SINDICATO DE TRABAJADORES ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN con DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO

Punta Arenas, veinticinco de mayo de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones doña nombre reservado, en representación del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Rendic Hermanos S.A. y don nombre reservado, en representación del Sindicato de Trabajadores Asistentes de Educación de Empresa Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, todos con domicilio en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Dirección Nacional del Trabajo, representada por su Directora doña nombre reservado.

Funda su recurso en que la recurrente con fecha 26 de marzo de 2020 emitió el dictamen N° 1253/006 donde se pronuncia sobre los efectos de las medidas dispuestas por resolución exenta N° 202 del Ministerio De Salud de fecha 22-03-2020, y las medidas de aislamiento o toque de queda dispuestas por la autoridad en el marco de la emergencia sanitaria por brote del coronavirus Covid-19 en el pago de remuneraciones y otras prestaciones.

Que, al dar lectura a lo resuelto por la Dirección Del Trabajo en el dictamen en cuestión reconoce que para lo señalado en el art 159 N°6 del código del Trabajo, no es válidamente aplicable ya que esta facultad tiene una aplicación mucho más restrictiva en nuestro ordenamiento jurídico, en razón de los principios de estabilidad en el empleo y continuidad de la relación laboral que nos rige.

Asimismo, señala que el permanecer en la empresa sin ejecutar labor por encontrarse a la espera del levantamiento del toque de queda, el caso fortuito y fuerza mayor es aplicable al empleador por tanto este tiempo de espera no es parte de la jornada de trabajo por lo que trabajadores no tienen derecho a remuneración.

También señala que aquel trabajador que por razones de orden de la autoridad o toque de queda los trabajadores no pudieron ingresar a realizar sus labores el empleador no se encuentra obligado al pago de las remuneraciones.

Entiende que con lo dictaminado, la recurrida incurrió en un acto ilegal antojadizo y arbitrario: es ilegal a) Ya que vulnera derechos de los trabajadores al entregar potestad al empleador que no tiene, ya que unilateralmente no puede alcanzar a la extinción o suspensión de los derechos de los trabajadores como el que signifiquen la pérdida de sus remuneraciones por decisión unilateral del empleador, b) en caso fortuito y fuerza mayor en el código del trabajo no está normado, ya que solo es tocado en el art 159 N° 6 del Código del Trabajo, aplicándose supletoriamente las normas del Código Civil, asimismo c) violenta el derecho que tiene el trabajador a que las remuneraciones son inembargables, ya que el no pago de remuneraciones pactadas podríamos estar ante un embargo de estas por parte del empleador al apropiarse de las remuneraciones.

Concluye que en definitiva está vulnerando el principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales, en específico el de la intangibilidad de las remuneraciones.

Luego, refiere que es antojadizo, porque no obstante, el propio dictamen, reconoce la competencia de los Juzgados del Trabajo, para resolver estas controversias, igualmente se arriesga y dictamina sobre el efecto de la emergencia sanitaria, sobre las remuneraciones de los trabajadores.

Que, a lo anterior se suma que, al dejar sin remuneraciones a los trabajadores, también les afecta el derecho a la seguridad social, al no poder enterar completamente sus cotizaciones de la seguridad social.

Señala que con lo obrado, se afecta no solo derechos irrenunciables del trabajador además, sino que también el derecho de propiedad art 19 Numero 24 derecho de propiedad, art. 19 n° 16 La libertad de trabajo y su protección, que incluye una justa retribución y el Art 19 N° 18º.- El derecho a la seguridad social.

Luego de citar normas del Código del Trabajo y de la ley de la Dirección del Trabajo, pide acoger el recurso y ordenar en definitiva, que se deja sin efecto su aplicación, por lo referido en el presente recurso, y con el objeto de reconstituir el imperio del derecho laboral, con costas solo en caso de oposición.

La recurrida al informar reclama la improcedencia del recurso, en el caso concreto para obtener la invalidación de un dictamen de la Dirección del Trabajo, toda vez que ello debe ser perseguido según las normas de competencia que establece el Estatuto Laboral; en efecto, dicha facultad se le entrega a los Jueces Letrados del Trabajo como lo señal en artículo 420 letra e) y mediante la reclamación judicial prescrita en el artículo 504 de ese mismo cuerpo legal. Cita fallos en ese sentido.

Luego, refiere que es improcedente por adolecer de falta de sujeto afectado, ya que a los trabajadores representados en esta acción no les resulta aplicable el criterio del dictamen, ni tan poco han resultado afectados por él. En efecto, se requiere que haya una afectación o una amenaza real, inminente e inmediata directa y personal a un derecho o derechos fundamentales de la persona legitimada activa, exigencia que no se vislumbra en esta acción constitucional, para, a continuación analizar, al menos, la forma en que se prestan los servicios por parte de los profesionales y asistentes de la educación y luego cita fallos que sustentan sus alegaciones.

Como tercer argumento de improcedencia expone la falta de legitimación pasiva de la Dirección del Trabajo, puesto que lo impugnado es el acto administrativo en contra el cual se recurre es el Dictamen N° 1283/006, de fecha 26 de marzo de 2020, acto administrativo de interpretación que la ley ha entregado a la Dirección del Trabajo y que no es capaz de ejecutar ninguna acción concreta de privación de garantías constitucionales como erróneamente se ha expuesto en la presente acción constitucional.

Asimismo, entiende, que no existe en el caso concreto un derecho indubitado que proteger en favor de los recurrentes, esto es, la finalidad del recurso de protección está lejana de ser una instancia de declaración de derechos.

