Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes

Punta Arenas, veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones Mario Andrés Espinosa Valderrama, abogado e interpone acción de protección en favor de don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región de Magallanes, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de los Andes, Rol Único Tributario número 81.826.800-9, del giro de su denominación, representada por su gerente general don nombre reservado, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana.

Expone que con fechas 20 de agosto de 2015, y siete de enero de 2016, el recurrente suscribió los siguientes documentos:

1. Pagaré N° 21.RUT reservado, en favor de la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, por la suma de $ 2.127.433.- por concepto de capital, más los respectivos intereses señalados en el mismo documento. La obligación debía ser solucionada en 24 cuotas mensuales y sucesivas de $ 119.094.- cada una, venciendo la primera de ellas el 30 de septiembre de 2015, y la última el 31 de julio de 2017;

2. Pagaré N° 21.RUT reservado, en favor de la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, por la suma de $ 1.234.589.- por concepto de capital, más los respectivos intereses señalados en el mismo documento. Con fecha 13 de febrero de 2017, mi representado reprogramó la operación de crédito social, por la suma de $ 1.498.096.- la que debía ser solucionada en 48 cuotas mensuales y sucesivas de $ 50.277.- cada una, venciendo la primera de ellas el 31 de marzo de 2017, y la última el 28 de febrero de 2021 Agrega que no pudo cumplir con las obligaciones pactadas con el acreedor, es decir, no procedió con el pago de las cuotas pactadas con Caja de Compensación Los Andes, constituyéndose en mora a partir de:

1. Pagaré N° 21.RUT reservado: pago de las tres primeras cuotas. Constituido en mora a partir del día 29 de diciembre de 2015;

2. Pagaré N° 21.RUT reservado: pago de cero cuotas. Constituido en mora a partir del día uno de abril de 2017.

Refiere que la Caja de Compensación Los Andes hizo exigible el total de la obligación insoluta, interponiendo en contra de mi representado las siguientes demandas ejecutivas:

1 Con fecha 25 de abril del año 2018, causa ROL C-731-2018, tramitada ante el 2° Juzgado de Letras de Puerto Montt, (sic) caratulada “CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LOS ANDES/nombre reservado”;

2. Con fecha 27 de noviembre de 2018, causa ROL C-1993-2018, tramitada ante el 2° Juzgado de Letras de Puerto Montt, (sic) caratulada “CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LOS ANDES/nombre reservado”.

Por lo que el acreedor intentó cobrar los respectivos pagarés haciendo uso de la cláusula de aceleración, de forma tal que en las referidas demandas ejecutivas se cobró la totalidad de aquellos como si fuera de plazo vencido.

La demanda ejecutiva, causa ROL C-731-2018, del 2° Juzgado de Letras de Punta Arenas, no fue notificada al ejecutado, durante el lapso de casi cinco años. Así las cosas, mi representado, con fecha cinco de abril del 2023, se notificó y requirió de pago expresamente en la demanda ejecutiva, y opuso la excepción contenida en el numeral 17° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil y, con fecha uno de agosto de 2023, el tribunal que conoce de la ejecución individual recibió la causa a prueba.

Por su parte, la demanda ejecutiva, ROL C-1993-2018, también del 2° Juzgado de Letras de Punta Arenas, no fue notificada al ejecutado, durante el lapso de casi cinco años. Así las cosas, mi representado, con fecha 29 de marzo de 2023, se notificó y requirió de pago expresamente en la demanda ejecutiva, y opuso la excepción contenida en el numeral 17° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Ya con fecha 12 de junio de 2023, el 2° Juzgado de Letras de Punta Arenas acogió la excepción de prescripción opuesta y, en consecuencia, se denegó la ejecución motivada por la recurrida, con costas. La sentencia definitiva se encuentra firme y ejecutoriada, según certificación de fecha 14 de agosto de 2023, por parte de la señora secretaria del tribunal.

Aclara que su representado mantiene un trabajo estable, a partir del día 26 de septiembre de 2023.

Pero, en el mes de julio del presente año, su liquidación, por dicho período, refleja una merma, constando un descuento aplicado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por ítem denominado “Creditos personales CCAF”, cuyo descuento asciende a la suma de $ 216.279.- Así las cosas, esto último importa un detrimento ilegal y arbitrario sobre la remuneración mensual de mi representado.

Sostiene que la recurrida tomó la determinación de sustraer del ámbito extrajudicial el cobro de los créditos otorgados a mi representado, a pesar de haber interpuesto dos demandas ejecutivas, cuya sentencia, por un lado, fue favorable para el ejecutado y, por otro, la ejecución individual se encuentra en tramitación, aunque sin movimientos por más de un año.

Le resulta evidente la presencia de un acto ilegal y arbitrario, que vulnera las garantías constitucionales, pues se ha realizado un descuento por planilla del sueldo que recibo, por medio de un mecanismo paralelo a la vía judicial que la recurrida CCAF Los Andes ejerció y promovió mediante el cobro ejecutivo del pagaré referido, sin haber dado noticias e información de manera previa, motivada y racional a su representado, existiendo un actuar improvisado, realizando un ejercicio abusivo del artículo 22 de la Ley N° 18.833, siendo además esta una forma de autotutela que conculca el derecho de propiedad e igualdad ante la ley, garantizados en el artículo 19 N° 24 y 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Solicita se acoja la acción en el sentido de:

i. Que la recurrida cese todo tipo de retención o descuento en remuneración de su representado;

ii. Que la recurrida restituya los descuentos efectuados, así como también los que puedan llevar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción;

iii. Condenar en costas a la recurrida.

