nombre reservado CONTRA nombre reservado

Punta Arenas, veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece el abogado don ROBINSON ANDRES QUELÍN ÁLVAREZ, en representación de CRIADERO BALDUR MAGALLANES SPA. RUT NºRUT reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, RUT NºRUT reservado, chilena, empleada, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de doña nombre reservado, RUT NºRUT reservado.

Funda su acción en que su favorecida es la representante legal de CRIADERO BALDUR MAGALLANES SPA y en tal calidad pide amparo constitucional toda vez que estima un actuar arbitrario e ilegal en las conductas y acciones desplegadas hasta la fecha de interposición de la presente acción constitucional por la recurrida, quien ha vulnerado de manera grave con los derechos fundamentales que ampara la Carta Magna. La ubicación de la recurrente se encuentra ubicada en Pampa Redonda Lote 15-3, comuna de Punta Arenas.

Agrega que la recurrida de autos, a través de la Plataforma Instagram, con fecha sábado 17 de agosto de 2024, publicó el siguiente texto:

“Me da un poco de vergüenza compartir esto, pero siento que necesito hacerlo.

Hoy nos atacaron los perros de mi vecina, quien lucra con sus animales en la cuenta nombre reservado que comparto en las fotos de más abajo, ella reproduce a sus perros y los vende, además de funcionar como guardería perruna, la cual desconozco si cuenta con permisos legales (lo dudo), trabaja con la raza “Golden Retriever”, una raza amigable y tranquila; sin embargo, los perros que se encuentran bajo su responsabilidad, son MUY VIOLENTOS, y no se encuentran en condiciones óptimas puesto que permanecen encerrados, razón por la cual están estresados lo que origina dicha violencia, todo culpa de los dueños.

Hago un llamado a todos los amantes de los animales a no confiar en estas personas, hoy casi matan a mi perrita Kira por segunda vez, ellos se encuentran ubicados en prolongación Enrique Abello, lote 105, ❌ESTE NO ES UN LUGAR SEGURO PARA TU MASCOTA❌ Cómo pueden observar en el video, ingresó su Jauría de Golden a mi domicilio y tuve que salir a socorrer a mi perrita, para evitar un desenlace fatal, lo que me provocó lesiones de carácter leve por suerte, lamentablemente Kira se encuentra muy mal herida y bajo observación por un posible daño renal.

Las denuncias están realizadas en las instituciones correspondientes, FAVOR COMPARTIR”.

Expone que La referida publicación se convirtió en viral, por las veces que fue compartida a través de las redes sociales, y es por ello por lo que el Diario El Pingüino publicó la nota que aparece en el link que indica.

Indica que el CRIADERO BALDUR MAGALLANES SPA. es una empresa especializada en SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO, GUARDERIA, PELUQUERIA, PASEO DE MASCOTAS (EXCEPTO ACT. VETERINARIAS); que fue creada y fundada el 18/10/2021, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una sociedad por acciones.

Señala que la recurrida ha realizado una serie de actos que tienen por objeto afectar y degradar el buen nombre que tiene CRIADERO BALDUR MAGALLANES SPA y de su representante legal nombre reservado, puesto que, ha realizado publicaciones que no se condicen con la realidad, siembra la duda respecto de la existencia de “permisos legales” para realizar su actividad, y lo pone en duda, haciendo decaer el crédito que tiene mi parte en personas que dejan al cuidado de sus mascotas al CRIADERO BALDUR MAGALLANES SPA, y mancillando su buen nombre, lo que causa grave perjuicio en sus derechos fundamentales; que las publicaciones realizadas por la recurrente para desprestigiar a las recurrentes, en las que solicita compartir su publicación, y así generar mayor impacto en la ciudadanía, ha generado una grave afectación a la Sra. nombre reservado, puesto que, ningún hecho señalado en su publicación se podrá acreditar de la forma como lo expone a través de redes sociales.

Expone que como consecuencia de la denominada FUNA, su representada ha sido víctima de innumerables comentarios deshonrosos, descalificatorios, abiertamente amenazantes, denigratorios, mensajes que ha recibido a través de redes sociales a través de la página de Facebook que tiene la recurrente de autos; que la recurrente también ha recibido mensajes como los indicados en el párrafo anterior a través de WhatsApp, a través de mensajes directos de Instagram, y a través de llamadas anónimas, todo como consecuencia de la publicación arbitraria e ilegal que la recurrida ha realizado.

