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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 456-202616 oct 2026

Protección contra Hospital Clínico De Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria

Fecha
16 de octubre de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de Punta Arenas
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Rol N° 456-2026, sentencia de 16 de octubre de 2026

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra el Hospital Clínico de Magallanes: el alta se fundó en la evaluación clínica y se entregó el informe exigido, y la procedencia de la hospitalización o nutrición enteral excede el marco de esta acción.

Texto íntegro

nombre reservado, dieciséis de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, trabajadora dependiente, cédula de identidad N°NUM000, domiciliada en domicilio reservado de nombre reservado, actuando en favor de su padre, don nombre reservado, adulto mayor, cédula de identidad N°NUM001, del mismo domicilio e interpone recurso de protección en contra del Hospital Clínico De Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria, establecimiento público de salud, RUT N°RUT reservado, representado por su Director don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado.

Funda su acción en la amenaza actual al derecho a la vida y a la integridad física consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, derivada de la decisión, comunicada verbalmente, de dar de alta a su padre sin que la familia conozca un plan clínico que permita alimentarlo e hidratarlo con seguridad.

Indica que su padre se encontraba hospitalizado en el Hospital Clínico de Magallanes. La familia fue informada verbalmente por el médico tratante que el alta se dispondría el 25 de septiembre de 2026 y que ese día se entregaría el documento respectivo. La recurrente se negó a firmar el alta, pues a su juicio enviar a su padre al domicilio sin implemento alguno equivalía a enviarlo a morir de hambre, ya que no podía comer por sí mismo. Agrega que no contaba con copia de la indicación de alta ni con acceso a la ficha clínica, y que posteriormente se le comunicó que el alta se otorgaría nuevamente el lunes 28 de septiembre y que esta vez debían retirar al paciente.

Señala que, en una atención de fonoaudiología, la profesional indicó a la familia que el paciente no tenía reflejo de deglución, instruyó no darle agua y realizar higiene e hidratación de la boca. Afirma que el paciente no podía alimentarse por sí mismo ni recibía alimentos por boca, limitándose a humedecerle los labios, sin que se informara de una vía de nutrición enteral instalada ni de otra alternativa segura. Refiere que la familia solicitó una sonda, sin obtener respuesta clara del equipo tratante, y que tampoco se le informó de un plan domiciliario que incluyera vía de nutrición e hidratación, prevención de aspiración, insumos, capacitación de cuidadores, seguimiento clínico y coordinación con hospitalización domiciliaria u otro dispositivo.

Precisa que su pretensión no consiste en imponer judicialmente una técnica específica ni en mantener una hospitalización indefinida, sino en evitar que el egreso se materialice antes de que exista una decisión clínica individualizada, comunicada y documentada.

Invoca los artículos 4°, 10, 11 y 14 de la Ley N°20.584, el Decreto Supremo N°1 de 2022 del Ministerio de Salud y lo resuelto por la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción en causa Rol N°2886-2025.

Solicita acoger el recurso y adoptar las siguientes medidas: a) Ordenar que no se materialice el alta hasta que el médico tratante y el equipo pertinente evalúen y documenten la deglución, el riesgo de aspiración, las necesidades de nutrición e hidratación y la vía segura indicada para el paciente; b) Disponer que, antes de cualquier egreso, se entregue e implemente un plan individualizado de alimentación, hidratación, prevención de aspiración, cuidados, insumos, capacitación familiar y seguimiento; c) Ordenar que se informe al paciente y a la recurrente, en forma oportuna y comprensible, el fundamento clínico del alta, sus riesgos, las alternativas de tratamiento y la modalidad de seguimiento y d) Disponer cualquier otra medida que se estime necesaria.

Informa el recurso el Hospital Clínico de Magallanes, compareciendo la abogada doña Paula Avello Reyman, quien solicita su rechazo en todas sus partes, con costas.

Expone que, según los registros clínicos, don nombre reservado es un paciente de 84 años con múltiples patologías de base.

Entre ellas menciona amputación de extremidad inferior derecha, aneurisma aorto abdominal operado en 2017, cáncer vesical tratado, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y demencia tipo Alzheimer, además de dependencia severa. Es usuario del “Programa nombre reservado

Cuida” del CESFAM Mateo Bencur, destinado a pacientes postrados.

