Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Punta Arenas, veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones don nombre reservado, Abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en adelante SUSESO, representada legalmente por doña nombre reservado, o por quién lo subrogue o reemplace legalmente.

Funda su acción en que la recurrida, en virtud de un acto arbitrario e ilegal consistente en una resolución que rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por doña nombre reservado , que la RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-UME-136608-2024, de fecha 28 de agosto de 2024, de dicho Organismo, confirmó lo obrado por la Comisión Médica Preventiva (COMPIN) rechazo de la licencia médica N° 99702549-0, de lo que discrepa, y que lo atribuye a accidente de trabajo ocurrido el 16 de diciembre de 2022, por lo cual se ha perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República, derechos de los cuales la recurrente es titular y cautelados por la acción de protección.

Expone que su representada, de actuales 48 años de edad, toda su vida ha trabajado como funcionaria de la Junta Nacional de Jardines infantiles (JUNJI), y producto de una diabetes, en Enero de 2023 la hospitalizaron por una enfermedad renal, en ese mismo mes comenzó por prescripción médica, a Dializarse; que como consecuencia de una caída que tuvo en noviembre de 2022 le amputaron parte de su pie, ya que años antes ya había sido amputada de 3 dedos; que esta amputación del pie no salió como esperaba debido a la poca irrigación sanguínea que tenía y la larga espera que tuvo en el hospital local, lo que llevó a que finalmente le fuera amputada la pierna bajo rodilla, todo esto costeado con préstamos y ayudas de familiares, ya que todo este procedimiento lo tuvo que realizar en la clínica de la Universidad Católica en Santiago costos que no son solventados por Fonasa, teniendo que pagar más de 8 millones de pesos entre operaciones exámenes, viajes, estadías etc.

Menciona que después de las intervenciones en junio de 2023 comenzó su rehabilitación en Punta Arenas; que se encuentra haciendo su mayor esfuerzo para poder caminar ya que tiene rehabilitación 2 veces por semana y ahora está en trámite para poder volver a caminar con una prótesis.

Agrega que actualmente está contratada siendo una funcionaria bien evaluada en la institución, con buenas calificaciones y que su empleador la ha apoyado mucho para que pueda volver a trabajar.

Expone que a fines de agosto de este año 2024 le tomaron las medidas de la prótesis y sigue asistiendo al centro de rehabilitación y manteniéndose su diálisis la cual se siente mejor llena de energía y con muchas ganas de volver a su lugar de trabajo como técnica en educación parvularia en la cual sus diálisis y terapias no interfiere con su trabajo ya que pediría cambio de turno y así estar toda su jornada laboral presente el jardín es nuevo en infraestructura la cual están todas las condiciones para desempeñarse en su función.

Indica que recurre en contra de la RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-UME-136608-2024 de fecha 28 de agosto de 2024 que confirmó lo obrado por la Comisión Médica Preventiva quién, con los antecedentes médicos evaluados, concuerdan en que la afección que presenta es de curso crónico, las que por el tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le produce algún grado de incapacidad, la que corresponde evaluar a través la realización de un trámite de pensión de invalidez en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) al que se encuentre afiliada en el Instituto de Previsión Social (IPS), según corresponda.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas esta son la del Artículo 19 Nº2 Constitución Política de la República en relación con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 19.638, que dispone que “ninguna persona podrá ser discriminada en virtud de sus creencias religiosas, ni tampoco podrán éstas invocarse como motivo para suprimir, restringir o afectar la igualdad consagrada en la Constitución y la ley”, y en el artículo 2° de la ley N° 20.609, que define discriminación arbitraria como “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”.

Manifiesta que el acto denunciado en ilegal, al ordenar que su representada, además de rechazársele las licencia médica en comento, se le ordena iniciar los trámites de pensión de invalidez por supuestamente no poder seguir trabajando, cuando según los informes médicos que se hicieron llegar a la recurrida, lo cual además de degradante es discriminatorio con una persona que tiene movilidad disminuida, tiene altas posibilidades de recuperación de su movilidad mediante la asimilación de la prótesis, por lo que no tiene sentido y carece de razonabilidad exigirle tramitar una pensión de invalidez cuando el mismo legislador exige la inclusión de personas con discapacidad más aún cuando ya desempeñaba la misma función antes de la amputación.

