Protección contra SEREMI de Salud

Punta Arenas, ocho de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece Michael Furniss Cifuentes, abogado, en favor de doña nombre reservado, en calidad de Presidenta de la Junta de Vecinos Nº35 “Silva Henríquez” y en representación de 1) nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 2) nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 3) nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 4) nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; 5) nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; 6) nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; para estos efectos, todos con domicilio en domicilio reservado en contra la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena, representado para estos efectos por doña nombre reservado, chilena, desconoce estado civil y profesión u oficio, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, por incurrir en omisiones ilegales que afectan los derechos garantizados por la Constitución Política de la República de la suscrita y quienes representa, y con el objeto que se reestablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida arbitrar las acciones que se solicitarán en esta presentación Expone que en la zona norponiente de esta ciudad, se encuentran dos campamentos o asentamientos denominados “Las Etnias” y “Lautaro”, inscritos en el catastro nacional de campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, emplazados en propiedad de servicios públicos y privados.

Precisa que, el campamento “Lautaro”, se ubica en calle Prolongación Enrique Abello, Hijuela 7 A, S/N, rol de avalúo 5028-146, de propiedad del Sr. nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado y en el inmueble ubicado en domicilio reservado, de propiedad de .la Empresa Constructora SALFA S.A., rol único tributario Nº 93.659.000-4.

Agrega que el campamento “Las Etnias”, se encuentra en calle Prolongación Hornillas LT1A-3, rol de avalúo 5027-309, de propiedad del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, rol único tributario Nº 61.824.000-2.

Señala que, de acuerdo con la información de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, las construcciones edificadas en la totalidad de los inmuebles referidos no tienen permisos de edificación y recepción definitiva, encontrándose al margen de las disposiciones legales y reglamentarias contenidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de su Ordenanza General.

Adiciona que consta que la totalidad de las edificaciones no se encuentran conectadas a las redes de alcantarillado y agua potable aledañas a los inmuebles, como tampoco cuentan soluciones particulares conforme a la reglamentación que se encuentren autorizadas por la recurrida.

Acusa estar expuestos a un foco de infección e insalubridad que emana derechamente de ambos campamentos, en particular, del campamento Las Etnias, en donde se ha verificado -hasta el día de hoy- vertimiento de aguas grises y negras que desembocan en un parque colindante al campamento y que corren por la vereda de calle nombre reservado hacia calle Manantiales, generando inclusive, que los demás vecinos y transeúntes se encuentren permanentemente expuestos a estas aguas servidas.

Dice que, durante el mes de julio pasado, la Corporación Municipal de Punta Arenas -en su calidad de administradora de la salud primaria comunal- mudó el Centro de Salud Comunitario Familiar “nombre reservado”, el cual operaba justo en frente de la descarga de aguas servidas producto de la imposibilidad de brindar atención de salud primaria alrededor de condiciones insalubres, lo cual generó un gran perjuicio para los habitantes del sector que se atendían en dicho CECOSF.

Imputa como omisión ilegal, que la recurrida no ha arbitrado ninguna acción de propia iniciativa y dentro del ámbito de sus competencias con el objeto de resolver la problemática planteada de conformidad al artículo 1° de la carta magna en relación con el artículo 3°, 8° y 28 de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Detalla que las obligaciones particulares de la recurrida se encuentran en el artículo 1º y 3° del Código Sanitario y su competencia y facultades, en el artículo 5° del miso texto legal. Destaca que el artículo 67° indica que le corresponderá velar porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes en conformidad a las disposiciones del presente Código y sus reglamentos.

Desarrolla que la problemática de vertimiento de aguas grises y negras en los bienes nacionales de uso público que afectan a quienes representa y, ante la ausencia de conexión de los campamentos a las redes de alcantarillado y agua potable, el artículo 39º del DFL 382 de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios, dispone que todo propietario de inmueble urbano edificado, con frente a una red pública de agua potable o de alcantarillado, deberá instalar a su costa el arranque de agua potable y la unión domiciliaria de alcantarillado, dentro del plazo de seis y doce meses, respectivamente, contado desde la puesta en explotación de dichas redes, o desde la notificación respectiva al propietario, por parte de la concesionaria. Los predios en que no se cumpla con esta obligación, podrán ser clausurados por la autoridad sanitaria, de oficio o a petición del prestador.

