nombre reservado con nombre reservado

Punta Arenas, seis de agosto de dos mil diecinueve.

Vistos:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones don nombre reservado, quien recurre de protección en contra de don nombre reservado, fiscalizador de INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE PUNTA ARENAS, con domicilio en domicilio reservadoº piso de esta ciudad, por el acto arbitrario e ilegal en que ha incurrido, a fin de que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y poner fin a las transgresiones a las garantías constitucionales consagradas en los numerales 3, inciso 5º, 21, 22 y 24 de la Constitución Política.

Refiere que la persona que ha sufrido la perturbación, privación y amenaza es la “SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ÁREAS VERDES LIMITADA”, rol único tributario número 79.521.580-8, y consecuencialmente su socio y administrador, don nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado de esta ciudad.

En cuanto al acto arbitrario e ilegal, explica corresponde a los hechos ocurridos el día 10 de mayo de 2019, siendo aproximadamente las 11:00 horas en calle Hornillas con Pasaje Colo-Colo, oportunidad en que el fiscalizador recurrido procedió a detener un camión de propiedad de su representada que se encontraba trabajando en la recolección de basura de la ciudad, y procedió a ordenar a su conductor a que dejara de trabajar y volviera con el camión al recinto de la empresa.

Entiende que el acto es ilegal porque don nombre reservado no detenta ninguna facultad para detener el trabajo de uno de los camiones de propiedad de su representada, impedir el ejercicio de la actividad económica que lícitamente ejecutan los recurrentes, abusando para ello de su autoridad, ni de ordenarle que vuelva al recinto de la empresa deteniendo las faenas. Tampoco posee facultades para disponer de los medios personales y materiales de la recurrente, facultad reservada al empleador, que en este caso es también el propietario.

Informa que su representada se encuentra inmersa en un proceso de negociación colectiva reglada con el Sindicato de Trabajadores existente en la empresa, en que se votó e hizo efectiva la huelga. Esta circunstancia le permite sostener que el recurrido no detenta facultades legales ni constitucionales para detener la marcha de un camión, disponer que regrese a su base de trabajo y deje de prestar los servicios dispuestos por el empleador, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 403 a 407 del Código del Trabajo, y en los artículos 485 a 495 del mismo cuerpo legal.

Además, si alguna vulneración de derechos fundamentales estimó el recurrido que se cometía, debió ceñirse a las normas legales que regulan las negociaciones colectivas, ninguna de las cuales faculta al recurrido para constituirse en una comisión especial que juzgue la existencia de una práctica desleal en la negociación colectiva y ordene la detención de las labores ejecutadas lícitamente por su representada.

Señala que el acto recurrido constituye una vulneración de las garantías indicadas porque el fiscalizador por sí y ante sí tomó una decisión que implicó detener la ejecución de un trabajo, a libre circulación por vías públicas, considerando que se vulneraban derechos fundamentales en el contexto de una negociación colectiva; impide a su representada ejercer libremente su actividad económica, poniendo en riesgo además el cumplimiento de sus obligaciones, exponiéndola a sanciones pecuniarias por parte de su co-contratantes, en este caso la Municipalidad de Punta Arenas; hace efectivo un trato discriminatorio contra su representada, ya que le impide ejercer su actividad económica sin fundamento legal alguno, pero en contraposición, no ha dispensado el mismo trato a otras personas en situaciones similares, es decir, no ha ordenado la detención de faenas; afecta la propiedad de las recurrentes, quienes en el ejercicio de sus facultades de usar, gozar y disponer de sus bienes, pueden organizar su actividad productiva libremente, con pleno respecto a las limitaciones legales, que por cierto, las recurrentes cumplen a cabalidad.

Sugiere que se adopten al menos las siguientes medidas:

a) Se ordene al recurrido que cese de inmediato y en forma permanente con los actos de privación, perturbación y amenaza en contra de las recurrentes.

b) Que se las conmine a ceñirse a las normas legales que regulan los procedimientos de negociación colectiva, y a las facultades de los fiscalizadores del trabajo.

c) Que se oficie a la Fuerza Pública a fin de que tome conocimiento de estos hechos y cuando se les requiera por ameritarlo la situación, se hagan presente a fin impedir que la actividad de su representada sea detenida o perturbada.

Finaliza pidiendo tener por interpuesto este recurso de protección, acogerlo a tramitación, ordenarle al recurrido que informen dentro de breve plazo y con su mérito, acogerlo, adoptando las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las recurrentes, sin perjuicio de ordenar una o más de las medidas sugeridas por su parte en el cuerpo del recurso.

También comparece doña Viviana Ampuero Santana, abogada, en representación de la Dirección del Trabajo, informando y solicita el rechazo del recurso con costas.

Expresa que los hechos se originan en una denuncia por reemplazo ilegal de trabajadores en huelga, debido a que la Empresa recurrente se encontraba en un proceso de negociación colectiva reglada, cuya mediación obligatoria concluyó el día 08 de mayo del presente año, dándose inicio a la huelga efectiva el 09 de mayo; este mismo día, el presidente y tesorero del sindicato, realizan denuncia por reemplazo ilegal de trabajadores en huelga. Refiere que en ese orden de cosas, se constituyen los fiscalizadores nombre reservado y nombre reservado el día 10 de mayo a las 11:00 horas.

Con fecha 13 de mayo, el empleador se allana al retiro de los trabajadores que se encontraban reemplazando a los huelguistas.

Luego reclama la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, enumerándolos.

