nombre reservado con CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION METROPOLITANA

Punta Arenas, siete de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones nombre reservado, chilena, soltera, Licenciada de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Magallanes, cédula de identidad n° RUT reservado, con domicilio para estos efectos, en domicilio reservado e interpone acción de protección en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, en adelante CAJMETRO, representada en la Región por su Director Regional, don Alejandro Donatti Otárola, ubicada su oficina en domicilio reservado, correo institucional correo reservado y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (en adelante SERNAMEG), representado en esta ciudad por doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por la decisión contenida en el oficio 235/2022 de fecha 31 de mayo de 2023, notificada a mi persona con fecha 02 de junio de 2023, mediante la cual se me desconoce la práctica realizada.

Relata que en 2014 ingresó a la Universidad de Magallanes a cursar la carrera de Derecho, egresando de dicha carrera en el año 2019. En diciembre del año 2021 aprobó el examen de grado, requisito necesario para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y aprobó su tesis en marzo de 2022.

Por aquello se puso en contacto telefónico con oficina de Sernameg y Superintendencia de Insolvencia y Re emprendimiento, ambas entidades con convenio vigente con la CAJMETRO para preguntar si aceptaban practicantes de derecho en sus condiciones, obteniendo respuesta de Sernameg quienes le proporcionaron el correo electrónico de doña nombre reservado, abogada Jefa de la entidad a fin de llevar a cabo dicha práctica fuera de su horario laboral, en atención a que, cumple funciones en la Iltma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en calidad de Oficial IV.

Agrega que el 18 de noviembre envió correo electrónico presentándose y manifestando su interés por realizar su práctica profesional en dicha entidad y le agendaron reunión vía Zoom, recibiéndola como postulante, dándole la bienvenida y señalándole que la fecha de ingreso era el 15 de diciembre de 2022.

Ingresó el día referido y le preguntó a la Jefa de la entidad cuál es el conducto regular para informar a Corporación de Asistencia Judicial de su ingreso como postulante, a lo que le responde que ellas son las encargadas de informar a través de un certificado, respuesta que no cuestionó, ya que le habían comentado que habían tenido postulantes de derecho anteriormente, así que confió que ese era el procedimiento de práctica en la entidad con convenio.

Manifiesta que se encontró realizando su practica desde el 15 de diciembre de 2022 al 16 de mayo del presente año, efectuando labores con objeto de práctica profesional en horario tarde, desde las 16:15 horas hasta las 23 horas aproximadamente, a pesar de haber convenido un horario distinto (16:15 a 18:00). Jamás se opuso a ningún requerimiento de las abogadas del Centro, estando a completa disposición desde las 16:15 horas días de semana, sin fijar fecha límite e incluso realizando labores los fines de semana, siempre con la intención de cumplir con lo que se le pedía y poder finalizar con éxito su práctica profesional.

A mediados de abril aproximadamente, se enteró a través de la abogada de Centro de la Mujer que no informaron a CAJ de su ingreso como postulante, encargándole además las averiguaciones sobre qué era lo que se enviaba al Director Regional de la CAJ. Inmediatamente comenzó a indagar en la página web de CAJMETRO y tomó conocimiento del formulario de postulación “como única vía de postulación” enterándose que lo informado por SERNAMEG no correspondería. Es por eso que llamó a la Unidad de Prácticas para poder validar su periodo realizado a la fecha.

El día 18 de abril recibe correo de doña nombre reservado quien manifiesta que no es procedente reconocer el tiempo de permanencia en Sernameg, ya que esta no se realizó por los conductos regulares, además que no contaban con sus antecedentes.

En virtud de la respuesta, el 15 de mayo doña nombre reservado, abogada jefa de Sernameg envió oficio a Sr. nombre reservado, Director General de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana solicitando la validación de su periodo de práctica y de manera paralela realizó su postulación por formulario a solicitud de doña nombre reservado, adjuntando todos los documentos que requerían, con el único objeto de que la unidad de prácticas cuenten con sus antecedentes y resuelvan el requerimiento de Sernameg de una manera más integral, ya que no le permitieron enviarlos por correo electrónico.

