nombre reservado CONTRA nombre reservado

Punta Arenas, diez de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones, nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, quien deduce recurso de protección en contra de la Asociación de Funcionarios Nº2 del Servicio Agrícola y Ganadero “nombre reservado”, representada por su presidente nacional don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por actos ilegales y arbitrarios que han vulnerado sus garantías fundamentales consagradas en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política, referidas a la integridad psíquica y el respeto a la vida privada y honra de las personas.

Expone, que es funcionaria del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) desde el año 2010, desempeñando funciones de coordinación y supervisión que exceden el grado 13 que actualmente ostenta en la Escala Única de Sueldos. Agrega, que desde el 2016 ha solicitado regularizar su grado y en el año 2023 formalizó la petición a nivel nacional conforme a la Política de Gestión y nombre reservado del SAG, trámite aún pendiente. Refiere, que el 28 de julio de 2025 la Directora Regional ofició al Director Nacional mediante la Hoja de Envío N°8.583/2025, solicitando formalmente revisar su caso.

Afirma, que, a partir de ello, dirigentes de la asociación nombre reservado iniciaron una campaña pública en su contra.

Asevera, que la presidenta regional, doña nombre reservado, con fecha 29 de junio del año en curso, participó en una entrevista radial donde sugirió que su mejora de grado correspondía a un beneficio “a dedo”. Ese mismo día, nombre reservado publicó en Facebook la Hoja de Envío interna —sin seguir los canales de la Ley de Transparencia— acompañada de mensajes que la ubicaban en un ranking y la vinculaban a supuestos favoritismos, además de consignas como “no más grados a dedo” y un llamado a “Paro nacional ya”. Añade, que posteriormente, se repitieron publicaciones con la misma Hoja de Envío, intervenida con frases manuscritas, y más tarde el presidente nacional de la asociación difundió un video en el que, aludiendo a la Ley N°21.507, insistió en que su caso constituía un ejemplo de irregularidad frente al ranking de funcionarios.

Asevera, que estas acciones expusieron información interna del SAG, descontextualizaron su situación funcionaria y la asociaron falsamente con prácticas irregulares, afectando su honra, reputación profesional, integridad psíquica y posibilidades de desarrollo laboral.

Sostiene, que su solicitud se funda en la política institucional del SAG y no en el ranking invocado por la asociación, por lo que la actuación de nombre reservado constituye un acto ilegal y arbitrario, configurando hostigamiento público.

En consecuencia, solicita a esta Corte que se ordene eliminar las publicaciones y declaraciones difamatorias, que nombre reservado emita un comunicado público de rectificación y desagravio, y que se condene en costas a la recurrida.

Informando el recurso compareció don Hugo Eduardo Araya Henríquez, abogado, en representación de nombre reservado, quien actúa en su calidad de presidente de la Asociación de Funcionarios N°2 del Servicio Agrícola y Ganadero, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto.

Expone, que en noviembre de 2024 el Servicio Agrícola y Ganadero publicó la nueva versión de la Política de Gestión y nombre reservado, documento rector en materia de recursos humanos. La política se complementa con protocolos, manuales y procedimientos específicos, y busca consolidar prácticas de empleo público decente y de calidad, resguardando la vida e integridad de los funcionarios.

Explica, que, dentro de sus contenidos, el punto 7.5.4 regula el “Ranking para mejoras de grado”, estableciendo que estas mejoras deben basarse en la función desempeñada y la capacidad e idoneidad de quien ejerce el cargo, diseñando un ranking anual cuyos factores principales son: 1. Calificación; 2. Antigüedad en el servicio; y 3. Menor remuneración.

Añade, que este ranking se publica anualmente en la intranet institucional y constituye el mecanismo que reemplazó las antiguas prácticas discrecionales de mejoras de grado conocidas como “designaciones a dedo”, eliminando la falta de transparencia que afectaba la convivencia laboral.

Agrega, que, en este marco, la Directora Regional de Magallanes, Paula Quiero León, emitió el 28 de julio de 2025 la Hoja de Envío N°8.583/2025, dirigida al Director Nacional, solicitando formalmente evaluar la mejora de grado para la funcionaria nombre reservado. Este documento fue registrado en la plataforma interna “Cero Papel”, a la cual tienen acceso todos los funcionarios del SAG, por lo que su existencia y contenido se difundió rápidamente.

Refiere, que, a juicio de numerosos funcionarios, la petición resultaba irregular, pues la recurrente aparece en el lugar 1.282 del ranking, lo que implica que existen 1.281 trabajadores en mejor posición para optar a una mejora de grado. La sola solicitud fue percibida como un retorno a prácticas de favoritismo y provocó malestar generalizado en la región, especialmente porque coincidía con otras denuncias contra la Directora Regional por malos tratos, lo que derivó en protestas y un ambiente de efervescencia laboral cercano a la huelga.

