nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Punta Arenas, veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro.- VISTOS:

nombre reservado, Rut RUT reservado. Arquitecto, Director de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Primavera, con desempeño en la citada Dirección, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, representada por su Alcalde Blagomir Brztilo Avendaño, con motivo de los actos administrativos arbitrarios e ilegales que describe, los cuales ocasionan privación, perturbación y amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantía prescrito en la Constitución Política de Chile artículo 19 numeral 1º, integridad física y psíquica, numeral 2º igualdad ante la ley, en su dimensión del debido proceso; numeral 4°, respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra y 24º derecho de propiedad, en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, protegido por esta acción cautelar.

Expone que se desempeña como Director de Obras Municipales, cargo que desempeña como Titular, en calidad de planta, con una carga horaria de 44 horas.

Señala que desde el año 2023 ha soportado una persecución constante en la Municipalidad de Primavera, acciones que culminan con la instrucción de un Sumario administrativo, cuya duración contraviene la duración formal y real que debe contemplar un procedimiento disciplinario, en el que se le sumaria por una serie de actos no vinculados a la Dirección que ostenta, en un proceso que ha durado más de 1 año y 6 meses, varios de los cuales la Fiscalía Instructora lo mantuvo en suspensión preventiva, encontrándose en total incertidumbre sobre el resultado del sumario administrativo y su dilatada extensión.

Agrega que lo anterior, le ha ocasionado una profunda afectación psicológica y psiquiátrica, en que los profesionales de salud que la atienden, le han extendido licencia médica, dada la existencia de un trastorno adaptativo de carácter mixto, por acoso laboral.

Al respecto señala que, mediante decretos Alcaldicios N° 409 de 4 de abril de 2023 y Nº 441 de 10 de abril de 2023, se instruyó sumario administrativo, proceso que se inicia por denuncia ingresada por la ex Directora SECPLAN del Servicio. A su juicio, lo más grave es que la motivación o fundamento de las referidas resoluciones apuntan a “determinar responsabilidades administrativas, respecto de las discrepancias de los Estados de Pago de la obra “Mejoramiento Veredas, sector Plan Austral, Cerro Sombrero”, además de las correcciones que se realizaron en montos de las partidas”(Resolución 409) y “con el fin de determinar responsabilidades administrativas, respecto de las discrepancias de los Estados de Pago de la obra “Mejoramientos veredas sector domicilio reservado”, además de las correcciones que se realizaron en montos de las partidas”, de cuyo mérito se advierte, agrega, que la resolución que ordena el sumario solo atribuye responsabilidad al recurrente, aun cuando los procesos en la Dirección son concatenados, comprenden a varias funcionarios, en varios Servicios (tanto órgano requirente, servicio que financia la obra, la misma SECPLAN, entre otros), pero inexplicablemente, la denunciante -junto con renunciar- le endilga toda responsabilidad en la supuesta desprolijidad en la administración de los contratos, de lo que se lleva a que la Fiscalía Instructora asiente la dirección de la investigación únicamente contra su persona.

A mayor abundamiento, agrega, que luego de la denuncia, de forma inexplicable, el servicio designa a la propia denunciante como fiscal instructora, como consta del mérito del proceso en el Decreto Alcaldicio Número 409 de 4 de abril de 2023; cargo que desempeñó hasta el mes de agosto de 2023, fecha en que recién asume una nueva fiscal, quien procede a decretar su suspensión preventiva del cargo.

La razón para imputar esta supuesta responsabilidad administrativa se basta por el solo testimonio de la propia SECPLAN, que es denunciante y después la fiscal instructora, no habiendo más antecedentes que obren en el sumario, y siendo además la señora nombre reservado, quien participaba de los procesos, en esos momentos, y con la finalidad de deslindar responsabilidad, sostiene el recurrente, le atribuía los errores administrativos ocasionados con ocasión de la gestión de los contratos, en que tiene ella misma incidencia, en razón de su contratación.

Sostiene el recurrente, que en cada oportunidad cumplió cabalmente con el mandato legal de llevar a cabo su labor de Director de la Dirección de Obras Municipales, sin perjuicio de que en diversas oportunidades le representó al señor Alcalde la necesidad de contar con mayor personal de apoyo, con la finalidad de evitar la generación de errores, y porque muchas de las labores en el pequeño municipio, importan concentrar procesos que deberían estar desagregados en diversos funcionarios, empero dicha circunstancia fue desoída en múltiples oportunidades por la jefatura, y el fiscal administrativo no ponderó aquello a efecto de poder dispensar por ello de suspenderlo preventivamente, y más adelante, de formularle cargos.