Señalando otras normas sectoriales afines, asegura que los inmuebles en donde están emplazados los campamentos Lautaro y Las Etnias se encuentran frente de sistemas de redes públicas de agua potable o de alcantarillado, debiendo por tanto instalar a su costa los arranques de agua potable y uniones de alcantarillado, no siendo procedente la instalación de soluciones particulares. La fiscalización del cumplimiento de lo anterior es resorte de la recurrida, de acuerdo con el artículo 39º de la Ley General de Servicios Sanitarios ya referida.

Refiere como excepción a la regla general, el Decreto 236 de 1926, del actual Ministerio de Salud -vigente- que aprueba el reglamento general de alcantarillados particulares, fosas sépticas, cámaras filtrantes, cámaras de contacto, cámaras absorbentes y letrinas domiciliarias, dispone en su artículo 3º que todo edificio público o particular, urbano o rural, que se construya en lo sucesivo y cuyas aguas servidas caseras no puedan, por cualquier causa, ser descargadas a alguna red cloacal pública, deberá dotarse de un alcantarillado particular destinado a disponer de dichas aguas servidas en tal forma que no constituyan una molestia o incomodidad, o un peligro para la salubridad pública.

Citando otros articulados a su respecto, afirma que, a consecuencia de la ocupación ilegal, existiría una imposibilidad de conexión a las redes públicas por parte de los propietarios de los predios en donde se encuentran emplazados los campamentos referidos y así se verificaría una excepción a la regla general de conexión a la red pública de agua potable y alcantarillado, resultando factible la instalación de soluciones particulares cuya autorización y verificación del cumplimiento de ello recae en la autoridad sanitaria.

Invocando los artículos 69º, 70º y 73º del Código Sanitario, alega que no podrá iniciarse la construcción o remodelación de una población, sin que la autoridad sanitaria haya aprobado previamente los servicios de agua potable y de alcantarillado o desagües.

Asimismo, prevé que ninguna de las viviendas que integran la población podrá ser ocupada antes de que la autoridad sanitaria compruebe que los sistemas instalados se encuentran conformes con los aprobados, agregando que las Municipalidades no podrán dar permiso de edificación, ni otorgar la recepción final de las construcciones, sin que se cumplan los requisitos señalados en los incisos anteriores y alude a la correspondiente competencia de la recurrida.

Aduce que el libro X del Código Sanitario, en relación con los reglamentos previamente citados, confiere facultades amplias a la recurrida para actuar frente a los hechos acusados, como es la inspección, entrada y registro o allanamiento, incautación, instrucción de medidas y apercibimientos, entre otras, sea en cualquier sitio, edificio, casa, local y lugares de trabajo, públicos o privados.

Acusa que conforme lo anterior, lo recurrida: no ha constatado, mediante inspección, que cada una de las edificaciones emplazadas en los inmuebles referidos se encuentren conectadas a las redes públicas de alcantarillado y agua potable, conforme manda el artículo 39º de la ley de Servicios Sanitarios, como tampoco ha apercibido a los ocupantes o propietarios de los inmuebles para que se conecten ni ha ejercido su clausura por incumplimiento manifiesto; no ha instruido en plazo perentorio para que los ocupantes de los predios construyan soluciones de alcantarillado y agua potable particular conforme la reglamentación del Decreto 236 de 1926, de esa cartera de Estado, en el evento de verificarse la imposibilidad material de conexión a las redes públicas; ha permitido -mediante omisión- el vertimiento de aguas servidas domésticas en la calle, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 3º, 67º y 73º del Código Sanitario; y todo lo anterior, configuraría una omisión a su obligación general de actuar de propia iniciativa en conformidad al artículo 3º, 8º y 28º de la ley Nº 18.575.

Concluye que teniendo presente todas las normas expuestas que conceden competencias, atribuciones y facultades a la SEREMI, aparece que la recurrida no ha atendido ni ejercido ninguna de ellas con el objeto de terminar con la situación denunciada.