Explica que la recurrente cuenta con los más altos estándares en la comuna de Punta Arenas, y en la Región de Magallanes, en el cuidado de mascotas, donde cuentan con amplios espacios para el resguardo de animales, sectorizados, de acuerdo a las características de las mascotas, quienes disponen de personas capacitadas para el cuidado, con asesoría médico veterinaria constante, permanente, con servicio de urgencia de llamada ante cualquier evento que pueda ocurrir dentro del recinto; que el nombre reservado, cuenta con un sistema de vigilancia a través de monitoreo de cámaras de seguridad de la más alta tecnología que tiene como objetivo que, cualquier usuario pueda verificar online de las actividades que se encuentran desarrollando sus mascotas.

Agrega que la recurrida comete por acción actos ilegales y arbitrarios poniendo en duda sobre el funcionamiento de las recurrentes, poniendo en duda sobre la legalidad de la actividad económica, acerca de la existencia de comisión de delitos respecto del Maltrato Animal, lo que hace sin asidero ni fundamento alguno, y tergiversando los hechos que, fueron motivo de aclaración por parte de la recurrente a través de su página de Facebook, en los términos que cita.

Expone que en esta presentación se acompaña una serie de documentos que dan cuenta del actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, puesto que, las recurrentes cuentan con todos y cada uno de los requisitos que exige la ley, así con todo, personal del Departamento de Inspección de la I. Municipalidad de Punta Arenas, realizó una inspección en terreno del lugar,solicitando se acompañen los antecedentes al Departamento de Tenencia Responsable del Municipio; que se constituyó en el lugar in-situ personal fiscalizador de la Seremi de Salud de Magallanes, quienes en el ámbito de sus competencias, y por el revuelo causado a través de las redes sociales se dirigieron al lugar donde opera el nombre reservado, quienes levantaron el acta respectiva que acompaña.

Estima que son ilegales las acciones desplegadas por la recurrida puesto que, en caso alguno tiene el derecho de realizar actos que degraden la honra de una persona jurídica y/o natural, menos puede realizar funas (lo que se ha denominado como actos de desagravio, denigratorios, autotutela), indicando hechos falsos o inexactos, y también especular que las recurrentes carecen de las autorizaciones legales para su funcionamiento, puesto que, el organismo competente por ley en su acta de inspección, la SEREMI DE SALUD DE MAGALLANES, constató que el nombre reservado cuenta con todas las autorizaciones correspondientes, y que no se observa infracción de ley, mismos antecedentes fueron acompañados al DEPARTAMENTO DE TENENCIA RESPONSABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS; que fluye de los documentos expedidos por la SEREMÍA DE SALUD DE MAGALLANES Y DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES que, las recurrentes cuentan con todas las exigencias legales para desarrollar la actividad de criadero, siendo aquella una actividad lícita.

Indica que la doctrina nacional ha sido prácticamente unánime en definir arbitrario como aquello que carece de fundamento racional o que se funda en el mero capricho, y más extensamente corresponde a la “falta de fundamento racional de un acto, cuando el acto se desarrolla por mero capricho, cuando hay falta de proporcionalidad entre el fin y los medios que se utilizan, cuando hay falta de hechos que justifiquen un proceder” y que no cabe la menor duda que el acto denunciado constituye un acto arbitrario, toda vez que, la sola publicación de hechos no correspondientes con la verdad ni realidad deviene en arbitrario, acciones en que se acusa a la recurrente que estaría cometiendo un delito “Maltrato Animal” y que sus actuaciones no se ajustan a la ley, lo que es falso.

