Protección contra Tesorería General de la República

Punta Arenas, doce de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones, don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, quien deduce recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la orden de embargo y retención total de sus ingresos provenientes de facturas electrónicas, dictada por la recurrida en el marco de un proceso de cobro de deudas tributarias, acto que vulnera y amenaza gravemente sus derechos fundamentales consagrados en los numerales 16, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, referidos a la libertad de trabajo y su protección; a desarrollar una actividad económica lícita; y el derecho de propiedad.

Explica, que es un pequeño empresario dedicado a la pesca artesanal, cuyo negocio depende críticamente del flujo constante de ingresos para financiar diversos gastos básicos, tales como, combustible, mantenciones, permisos, pago de sueldos y otras obligaciones.

Refiere, que, a raíz de la orden de embargo dictada por la recurrida, cada factura que emite es pagada directamente a la Tesorería, sin que perciba ingreso alguno, lo que le ha generado un estrangulamiento financiero absoluto.

Señala, que actualmente no puede cubrir los sueldos de sus trabajadores ni los costos mínimos de operación, lo que coloca a su empresa al borde de la paralización inmediata y genera un grave riesgo social por la cesantía que se produciría a diversas familias.

Sostiene, que la medida es arbitraria y desproporcionada, pues equivale a una “pena de muerte empresarial” por deudas tributarias, existiendo alternativas menos lesivas que la Tesorería no exploró. Además, subraya que ha manifestado siempre su voluntad de pago, solicitando un convenio especial conforme al Código Tributario, pero la autoridad ha hecho caso omiso a sus peticiones.

Añade, que jamás fue notificado de manera formal antes del embargo, incumpliéndose con ello el debido proceso y dejándolo en absoluta indefensión. Puntualiza que la omisión de notificación vulnera las reglas que exigen un requerimiento previo de pago y la posibilidad de oponer defensas.

Afirma, que la retención absoluta de sus ingresos le impide continuar su actividad económica, expone a sus trabajadores al desempleo inmediato y amenaza con la pérdida de inversiones y esfuerzos de años. Destaca que la situación configura un daño inminente, grave e irreparable tanto para él como para terceros dependientes de su empresa, lo que hace urgente la intervención de esta Corte para dejar sin efecto o suspender la medida, evitando así la consumación de la vulneración de derechos fundamentales.

Asevera, que la orden de embargo total de sus ingresos es ilegal y arbitraria, pues infringe principios que rigen la actuación administrativa y afecta gravemente derechos constitucionales esenciales, a saber, la libertad de trabajo y su protección (art. 19 N°16) ya que el embargo le impide continuar con su actividad pesquera y amenaza con dejar cesantes a sus trabajadores al no poder realizar el pago de sus remuneraciones; la libertad de desarrollar una actividad económica lícita (art. 19 N°21) pues la medida equivale a una prohibición de hecho que paraliza la actividad productiva; y el derecho de propiedad (art. 19 N°24) al privarlo de todos sus ingresos, créditos y flujos de caja sin proporcionalidad ni justa causa, excediendo los límites que tiene la potestad de cobro tributario.

Refiere, que la Tesorería ha actuado de manera desproporcionada y sin respetar el principio de juridicidad (art. 6° inciso 2°, Ley N°18.575), ya que, en lugar de conciliar el interés fiscal con la continuidad de la actividad económica, optó por la vía más gravosa.

Alega, además la falta de notificación previa, en contravención al Código Tributario (D.L. 830), que exige requerimiento formal antes de aplicar medidas de embargo.

Asimismo, plantea que la legislación tributaria permite suscribir convenios de pago (arts. 192 a 196 del Código Tributario), incluso suspendiendo de inmediato los apremios una vez celebrado. Señala que manifestó expresamente su voluntad de regularizar su deuda, pero la Tesorería ignoró arbitrariamente esta alternativa. A su vez, destaca el principio de proporcionalidad en la ejecución de obligaciones, ampliamente reconocido en la jurisprudencia nacional, que ha declarado ilegales los embargos tributarios que impiden cubrir gastos básicos o pagar remuneraciones.

Finalmente, solicita a esta Corte, que se acoja el recurso de protección en todas sus partes, declarando ilegal y arbitrario el embargo. Pide que se deje sin efecto de inmediato o se suspenda la medida, permitiéndole percibir ingresos suficientes para cubrir gastos esenciales y pagar remuneraciones. Además, solicita que la Tesorería sea instruida para negociar un convenio de pago conforme a la ley, y que se adopten todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y proteger sus garantías constitucionales, con costas.

Informando el recurso compareció doña nombre reservado, Directora Regional Tesorera de la Región Magallanes y Antártica Chilena, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto.

Expone, que el contribuyente mantiene dos expedientes administrativos de cobro (10572-2024 y 10185-2025) en Punta Arenas, con una deuda vigente de $113.776.229, según certificado de 29 de agosto de 2025.