El 17 de septiembre de 2026 fue trasladado por SAMU a la Unidad de Emergencia Hospitalaria por deterioro del estado general, con inapetencia de tres días, somnolencia y mutismo.

Al examen presentaba sopor profundo y deshidratación.

Fue diagnosticado con compromiso de conciencia, neumonía adquirida en la comunidad bilateral, infección del tracto urinario, hipernatremia y lesión renal aguda, y se dispuso su hospitalización. De común acuerdo con la familia se acordó una adecuación del esfuerzo terapéutico: no reanimación, no intubación, no ventilación mecánica y techo de atención Sala- UCM. Se indicó hidratación endovenosa, antibioterapia, terapia broncodilatadora y régimen cero hasta la evolución diaria por fonoaudiología, atendido el alto riesgo de aspiración.

El 23 de septiembre, completado el tratamiento antibiótico, el médico tratante Dr. Héctor Gómez informó a los familiares que los objetivos de la hospitalización se habían alcanzado. Les explicó el pronóstico ominoso del paciente, fuera de alcance terapéutico, y planteó su egreso para continuar el proceso de fin de vida en el domicilio.

Ante la consulta por vías alternativas de alimentación, explicó que una sonda nasogástrica u ostomía no contaba con indicación médica, atendidos los factores de riesgo involucrados y la ausencia de beneficio para el paciente.

El 28 de septiembre el paciente presentó mejoría, encontrándose más alerta y cooperador. Conforme a la evaluación de fonoaudiología, se indicó el inicio de alimentación oral con régimen líquido. El médico tratante conversó nuevamente con la familia, otorgó el alta médica, solicitó interconsulta a fonoaudiología y geriatría para educar a familiares y cuidadora, y confeccionó el Informe de Alta (Epicrisis) N°NUM002.

El 29 de septiembre de 2026 se materializó el egreso, acompañado el paciente por su hija doña nombre reservado, familiar referente designada por la familia. Ese día el equipo de Geriatría sostuvo dos instancias de conversación con los familiares sobre la continuidad de los cuidados.

Fonoaudiología educó en la técnica de alimentación, Kinesiología entregó indicaciones de movilidad, y la enfermera a cargo entregó la epicrisis, la receta y los medicamentos. Se indicó control en el policlínico general del establecimiento y continuidad en el programa de atención primaria para pacientes postrados.

La recurrida sostiene que su actuar se ajustó a la Ley N°20.584 y a los principios de la bioética. Alega además la ausencia de un derecho preexistente e indubitado, la pérdida de oportunidad del recurso por haberse concretado el alta, y la inexistencia de privación, perturbación o amenaza de la garantía invocada. Acompaña registros clínicos, informe médico del Dr. Héctor Gómez y del equipo de enfermería, ambos de 1 de octubre de 2026, y otros antecedentes.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar las consecuencias dañosas que actos u omisiones ilegales o arbitrarios puedan producir en el afectado, en la forma de una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, incorporada a nuestra legislación como garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente. Opera mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de ella se siga un directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, expresamente garantizado en el artículo 19 del texto constitucional y d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, en la especie, la recurrente estima ilegal y arbitraria la decisión del Hospital Clínico de Magallanes de otorgar el alta hospitalaria a su padre, don nombre reservado.

Sostiene que dicha decisión se adoptó sin una evaluación documentada de su capacidad de deglución y riesgo de aspiración, sin un plan individualizado de alimentación, hidratación y continuidad asistencial, y sin la debida información al paciente y su familia. A su juicio, ello amenaza su derecho a la vida y a la integridad física.

CUARTO: Que, al evacuar su informe, la recurrida instó por el rechazo del recurso en virtud de los fundamentos consignados en lo expositivo.

QUINTO: Que, de los antecedentes allegados a la causa, en particular el Informe de Alta (Epicrisis) N°NUM002 de 28 de septiembre de 2026 y el Registro de Alta de Enfermería, consta que el alta médica fue otorgada el 28 de septiembre de 2026. Consta también que el egreso del paciente se materializó el 29 de septiembre de 2026, ocasión en que fue retirado por su hija doña nombre reservado, a quien se entregó la documentación de alta, la receta y los medicamentos correspondientes.