Arguye, que, frente a ello, intervinieron los dirigentes de nombre reservado, tanto regionales como nacionales, para encauzar y contener el conflicto. Participaron en reuniones internas, entrevistas en medios de comunicación y difundieron videos donde explicaron la problemática de las asignaciones irregulares de grado, sus efectos y el funcionamiento del ranking, destacando siempre que el acto reprochable provenía de la autoridad que realizó la solicitud, no de la eventual beneficiaria. En estas declaraciones, sostienen, nunca se individualizó a la recurrente por su nombre, refiriéndose únicamente en términos genéricos a “una persona”, “un funcionario” o “un tercero”, tal como se hace en el mismo ranking, que no identifica con nombres propios a los trabajadores.

Enfatiza, que ni el presidente nacional nombre reservado ni la presidenta regional nombre reservado imputaron a la recurrente conducta alguna que menoscabe su integridad psíquica o su honra, sino que se limitaron a denunciar y analizar prácticas históricamente reprochadas en el SAG. La individualización de la beneficiaria, sostienen, la realizó exclusivamente la Directora Regional en su Hoja de Envío.

Finalmente, sostiene que su actuación se enmarca en el ejercicio legítimo de la libertad sindical, derecho garantizado por la Constitución, el Código del Trabajo -arts. 212 y ss., 220- y los convenios internacionales de la OIT N°87 y 98, lo que incluye la facultad de denunciar infracciones legales, defender el interés colectivo de los afiliados, velar por la transparencia y la probidad en la administración, y participar en la contención de conflictos laborales. Agrega que la Dirección del Trabajo, mediante dictamen 3817/078 de 27.09.2011, ha ratificado la amplitud de estas facultades, incluso sin necesidad de mandato individual de los trabajadores.

Concluye, solicitando a esta Corte rechazar el recurso en todas sus partes, con costas, argumentando que no existe vulneración alguna de las garantías constitucionales de la recurrente, o bien que, en caso de considerarse algún efecto, este deviene inocuo frente al ejercicio legítimo de la actividad sindical y la defensa de los intereses colectivos de los funcionarios.

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDOO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho que la recurrente califica de arbitrario e ilegal, lo hace consistir, en que, la recurrida expuso -mediante la plataforma Facebook- información interna del SAG – solicitud de regulación de grado Hoja de Envío N°8.583/2025- descontextualizando su situación funcionaria, lo que provocó que la asociaran falsamente con prácticas irregulares, afectando su honra, reputación profesional, integridad psíquica y posibilidades de desarrollo laboral.

CUARTO: Que, la recurrida sostiene que ni el presidente nacional nombre reservado ni la presidenta regional nombre reservado imputaron a la recurrente conducta alguna que menoscabe su integridad psíquica o su honra, sino que se limitaron a denunciar y analizar prácticas históricamente reprochadas en el SAG, además de referirse a la eventual beneficiaria en términos generales, como “una persona”, “un funcionario” o “un tercero”, sin individualizar en ningún momento a la recurrente.

QUINTO: Que, el informe ordenado a las recurridas, señala que las actuaciones de nombre reservado, se enmarcan en el legítimo ejercicio de la libertad sindical, y que en ningún caso se ha individualizado a la recurrente en video, radio o publicación alguna, como participe de alguna conducta que sea irregular y que pueda dar lugar a alguna imputación que menoscabe su integridad psíquica o el respeto a la vida privada y honra de su persona, no configurándose vulneración alguna a los derechos constitucionales de la recurrente.

SEXTO: Que, ahora bien, teniendo en consideración que lo alegado por la recurrente como acto ilegal y arbitrario, son las publicaciones realizadas por la recurrida en la red social Facebook y las declaraciones en radio y video, que causaron que la asociaran falsamente con prácticas irregulares, afectando su honra, reputación profesional, integridad psíquica y posibilidades de desarrollo laboral, estas, no fueron acreditadas en dichos términos, advirtiéndose que de las publicaciones adjuntas al recurso no es posible establecer la existencia de mensajes que sean vulneratorios de los derechos fundamentales alegados por la recurrente, acción fundamental para poder establecer la debida causalidad que debe existir en las publicaciones cuestionadas, ejercicio probatorio mínimamente necesario para el ejercicio de esta acción.

SÉPTIMO: Que, conforme se ha venido razonando, esta Corte procederá a desestimar la presente acción constitucional, en los términos que se indicarán en lo resolutivo, por no concurrir los requisitos legales para su interposición.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Asociación de Funcionarios Nº2 del Servicio Agrícola y Ganadero “nombre reservado”.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°414-2025 Protección.