nombre reservado con I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA

nombre reservado, catorce de noviembre de dos mil veintidós.

Vistos:

Que el abogado Claudio Morán Ibáñez, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, interpone acción de protección en favor de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, ex Intendente de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, en contra de Contraloría General de la República, rol único tributario N°60.400.000-9, con domicilio en domicilio reservado, representada por el Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez Soto.

Relata que su parte fue Intendente de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena durante los años 2011 y 2012. Estando a cargo del gobierno regional, en marzo del 2012, ocurrió el trágico desborde del río Las Minas, hecho que trajo severas repercusiones tanto en el ámbito laboral del Sr. nombre reservado, así como en el plano jurídico y administrativo.

Jurídicamente, debió enfrentarse a querellas de índole criminal, a través de los procesos RIT 2125-2012 ante el Juzgado de Garantía de nombre reservado y RIT 90-2016, seguido ante el Tribunal Oral en lo Penal de nombre reservado. De todo ello, fue absuelto.

Administrativamente, dado su cargo de Intendente Regional, fue acusado también por las responsabilidades administrativas que pudieran caberle. Así fue como la Contraloría General de la República instruyó un sumario administrativo, Resolución Exenta Nº179 de fecha 10 de enero de 2014, en la que se promovía como sanción disciplinaria el que, en caso de reingreso del Sr. nombre reservado al mundo público, partiera los 3 primeros meses con un 70% de su sueldo y esos tres primeros meses los iniciara, por lo demás, estando suspendido de funciones. Este sumario administrativo se falló en el año 2017, con la resolución exenta 5230 del 28 de diciembre de 2017, habiendo la Contraloría rechazado reposición interpuesta por el sancionado.

Su parte recurrió a los tribunales de justicia, mediante la interposición de recurso de protección bajo el rol Protección 31.715-2018 para ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, apelando a que se anulara dicha resolución sancionatoria por varias consideraciones, siendo entre ellas, el que no se estaba velando por el cumplimiento del principio del non bis in ídem, el sr. nombre reservado fue declarado inocente de todo cargo en los juicios penales que debió enfrentar en su momento, eximiéndolo el Tribunal Oral en lo Penal de cualquier culpa en los hechos. Sin embargo, la Contraloría siguió adelante con el sumario, incluso habiendo ya el recurrente abandonado la vida pública.

Dicho recurso fue rechazado en su oportunidad por haberse estimado que las sanciones administrativas son independientes de las acciones penales.

Sin embargo, la resolución exenta 5230 del 28 de diciembre de 2017 siguió sin ser notificada al sancionado, debido a que faltaba la respectiva toma de razón por parte del ente contralor, conforme lo prescribe la Resolución 6 en su art.11 número 5.

Pero, con fecha 29 de julio de 2022, se notificó al recurrente el decreto Nº521 del 10 de noviembre de 2020, cuya toma de razón se efectúo recién con fecha 08 de julio de 2022. Es decir, habiendo transcurrido ya casi 5 años desde la resolución exenta 5230 que condenó a la sanción administrativa ya expuesta, recién hace poco más de un mes el ente contralor tomó razón de este, iniciándose recién a partir de ese momento, de manera oficial, la sanción dictada en su contra, sobrepasando con creces el plazo que señala la ley para efectuar el trámite: 15 días hábiles.

Señala que no quieren hacer ningún tipo de juicio de las razones por las cuales un proceso de toma de razón tardó casi 5 años en efectuarse. Pero ciertamente que este exceso trae a su parte un grave perjuicio, pues la aplicación de esta sanción administrativa supera con creces el tiempo de prescripción que existe desde que fuera declarado merecedor de la sanción, en el año 2017, y el día en que fue notificado, han transcurrido de sobra más de 4 años. Conforme lo preceptuado en el artículo 158 y 159 de la Ley N°8.834, corresponde declarar la prescripción extintiva de esta resolución notificada con fecha 29 de julio del presente. De no hacerse, el recurrente verá severamente conculcado su derecho a la libertad de trabajo y de propiedad, garantizados en el artículo 19 N°16 inciso segundo y N°24 de nuestra Constitución Política. No puede ser que habiendo transcurrido ya casi 5 años el Sr. nombre reservado no pueda volver a postular a ningún cargo público si así lo desea, y que, si llegara a ser contratado, entraría con un 30% de sueldo menos, afectando el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones que todo trabajador posee.

