nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

nombre reservado, catorce de agosto de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece ante esta corte de Apelaciones nombre reservado, dependiente, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado e interpone acción de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar los Andes.

Relata que el día 21 de enero del año 2019, suscribió el pagaré Nº 177CON201104044, a favor de la recurrida, por la suma de $3.931.630, por concepto de capital, más los intereses correspondientes, que sería pagado en 36 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $165.512, venciendo la primera de ellas el 28 de febrero de 2019.

Agrega que se pactó la facultad a su empleador de aquel momento o empleadores futuros, entidades pagadoras de pensión y pagadoras de subsidio de incapacidad laboral, para descontar del pago de emolumentos mensuales o subsidios de cesantía, los dividendos correspondientes al referido crédito.

Da cuenta que perdió su única fuente de ingresos, terminando la relación laboral con su empleador, y al quedar sin trabajo vio enormemente perjudicada su situación económica, cayendo en mora respecto del referido pagaré a partir de la cuota con vencimiento de fecha 30 de abril de 2020.

Por aquello la C.C.A.F Los Andes lo demando en juicio sumario de cobro de pesos, específicamente el 24 de junio de 2022, iniciándose la causa Rol C-916-2022, tramitada ante el 2° Juzgado de Letras de nombre reservado, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado”, causa que se encuentra notificada y actualmente archivada.

Añade que en febrero del año 2023 logré obtener un empleo bajo la dependencia del Comando General del Personal Bienestar Social del Ejército.

Refiere que al momento de recibir su liquidación de sueldo correspondiente al mes de mayo de 2023, advirtió que la cantidad entregada por concepto de remuneración era considerablemente menor a la pactada debido a un descuento por la suma de $116.830.- por concepto “PRESTAMO CAJA DE COMPENSACIÓN”. Lo anterior importa un detrimento ilegal y arbitrario de $116.830 a su remuneración mensual. Sostiene que jamás fue informado previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida en ejecutar del abusivo e inoportuno descuento que finalmente ordenó a su empleador. Además que considerando que Caja de compensación Los Andes, por voluntad propia, había judicializado el cobro de la deuda con anterioridad al descuento que por este acto se alega.

Entiende que el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, antojadizo e ilegal, que carece de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a su empleador y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, descontando una proporción estructural de su remuneración liquida, de manera absolutamente forzada, intempestiva y en contra de su voluntad, sin entregar ninguna información previa a él como recurrente ni a su empleador.

Advierte un uso arbitrario e ilegal del artículo 22 de la Ley 18.833, de acuerdo a lo establecido de manera categórica y uniforme por nuestra jurisprudencia, toda vez que, una Caja de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio público, está subordinada a nuestra Constitución Política de la República.

Manifiesta que lo expuesto, corresponde a una vulneración flagrante a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de nuestra Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, toda vez que, se le ha privado y ha perturbado de su Derecho de propiedad sobre $116.830 pesos de su remuneración, que podría repetirse para los pagos de los próximos meses de remuneración.

Solicita se acoja la acción, condenando expresamente en costas a la recurrida y ordenándole:

I. Cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente.

II. Restituir al recurrente los descuentos efectuados, así como también los que puedan llevar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción.

III. Condenar en costas a la recurrida.

Acompaña Liquidación de mi remuneración correspondiente al mes de mayo de 2023 e Ebook de causa rol C-916-2022, tramitada ante el 02° Juzgado de Letras de nombre reservado, sobre demanda interpuesta por Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes en contra de nombre reservado.

Informa Inés Riquelme Arao abogada, por la recurrida Caja De Compensación De Asignación Familiar De Los Andes, quien solicita el rechazo del recurso.

Reconoce que se otorgó el pagaré al recurrente por el monto y en la forma que se expone en su recurso, además de la última fecha de pago.

Agrega que a través de cobranza intercaja con fecha 23 de junio de 2023 y 20 de julio de 2023, en cada mes se recibió la suma de $116.830.-, cuyos montos se contabilizaron como pagada la cuota del mes de abril de 2020,(15), más un abono en la cuota del mes de mayo de 2020.

La diferencia de la cuota del mes de mayo de 2020, las cuotas del mes de junio de 2020 a enero de 2022 (16 a 36), se encuentran en cobranza judicial.