Luego, el 16 de mayo el Director General de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana respondió a dicho requerimiento, mediante oficio 210/2023, donde señalan que “No resulta posible para esta Corporación reconocer tiempo alguno en las gestiones y diligencias realizadas eventualmente por nombre reservado en el Centro de la Mujer de Punta Arenas, por las razones indicadas precedentes.” Es decir, por no haber efectuado la postulación vía web. Posterior a ese correo Sernameg no manifestó ninguna otra actitud frente a los hechos relatados.

Pasado aquello, el 20 de mayo conoce jurisprudencia de Corte Suprema donde en un caso similar se reconoce práctica de postulante y lo remite al Sr. nombre reservado para que reconsideren lo resuelto en su caso, quien lo derivó nuevamente a nivel central.

Ante aquello el 02 de junio del presente recibe correo electrónico de parte del señor nombre reservado con respuesta de nivel central a mi solicitud de reconsideración mediante oficio N° 235/2022 de fecha 31 de mayo del presente, donde nuevamente resuelven que “no resulta posible para este servicio reconocer las gestiones realizadas en el Centro de la Mujer de Punta Arenas, aparentemente entre el 15 de diciembre de 2022 y el 12 de mayo de 2023 como práctica profesional, al no haber intervenido este servicio en ninguna de las fases de dicho proceso, desconociendo esta institución, los motivos fundados y finalidades que hubiere tenido la Dirección Regional nombre reservado y la Antártica Chilena, como el Centro de la Mujer de Punta Arenas, para permitir y autorizar las labores eventualmente desempeñadas en ese lugar.”

Añade que a fines de junio se publicó la nómina de asignación de práctica correspondiente a las postulaciones efectuadas en mayo, incluida la suya, sin embargo constató que no se le asignó ningún lugar de práctica, dejándola en lista de espera. Además, tomó conocimiento que en Sernameg se designó a una practicante que se encuentra en calidad de egresada, por lo tanto, por parte de la unidad de prácticas no se dio cumplimiento a lo establecido por la norma, que consiste en priorizar a personas en calidad de licenciados de ciencias jurídicas por sobre personas en calidad de egresadas, como lo consigna el artículo 3º del Reglamento de Práctica Profesional. Le llama la atención el celo que parecen querer demostrar en su caso, pero al mismo tiempo, la falta de cumplimiento de las normas en otras situaciones.

Sostiene que de su parte jamás existió mala fe ni intenciones de actuar contrario a lo establecido, se ajustó a lo manifestado por Sernameg, entidad a su parecer seria y respetada, considerando además el convenio que existe y está vigente y que supuestamente tiene conocimiento del conducto regular establecido por CAJMETRO, de lo contrario, entiende que es deber de CAJMETRO velar por la corrección en el actuar de Sernameg, pero no trasladar a su persona una responsabilidad que no le corresponde, ni ignorar 5 meses de arduo trabajo que no pueden desconocerse, ya que incluso constituirían un enriquecimiento ilícito del Estado.

Reconoce que si bien es efectivo que no efectuó la postulación como señala la CAJMETRO, esto ocurrió porque confió en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, quienes le dieron la bienvenida a su institución como postulante, le permitieron realizar cinco meses de práctica profesional, cumpliendo labores y aliviando la carga a sus funcionarias, sin embargo omitieron un paso fundamental, que era informar a Corporación de Asistencia Judicial sobre su presencia en su servicio, desconociendo el conducto regular, el que evidentemente debió ser instruido y condicionado por la Corporación al momento de firmar el Convenio, por lo tanto, resulta desproporcionado que sus intenciones de cumplir con sus requisitos de titulación, terminen en un abuso e indiscreción.

Sostiene que existe una completa ilegalidad en el actuar de ambos órganos, quienes deben actuar en virtud del principio de coordinación y eficiencia, y una total desproporción por parte de la Corporación de Asistencia Judicial, quienes pretenden desconocer el hecho de que ha efectuado sus labores en un servicio público con el cual además tiene convenio vigente, restando credibilidad a la entidad y perjudicándola.

