nombre reservado con SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PUNTA ARENAS

Punta Arenas, veintidós de agosto de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparecen nombre reservado, y nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo acción constitucional de protección, en contra de Sociedad Española de Punta Arenas, Corporación de Derecho Privado, representada por la nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, a fin de que se dejen sin efecto las resoluciones dictadas por el referido Directorio, ambas de fecha 31 de mayo del presente, en virtud de las cuales, al recurrente Sr. nombre reservado se le aplica la sanción de expulsión y a la recurrente Sra. nombre reservado, la sanción de suspensión de sus derechos de socia por el término de 3 meses, todo ello por transgredir de manera ilegal y arbitraria sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°2, 3 y 12 de la Constitución Política del Estado, con ocasión de la aplicación de un procedimiento disciplinario arbitrario e ilegal.

Exponen, que mantienen una relación de pareja desde aproximadamente el año 2004 y son socios de la Sociedad recurrida, en dicho contexto, han sido objeto de un procedimiento disciplinario en su contra por el cual les fueron impuestas sanciones.

En el caso del Sr. nombre reservado, producto de una sanción impuesta a su cuñado –también socio- por el no pago de cuotas, realizó una publicación en la red social Facebook (la que fue eliminada), motivo por el cual fue citado a una sesión ante el tribunal de disciplina.

De lo obrado en dicha sesión ante el Tribunal de Disciplina existe una misiva interna, que remite dicho organismo al Directorio de la Sociedad, la que se encuentra fechada 9 de mayo de 2023. Dicha acta, no firmada, llegó a su domicilio conjuntamente con la resolución de expulsión el día sábado 03 de junio, observándose que tras 45 minutos y sin un procedimiento al efecto, fue determinada dicha sanción.

La sanción de expulsión se encuentra fechada 31 de mayo, y, al no haber podido concurrir a la sesión de dicha fecha, cuestión que informó debidamente con antelación, se le indicó que renunciaba a su derecho a deducir apelación Respecto de la Sra. nombre reservado, señala que el 22 de marzo de 2023 tomó contacto, mediante mensajería de whatsapp con la nombre reservado doña nombre reservado, quien mantenía un cargo ligado con la edición de la revista de la institución. Con ocasión de ello, en un tono de absoluto respeto, porque mantiene hasta la fecha un gran aprecio hacia su persona y labor, le escribió una opinión personal sobre la revista, motivo por el cual fue citada al tribunal de disciplina ya mencionado.

El mismo día que recibió la citación para ser convocada al Tribunal de Disciplina, ofreció a doña nombre reservado las disculpas respectivas, si pudo sentirse ofendida, pero lejos de alegar alguna afectación por sus palabras, muy amablemente le explicó que al momento en que me comunicó con ella, ya había renunciado a su labor de edición, que había canalizado sus observaciones a quienes correspondía y que la forma en que esto había escalado la tenía muy amargada.

Mediante carta fechada 25 de abril del presente suscrita por el Tribunal de Disciplina de la Sociedad Española, se le comunica que, por carta emanada del Directorio de la Sociedad Española de Punta Arenas, se ha iniciado una investigación por el mensaje de whatssapp que remitió a la Sra. nombre reservado, citándola a una sesión para el día 05 de mayo de 2023, para que aportara antecedentes, a la que concurrió.

Del resultado de dicha sesión, existe una comunicación interna de 9 de mayo, que remite el Tribunal de Disciplina al Directorio de la Sociedad. Dicha acta, no firmada, llegó a su domicilio conjuntamente con la resolución que le aplica la medida disciplinaria de suspensión, el 03 de junio.

El Tribunal de Disciplina concluyó no aplicar sanción de ningún tipo en su contra, estimando absolutamente improcedente que se inicie un procedimiento de esta naturaleza por el hecho de conversar privadamente con otro socio, emitir una opinión personal, que está formulada bajo respeto y aprecio.

