nombre reservado CONTRA nombre reservado

Punta Arenas, diecisiete de octubre de dos mil trece.

VISTOS:

A fojas 1 comparece don nombre reservado, chileno, soltero, estudiante, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de, nombre reservado, estudiante, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, estudiante, domiciliada en domicilio reservado y nombre reservado, estudiante, domiciliado en domicilio reservado, quienes encabezaron y llevaron adelante el ilegal y arbitrario acto que pretendió despojarlo de su cargo de Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes, según consta de actos irrefutables y públicos en cada caso.

Argumenta que consta, en resolución N° 021, de 5 de marzo de 2013, de la Secretaría de la Universidad de Magallanes, que fui electo democráticamente como Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes, en adelante FEUM, para el periodo 2013, cargo que ostenta legalmente a la fecha, la cual se rige en su orgánica y funcionamiento por su respectivo Estatuto.

Indica que con fecha 9 de septiembre de 2013, se realizó una reunión de Presidentes de Carreras, acto al que pretendió dársele el carácter de "Consejo de Presidentes extraordinario", el cual está definido en el Art. 48 del Estatuto: "Es asimismo, sesión extraordinaria, la convocada por la Mesa Ejecutiva de la FEUM, a través del Secretario General a sus miembros...". Sin embargo, en relación en la citada reunión, se incumplieron los requisitos para atribuírsele el carácter que se pretendió, no obstante, allí se acordó arbitraria e ilegalmente, sancionar al suscrito, removiéndolo de su cargo, en razón de un supuesto incumplimiento grave de deberes, basado en el análisis subjetivo y parcial, que no da cuenta de hechos concretos y demostrables de aquello. El único hecho concreto al que se alude (falta de rendiciones de cuentas por $ 8.000.000), es una acusación falsa e injuriosa, incluso la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Magallanes, DAE, representada en la reunión por doña nombre reservado, señaló "cada peso, se encontraba rendido", por lo cual el recurrente interpuso una querella.

La supuesta irregularidad que se le imputa se ha divulgado públicamente, por redes sociales, atribuyéndosele hechos constitutivos de delito, y profiriendo expresiones en deshonra, descrédito y menosprecio de su persona.

Posteriormente, con fecha 10 de septiembre, se recibió en la secretaria de la FEUM, un documento que comunica la supuesta destitución, cuya veracidad no es posible constatar, pues no cuenta con la firma de los suscribientes.

Considera que los hechos expuestos, vulneraron sus derechos constitucionales establecidos en el Art. 19 N° 3, inciso 5°, N° 5 y N° 24 de la Constitución Política de la República, pues se pretende privársele del ejercicio legítimo del cargo de Presidente de la FEUM, mediante un acto arbitrario e ilegal, al que se intenta dársele el carácter de legítimo “Consejo de Presidentes extraordinario" sin serlo, que determinó su destitución.

Manifiesta que el acto denunciado es arbitrario, pues la decisión adoptada ha sido antojadiza, omitiéndose en su determinación, supuestos acordes a la razonabilidad y justicia de un procedimiento sancionatorio. La destitución, constituye una forma de retiro del cargo y es la máxima sanción aplicable a un miembro de la organización, por tanto siendo una pena, su imposición está sometida al previo cumplimiento de un debido proceso, en el que con apego a las leyes que amparan el derecho a defensa, se obtenga la certidumbre de que cometió las faltas imputadas, determinando la gravedad o no de ellas, y cuáles serían las sanciones en cada caso.

En la especie, proceso disciplinario debe efectuarse dentro de las estrictas previsiones del Estatuto y demás derechos que asisten a todo persona, lo que no ha sucedido, pues lo recurridos actuaron arbitraria, injusta y antojadizamente, pues lo han sancionado sin apegarse al procedimiento establecido en el Estatuto, y sin otorgársele la oportunidad de defenderse, por lo que el castigo aparece absolutamente arbitrario e ilegal.

Señala que la negación de su derecho a descargos, se acredita con la circunstancia de que el acta del pretendido "Consejo de Presidentes extraordinario", (publicada vía web por los recurridos), da cuanta que se leyó en el mismo acto, la supuesta "acusación estatutaria", que contenía los cargos que se le imputarían, la que no fue puesta previamente en su conocimiento, además, en el mismo acto determinaron no dar lugar a sus descargos, no obstante, haberse relevado la importancia de mi defensa. Agrega que dos asistentes al Consejo, manifestaron la importancia del derecho a defensa del actor; que la asamblea no es vinculante, por lo que una de ellas solicitó dicha instancia fuera solo para dar a conocer al suscrito la sanción solicitada, a pesar de ello, los presentes, bajo supuestos unilaterales y falsos, contravinieron los mínimos principios que rigen un justo y debido proceso.

Respecto a la ilegalidad del acto, expresa que la supuesta destitución de su cargo, no se ajustó al Estatuto de la FEUM, pues el pretendido "Consejo de Presidentes Extraordinario", no tiene tal carácter, pues los Presidentes de carrera carecen de la facultad para convocarlo, salvo en el caso previsto en el Art. 47 del Estatuto, lo que en el caso concreto no procede.

Cita sobre el particular los artículos 46, 47 y 48, para luego manifestar que la mesa ejecutiva de la FEUM, ha cumplido con citar mensualmente a las sesiones ordinarias exigidas por el Estatuto, celebrándose la última, el día viernes 6 de septiembre, por tanto, no tiene lugar la única causal del Art. 47, que habilita a los miembros del Consejo de Presidentes para convocar a un Consejo de Presidentes Extraordinario. Tampoco, la mesa ejecutiva de la FEUM, citó el Pretendido Consejo Extraordinario, alternativa dispuesta en el Art. 48 del Estatuto. En consecuencia, no concurren los supuestos establecidos en el Estatuto, que justifiquen la procedencia reglamentaria de un Consejo de Presidentes Extraordinario.