Expone que la perturbación y amenaza al derecho consagrado en el número 8 del artículo 19º de la Constitución Política de la República, se configura en las omisiones de la SEREMI de Salud en su obligación de fiscalizar y verificar la conexión al sistema de alcantarillado de las edificaciones emplazadas en los inmuebles referidos o, en su defecto, ordenar las construcciones de soluciones particulares de alcantarillado conforme el Decreto 236 de 1926 del Ministerio de Salud, constituye derechamente una omisión ilegal que perturba y amenaza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al permitir el vertimiento de aguas servidas domésticas en la calle y no hacer nada al respecto.

Agrega que número 1 del artículo 19º de la Constitución Política de la República, se conculca con la presencia de aguas grises y negras en bienes nacionales de uso público -como son las calles y veredas- sin duda alguna constituye también una amenaza y privación al derecho a la integridad psíquica y física de los habitantes y, en particular, de los vecinos representados. Cita jurisprudencia a su respecto de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, en el Ingreso Protección 248-2017, por sentencia de fecha 14 de junio de 2007 y de esta Corte, Ingreso Protección 1597-2020, sentencia de fecha 10 de diciembre de 2020 dictada a propósito de un recurso de protección interpuesto en contra de la SEREMI de Salud.

Solicita como medidas para reestablecer el imperio del derecho:

a) Efectuar una inspección a la totalidad de las edificaciones emplazadas en los inmuebles singularizados en el título I de la presente acción, con allanamiento o entrada y registro de ser necesario, con el fin de constatar la inexistencia de conexiones sanitarias desde dichas edificaciones a los sistemas de alcantarillado y agua potable. Lo anterior, con arreglo a los artículos 155º y siguientes del Código Sanitario;

b) Constatándose la efectividad de lo anterior, instruya a los ocupantes de las edificaciones y/o propietarios de los inmuebles, proceder a la conexión a las redes de alcantarillado y agua potable a su costa y en el plazo perentorio que esa autoridad fije, o bien, ordenar a cada ocupante construir sistemas de alcantarillado particular con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 236 de 1926, del Ministerio de Salud, en el plazo perentorio y breve que esa autoridad sanitaria fije, bajo apercibimiento de clausurar las edificaciones que incumplan lo ordenado, conforme el artículo 78º de dicho cuerpo reglamentario;

c) Determinar el origen preciso de las descargas de aguas servidas domésticas en los bienes nacionales de uso público y ordenar su inmediata paralización a quienes sean responsables, so pena de clausura inmediata y desalojo con auxilio de la fuerza pública, conforme el artículo 8º en relación con los artículos 73º y 174º, todos del Código Sanitario;

d) Y toda otra medida que a juicio del sea procedente para reestablecer el imperio del derecho y brindar la debida protección a los afectados.

Finalmente, pide se acoja el recurso, ordenando a la recurrida adoptar las medidas propuestas previamente y/o todas aquellas que a juicio de esta Corte resulten conducentes a fin de obtener el cese de escurrimiento de aguas servidas denunciado, como así también, en orden a obtener la conexión de dichas edificaciones al sistema de alcantarillado y agua potable o, en su defecto, la instalación de soluciones de alcantarillado particular para cada una de ellas, debiendo informar aquello, en el plazo perentorio que se confiera sobre las resoluciones o medidas que se adopten y, especialmente, el resultado de las mismas.

A folio 12, con fecha 13 de septiembre de presente, evacua informe nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártida Chilena, por la recurrida.

Expone que ha desplegado gestiones y acciones conducentes a colaborar con la problemática expuesta en el ámbito de su competencia.

Explica reunión intersectorial del 25 de junio de 2024, en que se arribaron a compromisos, tales como: La Ilustre Municipalidad se compromete a entregar un plan de mitigación para el traslado del CESCOSF nombre reservado, que será trabajado con la Secretaría Regional Ministerial. Además, la Municipalidad debe velar por la seguridad posterior del recinto; la delegación presidencial se compromete a entregar información constante de las fiscalizaciones que se realicen en el sector a las dirigentes vecinales y de clubes de adulto mayor; la Seremi de Medioambiente, se compromete a revisar conjuntamente con la Dirección de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, los derechos de aguas de las fuentes que pasan por las tomas en comento.

