nombre reservado con SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO

Punta Arenas, veintiuno de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones Jorge Vidal Ojeda, abogado e interpone acción de protección en representación de nombre reservado, médico veterinario, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en contra Servicio Agrícola Y Ganadero (SAG), rol único tributario N°61.308.000-7, representada legalmente por nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por acto arbitrario cristalizado en la resoluciones exentas N°257/2023 y N°295/2023 del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de nombre reservado, de fechas 15 de mayo y 5 de junio del presente.

Relata que su representado presta sus servicios para el SAG, como jefe de equipo de inspección oficial del Frigorífico Patagonia, desempeñándose al interior de este servicio público desde el año 2015. Sin embargo, el desarrollo de su carrera laboral se ha visto truncada por algunas vicisitudes que son de conocimiento del Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, según consta en la causa RIT T-5-2022.

Agrega que el día 1 de septiembre de 2022 se instruye una investigación sumaria en contra del recurrente, según consta en la Resolución Exenta N°436/2022 del Director Regional (S) del SAG Región de nombre reservado y que, posteriormente, es elevada a la calidad de sumario administrativo, con fecha 27 de octubre de 2022, conforme señala la Resolución Exenta N°530/2022 del mencionado jefe de servicio. Dichos procedimientos buscaban establecer la efectividad de las circunstancias de un presunto mal uso de licencias médicas por parte del señor nombre reservado.

Refiere que la etapa indagatoria de la investigación sumaria se desarrolló conforme a las normas establecidas para estos efectos, citando a declarar a su representado con fecha 25 de octubre de 2022. Empero, el día 27 de octubre del mismo año, a través de la resolución exenta N°530/2022 el director subrogante del servicio público recurrido eleva la mencionada investigación sumaria a sumario administrativo.

Luego de esto, sólo se recibió la declaración de otro funcionario del SAG de nombre reservado para, posteriormente, dar por cerrado el sumario administrativo, formulando cargos por contravenir el artículo 61 letra G) del Estatuto Administrativo; artículos 11 bis y 54 del Título III, Párrafo de la Ley N°18.575.

Sostiene que dichos cargos no fueron notificados al recurrente, cayendo en indefensión frente a este procedimiento, no pudiendo formular sus respectivos descargos. No obstante, la recurrida asevera, en el considerando 17° de la resolución exenta N°257/2023, que don nombre reservado habría sido notificado mediante carta certificado, mas dicha afirmación resulta ser una palmaria falta a la verdad, dado que él mismo, luego de darse por enterado de las resoluciones posteriores a través de correo electrónico, acudió a la oficina de correos para verificar la llegada de estas supuestas cartas certificadas, cuestión que, no era efectiva.

Pese a lo anterior, continuo el procedimiento que califica de viciado dando por acreditada la participación y responsabilidad administrativa de los hechos que se le imputaban. Finalmente, la fiscal propone al director regional del SAG la medida disciplinaria correspondiente a multa, que consta en los artículos 121 letra B) y 123 del Estatuto Administrativo, siendo acogida por el jefe de servicio y resolviéndose de esta manera en la ya mencionada resolución exenta N°257/2023, mandándose a notificar de forma personal o nuevamente mediante carta certificada.

Consecuencia de lo anterior y de esta nueva ausencia de emplazamiento al señor nombre reservado, se dicta la resolución exenta N°295/2023, mediante la cual se declara firme y ejecutoriada la resolución que resolvió aplicar la multa al recurrente. Es más, explicita que don nombre reservado se encontraría notificado tácitamente y por carta certificada según constaría en el expediente, al cual su parte no tuvo acceso alguno.

En atención a esta evidente falta al debido proceso, don nombre reservado no pudo presentar sus descargos en su oportunidad, ni mucho menos recurrir frente a este acto arbitrario emanado del director (s) del SAG Magallanes. Su representado toma noticia, tanto de la formulación de cargos como de las sanciones, contenidas en las resoluciones exentas N°257/2023 y N°295/2023, a través de correo electrónico, cuando los plazos para poder formular sus defensas ya se encontraban vencidos.

Aclara que no pretende revisar la decisión del SAG Magallanes, ni evaluar el mérito de las resoluciones adoptadas. Lo que se busca es que su representado sea juzgado en un proceso seguido con respeto a las garantías que consagra nuestra Constitución.