Precisa que, en ambos expedientes se trabaron embargos sobre facturas emitidas a Elaboradora de Alimentos Porvenir S.A., que alcanzan $109.835.398, pero dichos fondos aún no han sido remitidos a Tesorería. Destaca que no existe un embargo total sobre la actividad del recurrente, ya que las facturas emitidas a otros clientes, como, por ejemplo, la factura N°293 por $7.611.240 emitida a Sandro Cárdenas Ule Pesca Artesanal E.I.R.L., no ha sido embargada.

Afirma, que el contribuyente fue notificado y requerido de pago el 22 mayo de 2024 y el 14 marzo de 2025, respectivamente, en los procedimientos administrativos de cobro de impuestos adeudados. Precisa, que además, suscribió un convenio de pago el 27 de mayo de 2024, el cual caducó el 20 de septiembre de 2014, por incumplimiento, ya que solo abonó el pie sin pagar las cuotas restantes. Asimismo, se trabó un embargo sobre un inmueble, pero el Conservador de bienes raíces lo rechazó por haber sido previamente transferido.

En cuanto a la legalidad de las actuaciones, sostiene que todo se ajusta a la normativa vigente, que se gestionaron las deudas, se notificó al recurrente en el domicilio tributario, se trabaron embargos conforme a derecho y se rechazó el convenio especial por no cumplir con los requisitos necesarios para su postulación. Afirma que los convenios regulares se pueden suscribir en línea y que no se ha impedido al recurrente regularizar su situación.

Respecto a la acción cautelar, argumenta que el recurso de protección carece de urgencia ya que no existe perjuicio inminente, el contribuyente puede pagar o suscribir convenios en cualquier momento, e incluso hacerlo con los montos que se obtengan de los embargos en trámite. Invoca doctrina y jurisprudencia para sostener que el recurso de protección solo procede cuando hay una amenaza o lesión urgente de derechos, lo que no ocurre en este caso.

Finalmente, concluye que el acto denunciado no es vulneratorio de derechos constitucionales, sino el ejercicio legítimo de las facultades de cobro de Tesorería, por lo que solicita a esta Corte rechazar el recurso de protección en todas sus partes.

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDOO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho que la recurrente califica de arbitrario e ilegal, lo hace consistir en la orden de embargo y retención total -a su parecer- de sus ingresos provenientes de facturas electrónicas, dictada por la recurrida en el marco de un proceso de cobro de deudas tributarias.

CUARTO: Que, al evacuar su informe la parte recurrida insta por el rechazo del recurso señalando –en lo sustancial- que no existe acción u omisión arbitraria o ilegal, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes y lo informado por la recurrida, no se logra vislumbrar una acción u omisión ilegal o arbitraria, por cuanto, ha quedado demostrado que existe un procedimiento administrativo vigente de cobro de deuda tributaria tramitado por la Tesorería General de la República, y en dicho marco la recurrida dictó el embargo alegado, ajustándose a la normativa vigente y a las facultades otorgadas por el Código Tributario.

SEXTO: Que, ahora bien, teniendo en consideración lo alegado por la recurrente como acto ilegal y arbitrario y los fundamentos esgrimidos para fundamentar la presente acción constitucional, estos, no logran acreditar que exista una vulneración de derechos constitucionales que deba ser cautelada por el presente arbitrio, sino, más bien, corresponde a una cuestión que debe resolverse en el procedimiento administrativo correspondiente.

SÉPTIMO: Que, en ese sentido, se evidencia un actuar ajustado a derecho por parte de la recurrida, respecto de la dictación del embargo alegado, el cual fue decretado luego de la notificación y requerimiento de pago efectuado al recurrente, realizados el 22 de mayo de 2024 -respecto del expediente N°10572-2024- y el 14 de marzo de 2025 -respecto del expediente N°10185-2025-, por cuanto se trabó el embargo el 14 de enero de 2025 y el 26 de marzo del mismo año, respectivamente.

A mayor abundamiento se debe tener presente que dicho embargo fue trabado únicamente respecto de los contratos de prestación de servicios, o de otras clases o cualidades y/o facturas por pagar al ejecutado respecto del retenedor Elaboradora de Alimentos Porvenir S.A., existiendo al menos otro agente retenedor -Sandro Cárdenas Ule Pesca Artesanal E.I.R.L.- respecto del cual el recurrente habría emitido una factura, la cual no se encuentra embargada.

OCTAVO: Que, acorde a lo expuesto, es dable concluir que en la especie no concurren las exigencias contenidas en la letra b) del considerando segundo, al no haberse demostrado que la parte recurrida hubiere incurrido en algún acto u omisión que pueda estimarse arbitrario o ilegal y que corresponda enmendar por esta vía constitucional, motivo por el cual la acción interpuesta, deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°412-2025 Protección.