Por lo demás, el artículo 18 de la ley 18.575, en su inciso segundo señala: “En el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento.” Un justo procedimiento que en este caso no se le ha otorgado al recurrente, no sólo por las razones esgrimidas en la acción de protección desestimada por la Corte de Apelaciones Santiago, sino porque parte de que un proceso sea racional y justo tiene que ver con el principio de ejecución de las sentencias. No puede partir después de casi cinco años, atentando con ello contra la garantía constitucional al debido proceso contenida en el artículo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución Política. Así como tampoco puede ser juzgado por comisiones especiales, conforme el artículo 19 Nº3 inciso tercero. Y aquí se da este supuesto. ¿cómo puede no haberse considerado el hecho de que resultara absuelto en materia penal, y sin embargo el Presidente de la República lo condena, y la Contraloría toma razón de esta ilegalidad, sin ni siquiera representarla?

Pide conforme lo expuesto y disposiciones invocadas, tener por interpuesta acción de protección de garantías constitucionales en favor de don nombre reservado, declararlo admisible, acogerlo por las causales y garantías constitucionales conculcadas o amenazadas, derecho de propiedad, derecho a la libertad de trabajo, y derecho a no ser juzgado por comisión especial y a serlo dentro de un plazo razonable del art 19 Nº3 inciso 3 y 6, toda vez que la resolución se basa en supuestos actos delictuales de los que el afectado fue absuelto en la causa RIT 90-2016. Y el Presidente de la República lo sancionó por ellos; declarando también la prescripción extintiva de la resolución contenida en el decreto Nº521 notificado al recurrente con fecha 29 de julio de 2022, con costas.

Informa Doris Elizabeth Roa Moraga, Fiscal por orden del Contralor General.

Señala, como antecedentes del recurso, que mediante resolución exenta N°179, de 10 de enero de 2014, esa Entidad de Control ordenó la instrucción de un sumario administrativo en la Oficina Nacional de Emergencia, el Ministerio de Obras Públicas y la Intendencia de Magallanes y Antártica Chilena, con ocasión a las observaciones contenidas en el informe de investigación especial N°1, de 2013, de este origen, sobre eventuales irregularidades en la contratación de la empresa Rayén SPA, producto de la emergencia ocurrida por el desborde del río de Las Minas, en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Al término de dicho proceso disciplinario se estableció que le asistía responsabilidad al señor nombre reservado pues suscribió convenios entre el 16 de marzo y el 3 de abril de 2012 con la empresa Rayén SPA, no obstante que estos señalaban en forma genérica su objeto, no detallaban las labores que debía efectuar la empresa en cada uno de ellos, ni los sectores donde debían realizarse las mismas, así como por no exigir garantías que aseguraran el patrimonio fiscal y la oportuna ejecución de los trabajos, ante eventuales incumplimientos de la empresa.

Además, se estableció, que el actor, en su calidad de Intendente de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y presidente del COE Regional, autorizó el pago de los trece convenios celebrados entre la Intendencia y la empresa Rayén SPA, entre los días 16 y 26 de marzo de 2012, sin haber exigido informe de la comisión receptora de las obras, lo que era requisito para cursar el pago de los trabajos. En tal contexto, la Contraloría General de la República, por resolución exenta N°4.694, de 20 de noviembre de 2017, propuso aplicar al recurrente la medida disciplinaria de suspensión del empleo por tres meses, con goce del 70% de su remuneración. Luego, el actor interpuso recurso de reposición en contra de la señalada resolución el que fue rechazado por resolución exenta N°5.230, de 28 de diciembre de 2017.

Seguidamente, con fecha 27 de febrero de 2018, la entonces Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Jeria, resolvió aplicar al Sr. nombre reservado la sanción propuesta por la Entidad de Control, decisión impugnada por el recurrente a través de un recurso de reposición, el que fue rechazado por resolución exenta -sin número ni fecha- por el ex Presiente de la República, don nombre reservado. A continuación, con fecha 10 de noviembre de 2020, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública emitió el decreto N°521, de 2020 -firmado por el ex Presidente de la República y el Ministro respectivo-mediante el cual se impuso al actor la medida disciplinaria de suspensión del empleo por tres meses, con goce del 70% de su remuneración, acto administrativo que, siendo remitido ante este Organismo de Fiscalización para su control preventivo de legalidad, el 27 de agosto de 2021, se estimó ajustado a derecho, por lo que fue cursado con fecha 8 de julio de 2022.

