nombre reservado con EJERCITO DE CHILE

Punta Arenas, veintitrés de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones, don Rodrigo Higuera Muñoz, abogado en representación de nombre reservado, cesante, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Ejército de Chile, representado legalmente por el General don nombre reservado, Comandante General de Personal de la institución o por quien legalmente represente o subrogue sus derechos, solicitando se declare ilegal y/o arbitrario la omisión de la recurrida, de no depositar el sueldo correspondiente al mes de marzo, pese a tener licencia médica vigente hasta el 19 de abril del año en curso, y se ordene depositar la remuneraciones correspondientes hasta el término del período de reposo señalado en la licencia respectiva.

Funda su acción señalando que hace 35 años se ha desempeñado como funcionaria en el Ejército de Chile, en calidad de personal contratado a Jornal, en distintas reparticiones, siendo la última en el Regimiento Pudeto, en el Área de cocina, hasta que fue desvinculada durante el mes de Diciembre de 2019.

Alega que el día 10 de marzo de 2016, sufrió un accidente de trayecto entre su domicilio y trabajo, en un bus del Transporte Público, que le provocó una rotura masiva del manguito rotador derecho, perdiendo la movilidad del brazo derecho. En virtud de lo anterior y de la falta de apoyo de su empleador (lo cual es materia de una causa laboral en tramitación), es que hasta el momento de su desvinculación y hasta la fecha se encontraba con licencia médica por la lesión que sufrió, así como también de padecer de un severo cuadro depresivo, gatillado por el tiempo que se ha mantenido incapacitada de trabajar, circunstancias por las cuales existe una causa laboral ante el Juzgado de Letras del Trabajo. Con fecha 23 de enero de 2020 la institución dispuso su retiro por enfermedad.

Por las licencias médicas otorgadas, la recurrida le depositaba su sueldo los días 21 de cada mes, o el día hábil siguiente, ya que dichas licencias eran recibidas en tiempo y forma por la Institución. Sin embargo, el día 21 de marzo del presente año, esto no ocurrió, la dejaron sin sueldo, pese a que presentó oportunamente su licencia que tenía vigencia hasta el 19 de abril del presente año, licencia folio RUT reservado, con orden de reposo total; situación que junto a agravar su situación de salud, la deja sin ingresos para solventar sus necesidades básicas, además de no poder cumplir con sus obligaciones pendientes; perjuicio que aumenta por las actuales circunstancias de emergencia sanitaria, donde las posibilidades de obtener alguna fuente de ingresos es aún más limitada.

Los hechos denunciados vulneran las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 Nº 1, ya que afecta su integridad física y psíquica, el hecho de haber quedado sin ingresos, lo que no solamente impide que pueda adquirir lo necesario para sus necesidades básicas, sino que además impide que puede adquirir medicamentos para tratar el cuadro depresivo que está actualmente padeciendo; a lo que se agrega que por la reciente desvinculación, en el futuro no va a poder atenderse con cobertura de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA), debiendo costearse tratamientos por su propia cuenta.

Igualmente se vulnera su derecho de propiedad del artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, al efecto considera que existe un derecho adquirido sobre su remuneración por cuanto según la legislación vigente, mientras se mantenga la licencia médica, continua gozando del total de sus remuneraciones, cualquiera sea su régimen previsional, en dicho sentido existen pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social.

Informa por la recurrida General de División don nombre reservado, Comandante General de Personal, solicitando que la acción sea rechazada en todas sus partes.

Alega en primer término, la extemporaneidad de la acción.

Al respecto sostiene que lo que realmente pretende la recurrente es impugnar el acto administrativo que contiene la decisión institucional de su retiro absoluto -cuya consecuencia inmediata es el cese de remuneraciones- y no la supuesta omisión del pago del sueldo, al cual no tiene derecho por el hecho de la desvinculación; toda vez que la remuneración se percibe por el personal en razón del empleo, por lo que habiendo sido desvinculada, el efecto natural será el cese de la remuneración cuyo pago está exigiendo, ya que ha perdido la calidad de personal.

En efecto, el acto administrativo verdaderamente impugnado, es aquél que ha dispuesto su retiro absoluto, de lo que deviene la falta de la correcta fundamentación de la acción impetrada, provocando una situación artificiosa con la cual pretende hacer revivir un plazo fenecido para la interposición de su acción constitucional que venció en febrero de 2019, por cuanto la decisión que dispuso el retiro absoluto se notificó el día 16 de enero de 2020.