Continua haciendo referencia al Título V del Estatuto, que dispone el "Reglamento Orgánico Disciplinario", contemplando las infracciones y sanciones del mismo, y su Art. 4 dispone: "Las sanciones que el Consejo de Presidentes, conociendo las respectivas acusaciones, puede aplicar son: a) Remoción del cargo respectivo. Para esto deberá citarse a Consejo extraordinario donde se necesitará 2/3 de quorum", de lo que fluye que dicho órgano es el único legitimado para aplicar sanción de destitución.

Además, denuncia que la votación realizada para acordar la destitución de un miembro de la mesa ejecutiva de ésta no cumple con el quorum fijado por el Estatuto. Hace referencia sobre el tema al Art. 42, referido a la composición del Consejo de Presidentes (Presidentes y/o Vicepresidentes de los Centros de Estudiantes y la Mesa Ejecutiva) y la Resolución N°021/SU/2013, y sus modificaciones posteriores, que dan cuanta que el consejo está formado por 20 miembros más la mesa ejecutiva de la FEUM, o sea 21 miembros con derecho a voto (Art. 54). Según los recurridos, el acuerdo se adoptó, con la presencia de 15 miembros del Consejo, según acta publicada vía web, pero la decisión acordó con el pronunciamiento favorable de 13 miembros (Presidentes o Vicepresidentes), en circunstancias que la destitución requería el voto conforme de a lo menos 14 miembros con derecho a voto, a lo que se agrega el hecho que votó nombre reservado, Secretario de Finanzas de la carrera de Ingeniería Química, por ende, no cuenta con facultad suficiente para participar del Consejo de Presidentes con derecho a voto.

Previa cita de los artículos 38, 31 y 47 del Estatuto, colige que el voto de los presidentes de carreras no es un acto personal, ni discrecional, sino que, debe corresponder a la voluntad de los estudiantes que integran la carrera, debiendo convocarse mensualmente a las respectivas asambleas, y llevarse actas de ellas, pues la asamblea, es el mecanismo fijado por el estatuto para conocer la voluntad de los estudiantes de cada carrera. En relación a ello, adjunta antecedentes que dan cuenta de la falta de representatividad con la que actuaron varios de los votantes participantes en el acto ilegal en que se ha incurrido.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, respecto del N° 3 inciso 5° del Art. 19 de la C.P.R., argumenta que nadie, puede ser juzgado por Tribunales ad hoc, creados para juzgar un caso concreto o a una determinada persona o grupo de personas en particular, sin que se garantice la imparcialidad e independencia del juzgador, vulnerándose el principio de igualdad conforme al cual todos los ciudadanos en idénticas situaciones deben ser juzgados por el mismo tribunal, lo que ha ocurrido, pues el actuar de los recurridos es contrario a la legalidad vigente en la medida que pretenden arbitraria e ilegalmente resolver una situación que debió someterse a consulta previa de los estudiantes de las respectivas carreras (Asambleas estudiantiles), cuyos presidentes en sesión extraordinaria citada al efecto debidamente, esto es por la secretaria de la FEUM, en un Consejo de Presidentes legalmente constituido (Art. 43), debieron emitir su pronunciamiento; sin embargo, actuaron sin apego a los procedimientos correspondientes, y por por vías de hecho, incurriendo en una acción ilegal que perturba la señalada garantía, ya que sido sancionado por un órgano distinto a aquel que el Estatuto reconoce como órgano jurisdiccional legitimo para ello, que pretende destituirlo mediante una simple reunión de presidentes, sin facultades para ello..

En cuanto a la garantía del Art. 19 N° 4, expresa que existe una relación directa entre el acto ilegal y las falsas imputaciones de ha sido objeto, pues éstas han servido de argumento principal para pretender su destitución en el mal denominado "Consejo de Presidentes Extraordinario". Si bien se esgrimen otros antecedentes, para buscar la destitución, es la supuesta falta de $8.000.000, en la rendición de cuentas de la FEUM, la que se ha difundido masivamente, conculcando su derecho a la honra personal y por consiguiente la de mi familia, menoscabado la estimación favorable que la comunidad ciudadana, y en especial la comunidad universitaria, poseen de su persona y conducta, dañando severamente su reputación y posibilidades futuras como líder y estudiante.

Respecto de la garantía del Art. 19 N° 24, expone que adquirió el cargo de Presidente de la FEUM, con estricto apego a las normas que regulan su elección; ha sido ratificado en su ejercicio, y lo ostenta legítimamente hasta el día de hoy, en consecuencia, es titular del derecho sobre el cargo de Presidente de la Federación, que solo le puede ser despojado de acuerdo al Estatuto Orgánico y con respeto a los derechos que asisten a todo individuo, lo que en la especie, no acontece, pues se aspira a destituirlo mediante actos ilegales, privándosele del legítimo ejercicio del cargo, situación que vulnera esta garantía.

Solicita tener por interpuesto el presente recurso de protección, y en definitiva, ordenar se resguarden dichos derechos; que se investiguen los hechos denunciados y se ordenen todas las medidas conducentes a la protección de mis derechos, con costas.

A fojas 36 evacuan informe nombre reservado, don nombre reservado, y doña nombre reservado, Como cuestión preliminar señalan que la Universidad de Magallanes y toda su orgánica institucional está regida por la L.O.C N° 18.962 de Enseñanza, y como persona intermedia, por la Constitución Política de la República (Art.1 inciso tercero). Citan el Art. 79 de la L.O.C N° 18.962 que expresa: "Se entiende por autonomía el derecho de cada establecimiento de educación superior a regirse por sí mismo, de conformidad a lo establecido en sus estatutos en todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y comprende la autonomía académica, económica y administrativa." Señalan que la garantía constitucional del Art. 19 N° 3 inciso 5, no se agota en lo que actor arguye en su libelo, sino que es más amplia y distinta en su enfoque prístino, según han interpretado la doctrina y la jurisprudencia nacional, pues en relación a la expresión comisiones especiales, la jurisprudencia ha interpretado, al igual que el profesor Cea, que estas son "aquellas entidades formadas por un individuo o grupo de individuos que, de facto, ejercen jurisdicción".