Estima como garantía fundamental lesionada, en primer lugar la contenida en el artículo 19 N°1 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, ESTO ES, “EL DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA DE LA PERSONA”; que la Carta Fundamental protege este derecho, inherente a la persona humana y con carácter de personalísimo, prohibiéndose toda acción u omisión ilegal y/o arbitraria que ponga en riesgo el ejercicio, o amenace el libre ejercicio del mismo; que las acciones de “desprestigio” y de la imputación de delitos falsos, constituye a priori, una afectación a la integridad psíquica de la persona de la representante legal de CRIADERO BALDUR MAGALLANES SPA. y su familia, puesto que, CRIADERO BALDUR MAGALLANES SPA. es una pequeña empresa familiar, en la que los miembros de la familia son quienes trabajan en ella, soportando como consecuencia del actuar ilegal y arbitrario de la recurrida del cuestionamiento de las actividades que realiza la recurrente, que se traduce afectación emocional, estrés, ansiedad, angustia y desasosiego respecto de la forma que han tenido que abordar las aclaraciones de lo inverosímil de las afirmaciones realizadas por la recurrida y agrega que durante la tramitación de esta acción constitucional se acompañarán antecedentes de salud que puedan dar crédito de la gran afectación psíquica de la Sra. nombre reservado, por las acusaciones sin fundamento realizadas por la recurrida.

Por otra parte, considera afectada la garantía constitucional del artículo 19 Nº4 del mismo cuerpo legal citado consistente en “EL RESPETO Y PROTECCIÓN A LA VIDA PRIVADA Y A LA HONRA DE LA PERSONA Y SU FAMILIA” e indica que el acto ilegal y arbitrario ya indicado genera graves consecuencias en el buen nombre de la empresa CRIADERO BALDUR MAGALLANES SPA y que su favorecida y su grupo familiar, a la fecha actual no pueden desarrollar adecuadamente sus actividades personales y familiares tanto en el hogar común como en sus lugares de trabajo, por el sinnúmero de acusaciones recibidas por distintos medios, tanto sea por mensajes de WhatsApp, redes sociales, llamadas telefónicas, etc; que debe sumarse a ello que, en caso alguno la recurrida está facultada ni tiene derecho a proferir comentarios injuriosos respecto de la recurrente, o a referirse a la Sra. nombre reservado ni a su familia en términos ofensivos, y delictivos; que esta situación resulta aún más lesiva en la medida que tanto familiares de mi favorecida, así como también los amigos y clientes, tienen conocimiento de los referidos mensajes, y deben soportar los comentarios deshonrosos y actitudes hostiles antes indicados.

Expone que el artículo 20 de la Carta Fundamental no limita la procedencia de la acción de protección ni la restringe por existir otras vías jurisdiccionales posibles en que pueda resolverse la cuestión planteada; que, por el contrario, la norma constitucional citada admite expresamente esta acción cautelar y de emergencia en todos los casos de vulneración de los derechos fundamentales que indica, al expresar que su ejercicio es sin perjuicio de los otros derechos que (el recurrente) pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes; que, por otro lado, siendo el fin de la acción en comento, ante la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de tales derechos, restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, esto es, únicamente retrotraer las cosas al estado anterior a dicha vulneración (sin perjuicio de lo que se pudiera resolver en un juicio declarativo posterior), no puede pretenderse que sea precisamente quien ha sido privado, perturbado o amenazado en el ejercicio de aquellos, quien deba iniciar acciones en juicios de lato conocimiento y renuncie a la protección de sus derechos y la restitución del statu quo que la Constitución le ofrece; tanto más cuanto que el derecho que invoca el recurrente emana de una relación contractual cuya validez no ha sido controvertida, por lo que concurre una presunción grave de su existencia que con mayor razón permite la procedencia de la acción de protección; que justamente su propósito es proteger derechos ante actos de autotutela, unilaterales o de facto, toda vez que en tales situaciones el agravio se manifiesta claramente y no requiere de una etapa de discusión, prueba y ponderación extensa. De lo que fluye que y atendido a que por su naturaleza las sentencias dictadas en ese tipo de acciones no dan origen a la excepción de cosa juzgada material o substancial una vez resuelta en esta sede la protección urgente que se solicita, podrán ejercerse las acciones declarativas que procedan y por quien corresponda.