Entiende se han afectado con lo relatado la garantía constitucional del Derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, consagrado en el artículo 19 N°3 inciso cuarto de nuestra Constitución Política de la República, como también el Derecho a la igualdad ante la ley, dispuesto en el artículo 19 N°2 de nuestra Carta Magna.

Solicita se acoja la presente acción ordenando que:

1. Se deja sin efecto la resolución exenta N°257/223 del Director Regional (S) del SAG Magallanes y nombre reservado.

2. Se ordena retrotraer el sumario administrativo al estado previo a la formulación de cargos.

3. Toda otra medida que V.S.Iltma. considere pertinente para reestablecer el imperio del Derecho.

4. Se condena expresamente en costas a la recurrida.

Acompaña Resolución Exenta N°257/223 del Director Regional (S) del SAG Magallanes y nombre reservado, de fecha 15 de mayo de 2023 y Mandato judicial de fecha 3 de noviembre de 2022, otorgado en Notaría de don nombre reservado, repertorio N°326/2022.

Informa Jorge Alexis Haro Díaz, abogado, por la recurrida Servicio Agrícola y Ganadero de la Región De nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción.

Reconoce la existencia de la investigación sumaria contra el recurrente y el sumario administrativo con fecha 26 de diciembre de 2022, se formuló al recurrente, el siguiente cargo: “Realizar clases como docente en CFT Estatal nombre reservado, ubicado en domicilio reservado de la ciudad y comuna de Porvenir mientras estaba haciendo uso de licencias médicas N° 73399138-73739479-75270871 las que indican reposo total, entre el 27 de junio de 2022 y 24 de septiembre de 2022.” Lo señalado anteriormente, contraviene lo establecido en el artículo 61 letra g) DFL N° 29 de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo que establece : “serán obligaciones de cada funcionario… g) observar estrictamente el principio de probidad administrativa que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado”)” y lo establecido en el artículo 11 bis y 54 del Título III, Párrafo 1 de la Ley N°18.75, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado, en cuanto a la obligación de mantener una conducta funcionaria intachable en el desempeño del cargo, comportamiento que no solo constituye un sinónimo de honestidad, sino que alcanza a todas las actividades que un servidor realiza y que implica el deber de observar una vida privada acorde con la dignidad de la función.

Expone que el respectivo cargo fue notificado por carta certificada al recurrente, quien no formuló descargos dentro del plazo legal que tenía para ello.

Luego, por Resolución Exenta N° 257/2023,del Director Regional (S) de fecha 15 de mayo de 2023 se aplicó a don nombre reservado funcionario grado 13 EUR, contrata, médico veterinario de la oficina sectorial SAG Tierra del Fuego, la medida disciplinaria de Multa de un dieciséis por ciento de una remuneración mensual de conformidad a lo establecido en los artículos 121 letra b) y 123 de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por Decreto con Fuerza de Ley Nº 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda dejándose constancia de la multa impuesta en la hoja de vida del funcionario, mediante una anotación de demérito de cuatro puntos en el factor de calificación correspondiente.

La referida Resolución Exenta N°257/2023 fue notificada por carta certificada y tácitamente al recurrente, según consta a fs. 135 y 139 del respectivo expediente investigativo y sumarial, para que el sumariado ejerciera su derecho de recurrir en su contra, no obstante, este no dedujo dentro de plazo recurso alguno, por lo que dicha resolución quedó firme y ejecutoriada.

En consecuencia se procedió a dictar la Resolución Exenta N° 295/2023 del Director Regional (S) de fecha de 05 de junio de 2023 , acto administrativo sujeto a Registro de la Contraloría General de la República, por el que así se afinó este proceso sumarial aplicándose a don nombre reservado la medida disciplinaria referida.

Además, por oficio Ordinario N° 296/2023 de fecha 06 de junio de 2023 del Director Regional (S) Región nombre reservado del Servicio Agrícola y Ganadero Oficina Regional nombre reservado dirigido a la Señora nombre reservado Contralora Regional nombre reservado y de conformidad a lo establecido en el Artículo 12 N° 25 de la Resolución Exenta N° 6 de 26 de marzo de 2019 de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón en materia de personas, se remitió para el trámite de Registro la ya referida Resolución Exenta Nº295/2023 de 05 de junio de 2023, del Director Regional del SAG (S) nombre reservado Se adjuntó también el respectivo expediente investigativo, que se encuentra a la fecha en poder de dicho órgano contralor.

