Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Punta Arenas, quince de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, estudiante de Derecho, en representación convencional de don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, RUN para extranjeros N°NUM000, domiciliado en domicilio reservado, Región de Magallanes. Deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por su Director Nacional, con domicilio en domicilio reservado, y Dirección Regional en domicilio reservado, fundado en la omisión ilegal y arbitraria de no resolver el recurso administrativo de reposición ID N°NUM001, interpuesto con fecha 6 de enero de 2025, y en mantener al recurrente registrado en la condición de “No habilitado para trabajar”.

El recurrente expone que mantiene un vínculo familiar directo y permanente con Chile. Es padre de dos hijos menores de edad de nacionalidad chilena, nacidos de su relación con su cónyuge, también chilena. Indica que ha desarrollado en el país su vida personal, familiar y laboral, y que no registra antecedentes penales ni policiales. Agrega que solicitó residencia definitiva y que el Servicio rechazó su solicitud, disponiendo el abandono del territorio nacional. Contra esa decisión interpuso recurso de reposición el 6 de enero de 2025. Con fecha 5 de agosto de 2025 el Servicio registró el recurso en estado “En tramitación”, y a la fecha de interposición de la presente acción aún no existe resolución que lo acoja o rechace. Añade que, al consultar su situación en la plataforma del Servicio, figura como “No habilitado para trabajar”.

Sostiene que la omisión es ilegal porque infringe el artículo 59 de la Ley N°19.880, que otorga a la autoridad un plazo no superior a 30 días para resolver los recursos de reposición y jerárquico. Precisa que dicho plazo es distinto del plazo general del artículo 27 de la misma ley. Afirma que la omisión es además arbitraria, pues lo mantiene en una incertidumbre administrativa sin justificación objetiva.

Estima vulneradas las garantías del artículo 19 N°16 y N°2 de la Constitución Política de la República. Invoca, como normas complementarias, los artículos 8.1, 17, 24 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 3.1, 9.1 y 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Solicita que se acoja la acción y se declare que la omisión vulnera las garantías invocadas. Pide además que se ordene al Servicio Nacional de Migraciones resolver el recurso de reposición dentro del plazo que esta Corte determine. Mientras el recurso esté pendiente, pide que el Servicio haga efectivos los efectos suspensivos del artículo 140 de la Ley N°21.325 y que regularice la anotación que lo registra como “No habilitado para trabajar”.

Evacuó informe el Servicio Nacional de Migraciones, representado por la abogada Danna Elizabeth Garbarino Correa.

En lo principal opone excepción de cosa juzgada. En subsidio solicita el rechazo del recurso por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de garantía constitucional alguna.

En cuanto a la excepción, señala que con fecha 9 de enero de 2026 se dedujo ante esta misma Corte el recurso de protección Rol N°8-2026, en favor del mismo recurrente y en contra del mismo Servicio. Ese recurso se fundó en la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento sobre el mismo recurso administrativo ID N°NUM001, y fue rechazado por sentencia definitiva de esta Corte de 5 de febrero de 2026.

Sostiene que entre ambas acciones concurre la triple identidad de personas, cosa pedida y causa de pedir que exige el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, pues se solicita el mismo remedio con idénticos fundamentos. Agrega que la actuación del recurrente constituye un abuso del derecho y solicita la expresa condena en costas.

En subsidio, informa los antecedentes del caso. Con fecha 20 de julio de 2022, el recurrente presentó solicitud de residencia definitiva, trámite N°NUM002. Mediante Resolución Exenta N°NUM003, de 27 de diciembre de 2024, el Servicio la rechazó por no haberse acompañado el certificado de antecedentes del país de origen debidamente legalizado o apostillado, conforme al artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325.

El 6 de enero de 2025 el extranjero dedujo recurso administrativo ID N°NUM001, que ha avanzado por las etapas de Verificación de documentos, Análisis Jurídico I (5 de agosto de 2025), VB Jefa Departamento Jurídico (9 de marzo de 2026), Análisis Jurídico II (27 de marzo de 2026) y nuevamente VB Jefa Departamento Jurídico (4 de abril de 2026). El recurso se encuentra actualmente en trámite.

