COLEGIO DE PROFESORESDE CHILE PUNTA ARENAS con SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN Y OTROS

Punta Arenas, uno de agosto de dos mil veintitrés.

Visto:

En folio 1 comparece nombre reservado, Profesora, domiciliada en domicilio reservado, de Punta Arenas, en calidad de presidenta del directorio comunal de la comuna de Punta Arenas del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, quien deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, representada legalmente por su Alcalde el Sr. nombre reservado, y como presidente del Directorio de la Corporación Municipal, ambos con domicilio en domicilio reservado, en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, representada legalmente por su Secretaria General doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, y en contra de en contra de la Secretaria Ministerial De Educación, representada legalmente por don nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado, Punta Arenas por el acto arbitrario e ilegal consistente en el pago a los recurrentes de solo el sesenta por ciento de sus remuneraciones.

Indica que como ha sido costumbre por las recurridas, nuevamente miles de profesores y asistentes de la Educación pertenecientes a la Corporación Municipal de Punta Arenas, se han visto sin recibir íntegramente sus remuneraciones.

Manifiesta que al revisar sus liquidaciones de remuneraciones que debieron pagarse el 31 de mayo de 2023, - recurso dentro de plazo- todos los docentes de la ciudad e incluso los asistentes de la educación, vieron reflejados en sus cuentas corrientes, chequeras electrónicas entre otras, solo el 66% de nuestras remuneraciones, quedando pendiente un 34 %.

Agrega que al exigir explicaciones a su alcalde, les indica que el recurrido Ministerio de Educación no traspasa los fondos o dineros y así sucesivamente se atribuyen unos y otros las responsabilidades de la situación actual. Refiere que además, y como es de público conocimiento, no se les han pagado sus cotizaciones previsionales, a pesar de los apercibimientos y juicios pendientes por infracción a la Ley 17.322, e incluso actualmente vigentes dos querellas por el delito de apropiación indebida por la misma circunstancia, porque se nos descuentan nuestras cotizaciones de seguridad social, y no son enteradas a los entes gestores.

Hace presente que es segunda vez en el año que no se le pagan las remuneraciones, por lo que solicitan un pronunciamiento rápido y efectivo de ordenar a las recurridas de manera urgente e inmediata de no perseverar en estas conductas absolutamente arbitrarias e ilegales, y detener inmediatamente dichos actos para que no sea una nueva conducta normalizada impune, y reiterada de no pagar las remuneraciones a los trabajadores, ya que el no pago de las cotizaciones previsionales es un acto prácticamente normalizado a vista y paciencia de todas las entidades y poderes del estado.

Indica que estos actos, constituyen una vulneración de las garantías constitucionales amparadas en los numeral 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la república, por lo que solicita se ordene sin más trámites que las remuneraciones deben ser enteradas en los plazos establecidos en el contrato suscrito entre ambas partes.

Señala que la situación actual es diferente a la del Recurso de Protección interpuesto en esta Iltma. Corte bajo el Rol 68-2023, pues al enterarse la recurrida de la interposición de aquél pagó de inmediato las remuneraciones adeudadas.

Solicita que el recurso sea acogido, y en definitiva, restableciendo el imperio del derecho, ordenar y declarar sin más trámites que las remuneraciones constituyen un derecho de propiedad de los afectados y existe además vulneración a las demás garantías constitucionales conculcadas y mencionadas, y deben ser enteradas en los plazos establecidos en el contrato suscrito entre ambas, cesando de inmediato en la conducta desplegada bajo apercibimiento de multa o arresto en contra de sus representantes, y que en lo sucesivo en el evento de pagar los montos adeudados por concepto de remuneraciones durante la tramitación del presente recurso, se inhiba de seguir en ese comportamiento de morosidad de remuneraciones, con costas en caso de oposición.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Acta de asunción de cargo del Colegio de Profesores, directiva comunal de Punta Arenas; 2.- Listado de docentes colegiados y afectados por el acto arbitrario e ilegal denunciado.

En folio 12 informa la recurrida Municipalidad de Punta Arenas, a través del abogado Cristian Patricio Navarro Kamann, quien solicita el rechazo de la presente acción constitucional, con costas.