Indica que llama la atención que el propio abogado patrocinante del recurso es el abogado de la Municipalidad y que ha integrado al menos tres reuniones sobre la materia y que participó en la exposición del 15 de junio pasado, realizada en la junta de vecinos Silva Henríquez a nombre de la Municipalidad y en las mesas del 25 de junio t 2 de agosto, ambas en la Delegación Presidencial Regional, sea el abogado patrocinante del recurso, es testigo directo de aquello.

Señala que se debe coordinar nuevas instancias para la revisión del cumplimiento de los compromisos establecidos y mencionados previamente.

Asegura que el 21 de junio de 2024 y el 8 de agosto de 2024, se visitaron los campamentos aludidos, por parte de funcionarios de la Seremi evacuando informes y antecedentes respetivos, en su oportunidad, los que son acompañados en autos.

Explica que, de las visitas aludidas, se recorre el sector y se constata acumulación de agua, basura y escurrimiento de líquidos, respecto a esto último el 8 de agosto pasado se explica por las condiciones climáticas de la época (nieve y escarcha). Sin embargo, en la última visita se observa escurrimiento de líquidos que se originan de vertientes y/o cursos superficiales, que atraviesan los terrenos los campamentos, arrastrando líquidos provenientes de la evacuación de aguas servidas de las viviendas, que se empozan y escurren por terrenos aledaños llegando al parque y vía pública.

Afirma que los campamentos aludidos, carecen de autorización sanitaria para la disposición de aguas servidas y abastecimiento de agua potable, por lo que se debe determinar si aquellos corresponden a zona rural o urbana para efectos de fiscalización y autorizaciones respectivas. Y que el origen del problema se basa en el emplazamiento de las viviendas, cantidad de habitantes, condiciones poco permeables del suelo y filtración de aguas subterráneas, falta de terreno y condiciones para implementar sistemas particulares de aguas servidas.

Luego de enunciar otras circunstancias observadas, precisa que la recurrida recibió denuncia por parte de funcionarios del CECOSF, en virtud de la cual se dio inicio a sumario sanitario según ACTA N°54679 de fecha 22 de mayo de 2024, en tramitación.

Como antecedentes a su haber, expone que los campamentos reseñados, se encuentran inscritos en el registro respectivo y que el sector donde se emplazan las tomas no cuenta con servicios básicos ni permisos de edificación, ni mucho menos de recepción definitiva, según información proporcionada por la Municipalidad. Además, no cuentan con conexión a la red pública de alcantarillado, incumpliendo la normativa sanitaria vigente según lo informado por la ilustre Municipalidad de esta ciudad, lo que provoca un foco de contaminación de las aguas.

Describe que, si una vivienda no cuenta con conexión a servicio público de sistema de tratamiento de aguas servidas, debe presentar en la respectiva SEREMI de Salud un proyecto particular y que debe ser autorizado por resolución sanitaria, responsabilidad de quien detente el título de dominio de propiedad que se trate y en esa dinámica de carácter particular, alega que la recurrida no tiene competencia.

Agrega que según los hechos constatados y además de la regularización de los sistemas de tratamiento de aguas servidas, se deben realizar mejoras estructurales de las panderetas del CESCOF nombre reservado, retiro de los residuos que se encuentran en la vía pública, verificar conexiones eléctricas, por eventuales riesgos en caso de emergencia.

Y destaca que es de gran utilidad, consultar a la Dirección de Aguas y/o al Ministerio de Obras Públicas, en relación con la existencia de vertientes en el sector de campamentos e implicancias.

Desarrolla normativa respecto las obligaciones sanitarias de las municipalidades, alojadas en el artículo 11 del código sanitario y ordenanza municipal de aseo de la comuna n°2517 del 10 de septiembre de 2021, en que la limpieza de las vías públicas también es responsabilidad de los vecinos.

Alega que la obligación de presentar en la respectiva SEREMI de Salud un proyecto particular, el cual debe ser autorizado mediante una resolución sanitaria, responsabilidad que se le atribuye es de quien ostente el título de dominio de la propiedad.