SEXTO: Que la pretensión cautelar de la recurrente, según se desprende de su propio libelo, tenía por objeto impedir que el alta se materializara mientras no se cumplieran las condiciones que indica. Habiéndose concretado el egreso del paciente durante la tramitación del recurso, el acto que se pretendía evitar se encuentra consumado.

En consecuencia, la acción ha perdido oportunidad respecto de las medidas signadas con las letras a) y b) del petitorio, pues este mecanismo de urgencia no procede cuando los hechos que le dan origen han cesado o se han agotado durante su tramitación.

Así la cosas, esta Corte no se encuentra en situación material de adoptar alguna medida útil a su respecto, por lo que no concurre el requisito de la letra d) del considerando segundo.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y analizado el fondo de lo planteado, no se advierte que el actuar de la recurrida sea ilegal o arbitrario, por las siguientes razones:

Los registros clínicos dan cuenta de que el paciente fue evaluado diariamente por el equipo de fonoaudiología durante su hospitalización. Se mantuvo en régimen cero por vía oral mientras persistió el riesgo de aspiración asociado a su compromiso de conciencia, con hidratación endovenosa. Al constatarse su mejoría el 28 de septiembre, se indicó el inicio de alimentación oral con régimen líquido, consignado en la epicrisis como indicaciones de alta reposo con cabecera a 35° y régimen de “líquidos, jalea, yogurt, papilla”.

Respecto de la solicitud de una vía de alimentación artificial, el médico tratante informó a la familia, el 23 de septiembre de 2026, que una sonda nasogástrica o una ostomía no contaba con indicación médica, atendidos los factores de riesgo involucrados y la ausencia de beneficio para un paciente de 84 años, con múltiples patologías de base, dependencia severa, demencia y pronóstico ominoso.

Se trata de una decisión adoptada por el equipo tratante dentro de la esfera de su competencia técnica, fundada en criterios clínicos y en una adecuación del esfuerzo terapéutico previamente conversada con la familia. No corresponde a esta Corte sustituir dicho criterio por vía cautelar, tanto más cuando la propia recurrente declaró no pretender imponer judicialmente una técnica específica.

En cuanto a la información y a la continuidad asistencial, consta que la familia fue informada durante la hospitalización acerca de la condición, el pronóstico y los cuidados del paciente.

El día del egreso, los equipos de Geriatría, Fonoaudiología, Kinesiología y Enfermería entregaron educación a los familiares en continuidad de cuidados, técnica de alimentación, movilidad y cuidados generales. Se entregó la epicrisis con diagnósticos, resumen de hospitalización, indicaciones, medicamentos y derivación a control en el policlínico general del establecimiento, manteniéndose además el seguimiento por el programa de atención primaria para pacientes postrados del que el paciente ya era usuario. Así, el informe de alta exigido por el artículo 11 de la Ley N°20.584 fue efectivamente emitido y entregado a la familiar referente designada.

En estas condiciones, la decisión de alta aparece fundada en la evaluación clínica del paciente y en la constatación de que su permanencia hospitalaria no reportaba beneficio terapéutico. No se trata, por tanto, de una decisión caprichosa o carente de razonabilidad.

OCTAVO: Que, asimismo, la discusión planteada, esto es, la procedencia de mantener la hospitalización o de instalar una vía de nutrición enteral en un paciente que el equipo tratante ha estimado fuera de alcance terapéutico, recae sobre cuestiones de índole técnico-médica cuya determinación excede el marco de esta acción cautelar.

Esta acción no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se vean afectados por un acto u omisión ilegal o arbitrario. Por ello, tampoco concurre a este respecto el requisito de la letra c) del considerando segundo.

NOVENO: Que, así las cosas, la actuación de la recurrida no puede estimarse ilegal ni arbitraria, incumpliéndose el requisito descrito en la letra b) del considerando segundo, a lo que se suma la pérdida de oportunidad advertida en el considerando sexto. Por todo ello, la presente acción no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en favor de su padre, don nombre reservado, en contra del Hospital Clínico de Magallanes, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese oportunamente.

Redacción a cargo del Ministro Titular Sr. Marcos Kusanovic Antinopai.

Se deja constancia que no firma la Fiscala Judicial Subrogante Sra. nombre reservado por no encontrarse subrogando legalmente con esta fecha.

Rol N°456-2026. Protección.-