Indica que el recurrente cuenta con un comprobante de recurso administrativo en trámite, válido ante cualquier organismo, servicio o institución que requiera conocer su situación migratoria. Conforme al artículo 140 de la Ley N°21.325, los efectos de la resolución recurrida se encuentran suspendidos, por lo que el recurrente mantiene una situación migratoria regular. En cuanto a la habilitación laboral, sostiene que el recurrente cuenta con el respectivo comprobante, el que acompaña. Señala además que la Resolución Exenta N°20.136, de 29 de mayo de 2024, creó el Sistema de Atención de Soporte Especializado (ASE) para resolver problemas técnicos de la plataforma o de documentos electrónicos, por lo que la acción de protección no es la vía idónea para ese reclamo. Finalmente, sostiene que el plazo del artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal, citando la sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol N°52.050-2023, de 9 de mayo de 2023. Acompaña el comprobante de recurso administrativo en trámite, el comprobante de consulta de habilitación laboral y el expediente digital de la causa Rol N°8-2026 de esta Corte.

A su turno, la parte recurrente presentó un escrito de téngase presente en que solicita el rechazo de la excepción.

Reconoce la existencia de la causa Rol N°8-2026, pero afirma que la presente acción se deduce en un contexto sustancialmente distinto, por las siguientes razones:

Han transcurrido varios meses adicionales sin resolución, y el expediente ha pasado por nuevas etapas internas.

La condición de “No habilitado para trabajar” constituye un hecho nuevo y sobreviniente que no existía ni fue juzgado en la causa anterior. Así lo acreditaría una consulta efectuada en la plataforma del Servicio el 6 de octubre de 2026, cuyo resultado acompaña.

La recurrida confunde el plazo del artículo 27 con el especial del artículo 59 de la Ley N°19.880.

Si los efectos del acto se encuentran suspendidos por el artículo 140 de la Ley N°21.325, el Servicio debe explicar la discordancia con lo que informa su propia plataforma.

La cosa juzgada no puede convalidar una omisión indefinida ni impedir el examen de hechos posteriores.

Que, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, expresamente garantizado en el artículo 19 del texto constitucional; y, d) que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que del examen del libelo se desprende que la acción contiene dos reproches que, aunque vinculados, son jurídicamente distinguibles.

El primero es la omisión del Servicio de resolver el recurso administrativo de reposición ID N°NUM001. A él corresponden las peticiones signadas con los números 1, 2 y 3.

El segundo es la mantención de un registro que califica al recurrente como “No habilitado para trabajar” mientras dicho recurso se encuentra pendiente. Según el actor, ese registro es incompatible con el efecto suspensivo del artículo 140 de la Ley N°21.325. A él corresponden las peticiones signadas con los números 4 y 5.

La distinción es relevante porque la excepción de cosa juzgada debe analizarse respecto de cada pretensión y del hecho concreto que le sirve de fundamento.} I. En cuanto a la excepción de cosa juzgada.

CUARTO: Que, por razones de orden lógico, corresponde pronunciarse primero sobre la excepción de cosa juzgada, pues su acogimiento total o parcial delimita la materia sobre la cual debe recaer el examen de fondo.

QUINTO: Que, conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en lo pertinente, la excepción de cosa juzgada procede cuando entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta existe identidad legal de personas, identidad de la cosa pedida e identidad de la causa de pedir.

Esta última es el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio.

La sentencia dictada en un recurso de protección no produce cosa juzgada material con alcance absoluto, pues el artículo 20 de la Constitución deja a salvo los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Sí impide, sin embargo, que se reabra por la misma vía cautelar una cuestión ya decidida entre las mismas partes, mientras no varíen sustancialmente las circunstancias de hecho que sirvieron de base a la decisión.

Atendido que esta acción tutela situaciones de hecho que pueden mutar en el tiempo, la variación de circunstancias debe ser real y sustantiva, de modo que configure una situación distinta de la juzgada. No basta la reiteración de la misma conducta ya sometida al conocimiento del tribunal.