Opone en primer término excepción de falta de legitimación activa de la recurrente nombre reservado, quien comparece en su calidad de presidenta del directorio comunal de la comuna de Punta Arenas del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, sin individualizar a ninguna de las personas que supuestamente estaría afectadas por el actuar municipal.

Alega el segundo lugar la inexistencia del supuesto acto arbitrario e ilegal; señalando que la exposición de los hechos que realiza la recurrente, no resulta clara, toda vez que no se indica cual es el acto administrativo municipal arbitrario o ilegal, susceptible del presente recurso.

Indica que además, el recurso adolece de otro defecto por cuanto solicita en lo petitorio que las remuneraciones deben ser enteradas en los plazos establecidos en el contrato suscrito entre ambas, sin indicar a quienes se refiere, y las fechas de los mismos, sin considerar además, que tampoco acompaña los contratos que permitan discutir la fecha que indica.

Finalmente expone que, a la fecha de interposición del presente recurso, las remuneraciones que se alegan, se encontraban ya pagadas, es decir el saldo de 34% del mes de mayo, se encuentran pagadas con fecha 13 de junio de 2023, por lo cual la presente acción ha perdido oportunidad.

A folio 8 Informa la recurrida Corporación Municipal de Punta Arenas a través de su abogada Silvana Jaramillo Hott, quien solicita el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

Explica que resulta efectivo que con fecha 31 de mayo de 2023, no se procedió al pago íntegro de las remuneraciones del personal que se desempeña en el área de educación y de la administración central, cuyas remuneraciones dependen directamente de la subvención general que el Ministerio de Educación entrega a la Corporación Municipal de Punta Arenas.

Agrega que, es un hecho públicamente conocido la difícil situación financiera por la que ha atravesado históricamente la educación pública, que afecta a las corporaciones municipales e incluso a las municipalidades que operan directamente a través de los departamentos de educación municipal (DAEM), atendido que el financiamiento de la educación depende en especial de la entrega de la subvención general que el Ministerio de Educación, cuyo monto se determina de acuerdo a la asistencia de los alumnos (artículos 3 y 13 del DFL Nº 2 de 1998, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales).

Indica que respecto de las remuneraciones correspondientes al mes de mayo, con fecha 31 de mayo de 2023, se remitió a los correos personales y casillas electrónicas de los trabajadores, así como de los sindicatos y colegio comunal de profesores, un correo electrónico por del Director de Recursos Humanos don nombre reservado., en el cual se informó del pago del equivalente al 66% de las remuneraciones líquidas. Lo anterior debido a que los fondos FAEP (Fondo de Apoyo a la Educación Pública) no fueron entregados en los plazos comprometidos.

Expone que se hicieron las respectivas gestiones para obtener los fondos en los pazos debidos. Añade que a pesar de todas las gestiones realizadas y al no tener respuesta al traspaso de Fondos FAEP 2023, con fecha 08 de junio, se opta por solicitar al Municipio el saldo faltante para el pago de remuneraciones por un monto de $650.000.000, lo cual fue aprobado, pudiendo de esta manera dar cumplimiento total al pago de remuneraciones del mes de mayo de 2023, el día 12 de junio de 2023, recibiendo recién el traspaso de la primera cuota convenio FAEP 2023 el 14 de junio del presente año.

Finalmente, expone que, atendida la especial naturaleza cautelar y de urgencia del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, que estén debidamente comprobados, y que se esté actualmente produciendo una perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Carta Fundamental asegura a todos los ciudadanos, lo que no sucede en este caso, por cuanto las remuneraciones de los docentes en favor de quienes se ha interpuesto el presente arbitrio de protección, se encuentran íntegramente pagados, de modo que no existe medida alguna que esta Ilustrísima Corte de Apelaciones deba arbitrar para reestablecer el imperio del derecho, solicitando se desestime la acción constitucional formalizada, por haber perdido esta oportunidad. Acompaña los documentos individualizados en el otrosí de su presentación.

En folio 19 informa la parte recurrida Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través del abogado don Guillermo Soto Aguilera, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Describe las corporaciones municipales y su forma de funcionamiento.