Luego de realizada la sesión ante el Tribunal de Disciplina, fue citada por parte del Directorio de la Sociedad a una reunión que se llevaría a efecto el día 31 de mayo, a objeto de dar a conocer las conclusiones de Tribunal y la decisión del Directorio, recibiéndola el 25 de mayo.

Posteriormente, comunicó al Directorio su imposibilidad de asistir a la sesión en dicha fecha por tener compromisos previos impostergables, comunicándosele que la sesión se mantenía en la fecha indicada y que el veredicto sería comunicado mediante carta certificada. El día sábado 03 de junio llegó a su domicilio carta certificada que contiene dos legajos de documentos, el acta sin firma, remitida por el Tribunal de Disciplina al Directorio de la Sociedad y la resolución de suspensión emanada desde el Directorio.

En el acta fechada 31 de mayo, se le comunica la decisión del Directorio de aplicar en su contra la medida disciplinaria de suspensión, informándosele además, que por no asistir a la sesión del 31 de mayo renunció a su derecho a deducir apelación, conforme el artículo 8 letra c) del mismo reglamento.

Los hechos ilegales y arbitrarios mencionados, afectan sus derechos contemplados en el artículo 19 N°s 2, 3 y 12 de la Constitución Política del Estado, al habérseles sancionado en la forma en que se hizo, por una comisión especial, sin fundamentación o motivaciones y privándolos además del derecho a apelar, vulnerándose de igual manera el artículo 553 del Código Civil.

Solicitan en definitiva acoger el recurso en todas sus partes, restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a los afectados, lo que se traduce en que se deje sin efecto las resoluciones dictadas por el Directorio de fechas 31 de mayo de 2023, en virtud de las cuales, se comunican y aplican las sanciones que los afectan; se ordene a la recurrida dejar sin efecto cualquier anotación realizada respecto de estas sanciones en la hoja de vida de cada socio recurrente; que se deje sin efecto, en general, ambos procedimientos disciplinarios realizados por la recurrida por contener graves infracciones al debido proceso y afectación de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 2, 3 y 12 de la Constitución Política del Estado; que se inste o recomiende a la recurrida actualizar sus estatutos y reglamento en lo referente al procedimiento disciplinario, adecuando a las actuales exigencias legales; que se adopte toda otra medida que esta Ilustrísima Corte de Apelaciones considere indispensable para restablecer el imperio del derecho con respecto a ambos recurrentes, con costas.

Evacúa informe nombre reservado, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Manifiesta, que ambos recurrentes desde hace largo tiempo que venían cultivando odiosidad hacia la institución y sus miembros, denotándose en diversos comentarios mal intencionados que han hecho tanto en público como en privado, algunos de los cuales, sin lugar a duda, lindaban o estaban en el límite de lo injurioso.

Agrega que diversos socios formularon ante la institución reclamos verbales en su contra debido a esta postura de animadversión hacia los miembros de la Sociedad, pero cuando se les solicitó que formularan un reclamo formal, prefirieron restarse, argumentando que preferían no hacerlo por temor a las represalias de los recurrentes quienes son de un carácter muy explosivo.

Prueba de este carácter explosivo y que deslinda en lo injurioso, se desprende, a modo de ejemplo, del tenor de la causa sobre Recurso de Protección Rol Nº919-2021 de esta I. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, caratulado “nombre reservado con nombre reservado”, en que nombre reservado fue acusada de “funar” a sus colegas y compañeras de trabajo a través de las redes sociales, siendo el recurso acogido en su contra por esta Corte.

Igual cosa ha hecho esta recurrente en contra de miembros de la institución. Así, a modo de ejemplo, también utilizando la red social Facebook, procedió a referirse en términos ofensivos respecto de nuestro socio de mérito don nombre reservado, a quien lo etiquetó como “El pervertido de Lagos”.

En similar situación incurrió respecto del socio y Vicepresidente del Directorio don nombre reservado, a quien, también en Facebook lo trató de “Chuki” (en referencia a la película “el muñeco diabólico”) y de algún modo intentó veladamente atribuirle ser alcohólico al publicar bajo una fotografía de él en que aparece con un vaso en la mano la frase: “Ahí está el problema... terremoto?”.

