Protección contra Televisión de la Patagonia ITV Limitada

Punta Arenas, veinticinco de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Ricardo Sebastián Haro Rodríguez, abogado, en representación de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°NUM000, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Televisión de la Patagonia ITV Limitada, concesionaria y responsable del medio de comunicación televisivo ITV Patagonia, y de su Director Responsable, en razón del acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la emisión, el 27 de agosto de 2026, en el espacio informativo ITV Noticias, de una nota periodística referida a la audiencia celebrada ese mismo día ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, en causa RUC N°2601315720-K, RIT O-3419-2026, por hechos calificados como lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, presentada bajo el titular “Hermanos formalizados tras agredir a su Padre y golpearse entre ellos”, en la cual se le individualizó por su nombre.

Señala que en la audiencia se decretó a su respecto la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año, y que, además, la Fiscalía Local de Punta Arenas, en la misma causa, le reconoció la calidad de víctima y dispuso medidas de protección en su favor, consistentes en la entrega del número telefónico del Plan Cuadrante, contacto telefónico prioritario con la policía y rondas periódicas de Carabineros en su domicilio durante 90 días.

Sostiene que la recurrida, pudiendo informar el hecho mediante fórmulas genéricas, optó por revelar su identidad, vinculándolo públicamente con un conflicto familiar y penal en una comunidad regional, lo que no constituía un elemento indispensable para satisfacer el interés informativo. Agrega que la nota calificó los hechos de forma distinta a como ocurrieron, pues de su titular se desprendería que él habría agredido a su padre, en circunstancias que su actuación se dirigió a auxiliarlo frente a la agresión de su hermano. Añade que la nota se mantiene disponible en el sitio web de la recurrida, por lo que la afectación sería actual y permanente.

Invoca el artículo 78 del Código Procesal Penal, la Ley N°18.838, el artículo 7° de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión, y lo resuelto por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol N°716-2025 y por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°19.634-2024.

Estima vulneradas las garantías de los artículos 19 N°1 y N°4 de la Constitución Política de la República, y solicita que se ordene a la recurrida abstenerse de volver a difundir la nota individualizándolo; que se retire o, en subsidio, se anonimice el contenido disponible en su sitio web, redes sociales y plataformas digitales; que cualquier futura información relativa al procedimiento judicial resguarde su identidad; y las demás medidas que se estimen necesarias, con costas.

Informa el recurso nombre reservado, en representación de Televisión de la Patagonia ITV Limitada, quien solicita su rechazo, con costas.

Expone que la nota tuvo un fundamento fáctico y judicial real, público y comprobable, pues según lo expuesto por el Ministerio Público en audiencia pública, nombre reservado habría agredido a su padre y, posteriormente, el recurrente concurrió al lugar y agredió a su hermano nombre reservado, siendo ambos formalizados por el delito de lesiones menos graves. Sostiene que la calidad de víctima del recurrente respecto de ciertos hechos no excluye su calidad de imputado respecto de otros, y que la nota nunca lo presentó como condenado, sino que empleó expresamente la categoría procesal de "formalizados". Afirma que el titular constituye una síntesis periodística del episodio global, cuyo núcleo fáctico es efectivo.

Alega que no existe norma, resolución judicial ni orden de reserva que impidiera informar la identidad de un adulto formalizado; que el artículo 78 del Código Procesal Penal impone deberes a los fiscales y no a los medios de comunicación, y que las medidas de protección adoptadas no contemplaron reserva de identidad alguna. Agrega que los precedentes invocados no son asimilables; que el recurrente no ejerció el derecho de aclaración o rectificación previsto en la Ley N°19.733, circunstancia que, sin constituir requisito de procedencia, incide en la necesidad y proporcionalidad de la tutela solicitada; que no se acreditó una afectación autónoma de la integridad psíquica; y que la petición relativa a informaciones futuras excede la finalidad cautelar de esta acción y constituiría una restricción anticipada a la libertad de información.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción cautelar de urgencia, destinada a servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a violaciones ostensibles o manifiestas de derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, sin que constituya la vía idónea para dirimir controversias de hecho o de derecho que requieran de un debate probatorio más extenso.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; b) que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado; y d) que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que a través del presente recurso se reprocha la emisión, el 27 de agosto de 2026, en el noticiero ITV Noticias, de una nota periodística referida a la audiencia celebrada ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas en causa RUC N°2601315720- K, RIT O-3419-2026, en la que se individualizó por su nombre al recurrente, así como su mantención en el sitio web de la recurrida, por estimar que tales conductas vulneran las garantías consagradas en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que del mérito de los antecedentes y de lo expuesto por ambas partes, constituyen hechos no controvertidos los siguientes: a) que el 27 de agosto de 2026 se celebró ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas una audiencia en la causa antes individualizada, por hechos calificados como lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar; b) que en dicha causa el recurrente revistió la calidad de imputado y fue formalizado, decretándose a su respecto la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año; c) que en la misma causa la Fiscalía Local de Punta Arenas le reconoció la calidad de víctima y dispuso en su favor las medidas de protección consistentes en la entrega del número telefónico del Plan Cuadrante, contacto telefónico prioritario con la policía y rondas periódicas de Carabineros en su domicilio; y d) que la recurrida emitió la nota cuestionada bajo el titular “Hermanos formalizados tras agredir a su Padre y golpearse entre ellos”, individualizando al recurrente por su nombre, la que se encontraba disponible en su sitio web a la fecha de interposición del recurso.