Lo anterior, según se desprende del decreto supremos n°735/1969 “Reglamento de los servicios de agua destinados al consumo humano” y n° 236/2003 “Reglamento de instalación domiciliarias de agua potable y alcantarillado”.

Acompaña informes evacuados por el departamento de acción sanitaria de la Seremi de Salud de Magallanes del 21.06.2024 y 8.8.2024 y acta de fiscalización N°54679 del 22.05.2024.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, en la especie se ha deducido recurso de protección por el abogado Michael Furniss Cifuentes, en favor de nombre reservado, en calidad de Presidenta de la Junta de Vecinos Nº35 “Silva Henríquez” y aquella, a su vez, en representación 1) nombre reservado; 2) nombre reservado; 3) nombre reservado; 4) nombre reservado; 5) nombre reservado; y, 6) nombre reservado, en contra la recurrida, todos ya individualizados y como acto omisivo estimado ilegal y arbitrario, lo hace consistir en que la recurrida no ha constatado, mediante inspección, que cada una de las edificaciones emplazadas en los inmuebles referidos se encuentren conectadas a las redes públicas de alcantarillado y agua potable, conforme ordena el artículo 39º de la ley de Servicios Sanitarios, y a su vez, no ha apercibido a los ocupantes o propietarios de los inmuebles para que se conecten ni ha ejercido su clausura por incumplimiento manifiesto; no ha instruido en plazo perentorio para que los ocupantes de los predios construyan soluciones de alcantarillado y agua potable particular conforme la reglamentación del Decreto 236 de 1926, de esa cartera de Estado, en el evento de verificarse la imposibilidad material de conexión a las redes públicas; y, ha permitido -mediante omisión- el vertimiento de aguas servidas domésticas en la calle, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 3º, 67º y 73º del Código Sanitario.

Todo lo anterior, desde luego, configura una omisión a su obligación general de actuar de propia iniciativa en conformidad al artículo 3º, 8º y 28º de la ley Nº 18.575.

CUARTO: Que, al evacuar informe la recurrida, alega que ha desplegado gestiones y acciones conducentes a colaborar con la problemática expuesta, sujeto al ámbito de su competencia.

QUINTO: Que a fin de resolver la acción deducida corresponde precisar que, de acuerdo al contenido de la acción cautelar deducida, por esta vía se solicita se conmine a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, que efectué inspecciones en los inmuebles singularizados en el recurso y constatar inexistencia de conexiones sanitarias e instruir a los ocupantes de las edificaciones y/o propietarios de los inmuebles, proceder a la conexión a las redes de alcantarillado y agua potable a su costa y en el plazo perentorio que esa autoridad fije, o bien, ordenar a cada ocupante construir sistemas de alcantarillado particular, con plazos y apercibiéndose de clausura y determinar el origen preciso de las descargar de aguas domésticas en los bienes nacionales de uso público, ordenando su paralización inmediata con desaojo y cualquier otra que se estime procedente.

SEXTO: Que corresponde por lo tanto verificar si en la situación en análisis concurren los supuestos requeridos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, para la procedencia de la acción cautelar impetrada, vale decir, si se han vulnerado las garantías y derechos establecidos en el artículo 19 N°s 1 y 8 por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Magallanes y Antártica Chilena.

SEPTIMO: Que en relación con el numeral octavo de la última norma precitada y con el objeto de despejar desde ya lo relativo a su posible transgresión, habrá que concordar en que éste resguarda el derecho general de las personas para, por una parte, exigir que los demás no contaminen, y, por otra, exigir al Estado medidas positivas tendientes a mejorar el medio ambiente.

OCTAVO: Que por su parte el artículo 19 N°1 que asegura a las personas “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica…”, lo que incluye en su contenido, el derecho a que la autoridad, en este caso la sanitaria, no efectúen acciones o incurran en omisiones que afecten, perturben o amenacen la vida y su normal y sano desarrollo, constitutivo de tal integridad física y psíquica, ciertamente comprende la salud de las personas.