Toda vez que jurisdicción es entendida por el Tribunal Supremo en su sentencia de inaplicabilidad del Art. 116 del Código Tributario de fecha 20 de diciembre de 2002 diciendo: "Qué del examen de los preceptos transcritos se colige que los Directores Regionales del Servicio de Impuestos Internos, en las materias a que ellos se refieren, desarrollan actividades de carácter jurisdiccional- entendida la jurisdicción, bajo una acepción general, como aquella potestad pública, en virtud de la cual, ciertos órganos del Estado dirimen conflictos de trascendencia jurídica suscitados entre partes, mediante decisiones dotadas de los atributos de inmutabilidad y coercibilidad de la cosa juzgada." Entonces la jurisdicción es entendida a su vez, al tenor del Art. 76 de la C.P.R., como potestad exclusiva de los tribunales, entendiéndose como la facultad de conocer un asunto controvertido, juzgarlo y hacer ejecutar lo fallado y esto en lo que atañe a lo principal de las alegaciones del recurrente, tiene especial importancia dado que este alega: "He sido sancionado por un órgano a aquel que nuestro estatuto reconoce como órgano jurisdiccional legitimo para ello..." Alegan que el recurrente omite en perjuicio de los recurridos y del Consejo, que éste es el órgano no jurisdiccional sino disciplinario, sobre el cual recaen las facultades. Agregan, que en ningún supuesto el Consejo intentó ni intentará irrogarse facultades jurisdiccionales propias de los tribunales y órganos a los que el Estado otorga competencia, consecuencialmente, consideran errada la imputación que se le hace al organismo aquí representado.

Destacan que las universidades, son grupos intermedios y autónomos. Citan al jurista Eduardo Soto Kloss.

Lo que la jurisprudencia y la doctrina han definido sistemáticamente definido, es la capacidad de la universidades de gozar de esta autonomía, lo consideran pertinente, ya que en el uso de dicha capacidad "autónoma" que también es alcanzable al estamento estudiantil para reglarse en sus estatutos orgánicos como en los disciplinario, siempre y cuando no escape de la esfera normativa permitida a todo grupo intermedio, de allí que las formas y normas respecto a las cuales fue sancionado el recurrente, se encuentran prescritas en dichos reglamentos, señalar al Consejo de Presidentes como una "comisión especial", es un desconocimiento antojadizo a la institucionalidad autónoma de la Universidad de Magallanes y de su estamento estudiantil, que bajo ningún respecto ha querido detentar facultades jurisdiccionales, ya que entiende que ello es un poder estatal atingente a los órganos mismos del estado y su administración, que es originado en la separación de sus poderes.

Explican que el otrora presidente de la Mesa Ejecutiva, en su presentación arguyo temerariamente confundiendo conceptos básicos, ya que el recurrente, invoca como garantía conculcada la del Art. 19 N° 3 inciso quinto, para luego a realizar reiterativas e insistentes alusiones a la normativa del debido proceso (N° 3 inciso sexto), garantía que es diversa, señalando en circunstancias que el Art. 20 de la C.P.R., sólo dispone la tutela del inciso quinto y no el sexto.

Agregan que, aún sin considerar la falta total de prolijidad técnica y jurídica del recurrente, tampoco es tal lo que él señala como faltas al "debido proceso".

En cuanto a la protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia, alegan la falta de prolijidad del actor, quien incurre en errores y contradicciones al invocar las garantías que argumenta le fueron conculcadas, cita al respecto: “19 número 5 (protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y a su familia) y lo que la Constitución señala: Art. 19 N° 4: El respecto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.”

Alegan que la garantía se ha invocado mal, siendo que el Art. 19 N° 5 corresponde a una garantía diferente, que no se refiere a la que la contraparte plantea.

Manifiestan que en su calidad de representantes de sus respectivas carreras, y parte integrante del Consejo de Presidentes, jamás han proferido ni divulgado información que pudiera afectar la honra, el honor, del recurrente, ni se han hecho descargos en instancias distintas a las legitimadas por los estatutos en el uso natural de sus funciones, ni respecto al actor ni a ningún miembro de la Mesa Ejecutiva ni del Consejo de Presidentes.

Expresan que el Consejo de Presidentes representado por 2/3 de sus representantes, planteó una acusación estatutaria, cumpliendo formalidades pertinentes para dicho procedimiento y que de todas las acusaciones, existen dos sanciones distintas según puede constatarse en acta de 09 de Septiembre, donde por un lado se señaló:"Acusación estatutaria contra el Presidente de la Federación, solicita sanciones; (1) Remoción inmediata e irrevocable (2) Sanción pecuniaria de no justificar los dineros faltantes en la anterior rendición.

Moderador: En vista de lo señalado por los CEE presentes, con 14 votos a favor y una abstención, APRUEBESE: Remoción inmediata e irrevocable del cargo de Presidente de la Federación a Don nombre reservado.