Asimismo, también en Facebook hizo comentarios burlescos hacia la Directora de la Institución y quien además es Presidenta del Comité Cultural, doña nombre reservado, al enrostrarle que no tiene ningún título En torno al recurrente Sr. nombre reservado, expone que, durante el mes de abril de 2023, hizo un comentario en Facebook en una página pública de un miembro de la sociedad recurrida, la que es seguida por muchos de los miembros de la Sociedad Española.

En dicho comentario que fue conocido por todos los integrantes de la Sociedad Española pues se expandió dentro de sus miembros (y además, porque el recurrente etiquetó a la Sociedad en dicho comentario de Facebook), el recurrente hizo una imputación falsa en contra de quienes dirigen la Sociedad Española y además, procedió a calificar la actuación del Directorio de la institución de un modo reprochable y que evidencia una falta de respeto hacia ellos, lo que causó grave daño a la institución y sus directivos.

En efecto, en dicha publicación realizada en abril de 2023, dio a entender que su “cuñado nombre reservado” ya no pertenecía a la institución, lo que es una imputación falsa; y junto con ello, procedió a criticar la aplicación del estatuto que la Sociedad Española hizo en su momento en contra de su cuñado por encontrarse moroso en el pago de 18 cuotas sociales, y de paso claramente manifestó una falta de respeto hacia el Directorio, lo que provocó que muchas otras personas ajenas a la institución comenzaron en el mismo hilo de comentarios de Facebook, a hacer diversos comentarios negativos en contra de la Institución, debido a lo errónea de la información que publicó el recurrente.

Aclara que su cuñado, en su momento fue separado de la institución, pero presentada una reconsideración por su parte, se procedió a revertir la situación y a la fecha de la publicación en Facebook efectuada por el recurrente, no era efectivo que su cuñado no tuviera la calidad de socio de la institución.

Así las cosas, sus dichos, sin lugar a dudas, implicaron una infracción al art. 4º letra d) del Reglamento de la Sociedad Española que indica que son obligaciones de los socios: “Mantener una actitud personal de respeto hacia la institución, con sus pares y sobre todo con los miembros del Directorio de la Sociedad”.

Igualmente, su actuar causó grave daño a los intereses de la Corporación, ante lo cual procedía la aplicación de la medida de Expulsión contemplada en el art. 5-1 letra d.2 de los Estatutos de la Institución.

La publicación cargada de odiosidad efectuada por el recurrente en la red social Facebook, en vez de buscar aunar a los miembros de la institución, buscó lograr que el resto de los socios criticaran al Directorio por una decisión que además es falsa.

Luego de que se tomara conocimiento de dicha publicación, el recurrente fue pasado al Tribunal de Disciplina de la Institución, ocasión en la cual fue citado a una audiencia en la cual se le formularon los cargos en su contra. En dicha audiencia, el recurrente manifestó que mantenía sus dichos y que no se retractaba de ellos y que la Institución no le podía coartar su derecho a opinar y que se hacía responsable de todos sus dichos, que sus opiniones las podía publicar en los medios que él estime conveniente, ya que era un derecho ciudadano. En aquella audiencia hubo momentos que se expresó a gritos, faltándole con ello el respeto al Tribunal de Disciplina.

Luego de ello, el Tribunal adoptó la decisión de proponer la expulsión del recurrente, lo que fue así decidido por el Directorio.

Dicha expulsión es permitida por los estatutos pues se configuró la situación contemplada en el art. 5-1 d.2 de los Estatutos de la institución, por haber causado grave daño a los intereses de la Institución.

En aquella ocasión se le dio a conocer expresamente el contenido de su publicación por Facebook y se le ofreció la posibilidad de defenderse y probar la improcedencia de los cargos, pero él, al contrario, mantuvo sus dichos publicados en Facebook y se negó a defenderse alegando que lo que había hecho no era más que ejercer su derecho ciudadano a opinar.

