nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA PTO MONTT

Punta Arenas, uno de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece Mario Andrés Espinosa Valderrama, abogado, e interpone acción de protección en favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, trabajadora dependiente, domiciliada en domicilio reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, RUT N°RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, en razón del acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el descuento efectuado a sus remuneraciones por concepto de crédito social, alegando la vulneración de las garantías establecidas en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que con fecha 2 de diciembre de 2022 suscribió el pagaré N°122000753168 en favor de la recurrida, por la suma de $5.016.017 por concepto de capital, más los intereses pactados, obligación que debía pagarse en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $169.407 cada una, con vencimiento la primera de ellas el 31 de enero de 2023. Se pactó que el simple retardo o la mora en el pago de una cualquiera de las cuotas permitiría a la acreedora exigir el pago íntegro de la suma debida, considerándose la obligación como de plazo vencido.

Expone que, por dificultades económicas, dejó de pagar el crédito a contar de la cuota número 8, con vencimiento en septiembre de 2023, y que la recurrida, con fecha 27 de enero de 2025, interpuso en su contra demanda ejecutiva de cobro de pagaré ante el Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, causa Rol C-156-2025, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana con nombre reservado”, persiguiendo el pago del saldo total de la obligación. Agrega que fue notificada de la demanda y requerida de pago, que no opuso excepciones y que la última gestión en el cuaderno de apremio fue el requerimiento de pago, encontrándose el expediente archivado con fecha 23 de octubre de 2025.

Indica que, habiendo transcurrido más de un año desde que la recurrida hizo exigible el total de la deuda por la vía judicial, al revisar su liquidación de remuneraciones del mes de junio de 2026, emitida por su empleadora Sociedad Prestadora de Servicios Monte Sarmiento Limitada, advirtió un descuento bajo el ítem “CCAF Crédito Personal” por la suma de $177.170, descuento que puede repetirse en los meses siguientes. Hace presente que jamás fue informada previamente, por ningún canal, de la decisión unilateral de la recurrida de reiniciar los descuentos, de modo que no tuvo elementos que le permitieran prever una merma en su sueldo, más aún cuando la propia Caja había judicializado el cobro de la deuda.

Sostiene que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, pues constituye un uso abusivo de la facultad que le confiere el artículo 22 de la Ley N°18.833, ya que el cobro no es oportuno, pues han transcurrido cerca de tres años desde el último descuento, se efectúa de improviso y sin aviso previo, y se ejerce como un mecanismo paralelo a la vía judicial que la misma recurrida eligió al demandar ejecutivamente el total del pagaré, lo que configura una forma de autotutela y un cobro duplicado. Cita en apoyo de su posición sentencias de la Excma. Corte Suprema, Roles N°s 6.118-2018, 12.425-2018, 33.068-2020 y 80.819-2022, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Roles N°s 70.389-2018, 68.666-2018 y 168.573-2019, y de la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, Rol N°1.943-2024, todas las cuales han declarado que, optada la vía judicial para el cobro del total del crédito, no puede la Caja insistir en paralelo con el descuento por planilla, y que las Cajas de Compensación están obligadas, al menos, a dar noticia previa de sus determinaciones al afectado.

Solicita se acoja el recurso, ordenando a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración, restituir los descuentos efectuados, incluidos los que se realicen durante la tramitación del recurso y con posterioridad a la sentencia, con costas.

Acompaña liquidación de remuneraciones del mes de junio de 2026, carpeta electrónica de la causa ejecutiva Rol C-156-2025 del Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas y pagaré N°122000753168 suscrito con fecha 2 de diciembre de 2022.

El recurso fue interpuesto ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la que por resolución de 5 de agosto de 2026 se declaró incompetente y remitió los antecedentes a esta Corte, que aceptó la competencia y declaró admisible el recurso por resolución de 10 de agosto de 2026.

Informa Felipe Díaz Wittig, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicitando el rechazo del recurso.