Además se lee de las disposiciones vigentes que regulan la Corporación de Asistencia Judicial, que es su Director Regional quien debió decidir sobre este asunto y no mediante derivación que lo único que ha hecho es entorpecer y dilatar aún más una situación, que de acuerdo al mérito de los antecedentes requiere una resolución adecuada, justa y expedita.

Entiende que han vulnerado sus derechos consagrados en el artículo 19N°1, 2 Y 24 de la Constitución Política de la Republica.

Solicita, se acoja la acción y se resuelva:

- Ordenar a la recurrida reconocer el tiempo de práctica ejercido debidamente ante SERNAMEG de la Región de Magallanes y permitir su finalización en los mismos términos acordados al inicio de ésta, terminando con esta situación ilegal y arbitraria.

-Ordenar que a futuro ambas recurridas, en base al convenio vigente, realicen una adecuada coordinación respecto de los postulantes que hacen las prácticas a fin de evitar esta situación ilegal y arbitraria.

- Condenar expresamente en costas a las recurridas.

Acompaña, Copia de oficio N° 210/2023 de fecha 16 de Mayo y copia de correo electrónico con Oficio N° 235/2022 de fecha 02 de junio del presente año, Copia de correo electrónico de fecha 18 de noviembre de 2022 entre nombre reservado a nombre reservado, Copia de correo electrónico el 18 de abril de 2023 enviado por nombre reservado a Doña nombre reservado, Correo electrónico de fecha enviado el 04 de mayo de 2023 por nombre reservado a don Alejandro Donatti Otárola, Copia de correo electrónico de fecha 15 y 17 de mayo de 2023 enviado por nombre reservado a nombre reservado, Copia de correo electrónico de fecha 16 de mayo de 2023, enviado por nombre reservado a nombre reservado, Copia de correo electrónico de 20 de mayo de 2023 enviado por nombre reservado a Alejandro Donatti Otárola, Copia de certificado emitido por doña nombre reservado, coordinadora del Centro de la Mujer de fecha 17 de abril de 2023, Copia de Oficio emitido por doña nombre reservado a Alejandro Donatti Otárola, de fecha 12 de mayo de 2023 y Copia de correo electrónico de fecha 13 de junio de nombre reservado a nombre reservado y su respectiva respuesta.

Informa Cristina Mayorga Salazar, abogada, en representación de nombre reservado y la Antártica Chilena.

Refiere que es efectiva la reunión del 23 de noviembre 2022, pero no es efectivo lo que señala la recurrente en cuanto a que las profesionales de SERNAMEG y/o Centro de la Mujer le habrían señalado que ellas son las que deben informar a la Corporación de Asistencia Judicial del ingreso de la postulante por medio de un certificado.

Reconoce a su vez el convenio con la Corporación de Asistencia Judicial, dando cuenta que dicho convenio de colaboración señala en su considerando octavo que tanto el desarrollo y aprobación de las prácticas profesionales cumplirán las normas del Reglamento aprobado por Decreto N°265 de 1985, del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario Oficial de fecha 02 de octubre de 1985, debiendo dicha corporación asignar la práctica a profesional.

En ningún momento, profesionales del SERNAMEG y/o del Centro de la Mujer de Punta Arenas, han negado que la recurrente ha ejercido funciones durante 5 meses en dicho dispositivo y así se ha sostenido desde el momento que se envía oficio N° 31 /2023, al Director de la Corporación de Asistencia Judicial.

Lamentan la situación de doña nombre reservado, pero sostiene que no se puede desconocer que es deber de los alumnos y alumnas de cada carrera universitaria, informarse de la forma en que deben cumplir los requisitos para obtener su título. Al respecto, doña nombre reservado señala en correo electrónico de fecha 18 de abril de 2023, dirigido a la Corporación de Asistencia Judicial, que solicitó orientación a la Directora de la Carrera de Derecho de la Universidad de Magallanes, quien le habría señalado que debía acercarse directamente al servicio en el cual ella deseaba realizar su práctica profesional, lo que la llevó a cometer el error que hoy genera la situación objeto de este recurso. Por otro lado, en correo electrónico de fecha 4 de mayo de 2023, dirigido a la misma institución, la recurrente señala que reconoce su completo descuido y que desconocía que debía postular a través de un formulario online.

