreciar que la observación signada con el numeral 23 se trata específicamente el caso de don nombre reservado, la que señala en lo pertinente, lo siguiente:

“nombre reservado: Permiso sin goce de remuneraciones no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 40 del Estatuto Docente que señala de forma expresa que: “... los profesionales de la educación podrán solicitar permisos sin goce de remuneraciones por motivos particulares hasta por 6 meses en cada año calendario y hasta por 2 años para permanecer en el extranjero. Cuando el permiso que se solicite sea para realizar estudios de post-titulo o post-grado éste podrá prorrogarse por única vez hasta el doble del tiempo señalado en el inciso anterior”. En el caso en análisis el trabajador pidió permiso sin goce de remuneraciones por el tiempo que dure su cargo en la Secretaría Regional Ministerial, lo que ha durado más de los 6 meses previstos en la norma. Asimismo a juicio de esta División Jurídica, el cargo desempeñado en la SEREMI es incompatible con el cargo de docente directivo que cumplia el trabajador al momento del cambio, razón por la que no corresponde la transferencia de anticipos de subvención para efecto del pago de la indemnización por años de servicio. Se debe acompañar certificado de cotizaciones previsionales histórico con indicación de RUT pagador”.

Agrega que por su parte se cumplió con lo solicitado respecto de todas las observaciones y se obtuvo respuesta oficial desde el Ministerio, solo de manera telefónica reiterando que debía ser eliminado el recurrente de la nómina por los motivos referidos y, en abril del presente año se le comunico aquello al recurrente telefónicamente.

Expone que en todos los procesos con el Ministerio de Educación respecto de los Planes de Retiro, han existido permanentemente problemas por las demoras en sus respuestas, y en otras ocasiones derechamente no responden los correos electrónicos, lo que ha provocado que se tenga que esperar casi un año para recibir las observaciones, sin un documento formal que sea enviado al sostenedor.

Reitera que su parte realizó todas aquellas acciones (incluso más de las que le correspondía) a fin de cumplir con lo solicitado por don nombre reservado. Sin embargo, como ya se ha indicado, esta decisión de otorgar el beneficio requerido, solo depende del Ministerio de Educación más no de la recurrida.

En consecuencia, entiende, no ha existido ninguna acción y omisión arbitraria e ilegal que afecte la garantías constitucional señaladas por el actor.

Acompaña en su informe, Formulario/ficha correspondiente a don nombre reservado, de fecha 27 de octubre de 2021, Carta de notificación dirigida a don nombre reservado emitida por don nombre reservado, en que se informa la supresión de horas docentes, con firma del interesado, Contrato de trabajo profesional de la educación (titular) de fecha 1 de marzo de 2002 entre la Corporación Municipal y don nombre reservado, Contrato de trabajo Director de establecimiento de educación sector municipal comuna de nombre reservado (titular) de fecha 20 de febrero de 2008 entre la Corporación Municipal y don nombre reservado, Anexo al contrato de trabajo de Director de establecimiento de educación del sector municipal, de fecha 1 de marzo de 2008, Contrato de trabajo Director de establecimiento de educación sector municipal comuna de nombre reservado (titular) de fecha 14 de marzo de 2013 entre la Corporación Municipal y don nombre reservado, Anexo de contrato de trabajo de fecha 24 de julio de 2017, suscrito entre entre la Corporación Municipal y don nombre reservado, Contrato de trabajo Director de establecimiento de educación sector municipal comuna de nombre reservado (Interino) de fecha 01 de marzo de 2018 entre la Corporación Municipal y don nombre reservado, Resolución N° 320 de fecha 07 de mayo de 2019, emitida por la Corporación Municipal de Punta Arenas, Resolución N° 367 de fecha 03 de agosto de 2020, emitida por la Corporación Municipal de Punta Arenas, Certificado de cotizaciones cuenta cotización obligatoria correspondiente a los periodos comprendidos entre Octubre 1981 y enero 2023, Cadena de correos electrónicos de fechas: 14 de diciembre de 2022, 17 de enero de 2023, 10 de mayo de 2023 y Ordinario 07/3727 de fecha 13 de diciembre de 2022, emitido por don nombre reservado, Jefe de División Jurídica del Mineduc.

Informa nombre reservado, abogado, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación.

Otorga el marco normativo que rige la materia, siendo el pertinenete:

A) Decreto con fuerza de ley N°1, de 1996, del Ministerio de Educación, en adelante Estatuto Docente.

B) Ley N° 20.159, que permite efectuar anticipos de subvenciones estatales para fines educacionales en casos que indica.