Por otra parte por oficio Ordinario N° 327/2023 de fecha 06 de junio de 2023 del Director Regional (S) Región nombre reservado del Servicio Agrícola y Ganadero Oficina Regional nombre reservado dirigido a la Señora nombre reservado Contralora Regional nombre reservado se solicitó el retiro de la Resolución Exenta N° 295/2023 de fecha 05-06-2023 del Director Regional SAG Magallanes y la nombre reservado y su respectivo expediente que fuera remitido a dicho ente contralor mediante ORD. N° 296 de fecha 06-06-2023 del Director Regional SAG Magallanes y la nombre reservado para tramite de registro de la referida resolución Exenta N° 295/2023 por la que se aplicó la medida disciplinaria de multa al funcionario nombre reservado. Se fundó la referida petición en el hecho de haberse interpuesto con fecha 15-06-2023, Recurso de Protección 448/2023 ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, mediante el cual se impugna la Res. Exenta N° 295/2023, por lo que procede que dicho órgano contralor se inhiba de registrar la referida resolución mientras el respectivo recurso de protección no se encuentre totalmente afinado.

Además, se fundó el retiro solicitado en la necesidad de contar con el expediente físico en el que dictó la resolución impugnada para ser acompañado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

Entiende que el recurrente intenta “revivir” plazos fenecidos respecto a su persona, y alega cuestiones sobre etapas que han excedido en tiempo la actualidad o urgente necesidad de cautela que la acción proteccional supone.

En ese mismo sentido, señala que el recurrente cuenta con diversos medios recursivos que resultan ser la vía idónea para impugnar el acto en concreto, tanto es así, que desde que hubiera conocido del vicio (cuestión que el recurrente no aclara haciendo difuso así también la contabilidad del plazo) no hay registros de haber impetrado las respectivas acciones de nulidad y/o recursos de revisión, cualquiera de los que, supone un control administrativo y que resulta ser la vía idónea y de lato conocimiento, para discurrir sobre aquello que plantea. Ello sin perjuicio del ejercicio de los recursos de reposición y apelación subsidiaria contemplados en el Art. 141 del DFL N° 29 de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo y en el artículo 59 de la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Esto revela que la clara intención del recurrente no es solo atacar un supuesto vicio alegando falta de emplazamiento de actos administrativos, sino poder revisitar los “procedimientos administrativos”, de los que efectivamente ha sido parte con todos los derechos y deberes que como funcionario público en medio de esos procesos tiene.

Reclama sobre el hecho de no haberse realizado el correcto emplazamiento de la formulación de cargos, de fecha 22 de diciembre de 2022 formulados por la Fiscal designada en Investigación Sumaria ordenada instruir por Resolución Exenta N°436/2022, de 01.09.2022, del Director Regional(s) del S.A.G nombre reservado, elevada a Sumario Administrativo por Resolución Exenta N°530/2022 de fecha 27.10.2022 del Director Regional (S) del S.A.G Región de nombre reservado, existiendo por lo menos 5 meses entre dicha actuación y la Res. Exenta Nª 257/2023, que resolvió aplicar la medida disciplinaria de multa al funcionario por haberse dados por acreditado los hechos que fueron investigados en el Sumario respectivo, y que aun en el hipotético caso de que se estimara dicha resolución viciada, la alegación en concreto es totalmente extemporánea y hace aplicable además lo que dispone el art. 144 del Estatuto Administrativo Agrega que las resoluciones emitidas en la medida que se notificaban o enviaban a notificar quedaban disponibles para el recurrente en el sistema informático de nuestro Servicio, ceropapel.sag.gob.cl, que en su plataforma permite consultar las respectivas Resoluciones, todas en las que consta el nombre del recurrente en la respectiva distribución.

Sostiene que por la acción constitucional intentada se persigue dejar sin efecto resoluciones dictadas en la tramitación de un sumario administrativo que se encuentra afinado ante la autoridad competente que lo ha instruido y tramitó de acuerdo al procedimiento establecido al efecto, de modo que no se divisa cautela urgente alguna que proporcionar por esta vía proteccional, atendida naturaleza, objeto y características del recurso de protección.

Reitera que no sería efectiva la aseveración de falta de notificación por cuanto la formulación de cargos de fecha 26 diciembre de 2022 que rola agregada a fs. 118 del respectivo sumario fue notificada legalmente por carta certificada al recurrente según consta del respectivo expediente sumarial.