Termina solicitando se acoja el presente recurso en todas sus partes, y se resuelva: 1) Que se declare ilegal y arbitrario el acto de la recurrida, las que las hace consistir en la FUNA planteada a partir de la publicación en la red social Instagram; 2) Que se ordene la adopción de todas las medidas necesarias conducentes a la protección y efectiva tutela de las garantías constitucionales lesionadas o amenazadas en su ejercicio por el acto ilegal y arbitrario reclamado en autos, conducentes a restablecer el imperio del derecho en la situación fáctica alegada. Entre estas medidas, se incluyen las siguientes: a) Disponer a la recurrida eliminar la referida publicación a través de la red social Instagram, y de abstenerse de realizar cualquier tipo de comentario, publicación, mensaje o comunicación a través de cualquier medio, tanto sea telefónico, correo electrónico, o por cualquier medio, sobre las actividades que realiza CRIADERO BALDUR MAGALLANES SPA, incluso a través de redes sociales, y ordene que se retire toda publicación vinculada a partir de la realizada en la red social Instagram en la dirección electrónica que indica; b) Que se ordene que, el Diario el Pingüino retire la publicación realizada en sus medios electrónicos, tanto a través de la página web, Instagram, Facebook, y todos los medios de la plataforma multimedia, según que el link que señala; c) En subsidio, ordenar a la recurrida que, sus mascotas, se encuentren en completo resguardo, sin que tengan acceso a la vía pública o en otros predios colindantes, toda vez que, el inmueble de la recurrida no cuenta con cercos y sus animales, se encuentran fuera de los límites de su domicilio, lo que ciertamente constituyen un grave riesgo para la salud pública; d) En subsidio, adoptar todas y cada una de las medidas que en concepto de esta Corte sean de mérito, considerando la documental que se acompaña, los hechos expuestos en el cuerpo de esta presentación y los antecedentes que se aportarán durante la tramitación de estos autos; y 3).- Que se condena a la recurrida al pago de las costas de la causa.

Informa por la recurrida la abogada doña CAMILA BELÉN HERMOSILLA VARGAS, quien solicita el rechazo del Recurso de Protección, con costas.

Funda su solicitud en que la recurrente ha comparecido en estos autos deduciendo una acción de protección en contra de su representada doña nombre reservado, por una publicación hecha con fecha 17 de agosto del presente año, consistente en un video tomado desde la cámara de seguridad del domicilio de la recurrida en el que una jauría de 9 perros, 6 de ellos de raza Golden Retriever, ingresan a su domicilio y atacan en conjunto a los canes de su representada, resultando también herida la recurrida con lesiones menos graves consistentes en mordeduras en sus manos y antebrazo izquierdo, según consta en parte de denuncia N°2.535 de fecha 17 de agosto de 2024, que acompaña en un otrosí de esta presentación.

Luego de citar la publicación denunciada expone que la recurrente atribuye el comportamiento de terceras personas en su representada, cuestión que sería desconocer el sentido natural y obvio del libre albedrío que radica en las personas; que también se esboza en el recurso interpuesto, la responsabilidad de su mi representada sobre una publicación hecha en el medio de comunicación regional “Diario el pingüino”, que realizó una nota respecto del suceso denunciado, el que se hizo ampliamente viral. En este aspecto es necesario señalar que se trata de un medio de comunicación independiente, en cuya línea editorial y toma de decisión de las publicaciones son totalmente independientes de la recurrida de estos autos; que, en síntesis, el recurso señala en reiteradas oportunidades que tales publicaciones son degradantes para la honra de la recurrente, que se profirieron comentarios injuriosos, o que se le imputan falsamente delitos de maltrato animal, intentando justificar por todos los medios la legalidad de la actividad económica que ésta ejerce.

Señala que es del caso señalar que la actora indica en su libelo que la publicación de fecha 17 de agosto del presente año sería ilegal por vulnerar lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 19.733; que el artículo señalado por la recurrente no establece un disposición mandatoria o prohibitiva, sino que establece un derecho en favor de las personas, que consiste en que: “Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que se establecen en los artículos siguientes, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida”. En este argumento podemos encontrar los siguientes errores: 1.- El primero es que este derecho opera de forma “ex post”, ante una publicación emitida por un medio de comunicación social, es decir, cuando ya ha existido vulneración de un derecho contenido en otra norma, que no explica el recurso de protección; 2.- Que para “infringir” la disposición citada por la actora, la publicación debe ser realizada por un medio de comunicación social, que la propia ley define en su artículo 2°: “Para todos los efectos legales, son medios de comunicación social aquellos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados al público, cualesquiera sea el soporte o instrumento utilizado”, no siendo aplicable para un perfil de instagram precisamente por no cumplir con el requisito de estabilidad y periodicidad de las publicaciones, 3.- Que el afectado debe ser “injustamente” aludido para hacer uso del derecho invocado por la recurrente, no obstante los hechos contenidos en la publicación denunciada han sido objeto de denuncia ante las autoridades pertinentes, encontrándose en curso el correspondiente procedimiento criminal.