Entenderlo de otro modo permitiría renovar indefinidamente esta acción respecto de un mismo hecho, desnaturalizando su carácter cautelar y afectando la seguridad jurídica.

SEXTO: Que del expediente digital de la causa Rol N°8- 2026, acompañado por la recurrida, y de lo reconocido por el propio recurrente, consta lo siguiente: a) El 9 de enero de 2026 se dedujo ante esta Corte recurso de protección en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones. b) Esa acción se fundó en la omisión de pronunciarse sobre el recurso administrativo ID N°NUM001. c) La misma, fue rechazada por sentencia de 5 de febrero de 2026, que se encuentra firme. La referencia del informe a que dicha sentencia data de 2025 constituye un error material, desmentido por el propio expediente acompañado. d) Esa sentencia concluyó que no existía una afectación actual de los derechos invocados, atendido que la interposición del recurso administrativo suspendía los efectos del acto impugnado y que el recurrente mantenía una situación migratoria regular.

SÉPTIMO: Que, en lo relativo al primer reproche, concurre la triple identidad legal.

Respecto de la identidad de personas, en ambas acciones el recurrente es don nombre reservado y la recurrida es el Servicio Nacional de Migraciones, lo que el actor reconoce expresamente.

En lo que refiere a la identidad de cosa pedida, en ambas se pretende que esta Corte ordene al Servicio pronunciarse sobre el mismo recurso administrativo ID N°NUM001.

Finalmente, en lo que respecta a la identidad de causa de pedir, el fundamento inmediato de ambas acciones es el mismo hecho: la falta de resolución del recurso de reposición deducido el 6 de enero de 2025, en contra de la misma resolución exenta y ante el mismo órgano.

Considerando lo anterior, las alegaciones del recurrente no alteran esta conclusión, por tres razones.

En primer lugar, el mero transcurso del tiempo no constituye un hecho nuevo. La prolongación de una omisión no la transforma en una omisión distinta.

En segundo lugar, las etapas internas registradas con posterioridad al fallo de 5 de febrero de 2026 demuestran que el procedimiento ha seguido su curso ante el mismo Servicio y respecto del mismo recurso. No ha habido un cambio que radique la decisión en una autoridad distinta ni que genere una situación procedimental diversa.

En tercer lugar, la circunstancia de que el actor invoque ahora el plazo del artículo 59 de la Ley N°19.880, en lugar del general del artículo 27, no modifica la causa de pedir. Esta se constituye por el hecho jurídico que sirve de fundamento a la pretensión, y no por las normas o argumentos de derecho que se esgrimen en su apoyo, cuya calificación corresponde en todo caso al tribunal.

En consecuencia, la excepción debe ser acogida en esta parte.

OCTAVO: Que, en cambio, no concurre la triple identidad respecto del segundo reproche.

La causa de pedir de las peticiones 4 y 5 no es la falta de resolución del recurso administrativo. Es un hecho distinto: la existencia de una anotación concreta en la plataforma del Servicio que califica al recurrente como “No habilitado para trabajar”.

Ese hecho se acredita en estos autos mediante el documento acompañado en el número 7 del primer otrosí del libelo y la consulta de 6 de octubre de 2026, ambos posteriores a la sentencia de 5 de febrero de 2026. Del expediente de la causa Rol N°8-2026 no aparece que dicha anotación haya sido alegada ni examinada en esa oportunidad.} Lo que la sentencia anterior consideró fue el efecto jurídico abstracto del artículo 140 de la Ley N°21.325. Lo que ahora se plantea es si un registro concreto de la recurrida contraría ese efecto.

Difiere también la cosa pedida. Ya no se solicita que el Servicio resuelva el recurso, sino que adecue sus registros al efecto suspensivo que la ley atribuye a su interposición.

Que estas peticiones se formulen “mientras se encuentre pendiente” el recurso administrativo delimita temporalmente su objeto, pero no las convierte en una mera reiteración de la pretensión ya juzgada.

Por ello, la excepción de cosa juzgada será rechazada en esta parte, y corresponde examinar el fondo de lo pedido en los números 4 y 5 del libelo.