NOVENO: Que, para apoyar lo afirmado en la acción de que se trata, la parte recurrente acompañó a su libelo documental que sustenta su representación en el recurso e imágenes que ubican los campamentos aludidos.

DECIMO: Que, por su parte, la recurrida en su informe acompañó: Informes evacuados por el Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud de Magallanes de fecha 21.06.20214 y 08.08.2024 Y Acta de fiscalización N°54679 de fecha 22.05.2024.

DECIMO PRIMERO: Que, analizada los antecedentes, conforme la sana crítica, se logra establecer que:

A) El 22 de mayo de 2024, se constituyó la recurrida, en visita de inspección, en el Cescof nombre reservado de esta ciudad, obrando en virtud de denuncia N°2406668, constatando aguas servidas al interior del establecimiento e inicia sumario sanitario al efecto.

B) El 21 de junio de 2024, la recurrida evacua informe de visita solicitada por la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, consignando, entre otros: que el 21 de junio de 2024 se realizó visita a sector de Campamentos denominados Lautaro y Villa Las Etnias, por parte de funcionarios de la SEREMI de Salud; dado las condiciones climáticas (nieve acumulada-escarcha), no se observa escurrimiento de aguas proveniente de casas emplazadas en Campamentos ni agua empozada en dependencias del CECOSF Sandra Vargas; se observa la presencia de escurrimiento de agua en Avenida Yaganes, sin olor, al parecer correspondiente a una vertiente; en terreno de responsabilidad de Bienes Nacionales se encuentran establecidas 3 propiedades cerradas y un levantamiento de otra sin termino de construcción; Se visualizan conexiones a postes de luz, al parecer de forma irregular de propiedades del sector; las dependencias de CECOSF Sandra Vargas se encuentran emplazadas a nivel inferior del suelo, por lo cual se puede presentar problemática de escurrimientos de líquidos; Panderetas de cercado de dependencias de CECOSF Sandra Vargas presenta problemas estructurales, de la cual se visualiza quebradura por el espesor delgado de estas junto con el peso de la tierra, puede provocar su caída; Se visualizan problemas de residuos de mayor volumen como escombros, materiales de construcción, vehículos en desuso; y se evidencia estanques de agua en algunas viviendas.

C) Que el 12 de agosto de 2024, la recurrida, evacua un nuevo informe, constatando hechos similares y concluyendo, ente otros: que de lo observado a través de la visita inspectiva en viviendas del sector de los Campamentos denominados Lautaro y Villa Las Etnias se concluye que ninguna cuenta con autorización sanitaria correspondiente para la disposición de aguas servidas ni de abastecimiento de agua potable; el origen del problema se basa principalmente en la ubicación y emplazamiento de las viviendas, cantidad de habitantes, condiciones poco permeables del suelo y filtración de aguas subterráneas, falta de terreno y condiciones para sistemas particulares de aguas servidas; los escurrimientos de líquidos se presentan a consecuencia de la época estival, en especial de este año por el aumento de lluvias y nieve, lo que ha provocado un incremento de caudal de cursos superficiales, sumado al colapso de los sistemas de eliminación de aguas servidas y las características del terreno, el cual ya se encuentra; estos escurrimientos están provocando malos olores en la vía pública originando un foco de insalubridad para las personas del sector, sumado a que la mayoría de los habitantes del sector no tienen conocimientos del funcionamiento y buen manejo de sus sistemas de descargas de aguas servidas.

DECIMO SEGUNDO: Que las recurrentes de protección estiman que la recurrida ha omitido el cumplimiento de sus deberes, lo que torna su inconducta en ilegal y constitutiva de un atentado a sus derechos fundamentales.