Expone que, en relación al último punto, es del caso señalar que los hechos de la publicación fueron objeto de denuncia ante Carabineros de Chile, según parte policial N°2.535 de fecha 17 de agosto de 2024, donde la recurrida ocurre ante la autoridad en calidad de víctima, que a esta denuncia le sigue una investigación por parte del Ministerio Público, siéndole asignado un número de RUC que corresponde al 2400968681-5, y que es judicializado a propósito de un requerimiento del fiscal de procedimiento monitorio, radicado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas bajo el Rol Ordinaria-2.567-2024. Por sentencia de fecha 29 de agosto del presente año, la recurrente es condenada al pago de una multa de 4 UTM, que es suspendida por seis meses con motivos de concurrir antecedentes favorables, no obstante la misma resolución, si bien aún no se encuentra firme, reconoce que existe mérito suficiente para la imposición de la pena. Así las cosas SSI. no existiría una injusta alusión en un medio de comunicación que afecte los derechos de la recurrente en la publicación, y que de haber sido así, el recurso de protección no sería la vía idónea.

En cuanto a las supuestas vulneraciones a la vida privada, sustentadas de forma difusa en los derechos de la ley 19.628, señala que más allá de la razón social de la recurrente y de su domicilio social, no se han publicado datos que la propia ley determina como “sensibles”, de acuerdo al artículo 2° letra G, y que cualquier otro dato personal de la recurrente, pueden ser obtenido de fuente pública a través de su propio perfil de Facebook, por lo que no existe vulneraciones por parte de la recurrida en esta arista.

Agrega que dar cuenta de un hecho con connotación penal, informado por la propia víctima, no sólo es racional, sino que además está protegido por el derecho de libertad de opinión, que tiene consagración constitucional en el artículo 19 N°12 y como tal, cualquier restricción, sanción o limitación que se imponga a la información debe ser interpretada como restrictiva, por lo que una interpretación diferente sería una forma implícita de censura previa, debiendo prevalecer el derecho a la información, por sobre el el derecho al honor en hechos de relevancia pública.

Menciona que a lo largo de todo el texto del recurso interpuesto por la actora, se hace patente que esta acción constitucional no es la idónea para resolver la controversia planteada; que el presente recurso se hace expresa alusión a la imputación injusta de un hecho punible: “...La recurrida comete por acción actos ilegales y arbitrarios (...) acerca de la existencia de comisión de delitos respecto del Maltrato Animal, lo que hace sin asidero ni fundamento alguno (Página 7) (...) la imputación de delitos falsos, constituye a priori, una afectación a la integridad psíquica de la persona de la representante legal de CRIADERO BALDUR MAGALLANES SPA… (Página 14)”, lo que concuerda con lo dispuesto en el artículo 412 del Código Penal, sobre el delito de calumnias.

Añade que el recurso también señala que su representada profiere comentarios “injuriosos” respecto de la recurrente en su publicación, que de acuerdo al recurrente, también son objeto de tipificación penal, en el artículo 416 del Código Penal.

Expone que la recurrente se esmera en contrariar las expresiones de la publicación denunciada, justificándose en el estricto cumplimiento de las normas legales y reglamentarias para operar como criadero de canes, todas las cuales corresponden a discusiones de fondo del asunto, acerca de la veracidad o falsedad de los hechos de la publicación y que se busca determinar si éstas expresiones son injuriosas o calumniosas. De lo anterior se desprende que el recurrente resolver vía recurso de protección una situación que debe ser conocida por jueces de fondo con competencia criminal.

