nombre reservado con ASTILLEROS Y MAESTRANZA DE LA ARMADA

nombre reservado, dos de agosto de dos mil veintitrés.

Visto:

Comparece el abogado CARLOS ALBERTO CONTRERAS QUINTANA, con domicilio en domicilio reservado de nombre reservado, en favor de don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, planificador de planta ASMAR MAGALLANES, de su mismo domicilio, e interpone recurso de protección en contra de ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA (ASMAR), PLANTA nombre reservado, RUT N° RUT: RUT reservado, representada por su Administrador Sr. nombre reservado, capitán de navío y en contra de nombre reservado, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado de la ciudad de nombre reservado.

En cuanto a los hechos, expone que Mediante Ordinario N° 10400/100/23 de fecha 18 de mayo de 2023, se designa en calidad de Investigador al Abogado de Asmar Magallanes, Sr. Andrés Negrete Castillo, para que instruya investigación interna, con el objeto de establecer la eventual existencia de responsabilidad por acoso laboral, imputada al Sr. nombre reservado en perjuicio de don nombre reservado.

Refiere que el procedimiento se instruyó de acuerdo a lo previsto en el título IX del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa, y en tal contexto, con fecha 31 de mayo de 2023 se le notifcó a su representado los cargos, en tanto con fecha 7 de junio de 2023, se realizaron sus descargos, ofreciendo prueba para descartar la existencia de los hechos denunciados. Señaló que pese a lo anterior, con fecha 9 de junio de 2023 se notifica la nulidad de lo obrado, en atención a que el procedimiento utlizado no fue el que habría correspondido a la naturaleza de los hechos investigados, retrotrayendo el estado de las cosas, y designándose nuevamente al mismo instructor, para el conocimiento del asunto.

Manifiesta que lo anterior afecta las garantías fundamentales de su representado, amparadas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, así como su derecho de propiedad, consagrado en el N° 24 del articulado ya citado, por lo que solicita que el recurso sea acogido, declarándose que se han vulnerado sus garantías fundamentales, y en definitiva que deje sin efecto resolución de fecha 9 de junio de 2023, y así, la anulación del proceso y la nueva designación de investigador, todo con costas.

A folio 13 informa la recurrida, Astilleros y Maestranzas de la Armada, ASMAR, compareciendo el abogado don Claudio Cereceda Valenzuela, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

En lo sustancial, señala que la acción constitucional impetrada es improcedente, por no existir acción arbiraria o ilegal, requisito sine qua non del ejercicio de esta acción constitucional; agrega que la acción de protección no puede ser utilizada como una nueva instancia administrativa, que sería lo que pretende la recurrente, sin que exista vulneración del N° 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución, agregando que en todo caso, y sin perjuicio de haberse dado las garantías al empleado investigado, lo cierto es que el debido proceso no es exigible, atendido el sujeto contra el cual se recurre, y la naturaleza jurídica de la decisión que puede adoptar una vez que concluya el procedimiento de investigación; indica que la empresa recurrida es parte de la Administración del Estado, y sin perder su calidad de empresa, posee su propio Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, según el cual se ha sustanciado el procedimiento, y que precisamente en base al mismo, en su oportunidad, se utilizó para su corrección, ya que mandata precisamente que es el Administrador quien debe, entre funciones y en este contexto, subsanar los defectos de tramitación, de manera tal que es lo que se ejecutó con la resolución que se invoca como arbitraria e ilegal, la que trae aparejada las consecuencias que no explica de ninguna manera –a su juicio- la contraria, afectan derechos fundamentales. Todo lo anterior, por lo que pide el rechazo del recurso.

A folio 14 informa don nombre reservado, abogado recurrido, expresando que los fundamentos de la recurrente tienen como único fin dilatar un procedimiento de Investigación Interna por acoso laboral.

Indica en lo sustancial, que no existe imparcialidad del sustanciador alegada por la recurrente, lo que se corrobora con el solo hecho de que la misma no invoca presupuesto fáctico para fundar dicha proposición, por un lado, así como por otro, no se está en las hipótesis que específicamente se contemplan en la normativa de ASMAR (artículo 69 del Reglamento respectivo). Agrega que de todas maneras, la nulidad decretada, y fundada en la corrección del procedimiento, no afecta de manera algunas las garantías que se invocan afectadas, estando ella decretada por el Administrador, de acuerdo a lo previsto en el artíuclo 107 del Reglamento respectivo. Todo por lo cual, pide rechazar el recurso, con costas.

Encontrándose en estado, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente consiste en resolución de fecha 9 de junio de 2023, por medio de la cual el investigador de ASMR notifica al Sr. nombre reservado de resolución de igual fecha a través de la cual se resuelve anular la investigación interna en tramitación, ordenando una nueva de acuerdo al procedimiento adecuado y mandatado en el Reglamento de la empresa, y en consonancia con lo anterior, designar nuevamente investigador para llevar adelante, fundada en el artículo 69 del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad, designándose al Sr. Andrés Negrete Castillo como investigador, lo que a juicio de la recurrente, vulnera sus garantías fundamentales amparadas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la república.

CUARTO: Que, al evacuar sus informes los recurridos Astilleros y Maestranzas de la Armada y don Andrés Negrete Castillo, solicitan el rechazo del recurso, este último, con costas, por estimar que el acto recurrido no vulnera ninguna de las garantías fundamentales del recurrente, de acuerdo a lo expresado en lo expositivo de este fallo.