De esta manera, el recurrente sostiene que la toma de razón del citado decreto N°521, de 2020, vulneraría los derechos constitucionales consagrados en los numerales 3, inciso 5° y 6°; 16, inciso 2° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Argumenta que el recurrente pretende revivir una discusión que ya fue resuelta por los Tribunales Superiores de Justicia, el actor, con fecha 3 de mayo de 2018, interpuso ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago el recurso de protección rol N°31.715-2018, en contra de la Entidad Fiscalizadora, en lo que interesa, por la emisión de la resolución exenta N°4.694, de 20 de noviembre de 2017 -que aprobó el sumario administrativo incoado mediante la resolución exenta N°179, de 2014- que propuso aplicar al señor nombre reservado, la medida disciplinaria de suspensión del empleo por tres meses, con goce del 70% de su remuneración mensual. En la indicada acción constitucional, el recurrente, dentro de sus alegaciones, sostuvo la existencia de un procedimiento penal y la excesiva duración en la sustanciación del sumario administrativo en comento. Luego, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 14 de agosto de 2018, rechazó el recurso de protección, decisión confirmada por la Excma. Corte Suprema en causa rol N°20925-2018.

Además, el actor por vía del recurso de protección impugnó el mismo acto -resolución exenta N°4.694, de 20 de noviembre de 2017- ante la Iltma Corte de Apelaciones de nombre reservado, en autos rol N°1.045-2017, el que fue desestimado por sentencia de 19 de febrero de 2018, decisión confirmada por la Excma. Corte Suprema con fecha 5 de abril de 2018, en causa rol N°3.706- 2018.

De lo anteriormente expuesto, queda en evidencia que el señor nombre reservado, ha impugnado mediante tres acciones constitucionales, la presunta vulneración del principio de non bis in ídem y la excesiva duración del procedimiento disciplinario, pretendiendo revivir una discusión que ya había sido resuelta en dos oportunidades por los Tribunales Superiores de Justicia, de manera que el presente recurso de protección debe ser rechazado de plano.

Sigue alegando falta de legitimación pasiva, ya que tal como se indicó el recurso se interpone en contra de la toma de razón del decreto N°521 de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Agrega que los trámites del sumario administrativo, esto es, la resolución que aplicó la sanción, la notificación de dicho acto, la resolución que rechazó el recurso de reposición, la dictación del acto administrativo de término y su posterior envío a esta Contraloría a la toma de razón -realizados entre la emisión de la señalada resolución exenta N°5.230, de 2017, de este origen- que rechazó el recurso de reposición deducido por el actor en contra de la resolución N°4.694, de 2017, de este origen, que propuso la medida disciplinaria- y, la toma de razón del aludido decreto N°521, de 2020, son de impulso de la Administración activa, en el caso de la especie, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y no del Organismo de Control.

De esta forma, la presunta perturbación de los derechos fundamentales que alega el recurrente sería producto de la actuación del citado organismo, el cual, además no se encuentra emplazado, correspondiendo que ese ilustrísimo Tribunal desestime el recurso de protección de autos deducido en contra de la Institución Fiscalizadora, por falta de legitimación pasiva.

Luego plantea improcedencia del recurso de protección en contra de la toma de rezón. Dice que la toma de razón constituye un trámite con motivo del cual la Contraloría General emite, en forma exclusiva, un pronunciamiento respecto de la adecuación o conformidad al ordenamiento jurídico vigente de los decretos o resoluciones afectos a tal control de legalidad y constitucionalidad, el cual no es susceptible de ser impugnado por la vía de la interposición de un recurso de protección Por lo tanto, la impugnación de la toma de razón resulta del todo improcedente, porque dicho control preventivo de legalidad es, como ya se mencionó, una función exclusiva de la Contraloría General de la República, la cual ejerció respecto del acto administrativo que se cuestiona. Es manifiesto, entonces, conforme lo ha expresado la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, que determinar si una actuación como la de autos -esto es, el ejercicio del control preventivo de juridicidad de un acto administrativo efectuado por la Contraloría General-, se ajusta o no a la ley, es completamente ajeno a la naturaleza de la acción de protección.