Moderador: En vista de lo señalado por los CEE presentes, con 14 votos a favor y una (1) abstención, APRUEBESE: Sanción pecuniaria correspondiente a todo el dinero que no ha sido justificado; de no detallar dicho gasto (...) le será imputable a este último la restitución completa y cabal de los dineros faltantes." Indican que del tenor literal de los acuerdos adoptados por la sesión extraordinaria, no da lugar a lo que el ex presidente quiere hacer ver como "injuriosa" y/o de "absoluta falsedad", ya que en primer término, la acusación estatutaria a la vista de todos los CEE que por unanimidad regularon la rigurosidad de las sanciones, siendo la primera sanción la DESTITUCIÓN que tiene su origen fundante, en las faltas reiteradas al reglamento, y por otro lado una sanción de tipo "PECUNIARIA" que se da SÓLO EN LA EVENTUALIDAD de no poder hacer justificación del "GASTO" que se llevó a cabo por parte de la Mesa.

Entiende el Consejo entonces, que los dineros fueron gastados, y dado que en la primera rendición de cuentas de la Mesa Ejecutiva, en que se dio el detalle de los dineros transados e invertidos, falto rendir aportes por una suma de $8-000.000. Cuenta PUBLICA realizada en el mes de Junio, de allí hasta esta fecha, el Consejo ha sido cauteloso en su proceder respecto a esta situación, por ello la decisión de sancionar, en su estructuración lógica fue divida en dos partes, entendiendo la sensibilidad que tiene la administración de dicho erario, por ello el lenguaje utilizado fue el “DE NO DETALLAR DICHO GASTO" a contrario sensu, de poder realizar dicho detalle, no da lugar la segunda "sanción", por ello y muestra de la seriedad que el Consejo de Presidentes ha tenido en su proceder, otorgo en cada oportunidad los respectivos plazos, y sin hacer excepción respecto a lo Público de los actos del estamento estudiantil, y sin ser necesarias las reconsideraciones de don nombre reservado, los representantes de cada carrera y los organismos darían toda la publicidad necesaria para que en todos las eventualidades se pudiera "reparar" como considero el recurrente, el "daño" que se le hubiera causado por dicha sanción adoptada; haciendo publico tanto el haber justificado como el no hacerlo, teniendo oportunidades, plazos, y el compromiso de los representantes de cada carrera para realizar dicho detalle.

De las declaraciones, que por medios electrónicos, personales, y/o cualquier otra forma de difusión se hubieran hecho o proferido, estudiantes de la Universidad de Magallanes, o cualquier otra persona sobre el otrora presidente, no es posible hacerlas imputables al Consejo de Presidentes, dado que como se detalló, ha sido en todas sus declaraciones cautelosos y riguroso en lo ejecutado, ni aún menos de los aludidos que se desenvuelven como Presidentes de sus carreras, ejerciendo cargos de representatividad, teniendo como finalidad al ejercer las acciones que el Estatuto les otorgaba, además de resguardar el respeto y desenvolvimiento tranquilo de nuestra institucionalidad.

Respecto a lo citado por el recurrente, desconocemos de donde emanarían las declaraciones que de doña nombre reservado, como arguye en su libelo habría hecho, señalando que esta última declaro "que todo peso se encuentra rendido", mientras que el acta oficial sólo consta que:

"Se discutió en último lugar dentro de la sesión, el tema de los fondos planteados por doña nombre reservado, quien se comprometió frente al Consejo para esclarecer la información respecto a los fondos" A nuestra consideración ni siquiera cabe refutar la citada frase por el expresidente ya que no da a lugar dar credibilidad a declaraciones, que no cuentan con un fundamento plausible.

En lo que a Derecho respecta, dicha garantía en lo que refiera a la dignidad en su ligación a lo privado podemos definirlo en consideración a la interpretación objetiva que la ley hace de este, por un lado la Ley 19.628, sobre protección de datos sensibles, en su artículo 2, letra g) señala:

"Aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o hechos o circunstancias de su vida privada o mtirnidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual." Y por otro lado Ley 19.733, Sobre Libertad de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, en su artículo 30, señala que:

"Se considerarán como pertinentes a la esfera privada de las personas los hechos relativos a su vida sexual conyugal, familia o doméstica, salvo que ellos fueren constitutivos de delito." Señalan que la información de las cuentas públicas y de la administración del erario estudiantil, no pertenecen a la esfera privada a la luz de las disposiciones citadas, por tanto, no procedería bajo ningún respecto la vulneración a dicha garantía, además, todo lo concerniente a la rendición de cuentas, se manejó con la máxima cautela, intentando ante todo velar por el correcto funcionamiento de nuestra institucionalidad.

Sobre el derecho de propiedad, señalan que la definición de las cosas corporales e incorporales está en el Derecho Común (Artículos 582, 583, 584 del Código Civil), distinción anterior a la existencia de dicho cuerpo normativo. Así los romanos entendieron que son cosas incorporales aquellas que no pueden ser tocadas, lo que lleva a la confusión en nuestra doctrina contemporánea, en cuanto a cuáles son las cosas comprendidas dentro de las "incorporales", y a la luz del Art. 19 N° 24, fluyen grandes repercusiones doctrinarias, pues de aceptarse por un lado la titularidad de todos los derechos sin exclusión alguna, nos enfrentaríamos al de que todos los derechos serían cosas, sobre las que habría una especie de propiedad, que se incorpora al patrimonio, y consecuentemente, estaría protegida por el N° 24 del Art. 19.

Estiman peligrosa la posición expuesta, porque extiende exorbitantemente un derecho de propiedad, atentando así contra el espíritu del Art. 20 de la Carta fundamental, que decide, y nunca arbitrariamente, tutelar ciertas garantías, y dejar otras sin ella, de modo que dicha postura, afecta gravemente la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento jurídico. Citan al Prof. Bordalí Salamanca.

