nombre reservado con HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES Y OTRO

Punta Arenas, uno de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 15 de mayo de 2023, comparece en estos autos Rol Protección N° 384-2023 nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, en representación de la Asociación de Funcionarios Profesionales Universitarios de la Salud del Servicio de Salud de Magallanes “FENPRUSS MAGALLANES”, ambos domiciliados para estos efectos, en domicilio reservado.

Pide a esta Ilustrísima Corte de Apelaciones que declare que a las personas que individualiza más adelante, se le reconozcan los derechos que reclama, y en definitiva se deje sin efecto la resolución emitida por la Contraloría General de la República, con fecha 18 de abril de 2023, E334576/2023, donde hace radicar el acto arbitrario o ilegal.

Sin embargo, dirige el recurso de protección en contra del Hospital Clínico de Magallanes, representado por su Director, Sr. nombre reservado, y en contra del Servicio de Salud de Magallanes, representado por la Sra. nombre reservado.

Explica la recurrente que en virtud de las Leyes N° 21.530 y 21.409, se ha otorgado un descanso reparatorio para los trabajadores y trabajadoras de la salud que se desempeñaron en periodo de pandemia, permiso consistente en otorgar a determinados trabajadores, contratados en la modalidad que la ley indica, y según las condiciones que se explicitan en la ley, 7 o 14 días de descanso.

Señala que de esta forma, se ha excluido de manera arbitraria a los trabajadores: nombre reservado, quien habría sido contratado entre el 21 de abril al 15 noviembre 2020 bajo el ítem compras de servicios por empresa INGECAP ASESORIAS LIMITADA y desde el 16 de noviembre 2020 a la fecha es designado en modalidad Honorario Suma Alzada; nombre reservado, contratada entre el 10 de mayo 2016 al 30 de abril 2021 en calidad de honorarios imputando su remuneración al ítem Subtitulo 22 como Compras de Servicios Especializados, entre el 1 de mayo al 31 de diciembre 2021 y como Honorarios Subtitulo 21, y desde el 1 de enero 2022 a la fecha es en calidad de contrata; nombre reservado contratada entre el 3 de enero 2017 al 30 de abril 2021 en calidad de honorarios imputando su remuneración al ítem Subtitulo 22 como Compras de Servicios Especializados, entre el 1 de mayo al 31 de diciembre 2021 como Honorarios Subtitulo 21 y desde el 1 de enero 2022 a la fecha en calidad de contrata; nombre reservado entre el 1 de mayo 2019 al 30 de abril 2021 contratado en calidad de honorarios imputando su remuneración al ítem Subtitulo 22 como Compras de Servicios Especializados, entre el 1 de mayo al 31 de diciembre 2021 como Honorarios Subtitulo 21 y desde el 1 de enero 2022 a la fecha designada en calidad de contrata; nombre reservado entre el 1 de agosto 2019 al 30 de abril 2021 en calidad de honorarios imputando su remuneración al ítem Subtitulo 22 como Compras de Servicios Especializados, entre el 1 de mayo al 31 de diciembre 2021 como Honorarios Subtitulo 21 y desde el 1 de enero 2022 a la fecha en calidad de contrata; nombre reservado entre el 21 julio 2014 al 8 noviembre 2020 contratada en calidad de honorarios imputando su remuneración al ítem Subtitulo 22 como Compras de Servicios Especializados, y desde el 9 de noviembre 2020 a la fecha en calidad de contrata; nombre reservado entre 2 de enero 2019 al 30 abril 2021 contratado en calidad de honorarios imputando su remuneración al ítem Subtitulo 22 como Compras de Servicios Especializados, entre el 1 de mayo al 31 de diciembre 2021 como Honorarios Subtitulo 21 y desde el 1 de enero 2022 a la fecha en calidad de contrata; nombre reservado, como profesional el 30 mayo 2019, y entre el 1 septiembre y 31 de diciembre 2020 como suplente, entre el 1 enero y 31 de marzo 2021 como honorarios, entre 1 abril al 31 mayo 2021 como suplente, entre el 1 de junio 2021 al 15 enero 2022 contratada en Clínica Magallanes- Red Salud, entre el 15 enero y 31 de marzo 2022 como Honorarios; nombre reservado entre 2 de mayo 2018 al 30 abril 2021 contratado en calidad de honorarios imputando su remuneración al ítem Subtitulo 22 como Compras de Servicios Especializados, entre el 1 de mayo al 31 de diciembre 2021 como Honorarios Subtitulo 21 y desde el 1 de enero 2022 a la fecha en calidad de contrata; nombre reservado entre el 1 de enero 2020 al 31 de mayo 2021 como compras de servicios por empresa SOCIEDAD COMERCIAL AMARSI LIMITADA, entre el 1 de junio al 31 de diciembre 2021 como Honorarios Subtitulo 21 y desde el 1 de enero 2022 a la fecha en calidad de contrata.

Precisa que respecto de estos trabajadores no se habría considerado el tiempo servido debido a la modalidad por la cual fueron contratados por un lado, así como por la entidad que los contrata, afectando de esta forma lo previsto en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la igualdad ante la ley, distinguiendo entre personas de primera o de segunda categoría.

Con fecha 18 de mayo de 2023 se declara admisible el recurso, solicitando informe a las recurridas.

Con fecha 6 de junio de 2023 comparece la recurrida, Hospital Clínico de Magallanes “Dr. Lautaro nombre reservado”, quien señala como antecedentes del recurso, que se interpone el presente arbitrio ante una resolución de la Contraloría General de la República, emitida con fecha 18 de abril de 2023, la que no reconoce el beneficio establecido en la Ley N° 21.409 a los socios que fueron contratados mediante la modalidad de compras de servicios.

