Protección contra Servicio de Impuestos Internos

Punta Arenas, tres de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

nombre reservado, buzo profesional, con domicilio en domicilio reservado, por sí, deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, domiciliado en Plaza nombre reservado Gamero N°1007 y la Tesorería Regional de Magallanes con domicilio en domicilio reservado.

Expone que el 3 de julio de 2024, su empresa fue fiscalizada y se le indicó modificar impuestos mensuales (F29), ya que no correspondía su utilización de gran parte del crédito fiscal, generada en los pagos de impuestos en el periodo septiembre 2022 a febrero 2023.

Refiere como primer trabajo de su empresa, lo fue como subcontratista de empresa CONPAQ, en el que se modificó y giró los formularios F29 quedado con deuda neta por $12.163.143, la que se vio aumentada al incluir los reajustes e intereses, ascendiendo a $ 20.786.143, según certificado de TGR.

Agrega, que la funcionaria le indicó que existen facturas presentadas indebidamente con el objeto de recibir la rebaja del IVA. Asegura que señaló en sus descargos, que desconocía la situación, ya que la contabilidad es llevada por un profesional externo y la fiscalizadora le señala que lo obrado por el contador auditor es una mala práctica habitual y conocida por dicho Servicio.

Precisa que, en sus descargos, que efectuó en forma verbal ante la fiscalizadora mencionó ¿Por qué razón el pago de IVA no se realiza en forma inmediata para que luego, directamente en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos se descuenten los gastos y facturas que el contribuyente presente?, la respuesta fue “es posible hacerlo, pero no se hace porque no hay personal suficiente”. Al respecto, el recurrente acusa que ello va en desmedro del contribuyente, con las consecuencias que nefastas que puede ocasionar.

Señala que es responsabilidad de la recurrida, aplicar y administrar el sistema de impuestos y de fiscalizar a los contribuyentes, para que cumplan con las disposiciones tributarias y que, si bien hay responsabilidad del recurrente por la confianza excesiva hacia el profesional contable de la empresa, también lo hay por parte del Servicio, pues dispone de información en línea para cumplir la obligación aludida y no esperar dos años para una fiscalización.

Relata que el 5 de julio de 2024, concurre al Tesorería Regional para solicitar un certificado de Deuda, tomando conocimiento de esta y los intereses aplicados; asimismo, el propio funcionario le señala, que el contador auditor externo ya había presentado irregularidades anteriormente, siendo objeto incluso de agresión por parte de un afectado.

Considera que ésta última, se encuentra al tanto de aquellas malas prácticas convirtiéndose junto al S.I.I., en cómplices pasivos, que no realizan ninguna gestión en favor del contribuyente, salvo cuando lo deben fiscalizar y pasar una multa, por una mala práctica realizada por un mal profesional.

Reseña que el 11 de julio pide condonación total de reajuste, intereses y multa a Tesorería Regional y el 17 de julio de 2024, sostiene reunión, donde se le reitera la falta de personal en términos ya expuestos, y se le sugirió demandar al contador externo, negándose a ello; y finalmente el 18 de julio del presente, fue recepcionada por Contraloría General de la República mediante registro N° 122.430, carta informativa dando a conocer esta situación.

Refiere problemas de salud y una grave crisis económica, y que afortunadamente obtuvo sentencia favorable en el recurso de protección contra SUCESO, que le permitirá, en definitiva, someterse a una cirugía; asimismo, acusa sufrimientos psicológicos derivados de su conscripción durante los años 1978 y 1979 con múltiples consecuencias, lo que permitió su inclusión en el Registro Nacional de Discapacidad desde el 17 de noviembre de 2021.

Hace consistir el acto y omisión arbitraria en que los recurridos conocen las malas prácticas, pero no ejecutan ninguna acción preventiva en favor de los contribuyentes, sino más bien, coercitiva a través de fiscalizaciones y multas, que en su caso tardó 2 años.

Como derechos conculcados acusa el derecho a la igualdad y propiedad del artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Pide, se acoja el recurso y se ordene a los recurridos, condonar el pago de multa, intereses y reajustes de la deuda ante la Tesorería Regional derivada de la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos.