Recibida la proposición del Tribunal de Disciplina, el Directorio adoptó la decisión de expulsión, para lo cual citó al recurrente para comunicarle dicha sanción, conforme lo establece el art. 8º del Reglamento de la Institución. El recurrente no asistió a la citación, por lo cual se le notificó la medida de expulsión tomada por la Institución mediante carta certificada.

En contra de dicha medida, no presentó apelación.

Respecto a la otra recurrente, durante el mes de marzo de 2023, procedió a enviar un mensaje de Whatsapp a doña nombre reservado, socia de la Sociedad Española y miembro del comité editorial de la Revista “El Heraldo Hispano” dependiente de la institución.

En dicho mensaje, le criticó información que publicó en dicha revista en su edición del año 2022 y junto con ello, demostrando una evidente envidia y encono hacia la Presidenta de la Institución doña nombre reservado, procedió a criticarle a la miembro del Comité Editorial el que se hayan publicado en dicha Revista ciertos artículos que resaltaban la figura de la presidenta y su familia, en desmedro de otras personas.

A raíz de lo anterior, la Sra. nombre reservado quedó muy afectada al nivel de que finalmente renunció al Comité Editorial de la Revista, además, dichos mensajes fueron mostrados por la señora nombre reservado a su hijo don nombre reservado, quien presentó un reclamo formal en contra de la recurrente, por el hecho de que responsabilizara a su madre por el contenido de dicha Revista, en circunstancias que su contenido depende de un Comité Editorial y no de ella.

Asimismo, en su reclamo, le reprochó el que la recurrente diera a entender en su mensaje que la Presidenta de la Institución influía en lo que se publicara en la revista, con lo cual la señora nombre reservado pretendía de algún modo insinuar claramente, que las publicaciones que destacaban la figura de la presidenta y de su familia se debían a la influencia que ella ejercía en la Revista y no por el hecho de tener méritos que la hicieran acreedora de figurar en tal revista.

Luego de recibido el reclamo, los antecedentes fueron derivados al Tribunal de Disciplina de la Institución, luego de lo cual la citaron a una audiencia en la cual se le formularon cargos en su contra.

En dicha audiencia, la recurrente decidió no defenderse ni rendir prueba, sino que, por el contrario, reconoció su error y junto con ello dejó constancia de haberse disculpado con la miembro del Comité Editorial aludido, por ello el Tribunal sugirió no aplicar sanción. Sin embargo, el Directorio, fue de la posición de aplicarle una, pues las excusas dadas a la miembro del comité editorial, a lo más constituyen una atenuante pero no borran el hecho de la notoria envidia manifestada hacia la Presidenta, y la falta de deferencia y consideración hacia ella, lo que constituye una falta de respeto. Valga señalar que la disculpa ofrecida por la recurrente sólo la hizo hacia la miembro del Comité Editorial pero no así a la Presidenta del Directorio, respecto de quien se hizo el “pelambre”.

Sin duda, el actuar de la recurrente constituyó una falta de respeto hacia doña nombre reservado, lo que tipifica una infracción a la obligación prevista en el art. 4 letra d) del Reglamento de la Institución, que señala que “son obligaciones de los socios: mantener una actitud personal de respeto hacia la institución, con sus pares, y sobretodo con los miembros del Directorio de la Sociedad”.

La sanción que decidió aplicarle el Directorio fue la de suspensión por 3 meses, para lo cual se le citó, conforme lo establece el artículo 8º del Reglamento de la Institución, sin embargo, ella no asistió, notificándosele la medida de suspensión tomada por la Institución mediante carta certificada. En contra de dicha medida, la recurrente no presentó apelación.

Luego de comunicada la sanción, la recurrente presentó su renuncia a la Institución, con fecha 08 de junio de 2023.

Agrega que no existe vulneración a las normas o garantía del debido proceso, toda vez que a los recurrentes se les formularon cargos y ambos decidieron no defenderse ante aquellos.

