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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 401-202423 ago 2024

nombre reservado con ORPRO S.A. Y AFP CAPITAL S.A.

Fecha
23 de agosto de 2024
Corte
Corte de Apelaciones de Punta Arenas
Sala
Primera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Rol N° 401-2024, sentencia de 23 de agosto de 2024

Resumen

Se acoge protección contra Orpro S.A. y se rechaza contra AFP Capital: insistió en cobrar extrajudicialmente deuda pagada y judicializada, contraviniendo fallo previo y afectando integridad psíquica y honra. Se remiten antecedentes al Ministerio Público.

Texto íntegro

Punta Arenas, veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones nombre reservado, chileno, trabajador independiente, cédula de identidad número RUT reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, por sí y en representación de Comercial De Artículos Ortopédicos E Insumos M&A Y Compañía Limitada, Rut RUT reservado, de su mismo domicilio e interpone acción de protección en contra de Orpro S.A., ignora domicilio, domicilio reservado, representado, aparentemente por doña nombre reservado, ejecutiva que remite las comunicaciones vía mail y cuya forma de notificación es correo reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. RUT: RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, y representada legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado.

Relata que es representante de la empresa, llamada Comercial De Art. Ortopédicos E Insumos Mya Y Cia Ltda, y tuvo una deuda previsional la cual llegó hasta el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, causa Rol P-1117-2019, en la cual la ejecutante fue AFP Capital, representada por el estudio jurídico recurrido, y lo demandaron por la suma de $104.071, suma que fue pagada tal como consta en la causa laboral con fecha 9 de diciembre de 2021 y que incluso fue cobrada en dicho juicio por la ejecutante.

Expone acciones posteriores por la ejecutante en la causa y refiere que a pesar de que se encuentra firme dicha cobranza, y que ha pagado el monto oportunamente, la parte recurrida, en 2023, ha proseguido con actos y gestiones de carácter extrajudicial que constituyen actuaciones ilegales y arbitrarias.

Refiere sobre hechos denunciados del mismo tenor y cita considerandos pertinentes de la causa rol Corte Protección 547-2023, recurso que fue acogido con costas y confirmada por la Excma. Corte Suprema.

Acusa nuevos hechos acaecidos correspondientes al presente año, y manifiesta que la recurrente incurre en desacato, al respecto precisa que el último de estos correos fue remitido desde la casilla correo reservado, con fecha 19 de junio del presente año, con el pie de firma de dicha persona, haciendo ver que existe una solicitud de arresto autorizado en su contra por la recurrida, generando en su familia y persona una constante preocupación, alerta y atentado hacia su tranquilidad.

Añade que la supuesta deuda no ha sido eliminada por AFP Capital, ocasionándole serios perjuicios al seguir apareciendo con deuda morosa lo que le ha impedido postular a proyectos, entre otras cosas, pese a retirados requerimientos de la recurrente.

Alega que la recurrida mediante su actuar vulneró los derechos consagrados en el artículo 19 N°1 y 4 de la Constitución Política de la República.

Solicita, se acoja la acción y se resuelva: ordenar a la parte recurrida ORPRO cesar nuevamente cualquier tipo de cobranza judicial de este tipo derivados de la causa P-1117-2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas; ordenar a ORPRO abstenerse de seguir efectuando y remitiendo correos en los cuales se amenaza su libertad y que adecúe su comportamiento conforme a la legislación vigente; remitir los antecedentes al Ministerio Público por la posible comisión del delito de desacato; y ordenar a la recurrida AFP CAPITAL, retirar a su empresa de los registros de deudores morosos y del boletín laboral de EQUIFAX, emitiendo los certificados de aclaración correspondientes, lo que al día de hoy aun no sucede; y, se condene en costas.

Informa Gastón Olivos Bravo, por la recurrida OPRO S.A., respectivamente, solicitando el rechazo de la acción.

Reconoce que presta servicios a AFP Capital S.A., en la causa RIT P-1117-2019 tramitada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, proceso en actual tramitación.

Sin embargo, por un error informático envió correo electrónico con información sobre la deuda al Sr. nombre reservado, situación que lamentablemente no pudo advertir a tiempo pero que, en todo caso, fue del todo fortuita. Cabe señalar que su estudio está haciendo las revisiones del caso para que no se repitan errores de esta naturaleza.

Precisa que se trató de un solo correo electrónico, enviado el 19 de julio de 2024, y que el Sr. nombre reservado nunca se contactó telefónicamente para corregir la situación y explicarle que se trató de un error, prefiriendo volver a entablar esta acción constitucional.

Alega pérdida de oportunidad del recurso, pues AFP CAPITAL, le habría instruido concluir toda acción al respecto, eliminar deuda y desistirse en causa P-1117-2029, ya referida y, consecuencialmente, no procede la condena en costas.

Concluye que no existiendo ningún acto arbitrario o ilegal y habiéndose eliminado la deuda del actor, no existe ninguna medida que se pueda adoptar para resguardar el derecho que se dice vulnerado.

Acompaña escrito de desistimiento de la demanda presentado en la causa RIT P-1117-2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas y certificado de envío de la OJV del escrito de desistimiento.

A su turno, el mismo letrado, informa por la recurrida AFP CAPITAL S.A., solicitando el rechazo de la acción.

Expone en términos similares a lo expuesto en informe previo y precisa estaba pendiente de ser girado cheque por la deuda de costas procesales y personales de la causa, y su representada entendía que no correspondía eliminar la deuda, sin perjuicio se ha tomado la determinación unilateral y voluntaria de desistirse de la acción de cobranza entablada y eliminar la deuda en el registro de la Dirección del Trabajo, por la causa ya mencionada.

Alega, asimismo, perdida de oportunidad del recurso y sostiene la improcedencia de las costas. Acompaña idénticos documentos previamente detallados.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente consiste en la remisión de correos electrónicos, por parte de la recurrida, relacionados con la causa RIT P-1117-2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas y mantener deuda en boletín de deudores laborales, afectando derechos y garantías constitucionales del artículo 19 N°1, N°4 y N°24 de la Constitución Política de la Republica.

CUARTO: Que, al evacuar informe las recurridas reconocen la remisión del correo electrónico denunciado en virtud de lo expuesto en la parte expositiva y que se han desistido de la acción de cobro en causa RIT P-1117-2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, acompañando documentos al efecto.

QUINTO: Que, de este modo, en estos autos se encuentra acreditado y reconocido que la parte recurrida, utilizando nuevamente medida de cobranza extrajudicial, respecto de una pretendida causa judicializada y estimada pagada por el tribunal, en contravención a lo dispuesto anteriormente en el recurso de protección Rol ingreso Corte 547-2023 de esta Ilustre Corte de Apelaciones de Punta Arenas, ha proseguido con el cobro bajo el título de “arresto autorizado”, lo que importa nuevamente la perturbación a su derecho a la integridad psíquica y a la imagen y a la honra, consagrados en los números 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, prerrogativa que está incluida dentro de la enumeración que realiza el artículo de 20 del estatuto fundamental.

SEXTO: Que, en consecuencia, acreditadas en los términos expuestos, las condiciones de procedencia de la acción cautelar deducida en autos, corresponde acoger la acción cautelar intentada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado, por sí y en representación de Comercial De Artículos Ortopédicos E Insumos M&A Y Compañía Limitada, en contra la recurrida OPRO S.A. Y, SE RECHAZA, contra AFP CAPITAL S.A., ya individualizados.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, remítase los antecedentes al Ministerio Público.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción del abogado integrante Sr. Carlos Abarzúa Villegas.

ROL N°401-2024.PROTECCION. -