C) Ley N° 20.976, que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la Ley N° 20.822.

Aclara que el recurrente no postuló a la bonificación por retiro voluntario establecida en la Ley N° 20.976, sino que fue la Corporación Municipal de Punta Arenas, la que en uso de las facultades concedidas en el artículo 22 del Estatuto Docente, decidió ajustar su dotación correspondiente al año 2022, lo cual informó al recurrente a través de carta de notificación de fecha 17 de diciembre de 2022. El pago que se menciona en dicha comunicación corresponde a la indemnización a que hacen referencia en los artículos 73 y segundo transitorio del Estatuto Docente.

Refiere que el ajuste de dotación es una facultad del sostenedor y no un “beneficio” al que postulen los profesionales o asistentes de la educación.

Así, de acuerdo al artículo 73 del Estatuto Docente, los profesionales de la educación a quienes se les ponga término a la relación laboral por la causal del artículo 72 letra j), esto es, ajuste de dotación tienen derecho a la indemnización que expone allí, y en virtud de aquello observa que la obligación de pago de la indemnización es de cargo del sostenedor y no de la Subsecretaría.

Agrega que el artículo 11 de la Ley N° 20.159 otorga una facultad privativa del Ministerio de Educación, y la Subsecretaría puede o no transferir los recursos que se soliciten para el pago de las indemnizaciones. En ese orden, en atención al principio de legalidad del gasto, son revisados los antecedentes remitidos por los sostenedores para verificar que efectivamente se aplicaron de forma adecuada las causales de término de la relación laboral, que los servicios prestados hayan sido prestados continuamente y que los años de servicio que se están indemnizando correspondan efectivamente a aquellos prestados por profesionales o asistentes de la educación, ya que para ese fin es que el artículo 11 de la Ley N° 20.159 faculta la transferencia de recursos.

Hace presente que la Corporación Municipal de Punta Arenas incurre en un error al invocar en su informe los artículos 1°, 2°, 4° y 9° de la Ley N° 20.159, ya que dicha normativa se aplicó por un plazo establecido en la misma ley.

Respecto al recurrente, refiere que existen una serie de inconsistencias que fueron observadas mediante el Ord. N° 07/3727, de 13 de diciembre de 2022 y que dicen relación con que se indemniza un período en que el trabajador pidió permiso sin goce de remuneración por el tiempo que dure su cargo en la SEREMI de Educación de Magallanes, figura que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 40 del Estatuto Docente, pues se entiende que durante ese período el recurrente no ejerció función docente pese a permanecer en la dotación docente y que la Corporación Municipal de Punta Arenas utilizó de manera contraria a derecho el permiso sin goce de sueldo.

Por lo que en uso de la facultad concedida en la Ley N°20.159, se decidió no transferir recursos por concepto de anticipo de subvención para efecto del pago de su indemnización por años de servicio, lo cual es sin perjuicio de la obligación que tiene su empleador, la Corporación Municipal de Punta Arenas, de pagar las indemnizaciones a las que se obligó al informar el término de la relación laboral.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto que estima ilegal y arbitrario la recurrente, los hace consistir en la no concesión del pago de la indemnización conforme a los artículos 72 letra j, en relación con el artículo 73 y 22 del Estatuto Docente.

CUARTO: Que, a su turno la recurrida, insta por el rechazo de la acción, en virtud de los argumentos referidos en la parte expositiva de esta sentencia.

QUINTO: Que, en virtud de los antecedentes expuestos por las partes es posible determinar que el derecho que se reclama por la presente acción carece del carácter de indubitado, atendido que la misma sostiene que cumple con los requisitos para ser merecedor de la indemnización establecida en el artículo 73 del estatuto docente, cuestión que contravienen los recurridos, dando cuenta que en su permiso sin goce de sueldo no se cumplió con estipulado en el artículo 40 del estatuto docente; por lo que para determinar la efectividad de aquello, es necesario que la recurrente ejerza alguna de las acciones que contempla la ley al efecto, de carácter declarativa y de lato conocimiento, no siendo el presente recurso la vía idónea para ello, más tomando en cuenta que el recurrente se encuentra prestando servicios a la recurrida.

SEXTO: Que, en consecuencia, al no aparecer de los antecedentes antes reflexionados, que la presente acción no es aquella idónea para conocer, y en su caso, resolver, materias como las que el recurrente a traído a estas instancia, resultando, innecesario analizar si se vulneraron las garantías denunciadas en el arbitrio, debiendo necesariamente desestimarlo.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, todos ya individualizados.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto el numeral 14 del referido Auto Acordado.

ROL Nº 487-2023 PROTECCIÓN.