Expresa que la presente acción no resulta ser el procedimiento idóneo para resolver el conflicto planteado, desde que la naturaleza de éste corresponde a la de un asunto que no puede ser dilucidado por medio de una acción cautelar de derechos constitucionales, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria.

Relata que la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena ha estado lejos de ser un ente pasivo respecto a estos incumplimientos, por el contrario, cada vez que se ha producido un incumplimiento por parte de algún sostenedor de la Región en el pago oportuno e íntegro de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, ha ejercido sus atribuciones legales y normativas para retener la subvención general en el porcentaje establecido en la norma.

Hace presente que a la fecha nada se adeuda al respecto y en caso contrario, el procedimiento para alegar de dichos incumplimientos contractuales laborales sería en sede laboral y no como se ha accionado por los recurrentes.

Acompaña los documentos signados en el primer otrosí de su informe.

Encontrándose en estado, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a los recurrentes.

SEGUNDO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente consiste en el no pago íntegro de las remuneraciones de los docentes pertenecientes al Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, pertenecientes a la comuna de Punta Arenas, solicitando que se ordene a la recurrida el pago de las remuneraciones en los plazos establecidos en el contrato suscrito entre ambas partes.

TERCERO: Que, al evacuar informe la recurrida Corporación Municipal insta por el rechazo del recurso señalando –en lo sustancial- que el recurso ha perdido oportunidad por cuanto, se efectuaron las gestiones respectivas y a la fecha las remuneraciones se encuentran íntegramente pagadas.

CUARTO: Que, por su parte, la también recurrida I. Municipalidad de Punta Arenas, opone la excepción de falta de legitimación activa de la recurrente quien lo hace en su calidad de presidenta comunal del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile de la comuna de Punta Arenas; denunciando a continuación, defectos formales del libelo; para concluir indica que las remuneraciones se encontraban pagadas a la fecha de interposición del recurso.

QUINTO: Que la recurrida Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena informa solicitando el rechazo del presente recurso, por no ser la vía idónea para plantear las solicitudes de los recurrentes, y por encontrarse pagadas las remuneraciones de que trata.

SEXTO: Que el numeral 2 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales establece: “El recurso se interpondrá por el afectado o por cualquiera otra persona en su nombre, capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial, por escrito en papel simple o por cualquier medio electrónico…” por lo que se desestimará la alegación de falta de legitimación activa formulada por la recurrida I. Municipalidad de Punta Arenas.

SEPTIMO: Que para la acertada resolución de la presente acción constitucional es preciso consignar que las remuneraciones se encuentran definidas por el Código del Trabajo como “la contraprestación en dinero o especies que recibe el trabajador por causa del contrato de trabajo”, constituye un derecho del trabajador por el servicio realizado en virtud de un vínculo de subordinación y dependencia.

Que es un hecho no discutido que los recurrentes y las recurridas se encuentran vinculadas por normas establecidas en el denominado Estatuto Docente.

OCTAVO: Que lo reclamado por la recurrente es el cumplimiento imperfecto en el pago íntegro de las remuneraciones, hecho que, no ha sido controvertido por las recurridas, quienes han manifestado en sus respectivos informes que existió un incumplimiento en el pago íntegro de las remuneraciones de los docentes.

NOVENO: Que, conforme a lo expuesto por las recurridas, el incumplimiento en el pago íntegro de las remuneraciones ha resultado íntegramente satisfecho, lo que queda demostrado con los documentos acompañados por la recurrida Corporación Municipal de Punta Arenas, a saber, liquidaciones de remuneraciones y certificados de pago de las remuneraciones de los trabajadores de la nómina de docentes. Entonces, no existiendo medidas de resguardo que deban abordarse ante la existencia de un acto arbitrario o ilegal, que cautelen el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que por esta vía se tutelan, el presente recurso no podría prosperar, por haber perdido oportunidad.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, lo dispuesto en DFL 1 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº19.070, DFL 2 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado DEL DFL Nº 2 de 1996, artículos 420 y siguientes del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que SE RECHAZAN las excepciones opuestas por la recurrida I. Municipalidad de Punta Arenas.

II.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en calidad de presidenta del directorio comunal de la comuna de Punta Arenas del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile en contra de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas y en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 440-2023. Protección.