QUINTO: Que, en cuanto a la ilegalidad reprochada, el recurrente no ha señalado una norma legal que prohíba a un medio de comunicación social informar la identidad de una persona adulta que ha sido formalizada en un procedimiento penal, ni consta en autos la existencia de una resolución judicial que haya decretado la reserva de su identidad o prohibido la difusión de antecedentes de la causa.

El artículo 78 del Código Procesal Penal impone a los fiscales el deber de adoptar o solicitar medidas para proteger a las víctimas durante el procedimiento, sin que de su texto se desprenda una prohibición dirigida a terceros ajenos a él. Por su parte, las medidas de protección efectivamente dispuestas por el Ministerio Público en favor del recurrente se orientan a resguardar su seguridad personal y no contemplan reserva alguna de su identidad, de modo que no resulta posible extraer de ellas un deber de abstención impuesto a la recurrida.

Asimismo, la eventual infracción al artículo 7° de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión es materia cuya fiscalización y sanción la Ley N°18.838 entrega al Consejo Nacional de Televisión, a través del procedimiento que dicho cuerpo legal establece, siendo precisamente en ese contexto —el de un reclamo de ilegalidad contra una sanción administrativa — en el que se pronunció la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago Rol N°716-2025 invocada por el recurrente, la que por ello no resulta asimilable a la situación de autos.

SEXTO: Que, en lo que concierne a la arbitrariedad, la individualización del recurrente no aparece como una decisión caprichosa o desprovista de todo fundamento, puesto que existe una vinculación objetiva y directa entre su persona y el hecho informado, al haber sido efectivamente formalizado en la causa a que se refiere la nota, la que, además, empleó la expresión “formalizados”, categoría procesal que no equivale ni fue presentada como una declaración de responsabilidad penal mediante sentencia firme.

La circunstancia de que la recurrida hubiese podido informar el mismo acontecimiento mediante fórmulas genéricas, sin mencionar el nombre de los involucrados, no transforma por sí sola la opción editorial adoptada en un acto arbitrario, pues el examen que corresponde en esta sede no consiste en determinar cuál habría sido la mejor forma de comunicar la noticia, sino en constatar si la conducta reprochada carece de un fundamento racional, lo que en la especie no se advierte con la evidencia que esta acción cautelar exige.

Del mismo modo, la calidad de víctima reconocida al recurrente por el Ministerio Público no resulta incompatible con su condición de imputado formalizado dentro del mismo contexto fáctico, de modo que aquella no priva de sustento a la información relativa a esta última.

SÉPTIMO: Que, en lo tocante al reproche referido al contenido del titular, en cuanto de él podría desprenderse que el recurrente agredió a su padre, en circunstancias que, según su versión, habría actuado en auxilio de éste frente a la agresión de su hermano, cabe advertir que la recurrida controvierte tal planteamiento, afirmando que el titular constituye una síntesis del episodio global y que, conforme a lo expuesto por el Ministerio Público en audiencia, el recurrente agredió a su hermano, conducta por la cual fue formalizado.

Se trata, por tanto, de una controversia acerca de la exactitud y precisión de la información difundida y de la dinámica de los hechos investigados en sede penal, cuya dilucidación excede el ámbito de esta acción de urgencia, sin que corresponda a esta Corte, por esta vía, emitir pronunciamiento sobre la participación o las motivaciones del recurrente en aquellos hechos.

Por lo demás, el ordenamiento jurídico contempla en el artículo 16 de la Ley N°19.733 el derecho de toda persona ofendida o injustamente aludida por un medio de comunicación social a que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida, mecanismo específicamente previsto para discrepancias de esta naturaleza y que, según consta, el recurrente no ejerció, sin perjuicio de que ello no constituya un requisito de procedencia de la presente acción.