II. En cuanto al fondo.

NOVENO: Que el artículo 140 de la Ley N°21.325 dispone que la interposición de los recursos administrativos del artículo 139 suspende los efectos del acto o resolución impugnada. Por tanto, mientras el recurso ID N°NUM001 se encuentre pendiente, la Resolución Exenta N°NUM003 no puede producir sus efectos respecto del recurrente, entre ellos el abandono del país ni las restricciones que de él se derivan.

La recurrida ha reconocido expresamente en su informe que los efectos de la resolución recurrida se encuentran suspendidos, que el recurrente mantiene una situación migratoria regular con todos los derechos consagrados en la legislación vigente, y que el comprobante de recurso administrativo en trámite es válido ante cualquier organismo, servicio o institución que requiera conocer su situación migratoria. Además, acompañó un comprobante de consulta de habilitación laboral emitido por el propio Servicio.

DÉCIMO: Que, en estas condiciones, la cuestión planteada se reduce a una discordancia entre dos documentos emanados de la misma plataforma: la consulta efectuada por el recurrente el 6 de octubre de 2026 y el comprobante acompañado por la recurrida.

Determinar cuál de esos registros refleja fielmente la situación del recurrente, y cuál es el origen de la diferencia, excede el examen sumario propio de esta acción cautelar. Esta exige un derecho indubitado y una vulneración que pueda establecerse de manera inmediata.

Por lo demás, el ordenamiento administrativo contempla un canal específico para la corrección de incidencias técnicas de la plataforma y de documentos electrónicos: el Sistema de Atención de Soporte Especializado, previsto en el punto 6.2.1 de la Resolución Exenta N°20.136, de 29 de mayo de 2024. No consta que el recurrente haya acudido a él.

UNDÉCIMO: Que tampoco se ha acreditado una afectación actual de la garantía del artículo 19 N°16 de la Constitución, en la parte protegida por el artículo 20, esto es, la libertad de trabajo y el derecho a su libre elección y libre contratación.

El libelo se limita a afirmar, en términos generales, que la anotación “dificulta” al recurrente acreditar su situación ante terceros, pero no se acompañó antecedente alguno que dé cuenta de que un empleador se haya negado a contratarlo, haya puesto término a una relación laboral o de que alguna autoridad le haya impedido trabajar a causa de dicho registro.

Por el contrario, el recurrente dispone del comprobante de recurso administrativo en trámite, del comprobante de habilitación laboral acompañado por la recurrida y de la declaración formal que esta ha efectuado en estos autos.

Todos ellos le permiten acreditar ante terceros que se encuentra habilitado para ejercer actividades remuneradas. No se configura, por tanto, una privación, perturbación o amenaza actual y cierta en el ejercicio de esta garantía.

DUODÉCIMO: Que, respecto de la garantía del artículo 19 N°2, el recurrente no ha identificado un término de comparación ni un trato diferenciado respecto de personas en situación análoga. El reproche se reconduce, en definitiva, a la misma discordancia registral ya analizada, por lo que tampoco se advierte una diferencia arbitraria imputable a la recurrida.

Las normas internacionales invocadas, no alteran esta conclusión, pues no se ha establecido la afectación de dichas garantías. Asimismo, las consideraciones relativas a la vida familiar y al interés superior de los hijos del recurrente dicen relación con el mérito de la decisión sobre su residencia definitiva y, esa materia corresponde a la autoridad administrativa al resolver el recurso pendiente y no es objeto de esta acción.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el artículo 140 de la Ley N°21.325, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

I. Que SE ACOGE PARCIALMENTE la excepción de cosa juzgada opuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, solo en cuanto a la omisión de resolver el recurso administrativo de reposición ID N°NUM001 y a las peticiones signadas con los números 1, 2 y 3 del libelo. Respecto de ellas no se emite pronunciamiento de fondo.

II. Que SE RECHAZA en lo demás la referida excepción.

III. Que SE RECHAZA, sin costas, en lo restante, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Dése cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Titular Sr. Marcos Kusanovic Antinopai.

Se deja constancia que no firma el Fiscal Judicial Sr.

nombre reservado por encontrarse en permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N°445-2026. Protección.-