En cuanto a la falta de razonabilidad, estima que el acto recurrido y su fundamentación no dicen relación alguna con la realidad, lo cual basta con revisar el informe médico que se acompañó a la recurrida, la cual dice expresamente que al recurrente puede reincorporarse a sus funciones, sin perjuicio de que su empleadora pueda reasignar a otras labores dentro de la institución.

Refiere un incumplimiento del artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”; que, por otro lado, no puede ni debe desconocer que las resoluciones técnicas debidamente dictadas, con todos los antecedentes necesarios y la proyección de reinserción laboral que ha desempeñado el recurrente, difiere diametralmente de lo resuelto por la recurrida.

Añade que no se cumplió tampoco lo ordenado en su artículo 21: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.

Sostiene que de haberse cumplido estas indicaciones del legislador podría haber concluido con solo revisar los informes médicos que la recurrente está en franca recuperación de su movilidad.

En consecuencia, dice, la conducta de los organismos recurridos no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de la licencia médica correspondiente.

Expresa que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. En semejantes coyunturas, ante colofones tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

Agrega que, de esta manera, se advierte que la negativa de las licencias médicas esgrimida por la parte recurrente implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas.

Por otra parte, estima conculcada la garantía constitucional referente al derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales consagrada en el Artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, ya que el referido rechazo de licencias médicas impacta en el patrimonio de la recurrente produciendo un deterioro de la misma al no poder tomar los descansos necesarios para recuperar su estado de salud, y, en el último caso, dice directa relación con su patrimonio que se vio mermado por la decisión de la recurrida que le impide acceder al subsidio por enfermedad, además de que por su condición tenía un derecho adquirido de poder acceder al subsidio.

Termina solicitando se acoja el presente recurso y se deje sin efecto la RESOLUCIÓN EXENTA N°R-01-UME-136608-2024, de fecha 28 de agosto de 2024, dictada por la recurrida y mediante la cual confirmó lo obrado por la Comisión Médica Preventiva (COMPIN) rechazo de la licencia médica N° 99702549-0, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando que se deje sin efecto la referida resolución, y se ordene autorizar y pagar la licencia indicada, con costas.

Informando el recurso, compareció don nombre reservado, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien solicita, en primer término, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos. En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

En cuanto al fondo, expresa que consta en el expediente administrativo PAE código R-84067-2024, que la interesada recurrió a su representada el día 25 de abril de 2024, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA, confirmó el rechazo de la licencia médica N° 99702549-0, extendida por un total de 30 días a contar del 2 de marzo de 2024, por Reposo Injustificado. Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-136608-2024, de 28 de agosto de 2024, previa solicitud de informe y del estudio de los antecedentes del caso, su representada concluyó que: “…el reposo prescrito por la licencia médica N° 99702549-0, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa, en que el tiempo de reposo autorizado, el que alcanza 375 días por la misma patología y los antecedentes médicos evaluados, concuerdan en que la afección que presenta, es de curso crónico, las que por el tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le produce algún grado de incapacidad, la que corresponde evaluar a través la realización de un trámite de pensión de invalidez en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) al que se encuentre afiliada en el Instituto de Previsión Social (IPS), según corresponda”. Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de la licencia médica N° 99702549-0, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Expone que en nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria. Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS). Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal. En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

Señala que, como se ha expuesto y de acuerdo con las normas legales que cita, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

En relación a la presente Acción de Protección, hace referencia al informe emanado el día 24 de agosto de 2024, por la profesional de la recurrente, Dra. nombre reservado, de lo que con concluye que, de los antecedentes médicos y administrativos citados, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

Manifiesta que, como se desprende de la relación de hechos que se ha realizado previamente en este escrito, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. En efecto, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, conforme a las normas legales que cita.

Indica que, en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA). En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Expresa que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas. De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución. En caso de que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay, y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso de que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Agrega que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de la licencia médica reclamada.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de mi defendida. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso. Por todo lo anterior, se aprecia que, la conclusión del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, impugnado por la recurrente, referidos a la licencia médica reclamada, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, los que no sólo se encuentran en el dictamen impugnado, sino en una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión del mismo.