En tal sentido se ha pronunciado la Ilustrísima Corte de Santiago, en sentencia de 29 de junio de 2022, dictada en la causa rol N°39.983-2021, confirmado por la Excma. Corte Suprema con fecha 22 de septiembre de 2022, y en sentencia de 5 de abril de 2021, causa rol N°133.995-2020 de la Excma. Corte Suprema. De esta manera, no resulta procedente que por la vía del recurso de protección se impugne lo determinado por este Organismo de Control en el ejercicio del control previo de juridicidad, que constitucional y legalmente le compete ejercer de forma exclusiva.

Argumenta que el recurso carece de peticiones concretas respecto de ese Organismo de Control, ya que la solicitud efectuada por el actor, en los términos indicados, no constituye una petición concreta en la forma requerida por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, siendo indispensable para la procedencia de la presente acción cautelar que el actor solicite de manera expresa que el Tribunal adopte alguna medida con respecto al acto que se impugna, lo que en la especie no aconteció. En este sentido se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema en su sentencia de fecha 18 de abril de 2018, dictada en la causa rol N°43.381-2017.

En consecuencia, al carecer el presente recurso de peticiones concretas que se sometan a la resolución de ese Tribunal, debe ser rechazado, pues tal como lo señala el citado fallo, la finalidad propia del recurso de protección es que se adopten medidas de resguardo concretas, precisas y específicas.

Continúa planteando que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, toda vez que ésta no constituye una instancia para discutir el alcance, sentido e interpretación que efectúa la Entidad de Control en el ejercicio de las facultades que la Constitución Política de la República y las leyes le han conferido.

Así lo señaló expresamente la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, en sentencia de 23 de agosto de 2022, rol N°15.424-2022, confirmada por la Excma. Corte Suprema, en causa rol N°80.801-2022, de 7 de octubre de la presente anualidad. Disponiendo en su considerando sexto: “Que de otro lado, tampoco puede soslayarse el hecho que el recurrente al alegar la prescripción de su responsabilidad administrativa, no puede pretender que ella sea declarada por esta Corte, lo que de por sí transforma, en dubitado su derecho y hace aún improcedente esta vía, puesto que dicha declaración exige la sustanciación de un lato procedimiento cuyo no es el actualmente incoado ni obedece a los fines de la presente acción cautelar”.

Lo que también ha manifestado la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en fallo firme y ejecutoriado, de 6 de febrero de 2020, rol N°39.475-2019.

Agrega que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar un procedimiento disciplinario, de la lectura del libelo de autos, se advierte que, si bien formalmente se impugna la toma de razón efectuada por esta Contraloría General, el objeto que la presente acción constitucional persigue es que se deje sin efecto el procedimiento disciplinario de la especie, el que, por lo demás, se encuentra afinado.

De este modo, lo pretendido por el actor consiste en que esa Iltma. Corte dicte un nuevo acto administrativo a través del cual el señor nombre reservado sea absuelto por encontrarse prescrita la acción disciplinaria, sustituyendo con ello tanto las atribuciones fiscalizadoras de este Órgano de Control como la potestad disciplinaria del Presidente de la República, lo que es improcedente. En este contexto, el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar procedimientos reglados, como es el caso de aquellos procesos disciplinarios instruidos por la Contraloría General, pues las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa del inculpado, estableciendo, entre otros aspectos, las autoridades llamadas a conocerlos; los plazos dentro de los cuales deben realizarse las actuaciones; las formalidades de las notificaciones que deben efectuarse a los servidores; la amplia admisibilidad de medios de prueba de que estos puedan hacer uso; la práctica de diligencias probatorias solicitadas por los afectados, si lo estiman pertinente, y los medios de defensa de que aquéllos pueden hacer uso y la interposición de los recursos que procedan en contra de las sanciones que eventualmente se les apliquen.

Arguye que la acción constitucional no se ha creado para solucionar conflictos que se encuentren sometidos a normas y procedimientos perfectamente establecidos y entregados al conocimiento de organismos competentes que actúan dentro del marco de sus atribuciones legales y, consecuentemente, bajo el imperio del derecho, resultando improcedente interponer este recurso en contra de las determinaciones que se adopten por los funcionarios o la superioridad correspondiente, pues ello implicaría desconocer el procedimiento fijado por el ordenamiento jurídico para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos respectivos.

En ese sentido se ha pronunciado la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, en sentencia de 6 de agosto de 2020, dictado en causa rol N°1.586-2020, confirmado por la Excma. Corte Suprema con fecha 25 de febrero de 2021 en autos rol N°97.058-2020.