Además, el 02 de diciembre de 2019, otorgo al señor nombre reservado el crédito 177CON201536046, por la suma de $1.312.182.- a una tasa de 1.83% en un plazo de 48 meses, con una cuota de $42.451.- cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de enero de 2020.

Entiende que en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigentes, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

En el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833 y los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga.

Reitera que su parte está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre su representada y el recurrente.

Agrega que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior agrega el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos. Por lo que mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

Respecto a la supuesta vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, entiende que no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, afirma que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Concluye que se debe rechazar el recurso de protección intentado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos.

Acompaña en su informe, expediente de crédito del crédito social otorgado al recurrente.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el recurrente, lo hace consistir en la retención en la remuneración realizada por parte de la recurrida respecto de un crédito social otorgados a la actora en el año 2019 existiendo una causa civil en tramitación.

CUARTO: Que, al evacuar su informe la recurrida insta por el rechazo del recurso en virtud de lo expuesto en la parte expositiva.

QUINTO: Que, De este modo, la cuestión controvertida en el presente recurso viene dada por la temporalidad de los descuentos efectuados en contra del actor y si aquello resulta ilegal y arbitrario habiendo utilizado al respecto el mecanismo contemplado en el artículo 22 de la ley 18.833.

SEXTO: Que en este sentido, cabe apreciar que el artículo 22 de la ley 18.833 establece que “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.”

SEPTIMO: Que, son hechos de la causa la existencia de un crédito otorgado a la actora con fecha 21 de enero del año 2019, por un monto de $3.931.630, el cual no ha sido pagado por aquella. A su vez, la recurrente sostiene que dicho cobro se encuentra judicializado mediante la acción civil pertinente deducida por la recurrida, cuestión que no es refutada por esta última en el informe evacuado al respecto.

OCTAVO: Que de lo consignado precedentemente es posible afirmar que la recurrida ha utilizado el mecanismo de cobro previsto en el artículo 22, de la Ley 18.833 de manera ilegal y arbitraria.

En efecto, si bien las Cajas de Compensación cuentan con la facultad legal de solicitar el descuento, con cargo a las remuneraciones de los afiliados, de los créditos sociales otorgados, tal beneficio sólo se prevé por la ley para el cobro oportuno de lo adeudado por cuotas de esta clase de créditos, situación que no se da en la especie desde que con la demanda presentada el 24 de junio de 2022 ante el Segundo Juzgado de Letras de nombre reservado, la recurrida solicita el pago de totalidad del crédito.

De este modo, al tiempo de efectuarse por la recurrida el descuento en la remuneración del mes de mayo de 2023, ya no existían plazos pendientes respecto de la obligación que pudieran cobrarse a través del mecanismo en comento, lo que torna ilegal dicho proceder, dando cuenta de este modo, de un uso abusivo de una modalidad de pago que había quedado sin efecto por la expresa manifestación de voluntad del acreedor al interponer su demanda.

NOVENO: Que, en consecuencia, es dable concluir que la recurrida no sólo actuó de manera ilegal, sino también injustificada, en cuanto utilizó un mecanismo especial de cobro que no es aplicable en la especie, desconociendo además sus actuaciones propias y los efectos que aquellas tuvieron en relación con la exigibilidad del crédito. De acuerdo con lo razonado, la recurrida no puede pretender revivir el pago en parcialidades para el solo efecto de justificar la utilización del sistema de cobro de descuento por planilla, en razón de que ya optó en su oportunidad por demandar la totalidad del crédito, lo que, en todo caso, no obsta a que pueda perseguir el pago del mismo por las vías legales ordinarias que procedan.

DECIMO: Que, de todo lo dicho, no cabe duda de que el actuar ilegal y arbitrario de la Caja de Compensación vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, en cuanto los descuentos indebidos afectaron la propiedad del recurrente sobre su remuneración, razones todas por las que la presente acción constitucional necesariamente ha de ser acogida.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara que SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familia los Andes y en consecuencia, se ordena que la recurrida se abstenga de solicitar al empleador el descuento de los saldos impagos del crédito social otorgado el 21 de enero de 2019.

Acordado lo anterior con el voto en contra del Ministro Suplente Claudio Jara quien fue del parecer de rechazar recurso por estimar que existiendo una obligación, al menos natural la recurrida no incurre en un acto ilegal o arbitrario al ejercer un medio de cobro que la ley le franquea.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N°459-2023- PROTECCIÓN