Reitera que, en atención a que la propia denunciante fuera designada fiscal a cargo de la investigación devino en que, en la tramitación y ponderación de dicho proceso se le suspendiera preventivamente, suspensión que se extendió por espacio de ocho meses, durante los cuales el ente edilicio no adoptó medidas tendientes a apurar la realización de diligencias investigativas, sumado al hecho de que, a juicio del recurrente, la instrucción del sumario se aparta de los principios rectores de un justo y racional procedimiento, como la presunción de inocencia, bilateralidad del mismo, derecho a defensa, derecho a ser oído, legalidad y juridicidad.

Acusa que durante la sustanciación del sumario administrativo fue objeto de una serie de actos que califica de hostilidades, señalando el hecho de haber sido objeto de calificación no obstante encontrarse suspendido preventivamente y que se le despojara de la casa fiscal que se le había asignado, remitiéndolo a una de menor tamaño, para lo cual se requirió su autorización cuando la decisión ya había sido adoptada. Agrega que, a raíz de la presentación de licencias médicas, se solicita evaluar su compatibilidad de salud con el desempeño del cargo. A este respecto, sostiene, se advierte claramente la proximidad temporal entre la sustanciación de un sumario administrativo y la decisión del Alcalde de ejercer la facultad que le asigna el artículo 151 del Estatuto Administrativo, en orden a solicitar al COMPIN la evaluación de salud irrecuperable, valiéndose la recurrida, que se encontraba sometido a sumario, situación que lo sumió en un estado de profundo agobio y angustia, del cual se derivan las licencia médicas, atendida la extensa e indeterminada duración del proceso sumarial.

Finalmente sostiene que se han violado los principios de un justo y racional procedimiento, plenamente aplicables a los procedimientos disciplinarios, a saber: principio de juzgador imparcial quebrantado, de bilateralidad del procedimiento, así como el derecho a defensa, derecho a ser oído, legalidad y juridicidad, abiertamente vulnerado, reitera, porque su duración se extiende ampliamente por sobre el máximo legal. Así como también alega, ha sido objeto de una abierta discriminación arbitraria, por parte del empleador, toda vez que se vale de su precaria salud, que se ha visto afectada por la dilación en instruir el sumario administrativo.

En este sentido señala que el legislador en la Ley 20.609 establece una definición de discriminación arbitraria y en su artículo 2° señala: “Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.”

Respecto de la discriminación en materia laboral, el legislador ha señalado en el artículo 2° del Código del Trabajo que “Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación. Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.”

En el mismo sentido, el Estatuto Administrativo señala con relación a los plazos, en su artículo 139, que “vencido el plazo de prueba el fiscal emitirá, dentro de cinco días, un dictamen en el cual propondrá la absolución o sanción que a su juicio corresponda aplicar”.

Así concluye, que todos los plazos antes denunciados se encuentran ampliamente vencidos, encontrándose actualmente a merced de un actuar abusivo de parte de la Administración.

De lo relacionado, acusa el recurrente haber sufrido la vulneración y amenaza de sus derechos constitucionales que amparan el presente recurso, en particular los contemplados en el artículo 19 numeral 1º de La Constitución Política, integridad psíquica, ya latamente explicado, por cuanto se le mantiene en una profunda indefinición sobre un sumario administrativo, que por Ley debe ser breve; así también el contemplado en el citado artículo 19 N° 2 de la Carta fundamental, de igualdad ante la ley, en su dimensión del Debido Proceso, ya latamente explicado; el contemplado en el artículo 19 numeral 4° de la Constitución Política, esto es, el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra; ello por toda esta situación descrita, el hecho que sea un hecho público y notorio que tenga la calidad y estigma de “estar sumariado” por más de 1 año y medio ha implicado una evidente situación de menoscabo a su honra , tanto en el aspecto objetivo, el concepto que colegas pueden formarse del mismo, como en el subjetivo, la mortificación y desazón que produce y que se arrastra por el tiempo antes señalado; el contemplado en artículo 19 numeral 24º derecho de propiedad, en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Al respecto agrega el recurrente, que el irregular, arbitrario e ilegal procedimiento del sumario administrativo que ha sido objeto, que constituye un atropello al derecho y garantía establecido en el art. 19 Nº 24 de la Carta Política, sobre la propiedad en sus diversas especies respecto de toda clase de bienes corporales e incorporales.