Así, resulta evidente que la acción de autos no es útil para el anotado propósito, por cuanto ésta no ha sido creada para solucionar conflictos que se encuentran sometidos a normas y procesos previamente establecidos.

En cuanto a que el trámite de toma de razón excedió el plazo de 15 días. Como se manifestó, el mencionado decreto N°521, de 2020, fue ingresado para el anotado trámite, con fecha 27 de agosto de 2021, siendo cursado el 8 de julio de 2022.

Indica que el artículo 10° de la ley N°10.336 establece que “El Contralor General tomará razón de los decretos supremos y de las resoluciones de los Jefes de Servicios, que deben tramitarse por la Contraloría, representará la inconstitucionalidad o ilegalidad de que puedan adolecer, dentro del plazo de quince días contados desde la fecha de su recepción, que el Contralor podrá prorrogar hasta por otros quince días, si existiesen motivos graves y calificados, mediante resolución fundada.”

En este sentido, cumple con agregar, de acuerdo con lo precisado en el dictamen N°86.579, de 2016, de este origen, que salvo disposición legal expresa en contrario, los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, toda vez que tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos y su vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo, de modo que la expiración de dichos términos no impide que las correspondientes actuaciones se lleven a cabo con posterioridad a ella.

De este modo, el hecho de que esta Entidad de Control haya cursado el referido decreto N°521, de 2020, una vez transcurrido el plazo de 15 días, prorrogable por otros 15, no incide en la legalidad de dicho trámite.

Luego se refiere a la prescripción alegada del recurrente que sostiene que esta Contraloría General no debió haber cursado, en el año 2022, el citado decreto N°521, de 2020, pues habría trascurrido el plazo de prescripción previsto en el artículo 158 de la ley N°18.834.

Sin perjuicio de lo expuesto, según lo previsto en el artículo 157, letra d), de la ley N°18.834, que la responsabilidad administrativa se extingue, entre otras causales, por la prescripción de la acción disciplinaria, lo que ocurre, acorde con lo dispuesto en el artículo 158 de esa misma ley, cuando se cumplen cuatro años contados desde el día en que el funcionario incurrió en la acción u omisión que le da origen, añadiendo el segundo inciso de este último precepto que si hubieren hechos constitutivos de delito, la acción disciplinaria prescribirá conjuntamente con la acción penal.

Enseguida, en aquellos supuestos en que hubieren hechos constitutivos de delito, como sucedió en la especie, el plazo de prescripción de la acción disciplinaria será el mismo que el ordenamiento jurídico contempla para la responsabilidad penal, vale decir, de cinco, diez o quince años, según corresponda, criterio que ha sido recogido por la jurisprudencia administrativa de este Órgano de Control en el dictamen N°22.814, de 2010, entre otros.

Por su parte, el artículo 96 del Código Penal dispone que la prescripción de la acción penal se suspende desde que el procedimiento se dirige en contra del imputado, por cualquiera de los medios que menciona el artículo 172 del Código Procesal Penal, es decir, no sólo por la formalización de la investigación, sino también por denuncia o querella, según se concluyó en el dictamen N°65.855, de 2012, del Organismo Fiscalizador, pronunciamiento que, además, aclara que tal suspensión únicamente surte efectos, en lo relativo a la responsabilidad disciplinaria, hasta el momento en que se encuentre ejecutoriada la sentencia criminal, data a partir de la cual continuará corriendo el aludido plazo. En ese contexto, el tiempo que falta para que, después de ejecutoriada la sentencia penal, prescriba la acción disciplinaria, dependerá del plazo de prescripción de la acción penal, criterio recogido por la jurisprudencia administrativa del Ente Fiscalizador en el dictamen N°26.763, de 1999.

Puntualizado lo anterior, se debe anotar que, de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que los hechos por los cuales se sancionó al señor nombre reservado fueron conocidos, también, en sede penal -causa RUC N°1200473540-2, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal nombre reservado- pues revestían caracteres de los delitos de malversación de caudales públicos, desacato y cohecho, razón por la cual la prescripción de la acción disciplinaria en este caso se produce conjuntamente con la de la acción penal aplicable a cada uno de esos delitos -simples delitos o crímenes-.