Por lo demás, todo lo referido a infracción al derecho al debido proceso, no es materia de una acción de protección.

En íntima relación con lo anterior, alegan los recurrentes que se les privó del derecho de deducir apelación, pero ello no es así, ya que pudieron haber presentado apelación pero no lo hicieron.

Para fundar esta negativa a su derecho a la apelación, los recurrentes se apoyan en lo que se indicó en las sesiones de Directorio Nº19/2023 y Nº20/2023, en las que, en el párrafo final de la primera página se indicó que los recurrentes “no se presentan a la convocatoria hecha por el Directorio ejecutivo, motivo con el cual el aludido renuncia a cualquier instancia de apelación posterior, según indica el artículo 8 letra c) del reglamento Vigente de la Institucion”, sin embargo, el que se haya dejado constancia en dichas sesiones de lo recién indicado no implica que no pudieran apelar de la sanción que se les impuso.

En efecto, el artículo 8 letra c) del reglamento de la Institución señala lo siguiente:

“Cuando algún socio deba ser comunicado de algún fallo, deberá ser citado personalmente a Sesión Extraordinaria e Directorio especialmente convocada al efecto, haciéndole entrega de la resolución en forma escrita. En caso que el socio no compareciera a la citación, entonces esto deberá quedar registrado en el acta, el socio deberá renunciar a cualquier instancia de apelación posterior, y la comunicación de la sanción se le hará llegar por carta certificada”.

Del tenor de esta norma, queda en evidencia que la renuncia al recurso de apelación no opera ipso facto, ya que la norma no dice en modo alguno que, en caso de no presentarse a la citación se entenderá de pleno derecho que el socio ha renunciado al recurso de apelación. Muy por el contrario, lo que indica la norma es que si el socio no se presenta, “deberá renunciar a cualquier instancia de apelación”.

Y obviamente, si el socio no renuncia, la única repercusión de ello es que incumple con un deber contemplado en el Reglamento por el cual se expone a una sanción por su incumplimiento.

En conclusión, los recurrentes, conforme al Reglamento, debían renunciar al recurso de apelación por no haberse presentado a la citación en que se les comunicaría la sanción impuesta, pero no renunciaron, siendo la única consecuencia el incurrir en una simple infracción reglamentaria por no renunciar al recurso.

Por lo tanto, los recurrentes pudieron haber presentado recurso de apelación pero no lo hicieron y el plazo que tenían para ellos se encuentra vencido.

En cuanto a esta materia expone que, si se analiza el artículo 8º letra e) del Reglamento, allí se señala expresamente que: “TODAS las Sanciones Disciplinarias impuestas a un socio podrán ser apeladas por él…”

En torno al argumento de los recurrentes en cuanto a que habrían sido sancionados por una comisión especial, ello no es así, ya que todo lo referido a la aplicación de sanciones se contempla en el Reglamento de la Institución, en especial, dicha norma, que indica que las sanciones serán aplicadas por el Directorio, órgano que se encontraba establecido con anterioridad.

En cuanto al reproche que se hace de infringir el artículo 553 del Código Civil, pues el Reglamento establece que el cargo en el órgano de administración es compatible con el cargo en el órgano disciplinario, constituye un fundamento extemporáneo, ya que, el plazo para reclamar comenzó a correr desde el momento en que entró en vigencia el Reglamento en el 11 de septiembre de 2002.

En cuanto al reproche de la recurrente nombre reservado, consistente en que el Directorio que aplicó la sanción en su contra estaba integrado por doña nombre reservado, persona que habría sido mencionada en su mensaje de WhatsApp, con lo cual da a entender que ella debió haberse inhabilitado por haber sido el centro de su crítica, hace presente que para ello es que existe el recurso de apelación que pudo haberse ejercido. En dicho recurso pudo haber solicitado la inhabilitación expresa de doña nombre reservado, pero no lo hizo.