En cuanto a la alegación del recurrente relacionada con el derecho de dominio sobre el cargo de presidente de la FEUM, adhieren a lo que dictaminado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en Rol N° 6512-02, confirmado por la Corte Suprema con fecha 05 de febrero de 2003, en el caso de una funcionaria municipal a contrata, a quien se puso término anticipado de sus funciones, en donde debía determinarse si ello, es o no un acto arbitrario o ilegal, que signifique la privación de su derecho de propiedad a la estabilidad en el empleo, en el cargo a contrata y sobre sus contraprestaciones pecuniarias.

Sobre el particular, argumentan que la intención del recurrido es ostentar un cargo del cual fue privado de acuerdo a las facultades que el estatuto otorga al Consejo de Presidentes, y que el dominio intenta defender no es tal, ya que no es un cargo que reciba una contraprestación pecuniaria, como es el citado caso, del que se obtenía remuneración, ya que todo cargo representativo universitario no supone una contraprestación pecuniaria, sino que esta reglado dentro del funcionamiento interno universitario y de la estructuración básica del estamento estudiantil, cargos que tanto la Mesa Ejecutiva, como el Consejo de Presidentes ostentan con la sola finalidad de democratizar, estructurar, y alcanzar fines propios distintos al lucro y/o actividades económicas que es lo que estrictamente resguarda dicha garantía constitucional.

Luego señalan con fecha 06 de Septiembre del año en curso, en "Consejo de Presidentes Ordinario", se convocó a un Consejo Extraordinario para el día 09 de septiembre, cumpliéndose todas las formalidades contempladas en el Estatuto, como consta en el Acta de Acuerdo Sesión Ordinaria N°12/2013 del Consejo de Presidentes de fecha 06 de Septiembre, oficializada y publicada por la mesa ejecutiva, cuyo tenor reproducen en su informe. Por tanto, la citación al se hizo conforme al Art. 42; además el actor no hizo descargos ni presentó objeciones, entonces dicha tácita aquiescencia como la notificación a su persona, por ende no fue necesario un pronunciamiento ex post del mismo, menos aún si en tal citación los convocantes son la mayoría unánime de los Centros de Estudiantes presentes. Añaden que la contraparte, pretende extender la comprensión del Art. 48 a eventualidades que el espíritu del Estatuto no comprende.

Estiman que el sentido de la normativa, no es dar una atribución exorbitante de convocatoria al Secretario General, a quien es casi facultativo convocar al Organismo por antonomasia representativo del cuerpo estudiantil, sino que la norma busca darle los efectos de publicidad, de vocería y/o vociferación de la agendada asamblea, publicidad, que se satisface con la publicación del acta de la sesión ordinaria de consejo del día 06 de Septiembre. Para reforzar su argumento, invocan el Art. 18 letra d) de los Estatutos, que versa sobre las facultades del Secretario General: "d. Realizar actas de estos encuentros e informar en caso de ausencia de los invitados, procurando dar a conocer los acuerdos adoptados".

Se refieren a la importancia que el Consejo de Presidente ostenta dentro del estamento estudiantil, citando al efecto el Art. 2 letra a): Sin perjuicio de lo expresado en el artículo anterior, los miembros de la Mesa Ejecutiva cometen infracciones cuando en el ejercicio de sus funciones realizaran lo siguiente: a) no cumplir con las resoluciones emanadas del Consejo de Presidentes, asambleas generales, congreso estudiantil." No sólo los presidentes, sino que todos los estudiantes que desearon concurrir a dicha citación, pudieron hacerlo, ello explica la asistencia de oyente de la Directora de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y de la Mesa Ejecutiva representada por su vice-presidenta. El suponer la "mala fe" de todos los concurrentes a dicha sesión, calificándola de "reunión" "arbitraria e ilegal", es faltar a la verdad y contradecir los propios actos de publicidad que llevo a cabo la Mesa Ejecutiva, y pone al Consejo de Presidentes en una posición desalineada de los principios que persigue y defiende; no obstando ello aún en la odiosa posición en la que quiere hacer ver a SS., que la convocatoria del Consejo, no sería legal por no realizarse por medio del Secretario General (caso en el que si fue así, al publicar el acuerdo mediante acta oficial).

Expresan que el Consejo Extraordinario, debidamente convocado por sus representantes, acordó unánimemente (14 votos a favor, con 1 abstención por parte de la Mesa Ejecutiva debidamente representada), lo siguiente:

- La remoción inmediata e irrevocable del cargo de Presidente de la Federación a Don nombre reservado, en vista de la acusación estatutaria que se adjuntará, y los argumentos allí expuestos, con la debida apreciación en su función discrecional que los representantes de cada carrera realizo.

- Aplicación de una sanción pecuniaria en el sólo caso, que este último no pudiere justificar la utilización de $8.000.000 de pesos; que no fueron debidamente detallados ni presentados en la anterior rendición de cuentas, para lo que cuenta como plazo y como acto público para la realización de dicha 4, 5ustificación la próxima sesión de consejo.

Ambas sanciones, están amparadas y regladas por los estatutos estudiantiles y por las facultades disciplinarias del Consejo de Presidente (Art. 1, 2, 4, 5 y 8 del Reglamento Orgánico Disciplinario y 45 del Estatuto Por todo lo expuesto, les resulta extraño lo argüido por el ex Presidente cuando señala que: "En esta reunión, que no cumplió los requisitos de convocatoria, quorum y otros.

Finalmente, manifiestan que el Consejo de Presidentes, en su orgánica estudiantil actuó dentro del marco de lo reglado por el estatuto y sin mediar lo completo que pudieran estimar su procedimiento al particular caso.