Reconoce que la recurrente contrató el crédito social documentado en el pagaré N°122000753168, suscrito el 2 de diciembre de 2022, por un capital de $5.016.017, pagadero en 60 cuotas mensuales cuyo calendario se extiende hasta diciembre de 2027, que las primeras cuotas se pagaron por descuento por planilla y que luego la deudora incurrió en mora. Reconoce, asimismo, que interpuso demanda ejecutiva en su contra ante el Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, causa Rol C-156-2025, en la que la ejecutada fue requerida de pago el 8 de abril de 2025, se certificó el 11 de abril de 2025 que no opuso excepciones y se dictó resolución de archivo el 23 de octubre de 2025, registrando la causa el estado de archivada, terminada y concluida.

Sostiene que dicho estado procesal desvirtúa la premisa central del recurso, pues no existe un juicio ejecutivo contradictorio pendiente ni oposición de excepciones que pueda verse interferida por el descuento y que, conforme al artículo 472 del Código de Procedimiento Civil, al no oponerse excepciones se omite la sentencia y basta el mandamiento para proseguir el apremio, sin que el archivo equivalga a una declaración de pago, prescripción o extinción de la obligación.

Argumenta que el descuento por planilla no es una vía de hecho, sino un mecanismo de pago legal y obligatorio previsto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, en armonía con el artículo 58 del Código del Trabajo y la Ley N°17.322, aceptado expresamente por la afiliada en el pagaré, incluso respecto de empleadores futuros. Agrega que la carga financiera emitida el 18 de agosto de 2026 acredita una obligación vigente, morosa desde la cuota N°8 y con cuotas programadas hasta diciembre de 2027, de modo que no se trata de un cobro revivido tras un prolongado abandono, y que el descuento de $177.170 equivale al 24,51% del líquido de la trabajadora, por lo que no excede el límite del 25% previsto por la normativa sectorial para el reinicio de descuentos.

Afirma que la judicialización previa no extingue el crédito ni importa una renuncia legal automática al mecanismo del artículo 22, que la demanda ejecutiva no constituye pago, novación ni remisión, y que la eventual controversia sobre aceleración, imputación de pagos y saldo de la deuda excede el objeto cautelar de la protección, citando la sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol N°22.179-2025 y otras que descartan el doble pago cuando los abonos se imputan correctamente, así como fallos de las Cortes de Apelaciones de Santiago y Concepción y de la Excma. Corte Suprema, Roles N°s 464-2025, 37.972-2024 y 35.955-2025, que han validado el descuento por planilla y exigido declaración judicial para tener por extinguida la obligación. Añade que los precedentes invocados por la recurrente se refieren a situaciones distintas, con largos períodos de inactividad, abandono del procedimiento o juicios ejecutivos pendientes con oposición de excepciones.

En cuanto a la falta de aviso previo, señala que no desconoce que la Circular N°3.567 de la Superintendencia de Seguridad Social regula el reinicio de descuentos y exige una comunicación previa al trabajador con un plazo de a lo menos quince días corridos para regularizar su situación, exigencia incorporada al propio pagaré, pero sostiene que la controversia sobre la existencia, recepción o suficiencia de esa comunicación no extingue la deuda ni deja sin efecto el pagaré, que su determinación exige debate y prueba propios de otro procedimiento o de la sede sectorial, y que la Superintendencia es la instancia especializada para conocer de ello.

Concluye que no existe vulneración del derecho de propiedad, pues el descuento se vincula a un crédito vigente y a un mecanismo de pago previsto en la ley, ni del derecho a la igualdad ante la ley, por no identificarse un término válido de comparación, y que no hay autotutela, pues la Caja no ha creado una obligación nueva ni ha impedido a la recurrente ejercer acciones. Acompaña la carga financiera del crédito emitida el 18 de agosto de 2026.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio, a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; b) que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado del afectado; y d) que esta Corte se encuentre en situación de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que por medio del presente recurso se reclama del descuento efectuado a las remuneraciones de la recurrente por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, ascendente a $177.170 en el mes de junio de 2026, bajo la glosa “CCAF Crédito Personal”, derivado del crédito social documentado en el pagaré N°122000753168, no obstante haberse demandado ejecutivamente el total de dicha obligación en la causa Rol C-156-2025 del Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, y sin que se le diera aviso previo de la reanudación de los descuentos, lo que la recurrente estima vulneratorio de las garantías consagradas en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva, sosteniendo, en síntesis, que el descuento por planilla es un mecanismo legal de pago del crédito social, que la judicialización de la deuda no importa renuncia a dicho mecanismo, que la causa ejecutiva se encuentra archivada y concluida, y que las cuestiones relativas a la falta de aviso previo, aceleración e imputación de pagos exceden el ámbito de esta acción cautelar.