Entienden y lamentan la situación que está pasando la recurrente, incluso esperan se pueda reconocer la labor realizada en el Centro de la Mujer de Punta Arenas, como su práctica profesional, sin embargo, sostiene que no está dentro de sus facultades el aprobar y convalidar dicha práctica, lo cual corresponde únicamente a la Corporación de Asistencia Judicial Región Metropolitana. Por parte de su Servicio se realizaron las acciones pertinentes, no obteniendo una respuesta favorable por parte de dicho organismo.

Acompaña en su informe, Convenio de colaboración celebrado en febrero del año 2009, entre Servicio Nacional de la Mujer y la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana.

Informa Santiago Vera Bustamante, abogado, por su representada la Corporación De Asistencia Judicial De La Región Metropolitana, solicitando el rechazo del recurso con costas.

Manifiesta que la recurrente reconoce en el texto de su recurso que sólo a mediados del mes de Abril del presente año procede a revisar la página web de su representada, y en dicho proceso de revisión toma conocimiento de la existencia: “del formulario de postulación “como única vía de postulación”.- Sostiene que la reglamentación y procesos se encuentran permanentemente a disposición de los interesados en la página web institucional www.cajmetro.cl, por lo tanto no puede atribuirse la falta de diligencia de la recurrente a una acción u omisión de su representada, pues dicha información es de público conocimiento.

En el mismo sentido, toda la regulación normativa, contenida tanto en el Código Orgánico de Tribunales, como el Decreto Supremo N° 265 sobre Reglamento de Prácticas Profesionales, que se presumen conocidos por todos desde la fecha de su publicación, conforme lo dispone el Artículo 8 del Código Civil, señalan que la única institución encargada de velar por una adecuada y canalizar los procesos para la realización de la práctica profesional es la Corporación de Asistencia Judicial.

Por otro lado, da cuenta que la recurrente de este caso no ha invocado derecho alguno del cual sea titular en forma indisputada que haga procedente la acción constitucional de autos. En efecto, el texto del recurso sólo indica que determinados actos arbitrarios e ilegales de su representada afectarían su derecho de propiedad sobre cosas incorporales.

No obstante, no indica ni desarrolla en su recurso, específicamente, cuál es el derecho cuya propiedad se vería afectada por los presuntos actos ilegales o arbitrarios de mi representada. Sobre este punto, hace presente que no hay un derecho a que se reconozca como práctica profesional el tiempo presuntamente desarrollado en un servicio con convenio, pero del cual su representada no ha tomado conocimiento ni ha ejercido control o supervisión alguna.

Agrega que no existe una garantía constitucional incuestionable de la recurrente que deba ser protegida por la acción constitucional de autos. De esta forma, al no tener la recurrente un derecho indubitado, la acción constitucional de protección intentada, no resulta procedente.

Además, su actuar se ha ajustado al cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que regulan el funcionamiento de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, y el cumplimiento de la obligación legal de realizar la práctica profesional como un requisito de titulación.

Añade que el petitorio de la acción interpuesta constituye una violación a lo previsto por el artículo 7° de la Constitución Política de la República y una trasgresión al principio de igualdad poniendo a la recurrente en una situación de privilegio frente a los postulantes que, habiendo revisado diligentemente la normativa aplicable, realizan y realizaron su postulación a la práctica profesional en la forma dispuesta para tal fin por su representada.

