nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

Punta Arenas, diecinueve de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece ante esta Corte de Pablo Daniel Peñaloza Parra abogado e interpone acción de protección en favor de nombre reservado, empleado, de nacionalidad colombiana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región De Magallanes Y La Antártica Chilena en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representado por don nombre reservado, con domicilio domicilio reservado, Región Metropolitana por el acto que califica de ilegal y arbitrario de fecha 08 de enero de 2026, que Rechaza la Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero.

Expone que el recurrente, empleado, de nacionalidad colombiana, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones MODELO, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156.

Hace presente que ha mantenido relaciones laborales con distintas empresas en su estadía en Chile, ejerciendo diversas funciones como se acredita en los diversos contratos de trabajo y anexos.

Agrega que al realizar esta petición fue asesorado por la misma institución, indicándole que cumplía con todos los requisitos y tal documentación que se acompaña y que ahora se exige nuevamente, cumple con todas las formalidades necesarias para que su solicitud avanzara, invitándolo a formalizar su petición, siendo el caso ahora, que bajo so pretexto, el certificado debe contener en su redacción las palabras “a todo evento” para que produzca el efecto deseado, lo que considera una obstaculización de su proceso para evitar pueda retirar los fondos de esta institución, colocando una traba con la exigencia que no afecta al fondo en sí, sino de mera formalidad.

Entiende que la actitud caprichosa por la parte recurrida vulnera el derecho a la igualdad consagrada en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política Nacional, dándole un trato desigual y discriminado al colocar una traba con la sola intención de no darle curso a su solicitud.

Solicita, se ordene a la recurrida que reconozca como válido el certificado de afiliación del país de origen suministrado, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña, notificación Rechazo Devolución Fondos Técnico Extranjero, cédula de identidad para extranjeros, título profesional apostillado, contrato de trabajo y anexo de contrato de trabajo y certificación Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., apostillada.

Informa Rodrigo Montero Atria, abogado en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, solicita el rechazo de la acción con costas.

Reconoce que el recurrente presentó una solicitud de devolución de sus fondos previsionales, pretendiendo ampararse en la exención establecida para trabajadores técnicos extranjeros en la Ley N°18.156, por las cotizaciones previsionales enteradas a su nombre por el empleador SOC COM Y TURISTICA UBUNTU PATAGONIA SPA, RUT RUT reservado

Indica, que en virtud de los antecedentes aportados por la recurrente, se realizó el análisis de todos los documentos presentados con el objeto de determinar si se daba cumplimiento a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, ente regulador de su representada.

Tras el análisis de los antecedentes, se dio respuesta a la solicitud de la recurrente y se rechazó debido a que el recurrente no acompañó una constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Además, en el caso de la cobertura por enfermedad no se acreditó que esta fuera integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias. Sumado a ello, se verificó que la recurrente no manifestó la voluntad de mantener su afiliación a un régimen previsional o de seguridad social cuando la relación laboral se encontraba vigente.

Entiende que no se ha obstaculizado en forma alguna el proceso ni realizado una interpretación arbitraria de la norma, muy por el contrario. Su representada ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y el espíritu de la norma que para que proceda la devolución de fondos, es menester que se reúnan todos los requisitos.

Agrega que no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, al contrario, ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa.

Refiere que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, rechazó el recurso de protección respecto a la misma materia, tal como consta en fallo de dictado en causa Rol Libro Protección – 360 – 2024, la cual fue confirmada por la Excelentísima Corte Suprema con fecha 04 de abril de 2025 mediante sentencia en causa Rol Civil / 57219 – 2024.

Acompaña, copia de escritura pública donde consta la estructura de poderes de AFP Modelo, de fecha 16 de marzo de 2023, Repertorio 11304- 2023, de la Notaría de doña nombre reservado y documentación solicitud de retiro de fondos Ley 18.156 Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario el recurrente lo hace consistir en el rechazo de la recurrida respecto a su solicitud de devolución de fondos previsionales de acuerdo a la ley N°18.156.

CUARTO: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo, preceptúa: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

QUINTO: Que, por lo demás, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme con N°7 del artículo 47 de la ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la ley N°18.156.

Entre ellas, y en lo pertinente al arbitrio en estudio, mediante el Oficio N°21.480 de 20 de septiembre de 2017, ha señalado la obligación de acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado para acreditar la cobertura en el extranjero.

El Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en el Libro II, Título XI, indica textualmente que el cumplimiento del requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, “debidamente legalizada”.

Lo anterior, en concordancia con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, que establecen la necesidad de legalización o apostilla para los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile y que deban producir efectos en el territorio nacional.

SEXTO: Que, de la comunicación recurrida se colige que los motivos del rechazo fueron dos, a saber:

1° Por no cumplir la letra a) del artículo 1° la referida ley, toda vez que las coberturas otorgadas por el sistema previsional del país de origen no son a todo evento y, 2° Por el anexo de contrato con el empleador Sociedad Comercial y Turística UBUNTU Patagonia SPA, no cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, toda vez que, fue suscrito con fecha 14 de noviembre de 2025, es decir, cuando la relación laboral ya no se encontraba vigente.

SÉPTIMO: Que, en relación a los motivos de rechazo, no cumplir con los requisitos establecidos en la ley N°18.156, sobre las coberturas otorgadas por el sistema previsional del país de origen, cabe hacer presente que la recurrente acompañó un certificado de afiliación de fecha 10 de noviembre de 2025, debidamente apostillado, el que si bien da cuenta que se encuentra afecta al sistema de previsional colombiano, Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. desde el 31 de agosto de 2018, las coberturas que otorga por causa de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, no son a todo evento.

En efecto, tal como señala la recurrida, respecto a la prestación de enfermedad, el documento no señala las prestaciones médicas y pecuniarias que se otorgan, por ende, no consta que la prestación por salud sea integral.

OCTAVO: Que, así las cosas, a través de dicho documento la recurrente no logró acreditar que ha dado cumplimiento a lo dispuesto en artículo 1° letra a) de la Ley 18.156, toda vez que si bien se constata que se encuentra afiliada a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, específicamente, en Colombia, lo cierto es que las prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, tienen limitaciones.

NOVENO: Que, en consecuencia, no se constata por esta Corte que el actuar de la recurrida sea ilegal o arbitrario, por cuanto su accionar encuentra sustento en la ley y, a los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la Administradora recurrida, lo que descarta cualquier vicio de ilegalidad o arbitrariedad, ajustándose su procedimiento al fijado en la Ley N°18.156, motivo bastante para desestimar el recurso de protección, que se examina, al no existir, en la práctica, actuación alguna que deba ser corregida por este medio, mas si se considera que el anexo de contrato con el empleador, fue suscrito con fecha 14 de noviembre de 2025, es decir, cuando la relación laboral ya no se encontraba vigente.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Suplente Sra. Berta Roxana Salgado Salamé.

ROL Nº45-2026.PROTECCIÓN.