QUINTO: Que de los antecedentes acompañados por ambas partes, y de lo expresamente reconocido por la recurrida en su informe, resultan establecidos los siguientes hechos:

a) Que con fecha 2 de diciembre de 2022 la recurrente suscribió en favor de la Caja recurrida el pagaré N°122000753168, por un capital de $5.016.017, pagadero en 60 cuotas mensuales de $169.407 cada una, con vencimiento la primera el 31 de enero de 2023 y la última el 31 de diciembre de 2027, en el que se pactó una cláusula de aceleración facultativa para el caso de mora o simple retardo en el pago de una o más cuotas.

b) Que la deudora pagó las primeras ocho cuotas mediante descuento por planilla, cesando los descuentos a contar de septiembre de 2023.

c) Que con fecha 27 de enero de 2025 la recurrida interpuso demanda ejecutiva en contra de la recurrente ante el Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, causa Rol C-156-2025, en la que, invocando expresamente la cláusula de aceleración pactada, hizo exigible el total del saldo insoluto de la obligación, ascendente a $4.347.215 por concepto de capital, más intereses y costas, considerando la obligación como de plazo vencido. En dicha causa se despachó mandamiento de ejecución y embargo con fecha 12 de febrero de 2025, la ejecutada fue notificada y requerida de pago el 8 de abril de 2025, se certificó el 11 de abril de 2025 que no opuso excepciones y el tribunal ordenó el archivo del expediente con fecha 23 de octubre de 2025, sin que conste que se haya declarado el abandono del procedimiento, ni el pago, ni la extinción de la obligación por otro modo.

d) Que en el mes de junio de 2026 la recurrida, por intermedio del sistema de recaudación entre Cajas de Compensación, obtuvo de la empleadora de la recurrente, Sociedad Prestadora de Servicios Monte Sarmiento Limitada, el descuento de $177.170 de sus remuneraciones por concepto de crédito social, según consta en la liquidación de sueldo acompañada, y de la propia carga financiera agregada por la recurrida aparece una nueva recaudación por la misma vía en el mes de julio de 2026.

e) Que la recurrida no acompañó a estos autos, ni afirmó haber enviado, comunicación o aviso alguno a la recurrente, previo a la reanudación de los descuentos, en los términos que exige el punto 1.17.3 de la Circular N°3.567 de la Superintendencia de Seguridad Social y el propio pagaré suscrito por las partes.

SEXTO: Que el artículo 22 de la Ley N°18.833 dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Se trata de un beneficio que la ley concede a las Cajas de Compensación para obtener el pago oportuno, cuota a cuota, de los créditos sociales que otorgan, en la forma convenida al momento de contratar, y no de una facultad que pueda ejercerse en cualquier tiempo, de cualquier modo y con prescindencia de las demás decisiones que la propia acreedora haya adoptado respecto del cobro de la misma deuda.

SÉPTIMO: Que, en la especie, la recurrida, ante la mora de la deudora, optó libremente por hacer uso de la cláusula de aceleración pactada en el pagaré y demandó ejecutivamente el total del saldo insoluto de la obligación, considerándola como de plazo vencido, obteniendo que se despachara mandamiento de ejecución y embargo en su contra y que se la requiriera de pago. Con ello, por decisión de la propia acreedora, se produjo la caducidad del plazo y el vencimiento anticipado de la totalidad de la deuda, de modo que la obligación dejó de estar dividida en las 60 mensualidades originalmente convenidas y pasó a ser una sola suma, líquida y actualmente exigible, cuyo cobro quedó radicado en sede jurisdiccional.