A folio 9, nombre reservado, Tesorero Regional de la Región Magallanes y Antártica Chilena (S), informa en los siguientes términos:

Cita, antecedentes del recurso y menciona que, cumpliendo la ley, el 6 de junio de 2022 generó expediente administrativo ROL N° 10417-2022 de la Comuna de Punta Arenas, siendo demandado don nombre reservado por el Formulario 21 folio 7137458786 de fecha 20-05-2021, girado por el Servicio de Impuestos Internos. Dicho expediente administrativo se encuentra con su deuda pagada el 07 de julio de 2022 y que actualmente registra deuda no demandada, siguiente:

Reconoce que el 11 de julio pasado, el contribuyente solicitó condonación total de reajustes, intereses y multas de su deuda fiscal y que, mediante Oficio Ordinario N° 25563-TR-PAR de fecha 31 de julio de 2024 se rechazó por no cumplir con los requisitos establecidos en la Circular Normativa N° 198 del Servicio de Tesorerías. En particular, porque presenta exclusión N° 5 del Servicio de Impuestos Internos.

Declara que no existe acto arbitrario, pues se gestionó solicitud de condonación especial del contribuyente y se rechazó con fundamento normativo.

Acusa ausencia de la urgencia o motivo cautelar, dado que no se ha iniciado cobro de obligaciones tributarias y además existe posibilidad de suscribir convenio de pago, en su oportunidad.

Pide tener por evacuado informe y rechazar el recurso.

A folio 17, comparece el Director Regional (S) de la XII Dirección Regional de Punta Arenas del Servicio de Impuestos Internos e informa:

Expone asunto denunciado y relata como génesis de la acción recurrida, que:

1.- De conformidad con los antecedentes en poder de este Servicio, con fecha 10 de junio de 2024, el caso es asignado al Grupo N° 1 del Departamento de Fiscalización de la XII Dirección Regional.

2.- Con fecha 11 de junio de 2024, se solicitó el Procesamiento de los Registros de Compras y Ventas desde diciembre de 2022 a febrero de 2023. habiéndose revisado los Registros de Compras de los meses de septiembre 2022 a febrero de 2023, ambos inclusive, detectando que en dichos períodos el contribuyente registraba facturas del proveedor SOCIEDAD CJ SPA., RUT RUT reservado, el cual no ha presentado formulario 29 por el mes de septiembre 2022; del proveedor SOLGASF SPA., RUT RUT reservado, que contabiliza como manual, tratándose de una factura electrónica; del proveedor TRANSPORTES CARGA RAMON PEREZ EIRL., RUT RUT reservado, que contabiliza como factura manual, tratándose de factura electrónica; del proveedor nombre reservado, RUT RUT reservado; del proveedor TRANSPORTES CARGA RAMON PEREZ EIRL., RUT RUT reservado; del proveedor CONSTRUCCIONES GINA Y CIA LIMITADA, RUT. RUT reservado, y la factura N° 4 del proveedor SOLGASF SPA., RUT RUT reservado, del proveedor CONSTRUCCIONES GINA Y CIA LIMITADA RUT. RUT reservado. Todas las facturas mencionadas precedentemente fueron firmadas por el Sr. nombre reservado. Finalmente, en el período enero 2023, el contribuyente Sr. nombre reservado, registra, como manual, la factura N° 49992 en circunstancias que corresponde a SRF del proveedor ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA RUT RUT reservado

3.- Con fecha 03 de julio de 2024, la fiscalizadora a cargo concurre al domicilio del contribuyente, ubicado en domicilio reservado, donde se procede a tomarle declaración respecto de los proveedores observados y se le exhiben las facturas de ellos registradas en su contabilidad. El contribuyente declara no conocer a los proveedores que figuran en las facturas, que nunca ha contratado sus servicios y que nunca les ha pagado dinero alguno. También señala que su contador, Sr. nombre reservado, se encargaba de todo y que sólo le indicaba cuánto tenía que pagar.