Que atendido lo anterior, refiere en primer término que carece de legitimación pasiva, ya que la referida resolución en la cual descansa el acto que sería arbitrario e ilegal, fue emitido por nombre reservado, Contralor Regional, la que se pronuncia precisamente respecto de una presentación que realiza el recurrente respecto de 10 trabajadores que se habrían desempeñado en el Hospital Clínico; Servicio de Salud de Magallanes; y el Hospital de Puerto Natales, bajo diversos regímenes de contratación, solicitando pronunciamiento sobre si les corresponde o no los beneficios establecidos en las leyes N° 21.409 o 21.530.

Respecto de los hechos propiamente tal, informa la recurrida que en todo caso no resulta arbitrario o ilegal, toda vez que atendidos los requisitos establecidos en las leyes respectivas, a los trabajadores respecto de quienes se solicita el pronunciamiento, no les corresponde el beneficio.

Indica que el artículo 2° de la Ley N° 21.409 señala que los funcionarios o funcionarias deberán haberse estado desempeñando en forma continua en alguna de las instituciones señaladas, desde el 30 de septiembre de 2020 al 25 de enero de 2022, nombrados o contratados, conforme a alguna de las siguientes leyes:

- N° 15.076, estatuto para los médico-cirujanos, farmacéuticos o químico-farmacéuticos, bio-químicos y cirujanos dentistas.

- Estatutos de personal que rijan al personal de los hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y de los dependientes de CAPREDENA y DIPRECA.

- N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

- N° 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

-N°19.664, que establece normas especiales para profesionales funcionarios que indica de los servicios de salud y modifica la ley N° 15.076.

- Asimismo, se incluye al personal contratado a honorarios y Código del Trabajo.

De esta forma, refiere, el beneficio es de carácter excepcional, y el mismo se debe interpretar de manera restrictiva, no siendo posible incluir casos de trabajadores que no se encuentran en la hipótesis legal.

Reitera que ante lo expuesto, no existe un derecho preexistente e indubitado, y que en todo caso la vía para eventualmente alegar la procedencia de este beneficio sería un juicio de lato conocimiento, toda vez que existen una serie de factores y condiciones para la procedencia del beneficio, y que en caso aún de serlo, se deben acreditar otras tantas para determinar la extensión, solicitando el rechazo del presente arbitrio.

Con fecha 8 de junio de 2023, evacúa informe la recurrida, Servicio de Salud de Magallanes, quien reitera no ser sujeto pasivo de estos autos, toda vez que se hace radicar el acto arbitrario e ilegal en una resolución de la Contraloría General de la República, y pide tener por reproducidas las alegaciones efectuadas por el Hospital Clínico de Magallanes.

Con lo expuesto, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el actor, lo hace consistir en la resolución de fecha 18 de abril de 2023, emitida por la Contraloría General de la República, E334576/2023, mediante la cual no se reconoce la aplicación de los beneficios de descanso a los trabajadores que individualiza, en virtud de que no se darían los presupuestos materiales y legales previstos por el legislador.

CUARTO: Que, los recurridos han evacuado informe al tenor de lo expuesto en lo expositivo del presente fallo.

QUINTO, Que, frente a la alegación de las recurridas, se constata que el acto, supuestamente arbitrario o ilegal emana de una autoridad distinta en relación en contra quienes recurre, esto es la Contraloría y en consecuencia tanto el Hospital Clínico de Magallanes, como el Servicio de Salud de Magallanes no son sujetos pasivos del presente recurso de protección, y habiéndose interpuesto en contra ellos, se procede a rechazar el presente arbitrio constitucional, por no ser el Hospital Clínico de Magallanes como el Servicio de Salud, sujetos pasivos de esta acción.

SEXTO: Que, en virtud de los antecedentes puestos en conocimiento de esta Corte, se advierte que la situación de una serie de trabajadores, que fueron contratados en diferentes fechas; modalidades; condiciones; y empleadores, no permite, según la resolución que se recurre, enmarcarlos en las hipótesis que prevé el legislador para determinar por una parte, la procedencia del beneficio, y por otra, la extensión del mismo, por lo que ésta resulta ser una cuestión controvertida, que no puede ser dilucidada a través de este procedimiento, atendida la naturaleza del mismo.

SEPTIMO: Que en el mismo orden de ideas, la eventual procedencia de los beneficios alegados respecto de los trabajadores que se individualizan no puede sino ser objeto de un juicio de lato conocimiento, en el cual se permita producir prueba, tanto para acreditar su procedencia, como las condiciones en que ello se verificaría, atendida las hipótesis alternativas que establecen las leyes invocadas OCTAVO: Que conforme a lo anterior, y siendo indispensable establecer la existencia de un derecho, y la extensión del mismo, de manera tal de poder declarar lo que en derecho corresponda, el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar, por lo que debe necesariamente ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se resuelve:

I. Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, en representación de la Asociación de Funcionarios Profesionales Universitarios de la Salud del Servicio de Salud de Magallanes “FENPRUSS MAGALLANES”, y en contra de Hospital Clínico de Magallanes, representado por su Director, Sr. nombre reservado, y en contra del Servicio de Salud de Magallanes, representado por la Sra. nombre reservado.

II. Que no se condena en costas a los recurrentes, por haber tenido motivo plausible para recurrir.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción la Ministra Srta. San Martín Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Se deja constancia que no firma el Ministro Suplente Sr. Luis Álvarez Valdés, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por haber cesado en su cargo.

ROL Nº 384-2023 PROTECCIÓN.