DECIMO TERCERO: Que el artículo 67 del Código Sanitario establece que: “Corresponde al Servicio Nacional de Salud velar porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes de conformidad a las disposiciones del presente Código y sus reglamentos”. A su turno el artículo 73 del mismo estatuto consigna que la autoridad sanitaria tiene facultades para ordenar -a quien corresponda- la inmediata suspensión de descargas como las que emanan de los campamentos aludidos y exigir la ejecución de sistemas de tratamientos satisfactorios destinados a impedir toda contaminación. Lo anteriormente señalado no aparece suficientemente cumplido con las visitas a terreno de que dan cuenta las actas e informes reseñados en los considerandos décimo y décimo primero, o incluso la instrucción e investigación amparada en sumario sanitario ordenado por la recurrida, en efecto la propia recurrida da cuenta que los campamentos constituyen un foco de insalubridad que afectaron las dependencias de CECOSF Sandra Vargas, que el sector de los Campamentos denominados Lautaro y Villa Las Etnias no cuenta con autorización sanitaria correspondiente para la disposición de aguas servidas ni de abastecimiento de agua potable; el origen del problema se basa principalmente en la ubicación y emplazamiento de las viviendas, cantidad de habitantes, condiciones poco permeables del suelo y filtración de aguas subterráneas, falta de terreno y condiciones para sistemas particulares de aguas servidas; los escurrimientos han provocado un incremento de caudal de cursos superficiales, sumado al colapso de los sistemas de eliminación de aguas servidas y las características del terreno, estos escurrimientos están provocando malos olores en la vía pública originando un foco de insalubridad para las personas del sector, sumado a que la mayoría de los habitantes del sector no tienen conocimientos del funcionamiento y buen manejo de sus sistemas de descargas de aguas servidas. Como es dable apreciar, el hecho de que no se cuente en los campamentos aludidos con agua potable y alcantarillado, lejos de eximir de responsabilidad a la recurrida hace que deba ejercer con mayor intensidad sus labores tendientes a que se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes, precisamente por la precariedad de las condiciones de vida que afecta a los vecinos y a quienes transitan en las cercanías, como los recurrentes.

DECIMO CUARTO: Que la entidad recurrida no puede asilarse en la irregularidad de los campamentos para incumplir sus deberes legales, con lo que se hace patente la ilegalidad en su conducta omisiva.

DECIMO QUINTO: Que, en cuanto a la arbitrariedad, ella tiene lugar cuando el actuar objeto del examen establece discriminaciones, es antojadiza, carece de información o razonamiento, también aparece en este caso ya que no resulta razonable la inaplicación de medidas estatales, ante un nivel de precariedad tan alto en las condiciones de vida, que hace que mientras ellas subsistan deban adoptarse medidas extraordinarias para proteger a la población de un posible y muy probable daño a la salud.

DECIMO SEXTO: Que, entonces, hallándonos en presencia de un acto ilegal y arbitrario atribuible al recurrido, concurre en la especie la exigencia establecida en la letra a) del considerando segundo, por lo que la presente acción constitucional deberá ser acogida, por encontrarnos frente a la vulneración del derecho a la integridad física y psíquica y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación que la Constitución Política de la República reconoce a los recurrentes en los numerales 1 y 8.

DECIMO SEPTIMO: Que, sin perjuicio de lo reseñado y teniendo a la vista lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol No 154.803-2020, se estima necesario que, aunque no ha sido recurrida la Superintendencia del Medioambiente, atendidos los antecedentes de la acción y sus características, se acoja en el sentido que se dirá, a su respecto, como garante de la preservación del medio ambiente y sus posibilidades de coordinación entre distintos estamentos.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección deducido por el abogado Michael Furniss Cifuentes, en favor de doña nombre reservado, en calidad de Presidenta de la Junta de Vecinos Nº35 “Silva Henríquez” y otros, en contra de la recurrida, Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena, quien, dentro de un plazo de 90 días, deberá elaborar un plan de medidas y acciones concretas a realizar, en coordinación con la Superintendencia del Medio Ambiente, para evitar los escurrimientos y mitigar las condiciones insalubres de los campamentos aludidos en este recurso, las que deberán ser puestas en conocimiento de este Tribunal. El plazo referido se contará desde que el presente fallo quede ejecutoriado.

Comuníquese lo resuelto a la Superintendencia del Medio Ambiente.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción de la ministra Caroline Turner González.

Se deja constancia que no firma, no obstante haber concurrido a la vista y el acuerdo, la Ministra Sra. Inés Recart Parra por encontrarse con licencia médica.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

ROL N°443-2024.PROTECCION. -