Ahora bien, es preciso indicar que entre la época en que el inculpado incurrió en la última conducta que se imputa, a saber, el día 3 de abril de 2012 y aquélla en que se presentó una ampliación de la querella en su contra -12 de septiembre de 2012-, fecha en que operó la suspensión en sede penal y, por ende, también en el ámbito administrativo, habían transcurrido 5 meses y 9 días.

Luego, en la citada causa penal RUC N°1200473540-2, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de nombre reservado -originada respecto de él por la referida ampliación de la querella- se dictó sentencia con fecha 6 de agosto de 2017, decisión que luego de ser recurrida de nulidad fue confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de nombre reservado, mediante sentencia de fecha 16 de octubre de 2017.

Lo anterior, produjo, en el ámbito administrativo, el fin de la suspensión del plazo de prescripción, reanudándose el cómputo del plazo de prescripción, el que hasta la fecha en que se dictó el mencionado decreto N°521, de 2020, esto es, el 10 de noviembre de 2020, agregó 3 años y 25 días, totalizando 3 años, 6 meses y 4 días, no alcanzando a cumplirse ni siquiera el plazo de 5 años para que prescribiera la acción penal -respecto de un simple delito-, por lo que aplicando la regla contenida en el citado inciso segundo, del artículo 158 de la ley N°18.834, la responsabilidad administrativa que le cupo al señor nombre reservado no se encontraba prescrita.

Luego se refiere a la absolución en sede penal, de la revisión del libelo se advierte que el principal cuestionamiento que se formula en contra de la Contraloría General, radica en haber tomado razón del decreto N°521, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual se confirma la sanción de suspensión del empleo por tres meses, con goce del 70% de su remuneración, aplicada al señor nombre reservado, no obstante que este último fue absuelto por los mismos hechos en sede penal.

Sobre el particular, es menester anotar que el artículo 120, inciso primero, de la ley N°18.834, establece que “la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal y, en consecuencia, las actuaciones o resoluciones referidas a ésta, tales como el archivo provisional, la aplicación del principio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios, la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos”.

En este contexto, se ha estimado útil precisar que el mencionado principio de independencia de las responsabilidades administrativa y penal ha sido reconocido en los dictámenes N°80.146, de 2014; N°50.366, de 2015 y N°35.895, de 2016, de este Organismo de Control.

Finalmente, cabe agregar que el propio actor alude que durante la tramitación del sumario administrado de que se trata, se interpuso el reseñado recurso de protección rol N°31.715-2018, ante esa Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en que se alegó precisamente la absolución en sede penal del sancionado. Luego, con fecha 14 de agosto de 2018, la Iltma. Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección, siendo confirmado por la Excma. Corte Suprema en causa rol N°20.925-2018.

De esta manera, no se advierte vulneración alguna del principio del non bis in idem, por el hecho de haber sido absuelto en sede penal, pues como se ha dicho, el sumario administrativo persigue una responsabilidad diversa e independiente de la perseguida ante dicha judicatura.

Luego se refiere a los derechos constitucionales supuestamente vulnerados.

Y concluye señalando que, atendido los antecedentes y consideraciones expuestas, y teniendo presente las disposiciones constitucionales y legales mencionadas, así como las atribuciones de esta Entidad Fiscalizadora, se solicita a que desestime en todas sus partes el recurso deducido en estos autos.

Que se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada TERCERO: Que de los antecdentes reunidos se constata que, por la presente acción, el recurrente pretende se revise, nuevamente, una cuestión que ya fue materia de pronunciamiento por esta vía, pues en un acción cautelar previa ya se dictaminó que no existía una ilegalidad o arbitrariedad que la justificara.

Que la sola circunstancia que la medida disciplinaria impuesta se encuentre concluida, en su trámite administrativo, no altera lo ya resuelto y sólo reafirma su improcedencia.

CUARTO: Que, sin perjuicio de ello, si se considera la petición de declarar, por esta vía, la prescripción de esa responsabilidad administrativa, se concluye que ello excede con creces el ámbito cautelar que es de la esencia del recurso de protección.

QUINTO: Que atento lo anterior, no resulta necesario pronunciamiento respecto de las otras cuestiones planteadas por la recurrida.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por Claudio Morán Ibáñez, abogado, en favor de nombre reservado, en contra de la Contraloría General de la Republica.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Suplente Sr. Claudio Jara Inostroza.

ROL N°3814-2022- PROTECCIÓN.