Agrega que el acto administrativo del retiro absoluto de la actora, se dictó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento del Personal a Jornal y Obreros a Trato de las Fuerzas Armadas, que contempla entre las causales de retiro absoluto, el padecer de enfermedad incurable o inutilidad de las señaladas en el artículo 101 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas (actualmente, artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas), lo que se determinó mediante resolución de 08 de noviembre de 2019, no correspondiéndole inutilidad, lo que se notificó por carta certificada ante la negativa de la actora de aceptarla personalmente; lo que considera es una manifestación de la negligencia de la recurrente que hoy pretende traspasar a la Institución, pues conociendo su desvinculación con suficiente antelación y, por ende, de la extinción de toda obligación recíproca entre ambos, no tramitó la licencia médica y su correspondiente pago ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (al encontrarse afiliada a FONASA) como tampoco ha gestionado la calificación de invalidez. Por lo que, si la recurrente no ha percibido el pago de su licencia médica, ha sido a consecuencia de su propia torpeza; de modo que no puede exigir el pago de remuneraciones, por no existir vínculo con la recurrida, por no tener causa (empleo) y porque ha perdido la calidad de personal (a jornal) de la Institución; derecho que se extinguió con la notificación válida del acto administrativo que dispuso el retiro absoluto, de lo que concluye que la omisión del pago que reclama no es arbitrario ni ilegal.

Precisa que al no corresponderle inutilidad no está incluida en el sistema general de protección de riesgos laborales de las Fuerzas Armadas, por lo que no le es aplicable el artículo 8° de la Ley N° 18.458.

Además, se debe señalar que, habiendo ingresado la recurrente a la Institución en el año 1986, se encuentra afecta al Sistema Previsional establecido en el D.L. N° 3.500 de 1980, por lo que el pago de sus licencias médicas debe ser tramitado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez al encontrarse afiliada a FONASA.

Destaca que la notificación del acto administrativo de retiro produjo todos sus efectos, puesto que la licencia médica no impide que se produzca la desvinculación, toda vez que tal reposo no confiere inamovilidad, como lo ha sostenido reiteradamente la Contraloría General de la República, lo que también se apoya en el artículo 51 de la Ley N° 19.880, que dispone que los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo causan inmediata ejecutoriedad, las que producen efectos jurídicos desde su notificación.

Considera que no se cumplen las condiciones y requisitos exigidos por el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, para la interposición de la acción constitucional, por cuanto el acto invocado no es arbitrario o ilegal, el pago de la remuneración que se exige carece de toda causa, por no tener derecho a percibirlo. La desvinculación a causa del retiro absoluto ha extinguido toda obligación entre las partes, entre ellas, la de pagar la remuneración. En el caso que lo reclamado sea el pago de la licencia médica, dicha actuación no le es exigible a la Institución, sino que a otra entidad, previa tramitación de la misma, habiéndose extinguido las obligaciones entre las partes, es a la recurrente a quien le corresponde diligenciar su licencia médica y no al Ejército de Chile.

Sostiene que el tema planteado es ajeno a la naturaleza cautelar de la acción de protección -mecanismo breve, de emergencia, expedito, rápido e informal, que solucione de manera pronta y eficaz situaciones de hecho o de derecho que requieren de un urgente restablecimiento, transformándola en un sustituto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios que la Ley contempla para tal objeto y de los cuales conocen los tribunales que establece en el ejercicio de su potestad jurisdiccional.

En cuanto a las garantías vulneradas, la recurrente no identifica algún acto u omisión arbitraria o ilegal emanado de esta autoridad que conculque el derecho a la vida y a la integridad psíquica, el retiro absoluto no merma en forma alguna estas garantías constitucionales, más aún cuando esa decisión institucional se ha adoptado en virtud de mandato legal, cuando la falta de recursos no es atribuible a esta Institución, pues era obligación de la actora tramitar su licencia médica ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y su posterior pago.

En cuanto al derecho de propiedad, la recurrente no identifica algún acto u omisión arbitraria o ilegal emanado de esa autoridad que lo afecte, cuando no tiene derecho a percibir remuneración, ya que fue desvinculada de la Institución, extinguiéndose así la obligación de dicho pago, por carecer de toda causa y justificación.