En virtud de lo expuesto y de las disposiciones contenidas en los artículos. 19 Nº 1, 3, 4, y 24 y 20 de la Constitución Política, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, solicita tener por interpuesta la acción de protección en contra la Ilustre Municipalidad de Primavera, acogerla, ordenando suspender la solicitud de declaración de salud incompatible presentada ante la COMPIN, mientras no se resuelva el sumario administrativo incoado en su contra y adoptar todas las medidas necesarias para procurar la inmediata conclusión de dicho sumario administrativo, condenando en costas a la recurrida.

Evacúa informe la abogada Cristina Astudillo Soto, en representación de la recurrida, la Ilustre Municipalidad de Primavera y expone que es efectivo que el recurrente ejerce el cargo de director de Obras Municipales, cargo que desempeña en calidad de Planta, con una carga horaria de 44 horas, como también es efectivo que por Decretos Alcaldicios N° 409 de fecha 4 de Abril 2023 y N° 441 de fecha 10 de Abril de 2023, se instruyó procedimiento sumario a fin de determinar la eventual responsabilidad administrativa del recurrente, respecto de las discrepancias de los Estados de Pago de la obra “Mejoramiento Veredas, sector Plan Austral, Cerro Sombrero”, además de las correcciones que se realizaron en montos de las partidas, (Resolución 409), y con el “fin de determinar responsabilidades administrativas, respecto de las discrepancias de los Estados de Pago de la obra “Mejoramiento veredas sector domicilio reservado”, además de las correcciones que se realizaron en montos de las partidas”.

Al respecto sostiene que el recurrente funda su recurso en que el sumario instruido en su contra amenazaría su planta profesional y se habrían violado las garantías del debido proceso, habida consideración del tiempo de tramitación que lleva.

Señala que el recurrente trata de confundir a esta Corte, en el sentido de atribuir responsabilidad a su representada, por el solo hecho de haber solicitado un pronunciamiento de parte de la COMPIN, para saber si la salud del recurrente es o no recuperable, considerando que lleva más de 180 días con licencia médica de carácter común. Al respecto y contrariamente a lo que sostiene el recurrente, la informante afirma que, al solicitar dicha información su representada no está vulnerando los derechos del recurrente, sino que está ejerciendo un derecho y atribución que le confieren las leyes N°18.883 y N°18.834.

Afirma que la Municipalidad ha dado estricto cumplimiento a los requisitos que exige la ley respecto a la tramitación de un procedimiento disciplinario. Así fue que, se dictaron las respectivas resoluciones de instrucción del procedimiento, así como aquella que dispuso el cambio de fiscal instructor.

A su turno se dictó la resolución que decretó la medida cautelar de suspensión de funciones respecto del recurrente, y posteriormente aquella que dispuso su alzamiento.

Con todo, la informante admite que ha existido un retraso anormal en la tramitación del procedimiento disciplinario, lo que se debió, a los mismos argumentos que invoca el recurrente para explicar la ocurrencia de los hechos denunciados, cuales son, la complejidad y gravedad de la materia investigada, así como las condiciones de trabajo del municipio.

En este sentido, señala que la Municipalidad de Primavera es un municipio pequeño, que cuenta con 25 funcionarios entre plantas y contratas, donde un funcionario ejerce 4 o 5 funciones, por lo que cuando un funcionario está con licencia, significa que otro debe asumir 4 o 5 funciones, más las propias del cargo.

Agrega que, como se acreditó con el documento que se acompañó al informe, durante el primer semestre del año 2024, hubo 6 funcionarios con licencia médica, entre ellos el alcalde, lo que significó que la administradora municipal, fiscal del sumario en cuestión, asumiera como alcaldesa subrogante por un largo período.

Por lo anterior, el sumario se encuentra en fase indagatoria tras haber solicitado la fiscal, medidas para mejor resolver.

Por otra parte, la recurrida acusa que el recurrente no indica cuál sería específicamente el acto arbitrario y/o ilegal respecto del que se recurre por esta vía. Sostiene que se limita a hacer una narración extensa de los antecedentes, del procedimiento disciplinario instruido a través de la citada Resolución exenta 409 y 410, del 4 y del 10 de abril de 2024, que en su opinión, constituirían irregularidades que afectarían al debido proceso, incluida la decisión de iniciar dicha investigación. A su vez, agrega la recurrida, el recurrente expone situaciones del todo ajenas al asunto respecto del que se intenta recurrir.