En tales circunstancias, como lo ha resuelto reiteradamente la Excma. Corte Suprema, entre otras, en las sentencias dictadas en los Roles N°s 6.928-2021, 30.294-2021, 71.519-2021, 65.946-2021, 65.973-2021, 1.791-2022, y 48.393-2025, la Caja que ha elegido la vía judicial para el cobro del total de la obligación, acelerando su vencimiento, no está facultada para obtener, además y en paralelo, el pago de la misma deuda por la vía especial del descuento en las remuneraciones del trabajador, pues ambos mecanismos son incompatibles entre sí. El descuento por planilla supone la subsistencia del plazo y de las cuotas convenidas, y es precisamente esa modalidad de pago la que la acreedora dejó sin efecto al acelerar el crédito. Habiendo optado por la ejecución, la recurrida debió continuar con el cobro en la causa ya iniciada, en la que las remuneraciones de la deudora se encuentran sometidas al régimen y a las limitaciones que establece el artículo 445 número 2 del Código de Procedimiento Civil, que las declara inembargables. Al revivir de manera unilateral el descuento por planilla, la recurrida elude, por una vía de hecho, la protección que la ley otorga a las remuneraciones en el juicio que ella misma promovió, lo que constituye un actuar ilegal y arbitrario.

OCTAVO: Que no altera lo anterior la alegación de la recurrida en orden a que la causa ejecutiva Rol C-156-2025 se encuentra archivada, terminada y concluida. En primer lugar, porque el archivo del expediente decretado por el tribunal es una medida de carácter administrativo, destinada a la custodia de los antecedentes ante la inactividad de las partes, que no pone término al juicio ni produce efecto alguno sobre la obligación, pudiendo la ejecutante solicitar su desarchivo y continuar con el apremio en cualquier momento, como la propia recurrida lo reconoce al invocar el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual, no habiéndose opuesto excepciones, el mandamiento de ejecución y embargo hace las veces de sentencia definitiva y basta para perseguir la realización de los bienes de la deudora. La ejecución se encuentra, entonces, plenamente vigente y en condiciones de proseguir, con lo que la aceleración de la deuda y sus efectos se mantienen. En segundo lugar, porque si se aceptara la tesis de la recurrida, en cuanto a que la vía judicial que ella misma escogió estaría concluida, ello solo confirmaría la arbitrariedad reprochada, pues significaría que la acreedora, tras hacer exigible el total de la obligación y obtener el requerimiento de pago de la deudora, abandonó la persecución del crédito por la vía que eligió, para luego, transcurrido más de un año, revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que la ley contempla únicamente para un cobro oportuno, tal como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en el Rol N°80.819-2022, citado por la recurrente.

Tampoco resulta atendible el argumento fundado en la sentencia Rol N°22.179-2025 de la Excma. Corte Suprema, en cuanto a que la correcta imputación de los pagos descartaría el doble pago, pues lo que aquí se reprocha no es la falta de imputación de los descuentos al saldo de la deuda, sino el empleo simultáneo de dos mecanismos de cobro incompatibles, uno de los cuales, el descuento por planilla, dejó de estar disponible para la acreedora desde que decidió acelerar el crédito y demandarlo ejecutivamente.

NOVENO: Que, además, aun en el supuesto de que la recurrida hubiese conservado la facultad de reanudar los descuentos, para ello debía sujetarse a las prescripciones contenidas en la Circular N°3.567 de la Superintendencia de Seguridad Social, de 4 de enero de 2021, vigente a la época de la suscripción del crédito, la que le impone en el punto 1.17.3, referido al “Reinicio de Descuentos”, la obligación de enviar previamente al trabajador un aviso que le informe la existencia de la deuda de crédito social impaga por los meses correspondientes, el monto del crédito otorgado, el número de cuotas, el valor de cada una, el total de cuotas pagadas y adeudadas, los intereses y demás gastos, comunicándole que los descuentos se reanudarán, y otorgándole un plazo de a lo menos quince días corridos para concurrir a la Caja a regularizar la situación de sus cuotas morosas y acreditar el promedio de sus ingresos de los últimos tres meses, disponiendo expresamente que, sin haber transcurrido dicho plazo, la Caja no podrá informar al empleador el descuento de la cuota de crédito social que corresponda.