Solicitan tener por cumplido lo ordenado y por evacuado el informe requerido y en su mérito, disponga el rechazo del recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1º Que el recurso de protección ha sido instituido con el propósito de evitar las posibles consecuencias dañosas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en los afectados privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías o derechos que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de los perjudicados;

2º Que en la especie, los actos arbitrarios e ilegales en contra de los cuales recurre don nombre reservado, los hace consistir en haber sido sancionado a instancia de los recurridos, por el Consejo de Presidentes Estudiantil de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes (en adelante FEUM), con la medida de remoción del cargo de Presidente de dicha Federación, medida que se habría adoptado en Sesión Extraordinaria de dicho Consejo celebrada con fecha 09 de septiembre del año en curso, la que habría sido convocada en forma ilegal y con irrespeto absoluto del derecho a defensa del recurrente y de las normas del debido proceso, todo lo cual, en su concepto, atenta contra garantías amparadas por la Constitución Política de la República, como son la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia y el derecho de propiedad sobre un derecho subjetivo, cual es la propiedad del derecho sobre el cargo de Presidente que ostentaba y del cual fue destituido. En su concepto, la sesión extraordinaria de dicho Consejo de Presidentes celebrada con fecha 09 de septiembre de este año, en la cual se acordó su remoción fue convocada con desapego a los estatutos de la Federación, pues debió convocarse por la Mesa Ejecutiva de la Feum, a través de su Secretaria General y no por la simple reunión de firmas de los Presidentes de los distintos centros de alumnos que integran la Feum, amén de que en dicha sesión, en su concepto ilegal, no se le permitió ejercer el más mínimo derecho a defensa pues no fue notificado de los cargos en su contra y tampoco pudo ejercer su derecho a hacer los descargos respectivos.- 3º Que los recurridos, informando a fs. 36 y siguientes, niegan que se haya incurrido en ilegalidad en la adopción de la sanción de destitución acordada por el Consejo de Presidentes, toda vez que expresan que la convocatoria a la Sesión Extraordinaria de dicho cuerpo colegiado en que se acordó la remoción, se efectuó conforme a derecho, y además el recurrente fue debidamente citado a ella para que pudiera ejercer su derecho a defensa, no ejerciendo por su propia voluntad dicha facultad.- Explayándose sobre lo anterior, indican que “en consejo de presidentes ordinario” celebrado el 06 de septiembre de 2013, se efectuó la convocatoria para la realización de un consejo extraordinario a celebrarse el 09 de septiembre de 2013 donde se discutiría su remoción. Agregan que dicho consejo ordinario de Presidentes del 06 de septiembre de este año, en que se convocó a sesión extraordinaria para el 09 de septiembre de 2013, cumplió con todas las formalidades contempladas en los estatutos de la FEUM. Indican que en esa misma sesión de Consejo de Presidentes Ordinaria se procedió a notificar al recurrente dándole cuenta de que se celebraría una asamblea extraordinaria donde se deliberaría la proposición de su destitución, para lo cual el recurrido don nombre reservado le habría hecho entrega del documento que contenía la citación pertinente, en el que se indicaba que el único punto de la tabla de dicha sesión sería resolver “si procede o no la sanción de destitución hacia el Presiente de la FEUM”. Dicho documento citatorio, según indican los recurridos habría sido recibido por el recurrente sin formular en ese acto objeción alguna, con lo cual hubo de su parte una “tácita aquiescencia” a que se celebrara la sesión extraordinaria del Consejo de Presidentes que discutiría su destitución, ya que él mismo al ser notificado de la citación, tomo pleno conocimiento que el tema exclusivo de dicha asamblea extraordinaria sería votar su eventual destitución. En virtud de ello, el recurrente, indican, pudo haber concurrido a dicha sesión a formular sus descargos, lo que no hizo. Ahondando sobre la validez de la convocatoria a Consejo de Presidentes Extraordinario destinado a pronunciarse sobre la medida de destitución del recurrente, y con el fin de refutar la argumentación del recurrente en orden a que esta convocatoria debió hacerse por la Mesa Ejecutiva de la Feum, a través de su Secretaria General, señalan que el Consejo de Presidentes Estudiantil es el “organismo por antonomasia representativo del cuerpo estudiantil”, por lo cual detenta el súmmum de los poderes dentro de la Feum; y para reforzar las amplias potestades que detentaría este Consejo de Presidentes indican que incluso la Mesa Ejecutiva debe supeditarse a las resoluciones de este Consejo a tal nivel que si no lo llegaran a hacer, en conformidad al art. 2º de los Estatutos incurren en infracción, por lo cual, es este propio Consejo quien puede hacer la convocatoria.- 4º Que del análisis del art. 42 de los Estatutos de la Feum que fueran acompañados al recurso, efectivamente, como lo indican los recurridos, el Consejo de Presidentes es el Organismo que concita la representatividad del sentir propio de cada carrera de la UMAG y que entrega una visión representativa de la organización estudiantil y efectivamente la expresión de voluntad de este Consejo es vinculante u obligatoria para la Mesa Ejecutiva. Sin embargo, debe destacarse que la expresión de voluntad de un ente colegiado se debe expresar de la forma que lo señalen sus propios Estatutos, esto es, mediante acuerdos tomados en sesiones válidamente convocadas al efecto. Es decir, cualquier acuerdo que tome el Consejo de Presidentes y en general cualquier órgano colegiado, ya sea una Asamblea de socios, una Junta de Accionistas, etc., debe ser adoptado en sesión ordinaria o extraordinaria debidamente convocada al efecto, no constituyendo por ende, una manifestación de voluntad válidamente adoptada por el Consejo de Presidentes Estudiantil de la FEUM, la sumatoria de manifestaciones individuales de voluntad que cada uno de sus miembros manifiesten “fuera de sesión”, aun cuando dichas manifestaciones de voluntad individuales sean idénticas o unánimes entre todos sus miembros. Es decir, la voluntad de un órgano colegiado se manifiesta dentro de la Sesión respectiva que congregue al Consejo y no fuera de ella.- 5º Que así las cosas, se hace entonces necesario entrar a analizar si la sesión del “Consejo de Presidentes” del día 09 de septiembre de 2013, en que se acordó la remoción del recurrente de su cargo de Presidente de la Feum se convocó válidamente y si fue debidamente notificada al recurrente para que pudiera ejercer su derecho a defensa, ya que sólo una valida convocatoria podrá legitimar el actuar de este consejo en su acto de juzgamiento y de aplicación de sanciones como es aquella contra la cual reclama y exige protección el recurrente.