En cuanto al fallo de la excelentísima Corte Suprema, sostiene que la situación no resulta asimilable y menos aún al criterio formulado por, porque en el caso descrito hay una diferencia sustancial, pues existió en aquel una actividad expresa -pero informal- del Director Regional de dicha Corporación de Antofagasta, lo que no ocurrió en este caso, debido a que la recurrente no formuló solicitud de práctica profesional ante funcionario alguno investido para recibirla y consecuencialmente nunca se emitió un pronunciamiento incluso informal, que permitiera reconocer las alegaciones de la recurrente en estos autos.

Acompaña en su informe, Correo 18.04.2023, Correo respuesta UPP 19.04.2023, Correo Sernameg - DRMG 02.05.2023, Correo 04.05.2023, Correo respuesta UPP 05.05.2023, Ordinario 31 nombre reservado (12.05.2023), Postulación Suriba 15.05.2023, Oficio 210-2023 Evacúa respuesta sobre situación de nombre reservado (16.05.2023), Acuso recibo Oficio 210-2023 (16.05.2023), Correo nombre reservado 20.05.2023, Oficio 235-2023 Imposibilidad de prácticas Punta Arenas - Magallanes (31.05.2023), Decreto 265 - 2-OCT-1985 (Reglamento de Práctica) y Protocolo de Práctica Profesional.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el actor, radica en la negativa de las recurridas para reconocer el periodo, desde el 15 de diciembre de 2022 al 16 de mayo del presente año, prestando labores para el centro de la mujer de esta región, como práctica profesional, para obtención del título de abogada.

CUARTO: Que, al evacuar su informe las recurridas instan por el rechazo del recurso en virtud de lo expuesto en la parte expositiva.

QUINTO: Que, la controversia se funda en que la Corporación de Asistencia Judicial recurrida niega que las labores realizadas por la actora en el SERNAMEG de esta ciudad puedan ser consideradas práctica profesional en los términos del artículos 523 N°5 del Código Orgánico de Tribunales, ya que para que ésta se constituya como tal, el interesado debe presentar una solicitud de práctica profesional acreditando su calidad de egresado de derecho, y, luego, verificándose los requisitos, el Director Regional dicta una Resolución de inicio de práctica profesional, individualizando al postulante, la unidad o servicio donde se llevará a cabo y el tiempo de duración de dicha práctica, cuestiones que la recurrente, no habría cumplido.

SEXTO: Que, de acuerdo con el número 5 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, para obtener el título de abogado se requiere, entre otros, “5°) Haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional por seis meses en las Corporaciones de Asistencia Judicial a que se refiere la ley N° 17.995, circunstancia que deberá acreditarse por el Director General de la respectiva Corporación. Las Corporaciones de Asistencia Judicial, para este efecto, podrán celebrar convenios con el Ministerio Público y con la Defensoría Penal Pública. Un reglamento determinará los requisitos, forma y condiciones que deban cumplirse para que dicha práctica sea aprobada.”

El reglamento que cita la norma legal, es el creado por el Decreto N°265 de 1985 del Ministerio de Justicia, Reglamento de Práctica Profesional de Postulantes al título de Abogado. Aquel señala en su artículo 2 que, “Para proceder a su práctica forense cada postulante deberá: 1°.- Acreditar, por medio de un certificado expedido por el representante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales o del organismo equivalente de alguna Universidad reconocida por el Estado, que el postulante ha rendido satisfactoriamente los exámenes cuya aprobación es necesaria para adquirir la calidad de egresado de derecho, y 2°.- Inscribirse en un Registro que para tal efecto será llevado por un funcionario de la Corporación de Asistencia Judicial respectiva. En este Registro se anotarán los nombres y apellidos del candidato; su edad; domicilio; Universidad y Escuela en que hizo sus estudios; el cumplimiento del requisito a que se refiere el número 1° y la fecha de ingreso al Consultorio. Asimismo, se agregará al Registro una fotografía tamaño carnet del postulante; también se dejará constancia de las medidas disciplinarias que pueden adoptarse a su respecto y si la práctica ha sido aprobada o reprobada. La inscripción será firmada por el funcionario de la Corporación y el interesado”. En síntesis, indica que el interesado deberá acreditar su calidad de egresado, y ser inscrito en un registro con sus datos personales y fotografía, el que será firmado por un funcionario de la Corporación y el postulante. Este registro, debe decirse, no es inmutable, ya que la misma norma contempla que en él se dejará constancia de las medidas disciplinarias que apliquen al postulante, y si este aprobó o no la práctica profesional.