En definitiva, según la recurrida en el fondo, se cuestiona el criterio interpretativo aplicado para el caso de que se trata -que no es compartido por los recurrentes-, y la facultad de esta Dirección del Trabajo para interpretar sobre la materia en cuestión.

Luego, pide el rechazo, atendido que en la emisión del dictamen impugnado, no se ha incurrido en ilegalidad alguna, por cuanto se ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones legales ya que su origen está en las diversas consultas de usuarios que se formularon ante esta Dirección del Trabajo, relacionadas con la situación de emergencia motivada por el brote del denominado coronavirus Covid19, para precisar los efectos laborales que derivan de la aplicación de las medidas dispuestas por la resolución exenta Nº 202, del Ministerio de Salud, de fecha 22 de marzo de 2020, específicamente la cuarentena para la ciudad de Puerto Williams, el cordón sanitario en torno a las comunas de Chillán y Chillán Viejo, y la medida de aislamiento o toque de queda, ordenada para todos los habitantes de la República, entre las 22:00 y las 05:00 horas, a contar del 22 de marzo del presente año; actuando en consecuencia, dentro de la normativa orgánica del servicio recurrido, es decir, ley orgánica de la Dirección del Trabajo, el D.F.L. N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Precisa además el contenido del dictamen cuestionado y su genuino sentido, así, no existe un exceso de facultades por parte de la Dirección del Trabajo, al interpretar la normativa laboral a partir de instituciones civiles. Luego el dictamen plantea la figura del “caso fortuito o fuerza mayor” definido en el artículo 45 del Código Civil, a consecuencia de medidas decretadas por la autoridad debido a la emergencia sanitaria (cuarentena obligatoria, cordón sanitario, toque de queda) haciendo una expresa distinción entre su aplicación como causal de extinción de la relación laboral y como causal de suspensión de la relación laboral, y dándoles por tanto un tratamiento totalmente diverso y establece Los elementos a considerar para la configuración del caso fortuito o fuerza mayor.

Igualmente procede que se rechace la acción de protección, por cuanto el dictamen n° 1283/006, de 2020 no es arbitrario, pues existen razones legales para afirmar que la interpretación realizada por el servicio se ajusta al ordenamiento jurídico en su conjunto y por lo demás es de larga data en la doctrina institucional, citando dictámenes que se emitido en torno al análisis del caso fortuito o fuerza mayor, como causal de termino del vínculo laboral. Como colorario de lo anterior, el dictamen n° 1283/006, de 2020 no amenaza, perturba o priva al recurrente del legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales además no se señala circunstancia fáctica alguna que configura la transgresión de los derechos fundamentales que se dicen amenazados.

Finaliza solicitando el rechazo del recurso, declarando la improcedencia por las razones formales expuestas; que no existe una acción arbitraria ni ilegal, ni se han vulnerado las garantías contempladas en el artículo 19 numerales 2; 16 y 18, por parte del Directora del Trabajo (S) con costas.

Se dispuso traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por los recurrentes, lo hacen consistir en que la Dirección del Trabajo emitió el dictamen N° 1253/006 donde se pronuncia sobre los efectos de las medidas dispuestas por resolución exenta N° 202 del Ministerio De Salud de fecha 22-03-2020, y las medidas de aislamiento o toque de queda dispuestas por la autoridad en el marco de la emergencia sanitaria por brote del coronavirus Covid-19 en el pago de remuneraciones y otras prestaciones, afectando derechos laborales irrenunciables y garantías constitucionales.

TERCERO: Que, del motivo transcrito no se evidencia la existencia de un derecho preexistente de los recurrentes que se requiera cautelar y que, para efectos del recurso entablado, debe ser indiscutido.

En efecto, en este caso específico lo expuesto corresponde al derecho que asistiría a los recurrentes a ostentar, como sindicatos, representando a sus afiliados pero ello fue cuestionado por la recurrida, quien al informar alega expresamente que no existe en el caso concreto un derecho indubitado que proteger en favor de los recurrentes no siendo la finalidad del recurso de protección constituir una instancia de declaración de derechos.

Así, existiendo controversia al respecto es posible poner en duda la preexistencia de un derecho incuestionado respecto de los actores que permita proteger su exclusividad, cuestión que no permite consecuentemente hacer lugar a la acción incoada, por ausencia de uno de sus presupuestos procesales.

De este modo, por no haberse acreditado la existencia de tal derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte ha de proteger por esta vía cautelar de urgencia, resulta ésta razón suficiente para concluir que la presente acción ha de ser rechazada, sin perjuicio de otras acciones que pudieren asistirle a quienes recurren.

CUARTO: Que, por otro lado, no procede por esta vía cautelar y concentrada dilucidar el criterio interpretativo aplicado para el caso de que se trata -que no es compartido por los recurrentes- por cuanto lo reclamado recae sobre un dictamen administrativo de la Dirección del Trabajo que forma parte del ejercicio de sus funciones, cuyo contenido y aplicación del mismo deberá ser analizado en un debate de lato conocimiento por los mecanismos administrativos o jurisdiccionales correspondientes en los casos en que se pretenda hacer valer.

QUINTO: Que, por las consideraciones precedentes, este recurso deberá ser rechazado como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en representación del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Rendic hermanos S.A. y don nombre reservado, en representación del Sindicato de Trabajadores Asistentes de Educación de Empresa Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor en contra de la Dirección Nacional del Trabajo, representada por su Directora doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº 460-2020 PROTECCIÓN.