6º.- Que con los antecedentes aportados al recurso queda de manifiesto que la convocatoria a Sesión extraordinaria del Consejo de Presidentes Estudiantil de la Feum, es materia de competencia exclusiva de la Mesa Ejecutiva de la Federación, por así disponerlo el art. 48 de los Estatutos, el cual señala que será sesión extraordinaria “la convocada por la Mesa Ejecutiva de la FEUM, a través del Secretario General …”, agregando el art. 49 que la comunicación citando a sesión extraordinaria debe ser hecha por el Secretario General indicando en ella la fecha, hora y lugar de la sesión extraordinaria y la enunciación de los temas a tratar.

7º. Asimismo, es un hecho no controvertido y reconocido por los recurridos que la convocatoria no se hizo por la Mesa Ejecutiva de la FEUM, a través de su Secretaria General, sino por el recurrido don nombre reservado, quien sólo detentaba el cargo de Presidente del Centro de Estudiantes de la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación, quien habría contado, según sus dichos, con el respaldo de 13 representantes de diversas carreras que integran la Federación. Por ello, no puede sino concluirse que la convocatoria a Sesión Extraordinaria del Consejo de Presidentes en que se realizó el juzgamiento del recurrente adolece de ilegalidad.

8º Que aun así, si hipotéticamente se estimara que para celebrar una sesión extraordinaria del Consejo de Presidentes, como fue la llevada a cabo el 09 de septiembre de 2013, y que es objetada por el recurrente, bastaba tan sólo con el acuerdo en tal sentido adoptado por el propio Consejo, en tal caso debe llamarse la atención que, de los antecedentes allegados al recurso, no consta dicho acuerdo en acta de sesión alguna y menos en el acta de la sesión ordinaria de fecha 06 de septiembre de 2013, a la que los recurridos le dan la fuerzas de haber validado la convocatoria a la sesión extraordinaria en que se adoptó la medida de remoción del recurrente de su cargo de presidente de la Feum. En efecto, los recurridos acompañaron a fojas 21 de este recurso copia simple de lo que sería el acta de la sesión ordinaria del 06 de septiembre de 2013, sin embargo, esta Corte no puede otorgarle mayor valor pues no aparece firmada por ninguno de los que se indica que asistieron a ella, ni aparece rubricada por la persona encargada de su redacción como es la Secretaria General, ni por persona alguna, tratándose a todas luces de un simple borrador. No obstante ello, aun cuando se le diera valor probatorio a esta sesión del 06 de septiembre ya aludida, lo que por cierto esta Corte no le reconoce, y se estimara que lo contenido en el acta de ella que se acompañó al recurso es fiel reflejo de la realidad, de todos modos queda en evidencia la ilegalidad de la convocatoria pues no consta en ella acuerdo alguno tomado por dicho consejo en orden a citar a Sesión Extraordinaria de juzgamiento para el 09 de septiembre de 2013, y como ya se ha dicho, los acuerdos del Consejo de Presidentes deben adoptarse dentro de la sesión y no fuera de ella.- 9º De lo dicho, queda entonces de manifiesto que la sesión del Consejo de Presidentes en que se decidió juzgar al recurrente adolece de ilegalidad por no haberse convocado con las formalidades que exige la ley (en este caso, con las formalidades que exigían los Estatutos que es una ley para las partes) y en consecuencia, al haber sesionado dicho Consejo en tal forma, queda de manifiesto que se constituyó en una comisión especial de juzgamiento, toda vez todo órgano que administre justicia requiere de una “instalación previa” en conformidad a la ley, pues si no se procede a su válida instalación, adolece no sólo de falta de competencia sino de falta de jurisdicción; y en el caso puntual, la instalación de este Consejo de Presidentes para los efectos de realizar el juzgamiento del recurrente adolece de total falta de validez por las razones ya dichas, todo lo cual llevará a acoger el recurso de protección.