SEPTIMO: Que, junto con los artículos citados, el servicio ha establecido un procedimiento con el fin de ordenar y administrar adecuadamente el ingreso de postulantes, según se señaló por la propia recurrida.

Este procedimiento se encuentra publicado en la página institucional, que corresponde a “https://www.cajta.cl/nosotros/postulantes”. Revisada aquella, aparece en el acápite “Proceso de Inscripción de Práctica Profesional”, que los postulantes deben solicitar su inscripción en la respectiva Dirección Regional correspondiente a la Región donde deseen desarrollar su práctica profesional, y además deberán acompañar como antecedentes: 1) carta al Director Regional solicitando realizar su práctica profesional, permitiéndose la descarga de una carta “modelo” donde se debe señalar si el postulante rindió o no su examen de grado, exponer brevemente su experiencia laboral, motivación y expectativas para la práctica, y señalar, si es funcionario público, el compromiso y autorización de su empleador para ejecutarla en un determinado horario; 2) Certificado de Egreso, 3) Dos fotos de tamaño carnet con RUT, 4) Fotocopia de cédula de identidad autorizada ante notario, 5) Tener activa la Clave única del Servicio de Registro Civil e Identificación y dominar los manuales de usuario al efecto, y una declaración jurada relativa a ser parte de grupos de riesgo Covid-19. Estos requisitos establecidos en la página web, aparecieron ante su consulta, mas no aparecen fundados en la normativa que fuera citada o alguna otra.

OCTAVO: Que, además, a la fecha en la que la recurrente compareció ante la recurrida a fin de solicitar su práctica profesional, estaba vigente desde el 23 de febrero de 2009, un convenio para la realización de prácticas profesionales entre la Corporación de Asistencia Judicial de la R.M. y el ex SERNAM – hoy SERNAMEG (Cláusula 10° del Convenio) – por el cual los egresados y licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales pueden realizar sus prácticas profesionales en los Centros de la Mujer que se encuentren en algunas de las regiones donde esta institución posea competencia.

NOVENO: Que, sin perjuicio que la recurrente no presentó su postulación por la vía referida por la recurrida, la determinación adoptada por la Corporación de Asistencia Judicial es arbitraria al ser desproporcionada, ya que implica la pérdida de casi cinco meses de trabajo no remunerado realizado de buena fe, involucrando no sólo a la recurrente sino también al SERNAMEG y a los servicios que ella presta. Dadas las falencias detectadas por la Corporación, se pudo adoptar como decisión pedir la concreción de las formalidades faltantes y el envío de los documentos requeridos, u otra decisión análoga que no generase tan gravosos efectos para la postulante.

DECIMO: Que, de la manera en que se reflexiona, la actuación de la recurrida que ha sido denunciada vulnera la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, en cuanto se ha dado a la actora un trato distinto de aquel que se ha entregado a otras personas que se han encontrado en una situación análoga, circunstancia suficiente para acoger el recurso de la manera que se dirá.

UNDECIMO: Que, en nada altera lo razonado, el documento acompañado por el recurrido, con esta fecha, que dice relación con la renuncia a la práctica profesional de la recurrente de fecha seis de julio del presente año, atendido que aquella no dice relación con el periodo que permaneció prestando servicios ante el SERNAMEG, sino que se refiere a una nueva designación de aquella en otro servicio incompatible con su horario laboral.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, disponiéndose que la recurrida, Corporación de Asistencia Judicial, deberá formalizar la práctica profesional de la actora, reconociendo el tiempo efectivamente ejecutado, permitiendo su reincorporación a la misma por los días pendientes, para lo cual ambas instituciones deberán efectuar las gestiones de coordinación que resulten necesarias para que ello así ocurra.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº 479-2023 PROTECCIÓN.