4.- Con fecha 03 de julio de 2024 el contador, Sr. nombre reservado, envía por correo electrónico los borradores de las rectificatorias de los formularios 29, firmados por el contribuyente Sr. nombre reservado. Con igual fecha se procesan los borradores de las rectificatorias de los F29 y se emiten los giros por diferencias, los que fueron notificados electrónicamente con fecha 04 de julio de 2024.

Alega la improcedencia de la acción, pues el recurso de protección no es la vía diseñada por el legislador para verificar si ello es o no efectivo y tomar las medidas procedentes para subsanarlo, en efecto, cita los derechos que le asisten al recurrente en su calidad de contribuyente, establecidos en el Código Tributario y concluye que existen vías administrativas y judiciales especiales para accionar frente acciones u omisiones de la administración tributaria.

Apunta que, de la sola lectura del recurso de protección intentado, se concluye que el recurrente pretende se le otorgue una condonación que, de acuerdo con la legislación vigente, corresponde determinar ya sea al Servicio de Impuestos Internos o a Tesorería, siendo tal petición absolutamente ajena a la posible comisión de algún hecho ilegal o arbitrario por parte de ese Servicio.

Reproduce citas legales y circular el efecto, sobre la condonación en materia de interés y multas del Código del ramo y asegura que sus registros institucionales no constan ninguna petición del contribuyente solicitando condonación de intereses y multas de donde se sigue que mal pudo existir un acto administrativo capaz de vulnerar algún derecho del contribuyente o bien alguna garantía constitucional de las invocadas. Tampoco existe omisión o tardanza en la emisión de un pronunciamiento que pudiera vulnerar sus derechos o las mismas garantías constitucionales.

Alega la inexistencia de un actuar ilegal o arbitrario de su parte, pues el sistema tributario chileno descansa en una premisa esencial incompatible con la argumentación del recurrente, cual es la autodeclaración, por parte de los propios contribuyentes, de los impuestos que adeudan al Fisco.

Citando normas aplicables al caso, concluye que la fiscalización de las declaraciones de los contribuyentes descansan en la veracidad de las mismas, siendo responsabilidad del propio contribuyente velar por ello, no siendo posible al Servicio de Impuestos Internos velar preventivamente por el correcto cumplimiento de declaraciones que la Ley impone a los contribuyentes y que el retardo no obedece a desidia o falta de voluntad de ese Servicio de ejercer sus facultades, sino a que debe seguirse un procedimiento de fiscalización, para efectos de fundar las diferencias impositivas que, como en este caso, se determinaron.

Estima que no se ha incurrido en acción u omisión que pueda ser calificado de ilegal o arbitraria, de suerte que resulta absolutamente imposible que exista una afectación indebida respecto del legítimo ejercicio de algún derecho o garantía constitucional del recurrente.

En cuanto a la garantía fundamental contenida en el numeral 2 del artículo 19, de la Constitución Política, expone que en ningún momento se le ha sometido a un estatuto jurídico diverso del aplicado a la generalidad de los contribuyentes. En efecto, el tratamiento que se le ha dado es el mismo que se encuentra estructurado por este Servicio para la generalidad de los contribuyentes y fue, precisamente que, en el desarrollo del proceso de fiscalización llevado a cabo, se le exhibieron al contribuyente las facturas objetadas y presta declaración jurada. En esta declara no conocer a los proveedores que figuran en las facturas, que nunca ha contratado sus servicios y que nunca les ha pagado dinero alguno.

Respecto la afectación a la garantía del numeral 24° del artículo 19 de la carta fundamental, indica no se divisa cómo el derecho de propiedad se pueda estimar vulnerado, toda vez que, este Servicio no ha limitado el uso, goce o disposición de los bienes que pertenecen al patrimonio del recurrente.

Considera que por el contrario, los hechos dan cuenta de una fiscalización realizada por este Servicio de Impuestos Internos con estricto apego a la normativa legal, cuyo acto final fue la emisión de giros conforme a las presentaciones que el propio contribuyente modificó, por los créditos fiscales indebidamente declarados, lo cual es demostrativo de cómo este Servicio únicamente pretendía la corrección de una diferencia tributaria, no la limitación de derecho constitucional alguno del recurrente.