10º Que a mayor abundamiento, debe destacarse que la Constitución Política de la República, dispone que nadie puede ser “JUZGADO” por comisiones especiales, lo cual obliga a analizar el acto de juzgar, en el cual todo órgano que ejerza funciones jurisdiccionales, debe respetar las normas mínimas del debido proceso para realizar válidamente un juzgamiento. En efecto, la Comisión Constituyente que redactó nuestra Carta Fundamental, fue de la idea de dejar constancia en actas (SesiónNº103, pags. 19 y 20), de los requisitos mínimos que debía cumplir un debido proceso que concluye con el juzgamiento, a saber: A) OPORTUNO CONOCIMIENTO DE LA ACCIÓN. Es decir, conocer por parte del acusado con una razonable y debida anticipación los cargos que se formulan en su contra; B) ADECUADA DEFENSA. Es decir, el derecho de ser oído; y C) POSIBILIDAD DE PRODUCIR A PRUEBA QUE CORRESPONDA. Del análisis de los antecedentes aportados al recurso queda de manifiesto que ninguno de estos tres requisitos se produjo en la especie. Por cierto, si bien los recurridos indican que le entregaron al recurrente la citación pertinente para la sesión en que se discutiría su destitución, no se acompañó a este recurso copia de dicha citación; no consta que esta citación la haya recibido personalmente el recurrente; y no consta que en dicha citación se hayan señalado los cargos que se le formulaban. De hecho, en lo que pareciera ser un borrador de acta de fecha 06 de septiembre de 2013, que rola a fojas 21 y siguiente, se indica en su punto cuarto que lo que se especifica en la citación es solamente la tabla a tratar, pero nada se indica en orden a si en ella se contenían los cargos que se le formulaban al recurrente; asimismo, el plazo existente entre la fecha de la supuesta citación y la sesión extraordinaria donde se trataría la remoción aparece como insuficiente para desarrollar una adecuada defensa, más aun si se ignoraban los cargos formulados. Asimismo, queda de manifiesto del acta de la sesión extraordinaria del 09 de septiembre de 2013, acompañada por recurrente y recurridos, que este punto en específico (derecho a defensa) fue materia de debate al interior de ella, generando la observación de dos miembros del Consejo quienes repararon: a) en la importancia de otorgarle la posibilidad de ejercer este derecho al recurrente; y b) en el hecho que esta sesión sólo podía servir para darle a conocer al recurrente la sanción “solicitada”; y por último, tampoco se encuentra acreditado en forma alguna en el recurso que se le haya otorgado al recurrente posibilidad de rendir prueba fijándosele un término para ello.- Es decir, en definitiva, nos encontramos en el caso de autos ante una iniciativa tomada por “al parecer” trece representantes de diversos centros de alumnos, adoptada al margen o fuera de una Sesión de Consejo de Presidentes, en orden a discutir en una sesión posterior, la destitución del recurrente de su Cargo de Presidente de la Feum, sin previamente haber abierto un sumario o investigación en la cual se le hubiese tomado declaración al recurrido y se hubiere recabado la prueba inculpatoria. Es decir, el proceso en el cual se juzgó al recurrente consistió en una simple recolección de firmas de al parecer 13 representantes de diversos centros de alumnos, recolección hecha fuera de sesión, ocasión en que se decidió hacer un consejo sui generis en el que se procedió a su destitución del cargo ya aludido, lo que ciertamente repugna a los principios que inspiran un debido proceso, lo que hace a mayor abundamiento que el Consejo de Presidentes que sesionó y sancionó el día 09 de septiembre de 2013, se haya constituido, para los efectos de JUZGAR, en una comisión especial.- En efecto, siguiendo en este punto al profesor Eduardo Soto Kloss, en su obra “El Recurso de Protección, Orígenes, Doctrina y Jurisprudencia, Editorial Jurídica de Chile, el acto de juzgar debe ser analizado desde su punto de vista sustancial y en torno a ello, el constituyente otorga la acción de protección no a todo el ámbito de los derechos que implica el debido proceso, sino tan solo a uno de sus aspectos, esto es al ser juzgado por un tribunal, y no por una “comisión especial”. Ser “juzgado”, en esta perspectiva, implica que quien realice el acto de juzgar cumpla con los dos requisitos básicos que en todo ordenamiento jurídico civilizado se exige a todo juzgador, a todo órgano que decida sobre conductas de terceros y habilitado para ello previamente por el ordenamiento: a saber, que sea independiente, y que sea imparcial.

Y estas exigencias –independencia frente al juzgado, e imparcialidad respecto tanto a lo juzgado como a la persona que es juzgada- se encuentran tan íntimamente entrelazadas que la inexistencia de una conlleva la inexistencia de la otra: quien carece de independencia difícilmente, por no decir imposible, tendrá imparcialidad para decidir, y quien carezca de imparcialidad, por tener por ejemplo, un interés en el asunto, no podrá tampoco tener independencia.

Pues bien, esta garantía de “no ser juzgado por comisiones especiales”, debe entenderse en toda la amplitud que de suyo ella implica, haciéndola jugar cada vez que quien decide sobre situaciones de terceros –en cuanto órgano habilitado para ello por la Constitución o las leyes- afectando sus situaciones jurídicas, carece de los requisitos más mínimos para juzgar (o sea decidir respecto de hechos, conductas o comportamientos de esos terceros) por carecer de la independencia e imparcialidad requeridas para desempeñar esa función. Y es que el carecer un órgano de esos atributos lo convierte ipso facto en una “comisión especial”, y , por ende, queda legitimado el afectado para recurrir de protección de amparo de sus derechos, pues derecho fundamental –reconocido por el constituyente y protegido procesalmente en su legitimo ejercicio- es que “nadie puede ser juzgado por comisiones especiales”.

11º De lo dicho y del examen de los antecedentes acompañados al recurso, queda en evidencia la falta de independencia y de imparcialidad que inspiró a los recurridos y a la mayoría de los miembros que votaron la sanción en contra del recurrente, toda vez que precisamente quienes decidieron celebrar la sesión extraordinaria en que se sancionó al recurrente fueron los mismos que votaron por su destitución, quedando de manifiesto que los mismos juzgadores hicieron todo lo necesario para que el recurrente no pudiera ejercer su derecho a defensa, al no informarle de los cargos que se le imputaban y al no disponer un sumario previo o investigación previa, hechos que evidencias esta falta de independencia y de imparcialidad.- 12º Que en consecuencia, por haberse infringido la garantía contemplada en el artículo 19 número 3 inciso 5º de la Constitución Política de la República, corresponde acoger este recurso y tomar las medidas necesarias a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido;

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 Nº3 inciso 5º y 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se hace lugar y SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, y en consecuencia, se deja sin efecto la sanción cursada en su contra de remoción del cargo de Presidente de la Federación de Estudiantes de de la Universidad de Magallanes acordada en sesión de Centro de Presidentes Estudiantil celebrada el 09 de septiembre de 2013.

Regístrese, comuníquese a los recurridos y a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes y archívese, si no se apelare.

Redacción del Abogado Integrante don Jorge Plaza Oviedo.

Rol Nº454-2013 Protección.-