Indica que, no obstante alegar los agravios causados por la viralización de la publicación, según la recurrente, afectando su derecho a la vida privada y a la honra del criadero, resulta extraño que la actora no haya emplazado en el presente recurso al medio de comunicación “El Pingüino”, sobre todo, si dentro de sus pretensiones, se encuentra el solicitar la baja de la publicación señalada, algo que la recurrida, quien no tiene vínculo alguno con dicho medio, le es imposible de cumplir.

Finalmente, señala que habiendo ocurrido el ataque de la jauría de perros, descrito en la publicación, al interior del domicilio de la recurrida, resulta poco racional que la recurrente en su petitorio, solicite, en subsidio, que se ordene a la recurrida que sus mascotas se encuentren en completo resguardo “sin que tengan acceso a la vía pública o en otros predios colindantes, toda vez que, el inmueble de la recurrida no cuenta con cercos y sus animales, se encuentran fuera de los límites de su domicilio, lo que ciertamente constituyen un grave riesgo para la salud pública”, petición que considera impertinente por no aportar eventualmente a restaurar el imperio del derecho en cuanto a las supuestas vulneraciones a la honra y vida privada del recurrente ni tampoco soluciona el problema planteado de “grave riesgo para la salud pública”, pues los animales del criadero de la recurrente aún tendrían libre acceso a la vía pública para atacar a otras personas, pues tal como se señaló, fueron los animales de la recurrente quienes salieron del recinto e ingresaron al domicilio de mi representada para atacarla.

Encontrándose la causa en estado de ser vista, se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el recurrente, lo hace consistir en la publicación en la red social Instagram, de 17 de agosto de 2024, en el que la recurrida señala haber sido atacada los perros de su vecina y recurrente, señalando que esta última lucra con sus animales en la cuenta nombre reservado. En la misma publicación indica que la recurrente reproduce a sus perros y los vende, además de funcionar como guardería perruna, desconociendo y poniendo en duda que cuente con permisos legales. Se afirma también que los perros que se encuentran bajo la responsabilidad de la recurrente son muy violentos y no se encuentran en condiciones óptimas puesto que permanecen encerrados, lo que genera estrés y violencia en los animales, todo lo cual sería culpa de sus dueños.

TERCERO: Que, a su turno, la parte recurrida –en lo sustancial- reconoce las publicaciones efectuadas y agrega que los hechos de la publicación fueron objeto de denuncia ante Carabineros de Chile y de una causa radicada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas bajo el Rol O-2567-2024; en la que finalmente se impuso a la recurrente una multa de 4 UTM. Así las cosas, no existiría una injusta alusión en un medio de comunicación que afecte los derechos de la recurrente en la publicación, ya que dar cuenta de un hecho con connotación penal, informado por la propia víctima, no sólo es racional, sino que además está protegido por el derecho de libertad de opinión, que tiene consagración constitucional en el artículo 19 N°12 CUARTO: Que, la recurrente insertó en su libelo, copias de las publicaciones efectuadas por parte de la recurrida, donde se aprecia información que contiene la individualización de la recurrente e imputación de hechos ocurridos en agosto del presente año.

QUINTO: Que, la cuestión planteada por la recurrente dice relación con el derecho a la propia imagen y a la honra, que habrían sido vulneradas por la recurrida con las publicaciones en redes sociales de comentarios alusivos a su conducta, refiriéndose negativamente a su respecto.

SEXTO: Que, el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el respeto y protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia, y, asimismo, la protección de sus datos personales.

SEPTIMO: Que, el derecho a la propia imagen ha sido entendido por la Excelentísima Corte Suprema como: "Referido a una proyección física de la persona, que le imprime a ésta un sello de singularidad distintiva entre sus congéneres dentro del ámbito de la vida en sociedad y que, por consiguiente, constituye, junto con el nombre, un signo genuino de identificación de todo individuo. (C.S. Rol N° 2506-2009).

Asimismo, ha dicho que “tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en que su protección deviene procedente y encuadra en el artículo 19 n° 4 de la Constitución, por encontrarse implícitamente comprendida en el atributo de privacidad de la persona, que esa norma se encarga de tutelar, (C.S., Rol 9970-2015).