Encontrándose la causa en estado de ser vista, se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, la recurrente, según se lee en el numeral II) de su libelo, califica el hecho de arbitrario e ilegal, en la omisión de la recurrida que “el 21 de marzo no le depositaron el sueldo, estando con licencia médica vigente hasta el 19 de abril del año en curso”(sic), ya que pese a haber sido desvinculada en el mes de diciembre de 2019, aquella determinación no ha producido sus efectos, por cuanto se encuentra haciendo uso de licencia médica, con reposo total autorizado hasta el día 19 de abril del año en curso, lo que vulnera las garantías constitucionales que invoca.

TERCERO: Que, la recurrida insta por el rechazo del recurso, alegando su extemporaneidad, toda vez que lo realmente impugnado es el acto administrativo que ha dispuesto su retiro absoluto, de lo que deviene la falta de la correcta fundamentación de la acción impetrada, provocando una situación artificiosa con la cual pretende hacer revivir un plazo fenecido para la interposición de su acción constitucional que venció en febrero de 2019, por cuanto la decisión que dispuso el retiro absoluto se notificó el día 16 de enero de 2020.

Agrega que el acto administrativo del retiro absoluto de la actora, se dictó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento del Personal a Jornal y Obreros a Trato de las Fuerzas Armadas, que contempla entre las causales de retiro absoluto, el padecer de enfermedad incurable o inutilidad de las señaladas en el artículo 101 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas (actualmente, artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas), lo que se determinó mediante resolución de 08 de noviembre de 2019, no correspondiéndole inutilidad, lo que se notificó por carta certificada ante la negativa de la actora de aceptarla personalmente.

Agrega que no existe ningún hecho ilegal o arbitrario, ya que la desvinculación con la recurrente, ha cumplido con toda la normativa vigente, haciendo imposible que nazca alguna infracción de las Garantías Constitucionales que intenta la actora y mucho menos la remuneración pretendida, ya que no existe ninguna obligación para ello.

CUARTO: Que, tal como se indica en el considerando segundo, el acto en contra del cual se recurre se habría cometido el día 21 de marzo de 2020, motivo por el cual al haber sido interpuesto el presente recurso de protección con fecha 24 de marzo de 2020, deberán desestimarse la alegación de extemporaneidad planteada por el recurrido.

QUINTO: Que, por otro lado, corresponde descartar alguna ilegalidad o arbitrariedad en la decisión impugnada, toda vez que, en primer término, al hacer una simple lectura del recurso, resulta confuso, por cuanto en una parte señala que hay un juicio en tramitación en el Juzgado de Letras del Trabajo, donde se estarían cobrando prestaciones laborales -como la que se pretende- y también hace alusión a un accidente de trayecto ocurrido en el año 2016; que fue desvinculada de su labor que realizaba en el Ejército, en el área de cocina, en el mes de diciembre de 2019, sin dar mayores antecedentes, ni explicar de qué manera se produciría la transgresión de las garantías constitucionales que acusa infringidas.

En efecto, no ha sido posible dar por establecido respecto del recurrido una acción arbitraria, entendiendo por tal aquella producto del mero capricho de quien incurre en él que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes-protegidas por haberse tomado una decisión carente de razón, infundada o desproporcionada en relación a los fines perseguidos para la consecución de un objetivo lícito y determinado.

Tampoco se ha podido constatar que hubiere incurrido en algún acto ilegal, esto es, contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos) y a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil (Corte Suprema Rol N° 764/2011).

Para así decirlo es pertinente tener presente que tal como lo señala el recurrido, adoptó la decisión cuestionada en virtud de la existencia de un acto administrativo previo, consistente en la desvinculación de la recurrente del cargo que servía para el recurrido y la consecuente decisión de no pagarle remuneraciones posteriores obedece a dicha causa por cuanto dejó de prestar servicios para ella de modo que, cotejando los antecedentes del presente recurso, no era posible justificar el pago de la suma que se pide por tal concepto, al haberse extinguido la obligación por carecer de causa.

SEXTO: Que, así las cosas y atento a lo razonado no cabe sino desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y por el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección presentado en representación de nombre reservado, en contra del Ejército de Chile, representado legalmente por el General don nombre reservado, Comandante General de Personal de la institución o por quien legalmente represente o subrogue sus derechos, todos ya individualizados.

Redacción de la Fiscala Judicial Subrogante Connie nombre reservado Oyarzún.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Se deja constancia que no firma la Fiscal Judicial Subrogante Srta. nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de licencia médica.

ROL Nº 437-2020. PROTECCIÓN.