Luego, en cuanto a la infracción al artículo 19 Nº12 de la Constitución Política de la República, procede también su rechazo toda vez que ambos recurrentes ejercieron su derecho. Pero una vez ejercido su derecho, deben someterse a las consecuencias de sus opiniones. Y habiendo sido dichas opiniones estimadas por la Institución, a través de su órgano sancionador, como constitutivas de falta de respeto hacia la Institución, y/o hacia sus pares y/o sobre todo hacia los miembros del Directorio, procedía la aplicación de sanción.

Por último, respecto de la recurrente Sra. nombre reservado, no puede acogerse el recurso en modo alguno ya que no es parte de la institución, ya que el 08 de junio de 2023 ella misma presentó su renuncia a la institución, por lo que cualquier medida que pretenda se adopte por el Tribunal se hace inconducente si ella misma voluntariamente renunció a la institución.

En conclusión, queda de manifiesto que la actuación de la recurrida no fue ni arbitraria ni ilegal, razón por la cual procede su rechazo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, en el presente recurso, los hechos denunciados como vulneratorios de garantías constitucionales consisten en las sanciones de expulsión y suspensión impuestas a los recurrentes, en su calidad de miembros de la sociedad recurrida.

CUARTO: Que se advierte de los antecedentes de la causa, y especialmente el informe allegado por la Sociedad Española de Punta Arenas, que la decisión tomada en relación a los socios recurrentes, carece de motivación, más aún al considerar la inexistencia de antecedentes escritos que den cuenta del procedimiento por el cual se determinó la sanción más gravosa –expulsión- respecto del socio nombre reservado, y la suspensión de tres meses a la socia nombre reservado.

Aquella falta de motivación se traduce en una arbitrariedad que, a la postre, conlleva una falta de proporcionalidad entre la conducta sancionada y su consecuencia, que efectivamente afecta derechos fundamentales como se dirá a continuación.

QUINTO: Que, en efecto, se desprende de los antecedentes de la causa, que se ha realizado un juzgamiento por una comisión especial, destacándose el hecho de la participación en el proceso sancionatorio de la directora de la sociedad recurrida, la que habría sido directamente aludida por la conducta de la socia Sra. nombre reservado, asimismo, y si bien el debido proceso como tal, únicamente es resguardado por el presente recurso en lo que dice relación con este aspecto en particular, se observa igualmente una afectación de los principios que lo componen, en atención a las especiales características del proceso llevado a cabo contra los recurrentes que tampoco puede ser obviado.

SEXTO: Que, en relación con lo anterior, se ve afectada la igualdad de los actores, toda vez que el trato a su respecto, -y aun cuando no se tenga un parámetro comparativo- ha sido objetivamente desigual. Al efecto, existen casos que, al superar la mera falta de justificación, el ordenamiento jurídico los reprocha, al tratarse de diferencias realizadas sin una base objetivo-lógica aparente, transformando el asunto en una cuestión normativa, de ahí que es en estos casos en donde no es necesario que exista otra persona o situación para comparar, para concluir que la igualdad se ha visto afectada.

SEPTIMO: Que tampoco resultan atendibles las alegaciones de la recurrida en cuanto a que la socia Sra. nombre reservado ha renunciado a su membresía en la sociedad recurrida, toda vez que la medida quedará en su hoja de vida y si, por ejemplo, aquella quisiera volver a aplicar para pertenecer a ella, el acto que ha sido considerado arbitrario, tendría igualmente efectos a su respecto, lo que resulta contrario a la finalidad del presente recurso.

OCTAVO: Que, así entonces, el (por llamarlo de alguna manera) procedimiento que llevó a las sanciones impuestas, no resulta válido a la luz de los derechos constitucionales descritos, lo que implica que el presente recurso debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso deducido por nombre reservado y nombre reservado, en contra de en contra de Sociedad Española de Punta Arenas, y en consecuencia, se dejan sin efecto los actos que culminaron con las sanciones impuestas, las que asimismo, quedan sin efecto.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción del Ministro Suplente don Claudio Jara Inostroza.

ROL N°463-2023.PROTECCION.-