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha entendido que éste se encuentra conectado con la figura externa, corporal o física de la persona, la que por regla general no puede ser reproducida o utilizada sin la autorización de ésta (T.C. Rol N° 2454-13).

OCTAVO: Que, también el Tribunal Constitucional ha señalado que la expresión "respeto" del artículo 19 N°4 "implica la obligación de terceras personas de no interferir en el ámbito del valor y la conducta que protege el ordenamiento jurídico a través de las garantías constitucionales”. En cuanto al derecho a la privacidad, el mismo Tribunal señala que "es la situación de una persona en virtud de la cual se encuentra libre de intromisiones de agentes externos y ajenos a su interioridad física o psicológica y las relaciones que mantiene o tuvo con otros. Sin embargo, este derecho puede tener limitaciones legales por finalidades razonables, además de la intromisión estatal justificada en caso de realización de hechos delictivos”.

Por último, en lo que concerniente a la protección de la privacidad, el referido Tribunal ha señalado que la privacidad integra los derechos personalísimos o del patrimonio moral de cada individuo, los cuales emanan de la dignidad personal y son, por su cualidad de íntimos de cada sujeto, los más cercanos o próximos a esta característica, única y distintiva, del ser humano. Por tal razón, ellos merecen reconocimiento y protección categóricos tanto por la ley como por los actos de autoridad y las conductas de particulares o las estipulaciones celebradas entre éstos”. (nombre reservado, nombre reservado, "Recopilación de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 1981-2015", Cuadernos del Tribunal Constitucional, Núm. 59, año 2015, página 190 y siguientes).

NOVENO: Que, en el ámbito de la protección legal del derecho antes aludido, es menester señalar que la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, dispone, en su artículo 2 letra f), que son datos de carácter personal o datos personales: “los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables" y, en el literal g) del mismo precepto, que son datos sensibles: “aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual” y, en el mismo sentido, el artículo 4 de la antes citada ley, dispone expresamente que "El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello.

DÉCIMO: Que, de este modo, en estos autos se encuentra acreditado que la parte recurrida, utilizando su cuenta o perfil que mantiene en la red social Instagram efectuó publicaciones en un perfil de acceso público, entregando información sobre la actora que importa la perturbación a su derecho a la imagen y a la honra, consagrados en el número 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, prerrogativa que está incluida dentro de la enumeración que realiza el artículo de 20 del estatuto fundamental.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, acreditadas en los términos expuestos, las condiciones de procedencia de la acción cautelar deducida en autos, en lo que dice relación con el derecho a la imagen y a la honra de la recurrente, y considerando que la parte recurrida no negó la existencia de las publicaciones referidas, y que las alegaciones tendientes a justificar su actuar no son suficientes al tenor de lo expuesto, constituyendo un acto de autotutela, vedado por el derecho, máxime si se considera que ya había recibido amparo del derecho a través de la denuncia realizada y posterior condena hacia la recurrente por un Juez de Garantía de esta ciudad.

DUODOECIMO: Que conforme a lo razonado es posible concluir que se configura la arbitrariedad alegada y, conforme a lo anterior, corresponde acoger la acción cautelar intentada.

DECIMO TERCERO: Que, por otra parte, dado que el Diario El Pingüino no fue parte en el presente recurso no puede este Tribunal pronunciarse respecto de las peticiones hechas por la recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara:

I.- Que SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por don ROBINSON ANDRES QUELÍN ÁLVAREZ, en representación de CRIADERO BALDUR MAGALLANES SPA y de doña nombre reservado, solo en cuanto se ordena a la recurrida nombre reservado eliminar la publicación denunciada hecha en la red social Instagram, y abstenerse, en lo sucesivo, de realizar cualquier tipo de comentario, publicación, mensaje o comunicación a través de cualquier medio, tanto sea telefónico, correo electrónico, o por cualquier medio, sobre las actividades que realizan las recurrentes.

II.- Que se rechaza el recurso de protección en cuanto solicita se ordene al Diario el Pingüino retirar la publicación realizada al efecto en sus medios electrónicos.

III.- Que habiéndose acogido la solicitud principal, se omite pronunciamiento respecto de las peticiones subsidiarias contenidas en la parte petitoria del recurso de marras.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº 449-2024 PROTECCIÓN