QUINTO: Que en primer término, y respecto de la admisibilidad alegada por una de las recurridas, cabe rechazar este argumento, toda vez que en la oportunidad procesal pertinente, esta Ilustrísima Corte de Apelaciones se pronunció sobre su admisibilidad, declarándolo en tal sentido.

SEXTO: Que por otro lado, según lo expuesto por las partes, y de acuerdo a los antecedentes acompañados y que constan en el proceso, específicamnete a folio 13, el Reglamento nombre reservado, higiene y seguridad de ASMAR, en su artículo 69 establece un procedimiento especial al que se someterán las denuncias por acoso laboral, procedimiento que no fue el utilizado primigeniamnete para la tramitación de la investigación que inició la empresa ante la denuncia en contra del recurrente.

SEPTIMO: Que como en todo procedimiento, existe siempre la posibilidad de errores en su tramitación, y es así que se advierte que se sustanciaba la causa de acuerdo a las normas generales de denuncia, por lo que según consta, y mediante resolución de fecha 9 de junio de 2023, se resolvió anular la investigación interna iniciada con fecha 12 de mayo de 2023, por no haberse aplicado el procedimiento correspondiente, para situaciones de acoso laboral contemplado en el artículo citado en el considerando anterior, por encontrarse dicha investigación viciada.

OCTAVO: Que para lo anterior, se invoca expresamente lo estatuido en el propio Reglamento interno de la empresa, que permite, precisamente al Administrador conforme se actuó, de acuerdo al artículo 107 de la normativa referida, subsanar los efectos de tramitación, y en tal orden de cosas, cabe recordar que tanto en el proceso civil, como penal, que se invocan como fundamento de las garantías que se alegan vulneradas, -más allá de la naturaleza jurídica de este procedimiento y las sanciones que se pueden imponer en tal contexto, por una empresa- la nulidad puede ser decretada por el Tribunal ante un error de tamitación, así como en otros casos, y en general, en todas las circunstancias, ello no impide reactivar la sustanciación de los mismos, ya sea por el mismo sentenciador que lo hacía a la fecha de la declaración de la nulidad y/o el Fiscal que evantualmente lleve la causa.

NOVENO: Que atendido lo anterior, constatado que la resolución se enmarca en un proceso legalmente tramitado, de acuerdo al Reglamento interno de la empresa, de conocimiento y aplicación general para todos sus empleados, y especialmente considerando los artículos 69 y 107, así como que la misma fue dictada por la autoridad competente, esto es, por el Administrador, no se advierte que de manera alguna se vulneren los N° 2 y N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, así como además, del N° 24, y en relación a este último, especialmente porque no se explicó tampoco suficientemente por la recurrente cómo eventualmente se habría de afectar, por lo que no es posible como en los casos anteriores, realizar un análisis del presupuesto fáctico que lo configuraría.

DECIMO: Que a mayor argumentación, cabe advertir que se ha dado cuenta en el presente procedimiento que se han respetado todos los derechos y garantías del empleado investigado –atendidas las etapas del procedimiento acreditadas y documentadas-, y en caso alguno, el hecho de haber realizado una anticipación de pruebas de que se valdría en la investigación la parte recurrente, atendida la naturaleza de la misma, así como el órgano resolutor, afecta su derecho a la defensa, y en definitiva, a que se resuelva conforme a las normas previamente establecidas y conocidas por las partes en el marco de una investigación de carácter disciplinaria de una empresa, en este caso, estatal.

DECIMO PRIMERO: Que por otra parte, cabe señalar, a fin de dilucidar la controversia, que es menester tener presente la naturaleza del acto impugnado, el que al haberse emitido por parte del Administrador de la recurrida, en e lcontexto de un procedimiento que aún está en desarrollo, es uno de mero trámite necesario para adoptar la decisión final, lo que aún no ha sucedido y, por lo mismo, el acto administrativo terminal, entonces, que realmente le causaría agravio, aún no ha sido dictado.

DECIMO SEGUNDO: Que así las cosas, atendido lo anteriormente expuesto, y de acuerdo a las normas del debido proceso de ley en relación a las establecidas en el Reglamento interno de la empresa, las normas particulares que rigen la administración del Estado, y habiéndose respetado además la igualdad ante la ley, que ordena precisamente que ante la advertencia de un proceso mal tramitado se corriga el mismo, acción que se realizó dentro del marco normativo y por autoridad competente y que como se señaló, no habiéndose invocado presupuesto fáctico para el análisis de una eventual transgresión del derecho de propiedad, es que corresponde rechazar la acción constitucional intentada ante la inexistencia de un acto ilegal y arbitrario por parte de las recurridas.

DÉCIMO TERCERO: Que de acuerdo a lo dispuesto en relación a las costas, y resultando la parte recurrente absolutamente vencida, estimándose además que no ha tenido motivo plausible para litigar, se procederá a su condena en costas.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; lo dispuesto en el artíuclo 2, artículos 152 bis K y siguientes, todos del Código del Trabajo, artículos 69 y 107 del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad del Asmar, se declara:

I.- Que SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA (ASMAR), PLANTA nombre reservado, representada por su Administrador Sr. nombre reservado, capitán de navío y de don nombre reservado, ambos ya individualizados.

II. Que atendido lo ya expuesto, se condena en costas a la recurrente.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Fiscal Judicial Sra. Paula Stange Kahler.

Rol Protección N° 483-2023.