En ese contexto señala que, de acuerdo a la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, “para que un recurso pueda prosperar, es exigible a quien acciona, la determinación del acto arbitrario y/o ilegal, en un estándar que haga al menos comprensible la ponderación del acto que se denuncia”, por lo que ante la ausencia de descripción de actos arbitrarios o ilegales por parte del recurrente, solo cabe rechazar la acción de protección. Así las cosas, agrega, el recurso en comento no cumple con las condiciones de procedencia de la acción de protección.

Con todo, sostiene la recurrida, para el evento que el fin del presente recurso, sea impedir el ejercicio de una facultad legal del acalde, esto es, requerir a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario, respecto a la condición de compatibilidad de su salud con el cargo, formula los siguientes alcances: en primer término que la actuación impugnada no sería ilegal, sino que se trata del legítimo ejercicio de una facultad prevista en el artículo 147 de la Ley 18.883, sobre Estatuto Administrativo para funcionarios municipales. Facultad que se ha ejercido respetando los límites legales previstos para ello, y señalados en el artículo 148 del mismo cuerpo normativo. Es así que, como lo señala la recurrida, no se advierte que dicha actuación impugnada pueda calificarse de arbitraria, por cuanto el acto impugnado no es la decisión de declarar vacante el cargo por salud incompatible, que hipotéticamente podría ser impugnada por carecer de fundamento, sino lo que se ha hecho, es solicitar el pronunciamiento de una comisión de expertos, como es la COMPIN, para que realice una evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad o incompatibilidad de su salud y que no le permita desempeñar el cargo; así las cosas, agrega, dicha solicitud de evaluación justamente busca evitar decisiones arbitrarias, por lo que claramente la impugnación no solo carece de fundamento sino que de oportunidad.

En respaldo de lo actuado por su representada, la informante señala que la solicitud de evaluación realizada ante la Comisión Preventiva es congruente con lo señalado por la Superintendencia de Seguridad Social, con fecha 20 de Septiembre de 2024, resolución exenta R-01-UNRA-137781-2024, que confirma rechazo de licencia médica de COMPIN por no encontrarse justificado el reposo otorgado en virtud de la licencia médica N° 104248450-0 extendida por un total de 30 días, a contar del 30 de junio de 2024, que señala: “Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 90 días por la misma patología, considerándose este tiempo suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, en ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad que justifiquen el rol terapéutico y la extensión del reposo”.

Expuesto estos antecedentes, agrega la informante que pesa sobre el alcalde la obligación de dar continuidad al servicio municipal y resguardar el patrimonio municipal y en consecuencia cabe preguntarse si ¿es razonable que el municipio no tome medidas para proteger dichos bienes jurídicos si la ausencia del funcionario no se justifica ni tampoco se avizora que realice actos concretos para recuperar su salud en el contexto de una enfermedad común? y la respuesta es clara, puesto que como se ha dicho, reviste una obligación, de proteger dichos bienes jurídicos frente a una situación como la expuesta.

En otro sentido, sostiene la recurrida, que el sumario a que se ha hecho referencia, se encuentra en etapa indagatoria, de suerte que el recurrente no se encuentra sujeto a alguna medida cautelar y tampoco se han formulado cargos a su respecto, por lo que mal se puede sostener que exista alguna perturbación de alguna garantía constitucional del actor.

De otra parte, sostiene la recurrida, que la acción interpuesta sobrepasa los márgenes del recurso de protección, toda vez que dice relación con un procedimiento que aún está pendiente y en este sentido cita un fallo de esta Corte, de fecha 23 de enero de 2023, en autos de protección Rol 6434-2022, que señala al efecto: “NOVENO: Que el acto impugnado, entonces, es uno de mero trámite necesario para adoptar la decisión final, que puede ser objeto de revisión durante su tramitación por la vía correspondiente, lo que aún no ha sucedido, por lo que lo pedido sobre pasa los márgenes del recurso de protección, toda vez que dice relación con un procedimiento que aún esta pendiente. DECIMO: Que, en consecuencia, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponder a la parte recurrente”.