Esta misma exigencia fue incorporada en el pagaré suscrito por las partes, en el que la recurrida se obligó a enviar el referido aviso en caso de no haber podido descontar regularmente las cuotas en los últimos seis meses, situación que evidentemente concurre en la especie, pues los descuentos cesaron en septiembre de 2023 y se reanudaron en junio de 2026. Así, el aviso previo no es una mera formalidad, sino un derecho de la trabajadora que le permite conocer el estado de su deuda, controlar el monto que se pretende descontar y acreditar sus ingresos actuales para obtener una reprogramación acorde a ellos, derecho que, conforme a la normativa de protección de los derechos del consumidor, tiene el carácter de irrenunciable.

La recurrida, que tenía la carga de acreditar el cumplimiento de esta obligación por ser un hecho propio y estar en su poder los antecedentes respectivos, no acompañó comunicación alguna ni sostuvo siquiera haberla enviado, limitándose a afirmar que la controversia sobre el aviso debería ventilarse en otra sede. Tal planteamiento no puede ser aceptado, pues la omisión de un trámite previo, obligatorio y expresamente regulado, cuyo cumplimiento la propia Caja debía probar, es una cuestión que puede establecerse sumariamente en esta sede y que, por sí sola, torna arbitrario el descuento ordenado. Por la misma razón, carece de relevancia que el monto descontado no exceda del 25% de la remuneración líquida, ya que el respeto de ese límite no suple la falta del aviso que habría permitido a la trabajadora reprogramar su crédito de acuerdo a su renta actual antes de cualquier descuento.

DÉCIMO: Que, contrariamente a lo sostenido por la recurrida, lo resuelto no importa declarar la prescripción ni la extinción de la deuda, ni resolver una controversia patrimonial ajena a esta acción cautelar. Esta Corte se limita a constatar que el mecanismo de cobro empleado por la Caja, en las circunstancias descritas, es ilegal y arbitrario, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación y del derecho de la acreedora de perseguir su pago en la sede jurisdiccional que ella misma escogió. Por lo mismo, el derecho cuya tutela se pide, esto es, la propiedad de la recurrente sobre sus remuneraciones, es un derecho indubitado y preexistente, que no requiere de declaración alguna, y los precedentes invocados por la recurrida, referidos a casos en que solo se discutía la prescripción o la exigibilidad de la deuda, no resultan aplicables a la situación de autos.

UNDÉCIMO: Que, de esta manera, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad ha sido constatada vulneran el derecho de propiedad de la recurrente sobre sus remuneraciones, privándola de parte de la retribución económica obtenida con motivo de su trabajo, la que se encuentra amparada por la garantía prescrita en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso será acogido, resultando innecesario emitir pronunciamiento sobre la garantía del artículo 19 número 2 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 número 24 y 20 de la Constitución Política de la República, en el artículo 22 de la Ley N°18.833, en los artículos 144 y 445 número 2 del Código de Procedimiento Civil y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y, en consecuencia, se declara:

I.- Que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social otorgado a la recurrente, documentado en el pagaré N°122000753168, mediante descuentos en sus remuneraciones, debiendo comunicar lo resuelto a la empleadora de la actora, Sociedad Prestadora de Servicios Monte Sarmiento Limitada, y a cualquier otra entidad empleadora o de recaudación por cuyo intermedio se estuvieren practicando los descuentos, dentro de quinto día de ejecutoriada esta sentencia.

II.- Que la recurrida deberá restituir a la recurrente las sumas descontadas de sus remuneraciones por el concepto indicado a contar del mes de junio de dos mil veintiséis, inclusive, así como todas aquellas que se hubieren descontado durante la tramitación de este recurso o que llegaren a descontarse con posterioridad a esta sentencia, dentro de décimo día de ejecutoriada.

III.- Que lo anterior es sin perjuicio del derecho de la recurrida de perseguir el cobro de la obligación por la vía jurisdiccional pertinente.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción de la abogada integrante Sra. María Cristina Donetch Ulloa.

ROL N°378-2026 PROTECCIÓN.