Sostiene que tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues su representada se limitó a resolver la situación de la recurrente, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental. En cuanto a la eventual vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la recurrente siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud. La única intervención del Servicio indicado en el caso del recurrente responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida COMPIN, que rechazó las licencias médicas en comento. En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso, ya que para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los requisitos establecidos en la norma legal que cita. En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos.

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente consiste en el rechazo y negativa del pago de su licencia médica por parte de la recurrida.

CUARTO: Que, al evacuar su informe la recurrida insta por el rechazo del recurso en virtud de lo expuesto en la parte expositiva.

QUINTO: Que, se rechazará la solicitud de improcedencia del recurso, planteada por la Superintendencia de Seguridad Social, toda vez que las amplísimas facultades conservadoras otorgadas por la Constitución Política, le permiten apreciar, más allá de las particulares opiniones jurídicas de los intervinientes, la existencia o no de garantías constitucionales respecto de las cuales pueda existir privación, perturbación o amenaza.

SEXTO: Que, por otro lado, para resolver la controversia planteada, es necesario precisar que el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3, ya mencionado, establece que "La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia." El artículo 21 del mismo Decreto estatuye, a su turno, que "Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d)Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica".

Por su parte, el artículo 2, letra c), de la Ley Nº 16.395, sobre Organización y Funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, en relación con el artículo 30 de la misma ley, establece que será función de dicho órgano “Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

SEPTIMO: Que de las normas transcritas en la motivación precedente aparece que la COMPIN está dotada legalmente de facultades para pronunciarse acerca de las licencias médicas, pudiendo aceptarlas, rechazarlas o reducirlas fundadamente. Para dicho fin, además, el señalado organismo puede disponer la realización previa de diversas diligencias, con miras al mejor acierto de su decisión final, aunque sin encontrarse obligada legalmente a ello.

En este entendido, por tanto, debe observarse desde ya que esta Corte no se halla en situación de calificar el mérito o pertinencia de las decisiones de dicha entidad desde el punto de vista médico, como tampoco los fundamentos dados en tal sentido por la SUSESO, debiendo controlar únicamente que tales decisiones se hayan emitido con arreglo a la legalidad vigente y que no aparezcan como carentes de racionalidad.

Aclarado lo anterior, y a diferencia de lo que sostiene la recurrente, de la revisión de los antecedentes aportados al proceso se desprende que el estándar de motivación de la decisión de rechazo de licencias que se impugna, exigido por los artículos 11, 16 y 41 inciso 4º, todos de la Ley Nº19.880, se encuentra debidamente cumplido y satisfecho por el acto terminal contra el cual se recurre, en el que se consignan los motivos por los cuales se rechaza la solicitud de reconsideración hecha por la ahora recurrente, sin que aparezca alguna discriminación su respecto, esto es que: “Que esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° 99702549-0, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa, en que el tiempo de reposo autorizado, el que alcanza 375 días por la misma patología y los antecedentes médicos evaluados, concuerdan en que la afección que presenta, es de curso crónico, las que por el tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le produce algún grado de incapacidad, la que corresponde evaluar a través la realización de un trámite de pensión de invalidez en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) al que se encuentre afiliada en el Instituto de Previsión Social (IPS), según corresponda”. Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de la licencia médica N° 99702549-0, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

OCTAVO: Que, en suma, la valoración de los antecedentes que obran en el proceso, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica según lo prevé el N°5 del Auto Acordado, permiten descartar cualquier clase de ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la recurrida. Por el contrario, la decisión de rechazo de la licencia médica fue adoptada por el órgano administrativo legalmente facultado para ello y cuenta, además, con los fundamentos que permiten conocer y comprender de manera cabal el contenido y la motivación de los actos reclamados, que por lo mismo no son ni ilegales ni arbitrarios.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones se declara:

I.- Que se rechaza la alegación de improcedencia opuesta por la reclamada.

II.- Que, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

Rol Protección N°475-2024.-