Pide tener por evacuado informe y no dar lugar al recurso. Acompaña: anexo N° 1: Informe de Fiscalización N° 214, de 09.08.2024 y anexo N° 2: Circular N° 50, de 20 de Julio 2016.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, en la especie, el acto que el recurrente ha denunciado como arbitrario e ilegal, lo hace consistir en la eventual existencia de malas prácticas en las recurridas, quienes no ejecutan acciones de prevención en favor del contribuyente, sino meramente coercitivas mediante las fiscalizaciones e imposición de multas.

En lo medular, respecto del Servicio de Impuestos Internos se indica que al efectuarse la fiscalización de que fue objeto, se le reprocha el haber incorporado a su contabilidad una serie de facturas de supuestos proveedores, en circunstancias que aquellas no dicen relación con servicios efectivamente ejecutados. Sin embargo, reclama que aquello dice relación con una actuación de su contador, lo que estaría en conocimiento del servicio y no tomó medida alguna al respecto.

En cuanto a Tesorería Regional, se limita a señalar que el día 11 de julio de 2024, efectuó una solicitud de condonación de multas e intereses respecto de la deuda tributaria que mantiene.

CUARTO: Que, al evacuar informe los recurridos instan por el rechazo del recurso en virtud de lo expuesto en la parte expositiva.

QUINTO: Que, del análisis de las alegaciones y documentos aportados por las partes, se debe tener presente que los artículos 64 y siguientes de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, contenida en el Decreto Ley N° 825 de 1974, obligan al contribuyente a la presentación de una declaración, a través del Formulario 29, señalando los débitos y créditos fiscales IVA, del periodo respectivo, determinando un saldo que, de implicar pago, se deberá realizar al momento de su presentación.

A su vez, el rol del Servicio de Impuestos Internos es el de fiscalizar el actuar de los contribuyentes, como ordena el artículo 6 del Código Tributario, al señalar que “corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias.”

SEXTO: Así, las cosas, no se advierte acción u omisión ilegal y arbitraria alguna por parte del Servicio de Impuestos Internos, pues normativamente cumple un rol eminentemente reactivo y no preventivo, correspondiendo al contribuyente sostener la veracidad de sus declaraciones y velar por la correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

De este modo, carece de sustento que se reproche al Servicio el amparar lo que el recurrente denomina “malas prácticas”, por cuanto se ha limitado a cumplir su labor de fiscalización, determinando las inconsistencias en las declaraciones presentadas por el contribuyente, mismas que aquel reconoció, de manera que su actuar se ha ajustado plenamente a sus facultades legales.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, conviene precisar que el Código Tributario, ha previsto que ante la eventual vulneración de derechos de los contribuyentes, es posible interponer el recurso de resguardo establecido en su artículo 8 bis y por otra parte, se establece también una acción de reclamación en virtud del artículo 155 del mismo código.

OCTAVO: Que en relación con la recurrida Tesorería Regional, y si bien la recurrente ni siquiera lo menciona, lo cierto es que su solicitud de condonación de reajustes e intereses fue rechazada mediante oficio ordinario N° 25563-TR-PAR de fecha 31 de julio de 2024, en razón de no cumplir con los requisitos establecidos en la Circular Normativa N° 198 del Servicio de Tesorerías, que fluye de expediente administrativo 10417-2022 de Punta Arenas.

NOVENO: Que, conforme lo anterior, no se ha obrado de una manera ilegal y/o arbitraria, debido a que dicha resolución emana de autoridad facultada para hacerlo, en el marco de sus propias atribuciones, habiéndose ajustado a derecho las actuaciones realizadas por la Tesorería Regional de Magallanes y Antártica Chilena, en el marco de la tramitación del expediente administrativo respectivo y al tenor de lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes del Código Tributario.

DECIMO: Que, por lo expuesto, no se cumplen con el requisito descrito en la letra a) del considerando segundo, por lo cual la presente acción no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de los recurridos, ya individualizados, sin perjuicio de otros derechos que le asisten.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción de la abogada integrante Sra. Gustava Aguilar Moraga.

ROL N°412-2024.PROTECCION.