OCTAVO: Que, en el sentido antes expuesto, resulta pertinente considerar lo señalado por el Ministro Sr. Matus en recurso de protección sometido a conocimiento de la Excma. Corte Suprema, quien sostuvo que “...la declaración acerca del carácter abusivo o no del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, emitir informaciones y opiniones, así como el establecimiento del carácter injurioso de una expresión o de su contenido como atentado contra la intimidad son cuestiones que han de decidirse en los procedimientos de lato conocimiento establecidos al efecto, no existiendo, por tanto, en la especie, un derecho de carácter indubitado que pueda ser protegido por esta vía” (Rol N°27.398-2025 Excma. Corte Suprema).

A lo anterior se añade que el criterio contenido en la sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol N°19.634-2024, invocada por el recurrente, se refiere a publicaciones que atribuyen a una persona un actuar ilícito sin que ello se encuentre establecido a través de los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico, supuesto que no concurre en la especie, en que la nota informó de una formalización efectivamente verificada ante el órgano jurisdiccional competente.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo razonado, tampoco se advierte en esta sede cautelar una afectación indubitada de las garantías de la honra, la vida privada y la protección de los datos personales del recurrente, consagradas en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a la honra, la nota informó acerca de un hecho efectivo y verificable, cual es la formalización del recurrente en un procedimiento penal por hechos ocurridos en contexto de violencia intrafamiliar, empleando la categoría procesal que correspondía a su situación, sin atribuirle una condena ni afirmar su responsabilidad penal. El menoscabo reputacional que pueda derivarse naturalmente de la difusión veraz de la existencia de un procedimiento penal y de la situación procesal de quien interviene en él no constituye, por sí solo, una lesión a la honra protegible por esta vía, pues de lo contrario se impediría informar acerca de todo proceso penal que involucre a personas determinadas. Y en lo que dice relación con la precisión del titular, ésta es, según se razonó en el motivo séptimo, una cuestión controvertida cuya dilucidación excede el ámbito de esta acción.

DÉCIMO: Que, en lo relativo a la vida privada, cabe tener presente que los hechos a que se refiere la nota dieron lugar a la intervención de Carabineros, del Ministerio Público y del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, siendo expuestos en una audiencia pública ante dicho tribunal, de modo que, en la medida en que fueron sometidos al conocimiento del sistema de justicia penal, trascendieron el ámbito estrictamente reservado de la esfera familiar del recurrente. Por otra parte, no consta que la nota haya difundido antecedentes de su vida personal o familiar ajenos o innecesarios para la comprensión del hecho informado, limitándose a los que fueron objeto del procedimiento.

Finalmente, en cuanto a la protección de sus datos personales, la sola mención del nombre de una persona adulta en una información periodística referida a una actuación judicial en la que efectivamente intervino no importa, por sí misma, un tratamiento ilícito de datos personales, sin que el recurrente haya señalado una norma específica que, atendidas las circunstancias del caso, obligara a la recurrida a mantener en reserva su identidad, cuestión ya analizada en el motivo quinto.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en lo relativo a la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, no se han aportado antecedentes que permitan tener por acreditada una afectación concreta de la integridad psíquica del recurrente atribuible a la conducta reprochada, advirtiéndose que las consecuencias descritas en el libelo se refieren, en parte, a su padre, quien no es parte en estos autos.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, finalmente, en cuanto a la petición de ordenar que cualquier futura información relativa al procedimiento judicial resguarde la identidad del recurrente, cabe tener presente que la acción de protección requiere de una afectación o amenaza real, inminente, directa y personal a un derecho fundamental, que se constate al momento de ejercerla, por lo que no procede extender lo decidido a situaciones respecto de las cuales no existe certeza que ocurrirán próximamente, ni limitar de forma genérica una eventual actuación futura de la recurrida, por escapar a los límites propios de esta acción, tal como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en la misma causa Rol N°27.398-2025. Por lo demás, una medida de tal naturaleza importaría una restricción anticipada al ejercicio de la libertad de informar sin censura previa, garantizada en el artículo 19 N°12 de la Carta Fundamental.

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado en esta sede sumaria y cautelar la existencia de un acto ilegal o arbitrario, manifiesto e indubitado, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías invocadas, el recurso de protección deducido no puede prosperar y debe ser rechazado, sin perjuicio de los derechos que asistan al recurrente para hacer valer, por las vías que estime pertinentes, las acciones de aclaración o rectificación, civiles, penales o administrativas que correspondan.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Televisión de la Patagonia ITV Limitada, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción a cargo de la Ministra Suplente Sra. Berta Roxana Salgado Salamé.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°418-2026. Protección.-