Además destaca que con fecha 27 de diciembre del año 2023, consta el envío de carta certificada mediante Correos de Chile, señalando destinatario nombre reservado., y el código de dicha operación corresponde al 1179950945750, todo lo que permite ver que la acción cautelar que pretende el recurrente no se encuentra debidamente fundada, alegando un desconocimiento de hechos de la causa que no son tales.

Además la carta certificada que notifica la Resolución 257/2023 de fecha 15 de mayo de 2023, fue efectivamente remitida por parte del Servicio, luego de practicarse las respectivas búsquedas, dicha Carta fue enviada con fecha 19/05/2023, a las 09.38 Hrs, con el respectivo código de envío 1179978879990, a través de Correos de Chile. Haciendo aplicable en torno al funcionario lo señalado en el artículo 131 inciso tercero.

Añade que la notificación tacita se realiza con fecha 16 de mayo de 2023, en forma previa a las respectivas búsquedas negativas que refiere, mediante la comunicación de correo electrónico de fecha 16 de mayo del año 2023,en la que el interesado señala “Junto con saludar con fecha de hoy 16 de mayo de 2023 acuso recibo de vuestro correo con la resolución adjunta. Saludos. nombre reservado” en aquel se le remitió copia de la Resolución Exenta N° 257/2023 que, reconoce el recurrente haber recibido.

Hace presente que el recurrente durante el transcurso del procedimiento siempre obstaculizó las respectivas notificaciones, poniendo trabas desde lo formal para el avance tanto de la investigación como del sumario administrativo, siendo así la notificación por carta certificada y la notificación tácita los mecanismos bajo los que finalmente se notificaron las respectivas resoluciones y actos administrativos que impugna inidóneamente por vía de protección.

Considera que no existen los vicios como los que el recurrente alega, no obstante, lo cual, todas las alegaciones que realiza en nada inciden ni afectan el efectivo resultado del sumario, el cual, habiendo recibido ya las declaraciones del recurrente, ha determinado la existencia de su respectiva responsabilidad funcionaria. Por lo anterior, y en adición a lo inidóneo del recurso de protección, señala que las actuaciones realizadas por la Administración se han hecho con estricto apego al principio de legalidad, y al tenor de nuestra normativa vigente.

Acompaña a su informe, Copia de Boleta de Venta y Servicios, Servicio “Carta Certificada Nacional”, de Correos de Chile, de fecha 27 de diciembre de 2022, Certificado Constancia de 1º búsqueda de 16 de mayo de 2023, Certificado Constancia de 2º búsqueda de fecha 17 de mayo de 2023, Copia de Boleta de Venta y Servicios, Servicio “Carta Certificada Nacional”, de Correos de Chile, de fecha 15 de mayo de 2023, Copia simple de correo electrónico de fecha 16 de mayo del 2023, de nombre reservado, asunto “Re: Resolución Exenta SAG N° 257/2023 nombre reservado”, Copia simple de correo electrónico de fecha 7 de junio del 2023, de nombre reservado, asunto “Re: Resolución Exenta SAG N° 295/2023 nombre reservado”, Resolución Exenta Nº 257/2023 del Director Regional (S) Región nombre reservado del Servicio Agrícola y Ganadero Oficina Regional nombre reservado, Resolución Exenta Nº 295/2023 del Director Regional (S) Región nombre reservado del Servicio Agrícola y Ganadero Oficina Regional nombre reservado, Oficio Ordinario N° 296/2023 de fecha 06 de junio de 2023 del Director Regional (S) Región nombre reservado del Servicio Agrícola y Ganadero Oficina Regional nombre reservado dirigido a la Señora nombre reservado Contralora Regional nombre reservado y Oficio Ordinario N° 327/2023 de fecha 28 de junio de 2023 del Director Regional (S) Región nombre reservado del Servicio Agrícola y Ganadero Oficina Regional nombre reservado dirigido a la Señora nombre reservado Contralora Regional nombre reservado.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, los actos que estima ilegales y arbitrarios el recurrente y que vulneran las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°s 2 y 3 de la Constitución Política de la República, son las resoluciones exentas N°257/2023 y N°295/2023 del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de nombre reservado, de fechas 15 de mayo y 5 de junio del presente.

CUARTO: Que, a su turno la recurrida, insta por el rechazo de la acción, en virtud de los argumentos referidos en la parte expositiva de esta sentencia.