Rechaza la recurrente la ilegalidad que se le imputa, por cuanto los fiscalizadores han actuado de conformidad a lo que autoriza el artículo 345 del Código del Trabajo y su propia normativa interna, contenida en la orden de Servicio N° 2 de 29 de marzo de 2017, que establece un Procedimiento Especialísimo de Denuncia por Reemplazo de Trabajadores en Huelga.

Asimismo, asila el actuar del recurrido en las normas contenidas en el DFL N° 2, especialmente en sus artículos 23, 24 y 28, que, en general, establecen las facultades y la calidad en que actúan los funcionarios fiscalizadores de la Inspección del Trabajo.

Finaliza reiterando su solicitud de rechazo.

En un otrosí de su informe, acompaña la denuncia por prácticas antisindicales, la copia del informe de investigación, acta de allanamiento del empleador y circular N° 28 del 03 de abril de 2017, de la Dirección del Trabajo.

Se dispuso traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que la recurrente hace consistir el hecho vulneratorio en que el día 10 de mayo de 2019, siendo aproximadamente las 11:00 horas, en calle Hornillas con Pasaje Colo-Colo, oportunidad en que el fiscalizador recurrido procedió a detener un camión de propiedad de su representada que se encontraba trabajando en la recolección de basura de la ciudad, y procedió a ordenar a su conductor a que dejara de trabajar y volviera con el camión al recinto de la empresa. Agrega que el recurrido no detenta facultades legales ni constitucionales para detener la marcha de un camión, disponer que regrese a su base de trabajo y deje de prestar los servicios dispuestos por el empleador, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 403 a 407 del Código del Trabajo, y en los artículos 485 a 495 del mismo cuerpo legal.

TERCERO: Que, por su parte, la recurrida Inspección del Trabajo, ante los hechos denunciados expone que estos se originan en una denuncia por reemplazo ilegal de trabajadores en huelga, debido a que la Empresa recurrente se encontraba en un proceso de negociación colectiva reglada, cuya mediación obligatoria concluyó el día 08 de mayo del presente año, dándose inicio a la huelga efectiva el 09 de mayo; este mismo día, el presidente y tesorero del sindicato, realizan denuncia por reemplazo ilegal de trabajadores en huelga. Refiere que en ese orden de cosas, se constituyen los fiscalizadores nombre reservado y nombre reservado el día 10 de mayo a las 11:00 horas. Indica, además, que con fecha 13 de mayo el empleador se allana al retiro de los trabajadores que se encontraban reemplazando a los huelguistas.

Rechaza la recurrente la ilegalidad que se le imputa, por cuanto los fiscalizadores han actuado de conformidad a lo que autoriza el artículo 345 del Código del Trabajo y su propia normativa interna, contenida en la orden de Servicio N° 2 de 29 de marzo de 2017, que establece un Procedimiento Especialísimo de Denuncia por Reemplazo de Trabajadores en Huelga.

Asimismo, asila el actuar del recurrido en las normas contenidas en el DFL N° 2, especialmente en sus artículos 23, 24 y 28, que, en general, establecen las facultades y la calidad en que actúan los funcionarios fiscalizadores de la Inspección del Trabajo.

CUARTO: Que respecto de la materia de la que debe hacerse cargo esta Corte, cabe tener presente que en el marco de la negociación colectiva, el artículo 345 del Código del trabajo, en materia de huelga, prescribe su inciso segundo que “se prohíbe el reemplazo de los trabajadores en huelga”. Por su parte, el inciso cuarto del mismo precepto, dispone: “La infracción de la prohibición señalada en el inciso segundo constituye una práctica desleal grave, la que habilitará a la Inspección del Trabajo para requerir el retiro inmediato de los trabajadores reemplazantes. En el caso de negativa del empleador para los reemplazantes, la Inspección del Trabajo deberá denunciar al empleador al Juzgado de Letras del Trabajo, conforme a las normas establecidas en los artículos 485 y siguientes, con excepción de lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 486. El sindicato podrá iniciar esta acción o hacerse parte de la denuncia presentada por la Inspección del Trabajo. El Tribunal, revisados los antecedentes de la denuncia, ordenará al empleador el retiro inmediato de los reemplazantes en la primera resolución, bajo el apercibimiento señalado en el artículo 492”

Este mismo criterio se asienta en el Ord. N° N° 441/7 del 25.01.2017 de la Dirección del Trabajo.

QUINTO: Que, además, se debe consignar que el 10 de mayo del presente año, ante el centro de Fiscalización y Mediación de la Inspección del Trabajo de esta ciudad, en el Acta de constatación de hechos de procedimiento especial de tutela de la libertad sindical, ante el requerimiento al empleador Sociedad de responsabilidad Limitada Áreas Verdes Limitada, para que cese su conducta ilegal se allana y pone término al reemplazo y se compromete a que el camión N° 3 no operará mientras los trabajadores se encuentren en huelga legal.

SEXTO: Que en estas circunstancias, no se avizora ningún acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida Inspección del Trabajo de Punta Arenas, pues su actuar en los hechos de los que da cuenta el presente recurso se realizó conforme a las normas que regulan esta materia en nuestra legislación laboral, situación que se corrobora con el allanamiento que realizó el empleador y recurrido Sociedad de responsabilidad Limitada Áreas Verdes Limitada, en el Acta subscrita el 10 de mayo pasado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 477, 478 letra e) y c) 480, 481, 482 del Código del Trabajo, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Inspección del Trabajo de Punta Arenas.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción del Ministro Sr. Stenger.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 469-2019. Protección.