En el mismo sentido, la recurrida cita un fallo de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de fecha 20 de octubre de 2022, en autos sobre protección, Rol N° 6.570-2022, que concluye: “Tercero: Que esta Corte ha sostenido de manera reiterada que no resulta procedente ejercer la acción constitucional de protección, cuando lo pretendido es la impugnación de actos intermedios que forman parte de un procedimiento complejo, como lo es una investigación sumaria administrativa, Sobre el particular, no resulta ocioso recordar que en la dogmática el acto o trámite intermedio es un “presupuesto de la decisión de fondo”. Son actos previos a la resolución que ordenan el procedimiento, como son, por ejemplo: los actos de incoación, de instrucción, comunicaciones, notificaciones. No son impugnables en sede administrativa, salvo que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión”. (Rojas, Jaime, Notas sobre el procedimiento administrativo establecido en la Ley 19.880, en Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado, 11 (2004), citado en LEPPE GUZMAN, Juan Pablo. Actos intermedios y recurso de protección ambiental. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, (online), 2013, n.41 (citado 201812-31.pag.561-574).

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en la especie se ha deducido recurso de protección estimando ilegal y arbitrario, el sumario administrativo incoado en contra del recurrente, así como la solicitud de la recurrida presentada ante la COMPIN, a objeto se pronuncie respecto de su condición de salud, y si ella es compatible con el desempeño del cargo.

TERCERO: Que, al evacuar informe la recurrida insta por el rechazo del recurso en virtud de lo expuesto en la parte expositiva.

CUARTO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

QUINTO: Que, de lo expuesto por las partes y de los antecedentes allegados, se puede concluir que la recurrida, Ilustre Municipalidad de Primavera, al disponer la realización de un sumario administrativo para investigar los hechos que se han señalado, lo hizo en uso de las facultades que le confiere la ley 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales y en cuanto a recurrir a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, también está dentro de las facultades del Alcalde, previo a pronunciarse sobre la declaración de vacancia, conforme lo dispone el artículo 147 del referido cuerpo legal.

Ahora bien, en cuanto a las presuntas irregularidades que acusa el recurrente en orden a que la primera fiscal que fue designada para tramitar el respectivo sumario administrativo, a su juicio, tenía responsabilidad en los hechos que se iban a investigar por al cargo que había detentado, lo cierto es que no consta que, en conocimiento de alguna inhabilidad de parte de la aludida, hubiere formulado causal de recusación, conforme lo facultaba el artículo 131 de la citada Ley 18.883. En relación con la medida de suspensión a que estuvo sujeto el recurrente, el artículo 134 del referido estatuto administrativo, faculta al fiscal para decretarla como medida preventiva, a quien tenga la calidad de inculpado.

En cuanto a la demora que ha habido en la tramitación del sumario administrativo en cuestión, ambas partes coinciden en que el municipio por su tamaño, cuenta con una reducida planta de funcionarios, y ante la ausencia de alguno, sus funciones deben ser asumidas por otro funcionario; al respecto, valga precisar lo señalado por la abogada informante, en orden a que en el primer semestre del año 2024 en curso, tuvieron la ausencia de 6 funcionarios por licencias médicas, incluso señala que el propio alcalde de dicha municipalidad tuvo una extensa licencia médica, y en su ausencia fue subrogado por la administradora municipal, quien coincidentemente era la fiscal a cargo del referido sumario administrativo, lo que explica la retardo que puede haber sufrido en su tramitación.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo antes razonado y a mayor abundamiento, se debe tener presente el criterio expresado por la Excma. Corte Suprema, y que invoca la recurrida, en orden a que “no resulta procedente ejercer la acción constitucional de protección, cuando lo pretendido es la impugnación de actos intermedios que forman parte de un procedimiento complejo, como lo es la investigación sumaria administrativa. Sobre el particular, no resulta ocioso recordar que en la dogmática el acto o trámite intermedio es un presupuesto de la decisión de fondo. Son actos previos a la resolución que ordenan el procedimiento, como son, por ejemplo: los actos de incoación, de instrucción, comunicaciones, notificaciones”. (Sentencia de fecha 20 de octubre de 2022, en autos sobre protección Rol N° 6.570-2022).

SEPTIMO: Que, atento a lo reflexionado, forzoso resulta concluir que en la situación en estudio no concurren los presupuestos previstos en el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por consiguiente, tampoco se avizora la vulneración de las garantías fundamentales del artículo 19 numerales 1,2,4 y 24, motivo por el cual el recurso incoado sobre el particular debe ser desestimado.

Por estos razonamientos y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, Se Rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Primavera, representada por su Alcalde, don Blagomir Brztilo Avendaño.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N°465-2024. Protección