QUINTO: Que, en virtud de los antecedentes expuestos, es necesario considerar que el artículo 120 de la ley 18.834 dispone: “Si el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, estimare que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria o en el caso de disponerlo expresamente la ley, ordenará mediante resolución la instrucción de una investigación sumaria, la cual tendrá por objeto verificar la existencia de los hechos, y la individualización de los responsables y su participación, si los hubiere, designando para tal efecto a un funcionario que actuará como investigador.

Las notificaciones que se realicen durante la investigación sumaria deberán hacerse personalmente. Si el funcionario no fuere habido por dos días consecutivos en su domicilio o en su lugar de trabajo, se lo notificará por carta certificada, de lo cual deberá dejarse constancia. En ambos casos se deberá dejar copia íntegra de la resolución respectiva. En esta última circunstancia, el funcionario se entenderá notificado cumplidos tres días desde que la carta haya sido despachada.

El procedimiento será fundamentalmente verbal y de lo actuado se levantará un acta general que firmarán los que hayan declarado, sin perjuicio de agregar los documentos probatorios que correspondan, no pudiendo exceder la investigación el plazo de cinco días. Al término del señalado plazo se formularán cargos, si procedieren, debiendo el afectado responder los mismos en un plazo de dos días, a contar de la fecha de notificación de éstos.

En el evento de solicitar el inculpado rendir prueba sobre los hechos materia del procedimiento, el investigador señalará un plazo para rendirla, el cual no podrá exceder de tres días.

Vencido el plazo señalado, el investigador procederá a emitir una vista o informe en el término de dos días, en el cual se contendrá la relación de los hechos, los fundamentos y conclusiones a que se hubiere llegado, formulando la proposición que estimare procedente.

Como resultado de una investigación sumaria no podrá aplicarse la sanción de destitución, sin perjuicio de los casos contemplados en el presente Estatuto.

Conocido el informe o vista, la autoridad que ordenó la investigación sumaria dictará la resolución respectiva en el plazo de dos días, la cual será notificada al afectado, quien podrá interponer recurso de reposición en el término de dos días, ante quien emitió la resolución, apelando en subsidio para ante el jefe superior de la institución. La apelación sólo procederá en caso que la medida haya sido aplicada por otra autoridad.

El plazo para resolver la reposición o el recurso de apelación, cuando corresponda, será en ambos casos de dos días.”

SEXTO: Que, entonces, como se ha acreditado la multa impuesta es el resultado de un sumario administrativo seguido en contra del recurrente, el que se instruyó al amparo de la Ley N°18.834, contemplado para, entre otros efectos, establecer su responsabilidad administrativa en los hechos investigados, en el que se cumplió con el debido proceso, pues se le notificó de los cargos y las respectivas resoluciones mediante carta certificada, en virtud del artículo referido, realizándose en cada oportunidad las búsquedas respectivas, en el domicilio registrado por él ante su empleador. Y, luego de trascurrido el tiempo y el procedimiento de rigor, se acreditó su responsabilidad disciplinaria en el ejercicio de sus funciones, siendo sancionado, tal como da cuenta el expediente acompañado a los antecedentes.

SEPTIMO: Que, de lo que expuesto, estiman estos sentenciadores que, es del todo improcedente y fuera de todo plazo legal que, luego de afinado el sumario administrativo, el recurrente pretenda nuevamente que se revise el procedimiento administrativo en lo allí decidido; y que esta Corte revierta lo resuelto a través de esta vía cautelar y de emergencia, atacando la legalidad, lo que resulta del todo improcedente.

OCTAVO: Que, en este sentido, la recurrida no ha cometido los actos arbitrarios e ilegales que se le imputan; por el contrario, han actuado dentro de sus facultades legales y las resoluciones impugnadas, han sido debidamente fundadas.

NOVENO: Que, además, es posible determinar que el derecho que se reclama por la presente acción carece del carácter de indubitado, atendido que el recurrente pretende impugnar una notificación efectuada por la recurrida conforme lo razonado precedentemente; por lo que para determinar la efectividad de aquella, es necesario que el recurrente ejerza alguna de las acciones que contempla la ley al efecto, de carácter declarativa y de lato conocimiento, no siendo el presente recurso la vía idónea para ello.

DECIMO: Que, en consecuencia, al no haberse incurrido en los actos que imputa el recurrente, resulta innecesario analizar si se vulneraron las garantías denunciadas en el arbitrio, debiendo necesariamente desestimarlo.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, todos ya individualizados.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto el numeral 14 del referido Auto Acordado.

ROL Nº 448-2023 PROTECCIÓN.