Acompaña, liquidación de sueldo, correspondiente al mes de julio de 2024, emitida por Marangunic Hermanos Ltda.; Ebook civil, causa ejecutiva ROL C-731-2018, tramitada ante el 2° Juzgado de Letras de Punta Arenas, caratulada “CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LOS ANDES/nombre reservado”; Ebook civil, causa ejecutiva ROL C-1993-2018, tramitada ante el 2° Juzgado de Letras de Punta Arenas, caratulada “CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LOS ANDES/nombre reservado”; Copia nómina mensual de retenciones previsionales, emitido por Caja Los Andes y Copia Mandato judicial, suscrito por nombre reservado, conferido a Mario Andrés Espinosa Valderrama, ante nombre reservado, nombre reservado de Punta Arenas, bajo el repertorio N° 756/2023.

Con fecha seis de agosto del presente año se concede orden de no innovar en el sentido que la recurrida deberá abstenerse de seguir efectuando, sobre el sueldo del recurrente, descuentos por planilla por las cuotas adeudadas mientras se sustancia y se resuelve el presente recurso de protección.

Informa, Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la caja de compensación de asignación familiar de los andes, quien solicita el rechazo del recurso.

Da cuenta de los créditos otorgados al recurrente y hace presente que, los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo con el mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833. Por otro lado, su representada se encuentra efectuado el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, conforme los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior agrega el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

De este modo, rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

No obstante, lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros. Haciendo presente que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos. No obstante, su representada dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que su representada ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el recurrente, lo hace consistir en la retención en la remuneración realizada por parte de la recurrida, Caja de Compensación los Andes, respecto de diversos créditos sociales otorgados al actor existiendo causas causa civiles, una en tramitación y otra con sentencia definitiva.

CUARTO: Que, al evacuar su informe la recurrida insta por el rechazo del recurso en virtud de lo expuesto en la parte expositiva.

QUINTO: Que, de este modo, la cuestión controvertida en el presente recurso viene dada por la temporalidad de los descuentos efectuados en contra del actor y si aquello resulta ilegal y arbitrario habiendo utilizado al respecto el mecanismo contemplado en el artículo 22 de la ley 18.833.

SEXTO: Que, en este sentido, cabe apreciar que el artículo 22 de la ley 18.833 establece que “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.”

SEPTIMO: Que, son hechos de la causa la existencia de créditos sociales otorgados al actor con fechas 20 de agosto de 2015 y 07 de enero de 2016, por montos de $ 2.127.433 y $ 1.234.589 los cuales no han sido pagados por aquel. A su vez, el recurrente sostiene que dicho cobro se encuentra judicializado mediante las acciones civiles pertinentes deducidas por la recurrida, cuestión que no es refutada por esta última en el informe evacuado al respecto.

OCTAVO: Que de lo consignado precedentemente es posible afirmar que la recurrida ha utilizado el mecanismo de cobro previsto en el artículo 22, de la Ley 18.833 de manera ilegal y arbitraria.

En efecto, si bien las Cajas de Compensación cuentan con la facultad legal de solicitar el descuento, con cargo a las remuneraciones de los afiliados, de los créditos sociales otorgados, tal beneficio sólo se prevé por la ley para el cobro oportuno de lo adeudado por cuotas de esta clase de créditos, situación que no se da en la especie desde que con las demandas presentadas el 25 de abril del año 2018 y 27 de noviembre de 2018, ante el Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, la recurrida solicita el pago de totalidad del crédito.

De este modo, al tiempo de efectuarse por la recurrida el descuento en la remuneración del mes de julio de 2024, ya no existían plazos pendientes respecto de la obligación que pudieran cobrarse a través del mecanismo en comento, lo que torna ilegal dicho proceder, dando cuenta de este modo, de un uso abusivo de una modalidad de pago que había quedado sin efecto por la expresa manifestación de voluntad del acreedor al interponer su demanda.

NOVENO: Que, en consecuencia, es dable concluir que la recurrida no sólo actuó de manera ilegal, sino también injustificada, en cuanto utilizó un mecanismo especial de cobro que no es aplicable en la especie, desconociendo además sus actuaciones propias y los efectos que aquellas tuvieron en relación con la exigibilidad del crédito. De acuerdo con lo razonado, la recurrida no puede pretender revivir el pago en parcialidades para el solo efecto de justificar la utilización del sistema de cobro de descuento por planilla, en razón de que ya optó en su oportunidad por demandar la totalidad del crédito, lo que, en todo caso, no obsta a que pueda perseguir el pago del mismo por las vías legales ordinarias que procedan.

DECIMO: Que, de todo lo dicho, no cabe duda de que el actuar ilegal y arbitrario de la Caja de Compensación vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, en cuanto los descuentos indebidos afectaron la propiedad del recurrente sobre su remuneración, razones todas por las que la presente acción constitucional necesariamente ha de ser acogida.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara que SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por el abogado Mario Andrés Espinosa Valderrama en favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familia los Andes y en consecuencia, se ordena que la recurrida se abstenga de solicitar al empleador el descuento de los saldos impagos de los créditos sociales otorgados el 20 de agosto de 2015 y 07 de enero de 2016.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N°444-2024- PROTECCIÓN.